El Gobierno argentino cargó hoy contra el Poder Judicial y llegó a
hablar de "golpismo activo" por el allanamiento de una empresa que
gestiona un hotel de lujo de una sociedad participada por la presidenta,
Cristina Fernández, tras presuntas irregularidades denunciadas por la
oposición.
Agencia
EFE |21 de noviembre de 2014
El Gobierno
argentino cargó hoy contra el Poder Judicial y llegó a hablar de "golpismo
activo" por el allanamiento de una empresa que gestiona un hotel de lujo
de una sociedad participada por la presidenta, Cristina Fernández, tras
presuntas irregularidades denunciadas por la oposición.
"Significa un
ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del
Poder Judicial, un ataque sistemático al Gobierno nacional, por denuncias
falsas sin ningún tipo de entidad", aseguró hoy el jefe de Gabinete del
Gobierno, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.
El funcionario se
refirió así al allanamiento realizado este jueves por orden del juez Claudio
Bonadío en la sede en Buenos Aires de la empresa Hotesur SA ,
gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate (en la sureña provincia de
Santa Cruz), de la cual la presidenta argentina es accionista.
"No hace
falta allanamiento. Los requerimientos judiciales se pueden hacer por solicitud
formal", afirmó hoy Capitanich, quien defendió que las operaciones de la
sociedad se ajustan a la legalidad y que Hotesur no adeuda entrega de
documentos.
El allanamiento se
realizó a raíz de una denuncia presentada por la diputada opositora Margarita
Stolbizer, quien acusa a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno, como el
ministro de Justicia, Julio Alak, de cometer presuntos delitos de violación de
los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad en la gestión de la
empresa.
Stolbizer asegura
que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa
turística de El Calafate, podría ser un alojamiento "fantasma" usado
en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer negocios irregulares junto
al empresario Lázaro Baez, investigado por la Justicia.
"Todos
sabemos que la actividad hotelera es una de las actividades que se utilizan
para el lavado de dinero, el delito a través del cual se encubren dineros mal
habidos", dijo hoy Stolbizer en declaraciones a radio Mitre.
Para el jefe de
Gabinete se trata de "una clara persecución política de hostigamiento de
carácter judicial y forma parte de un golpismo activo del Poder Judicial, en
aras de una estrategia política".
En la denuncia,
Stolbizer afirma que la sociedad adeuda la entrega de sus balances desde 2011 y
la declaración jurada ante la Inspección General de la Justicia (IGJ),
encargada de fiscalizar las sociedades comerciales.
"Lo más grave
es que Hotesur ha presentado claramente toda la documentación
respaldatoria", subrayó Capitanich, quien detalló que la presentación ante
la IGJ se encuentra "en análisis, junto con otras 47.373 sociedades",
en el marco de un proceso de "reempadronamiento de sociedades
comerciales".
Además, Stolbizer
denuncia también irregularidades en las declaraciones patrimoniales de
Fernández.
"Presenté el
análisis de documentación pública. Empecé con la declaración de la presidenta y
ahí declara que tiene una participación accionara de 9 millones (de pesos, un
millón de dólares aproximadamente) en Hotesur y una deuda de 4 millones ante la
misma empresa (algo menos de medio millón de dólares). Entonces ella es deudora
y acreedora de sí misma", sostuvo Stolbizer.
"Hotesur
forma parte de las sociedades activas. No se necesita ningún allanamiento
judicial porque la operatoria de la empresa es clara y transparente",
defendió por su parte el jefe de Gabinete.
No se trata del
primer enfrentamiento entre la Justicia y el Gobierno de Cristina Fernández,
que ha criticado de forma directa al Poder Judicial en numerosas ocasiones por
distintos conflictos, como el enfrentamiento con el grupo Clarín por la
constitucionalidad de la Ley de medios
o la lucha contra el narcotráfico.
Durante un acto a
principios de octubre en el que anunció la promulgación del nuevo Código Civil
y Comercial, la propia presidenta cargó contra la Justicia penal al asegurar
que "no logra cubrir expectativas mínimas de celeridad y eficiencia". EFE
Fuente:
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/gobierno-acusa-a-justicia-de-quotgolpismoquot-por-investigar-empresa-de-fernandez/20141121/nota/2518458.aspx
----
Los hoteles de Cristina y la corrupción de toda la
casta política
25 de noviembre de 2014
La
investigación judicial sobre el hotel de los Kirchner vuelve a poner el foco
sobre las sospechas de negocios y enriquecimiento de la familia presidencial.
La “corpo” y la oposición hacen campaña pero otras investigaciones apuntan a
los negocios de Macri, el “narcosocialismo” en Santa Fe y el paraíso country en
el Tigre de Massa. Toda la casta política se enriquece con la función pública y
la corrupción es parte de la naturaleza de este sistema.
La investigación judicial sobre el
hotel de los Kirchner en Santa Cruz, Hotesur-Alto Calafate, vuelve a poner el
foco sobre las sospechas de negocios y enriquecimiento de la familia
presidencial. El gobierno acusó el golpe y fue el mismo Jefe de Gabinete quien
salió a defender el origen y manejo de los intereses patrimoniales de Cristina
Kirchner. Jorge Capitanich pegó duro y acusó de “golpismo activo” a la justicia. El juez
Bonadío, protagonista de la denuncia, sería un aliado de Sergio Massa del
Frente Renovador. En medio de un panorama donde todos los actores de la
política nacional se preparan para las elecciones de 2015 quienes en realidad
tomaron la posta fueron el grupo Clarín y el diario La Nación. A falta de una
oposición que levante cabeza y donde lo único que sobresale es el escándalo de Elisa Carrió que
pegó el portazo de UNEN para irse con Macri, la “corpo” transformó
la acusación en un escándalo mediático.
El problema no
estaría solo en la falta de presentación de balances contables por parte de
Hotesur SA sino en la relación de la familia Kirchner
con el clan Báez, denuncia en la que viene insistiendo el periodista estrella
de Clarín, Jorge Lanata. Hotesur SA es acusada de formar parte de una operación
de lavado de dinero, realizado a partir del alquiler de hoteles a contratistas
de obras públicas, organizado por el empresario amigo de los Kirchner, Lázaro
Báez. La sociedad que hoy está en la mira de la justicia controla Alto
Calafate, el hotel cuyas habitaciones habría alquilado Austral Construcciones
durante años a precios que, según denuncian los medios ,
duplicarían los de mercado.
La “corpo” se ha
convertido en una especialista a la hora de denunciar la corrupción de la
década kirchnerista. Esta vez, como se entusiasman los editorialistas de La
Nación, la acusación parece haber llegado hasta la misma presidenta. El
escándalo promete seguir con cruces de uno y otro lado. Pero lo que nadie dice
es que esa corrupción es característica de todos los gobiernos que responden a
los intereses de los empresarios. Así lo fue bajo la gestión de Carlos Menem,
no sólo por su meteórico enriquecimiento personal sino porque entre los
innumerables actos de corrupción por los que fue acusado su gobierno figura el
de la voladura de Fabricaciones Militares de Río Tercero para ocultar las
pruebas que involucraban a su gobierno en el tráfico de armas. Otro tanto
podría decirse del gobierno de la Alianza. Durante la presidencia de Fernando De la
Rúa de un día para otro quedó desenmascarada la venalidad de los diputados y
senadores que a propuesta de Antonio Flamarique (ministro de Trabajo de ese
entonces) aceptaron ser coimeados para votar una reforma laboral antiobrera.
La existencia de corrupción y enriquecimiento descarado de los
políticos no se debe a un problema “moral” de tal o cual gobierno. La “corpo” y
la oposición hoy hacen campaña, pero otras investigaciones apuntan a los
eternos negocios del clan Macri, el “narcosocialismo” en Santa Fe o el paraíso en el Tigre de Massa donde, como denunciaron a La Izquierda Diario
los pobladores de la zona, los barrios obreros se inundan pero los countries,
propiedad de empresas relacionadas con el poder político, son fortalezas
sitiadas por muros de concreto.
Toda la casta
política se enriquece con la función pública. Los diputados y funcionarios
tienen ingresos de entre 50 y 70 mil pesos mensuales (“en blanco” sin contar
con los beneficios extras), 10 veces del promedio de ingresos de una familia
trabajadora en la Argentina, y muchos acumulan patrimonios descomunales. Como
el de la familia
Kirchner , que aumentó de $ 7 a $ 82 millones en una
década. La corrupción es parte de la naturaleza de un sistema que tiene nombre
y apellido, el sistema capitalista, que tiene como fin garantizar la
explotación de una minoría sobre las grandes mayorías. Para que esto sea
posible no sólo cuenta con el poder armado del Estado sino de un grupo
“especial” de personas que garantiza la administración de los intereses de la
clase dominante. La casta política, mientras hace sus negocios, trabaja a su
vez para mantener el statu quo del poder de las grandes empresas, bancos y
terratenientes que se llevan la parte del león de las ganancias extraídas al
pueblo trabajador. Ese es el papel de los funcionarios y de los legisladores.
La burguesía se asegura la existencia de ese grupo corrompiéndolos a través de
puestos bien pagos desde donde estrechan su relación con los empresarios,
copiando y compartiendo su forma de vida.
El caso Hotesur no
sólo es una muestra de la corrupción de la camarilla kirchnerista al mejor
estilo noventista sino también de la continuidad de la casta política y
judicial del menemismo en el tablero político. Bonadio fue secretario de Carlos
Corach (ministro de Interior de Menem), quien a su vez descubrió las bondades
del proyecto “nacional y popular” de la mano del también ex menemista, Daniel
Scioli, a quien hoy asesora políticamente. Jorge Lanata, el denunciador de la
"corpo" que en los ’90 había sacado a luz la corrupción menemista es
hoy un defensor a ultranza de un juez menemista. Las vueltas de
la historia nos enfrenta a la casta política que hundió al país en los ‘90
reciclada gracias al kirchnerismo o a la "corpo" que le da cobijo a
todos los caídos del redil oficial en su guerra contra Cristina.
Cada vez que surgen
este tipo de denuncias desde la oposición surgen medidas como la de conformar
una “CONADEP de la corrupción” como propuso la UCR. Difícil que
entre “lobos” puedan controlarse. La complicidad de la casta judicial, los
empresarios y la casta política se nutre de lazos profundos.
La revocabilidad de los legisladores y los
funcionarios por parte de los electores es una medida mínima elemental para
minar las bases de esa casta que utiliza la política y los puestos públicos
como plataforma de negocios para enriquecerse. Un paso adelante sería, además,
el de promover la elección directa de los jueces así como su revocabilidad.
Todas las alternativas políticas de la burguesía argentina, se nutren de
corruptos y son paraguas de políticos noventistas. El Frente de Izquierda por
el contrario levanta este programa y en marzo de este año a través del diputado
nacional Nicolás del Caño el FIT presentó un proyecto de ley para que todo
legislador y todo funcionario político no pueda percibir más de lo que gana
un/a docente.
Lo mismo hizo Christian Castillo en la legislatura bonaerense y anteriormente
lo había hecho el diputado neuquino del PTS en el FIT, Raúl Godoy.
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Los-hoteles-de-Cristina-y-la-corrupcion-de-toda-la-casta-politica
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Los-hoteles-de-Cristina-y-la-corrupcion-de-toda-la-casta-politica
----
A la sombra de tramas ocultas
21 de diciembre de 2014
por mariano spezzapria
Twitter: @mnspezzapria
En la era del
marketing, las fotos políticas no suelen tener más significado que la imagen en
sí misma. En ellas se puede ver, la mayoría de las veces, a dirigentes
sonrientes que hacen un culto del personalismo y que postergan el mensaje que
pretenden transmitir a la
sociedad. Pero para ser justos, hay que decir también que
días atrás se registró una fotografía que rompió el molde y dejó atrás esas
carencias porque constituyó un gesto de madurez de contenido democrático.
En efecto, tres de
las principales fuerzas políticas del país se unieron para manifestar su
rechazo a la designación de un secretario al frente del juzgado federal de La
Plata, que es estratégico en cuanto a su competencia electoral en la provincia
de Buenos Aires. Y lo hicieron pese a que en algunos casos tienen intereses de
posicionamiento contrapuestos de cara a los comicios de 2015, como la UCR, el
Frente Renovador y el PRO, que se unieron ante una maniobra del kirchnerismo.
dudas
y advertencia
El encuentro
ocurrió en la Cámara de Diputados y reunió a Ernesto Sanz, Sergio Massa, Julio
Cobos, Gabriela Michetti, Gerardo Morales y otros legisladores de oposición
entremezclados con un mismo objetivo, que fue advertir a los argentinos –y
especialmente a los bonaerenses- que el oficialismo puede amañar el proceso
electoral en el distrito que cuenta nada menos que con el 40% del padrón a
nivel nacional. Claro que el Gobierno enseguida salió a negar esa acusación.
Pero el mojón ya
estaba colocado, como un símbolo de que el sistema político está comenzando a
elaborar anticuerpos. La contracara de esta situación se presentó ante los ojos
del país con la trama oscura que se pudo observar -al menos en parte- detrás de
los cambios ordenados por Cristina Kirchner en la Secretaría de Inteligencia,
cuya conducción ya no tenía la confianza de la Presidenta pero no está claro si
se le pueden atribuir todas las falencias que divulgó el oficialismo.
Por caso, que el
“pingüino” Héctor Icazuriaga no lograba controlar a los agentes experimentados,
o que su segundo Francisco Larcher tenía más contacto que los aconsejables con
sectores de oposición. Más bien, la jefa de Estado parece haberles pasado
factura por la avanzada de jueces y fiscales contra funcionarios del Gobierno y
sobre ella misma, sin que se accionaran los frenos que suelen pisar los espías
en los tribunales de Comodoro Py a la hora de proteger a la Casa Rosada.
No obstante, la
bomba se detonó con una entrevista que de manera totalmente inusual ofreció el
jefe de Operaciones de la SI, Antonio “Jaime” Stiusso, a la revista Noticias. Allí ,
denunció de manera confusa haber recibido “amenazas” de muerte. Pero su
exposición le jugó en contra y la primera medida del nuevo jefe político del
área, Oscar Parrilli, fue aceptarle la renuncia. Se trata de un espía que abonó en su
momento la “línea iraní” en la investigación del atentado a la AMIA.
Y que el año pasado
había sufrido un duro golpe cuando uno de sus agentes de confianza, Pedro Viale
–alias El Lauchón- fue muerto a balazos en un operativo del Grupo Halcón de la
Policía bonaerense, por el cual se encuentran procesados diez uniformados por
el delito de “homicidio agravado”. Durante más de 40 años de servicio, Stiusso
acumuló tanto poder que algunos lo llegaron a considerar el jefe de hecho de la
inteligencia criolla, con amplio margen de maniobra.
Curiosamente, el
día que se conocieron los sorpresivos cambios en el organismo, estaba
presenciando una declaración indagatoria en Comodoro Py, la sede de los
tribunales federales de Retiro en donde los espías se sienten como en su casa y
deambulan a plena luz del día. Es que allí se sustancias las causas que más
incomodan a los funcionarios, por cierto que no solamente a los actuales, como
bien lo saben María Julia Alsogaray o incluso el ex presidente Carlos Menem.
El riojano supo
tener buenos vínculos con lo que en su momento se llamó la SIDE, a tal punto
que creyó a ciegas en una encuesta que le entregó un agente del organismo y que
lo daba ganador en primera vuelta en las elecciones de 2003. Claro que se trató
de una operación política que Menem compró y que, en definitiva, le terminó
abriendo las puertas de la Rosada a Néstor Kirchner, por obra y gracia de
Eduardo Duhalde. Pero eso es algo que el oficialismo mejor prefiere olvidar.
ENFRENTAMIENTO
Las urgencias son
tantas que ahora el kirchnerismo está metido de cabeza en el enfrentamiento con
los magistrados federales. “Algunos jueces no querrán perder el poder
arbitrario que tienen”, disparó Raúl Eugenio Zaffaroni, quien se encuentra a
días de dejar la Corte para convertirse en un predicador de la palabra oficial
en el Poder Judicial. Pero sabe que el clima político es adverso, a juzgar por
los aplausos que se llevó el juez Claudio Bonadío en una reciente cena de
camaradería.
Entonces
las miradas del kirchnerismo apuntan sobre Ricardo Lorenzetti, el titular del
máximo tribunal que acaba de dar su visto bueno para la apertura de una filial
del Centro de Información Judicial (CIJ) –en los hechos una agencia de noticias
sectorial no controlada por el Gobierno- en Comodoro Py, donde se presume que
los fallos por venir no serán del agrado de la Casa Rosada. Una
grajea de muestra fue en la semana la imputación a Sergio Berni por
enriquecimiento ilícito. (…) Fuente:
http://www.eldia.com.ar/edis/20141221/A-sombra-tramas-ocultas-opinion3.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario