Informe sobre criminalización de la
protesta
Marzo 2012
Asociación de Ex-Detenidos
Desaparecidos - AEDD Asociación de Profesionales en Lucha - APEL Centro de
Abogados por los Derechos Humanos -CADHU Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos - CEPRODH Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del
Pueblo - CADEP Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional - CORREPI Liberpueblo
Presentación del
Informe
Desde el
Encuentro Memoria, Verdad
y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la
impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos
y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de
la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares. Este primer
informe que aquí presentamos es el resultado de la sistematización de la
situación de causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012 contra los
sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos
humanos, partidarias, contra movimientos de trabajadores desocupados,
territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y grupos
ambientalistas, entre otros. Actualmente existen en nuestro país más de 4000
personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas
por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70.
En la coyuntura actual entendemos que es fundamental
insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que
es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho
nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.
¿Qué entendemos por criminalización de la protesta? La
criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la
sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que
las promueven como delincuentes. La protesta por lograr conquistas favorables a
diferentes sectores populares, es un derecho que no requiere permiso ni acepta
censura. A lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo se ha manifestado en
las calles, se ha organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y
defender sus reclamos. La criminalización de las luchas es una de las formas
que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y
amedrentar a todos aquéllos que se hacen cargo del legítimo derecho de
organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es
utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros,
articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de
dominación y control social. Como exponemos en este informe la criminalización
de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado con diferentes
intensidades por todos los gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner para intentar disciplinar y amedrentar a todos
aquellos que cuestionan la miseria y la opresión, y para frenar la organización
y las luchas desplegadas por los trabajadores y por los diferentes movimientos
populares. Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de
la persecución penal de sus integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es
utilizado como “castigo ejemplificador”.
¿Qué se busca con la criminalización de
la protesta? Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios
objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando,
disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el
eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta
plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden
legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la lucha. Esa operación
mediática y política sobre la opinión pública es más intensa cuanto más lejos
se está de querer resolver la situación que dio origen a la protesta. Las
metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se
mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi en junio de 2002, y de las condiciones
políticas heredadas del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a
apelar a un abanico de metodologías: desde la cooptación hasta la
judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la
represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se
habían desarrollado entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó la
criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del
Estado. Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado
durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas;
escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y
de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro
pueblo. En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización
independiente del Estado y las patronales, que pone en pie las asambleas y
cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos. Por su
parte el Ministerio de Trabajo es una correa de transmisión de esta política a
través de conciliaciones obligatorias, declaración de ilegalidad de las
huelgas, desconocimiento de los cuerpos de delegados y de los nuevos sindicatos
a favor de la burocracia sindical y los intereses empresariales. A casi nueve
años de la asunción de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina
Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los
luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la
criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para
sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa
de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por
eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y
dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en
los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta
social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y
más de 4000 luchadores criminalizados.
Desde
junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes
permanecen impunes.
En los
últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras
penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes
y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la
movilización popular.
El
Gobierno Nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestran
las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza “a los
que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código penal en la
mano”, la ministra
Garré acusando de “desestabilizadores” a los desocupados que
se oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de extorsivos los
reclamos y las huelgas de los trabajadores. Ha quedado al descubierto en la causa Kraft el
espionaje de este gobierno sobre las organizaciones populares a través del
Proyecto X de Gendarmería y de otros organismos de Inteligencia con el
reconocimiento de la Ministra de Seguridad, y ha quedado demostrado que se
utiliza ese espionaje para armar las causas judiciales con las que son
perseguidos numerosos trabajadores y luchadores. Desde
diciembre de 2011, la ampliación de la Ley Antiterrorista
que había sido sancionada en 2007, representa un peligro que merece el más
enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su derogación. La mayoría
oficialista que ha votado en tiempo record los tratados internacionales contra
el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se ha negado sistemáticamente en los
últimos nueve años a tratar los diferentes proyectos de ley contra la
criminalización de la protesta.
La profundización de la represión intenta frenar el
proceso de organización de los sectores populares en un año que se presenta con
topes salariales, aumento de tarifas y ajuste. Este informe pretende ser un
aporte a la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las
reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los responsables de
los crímenes contra el pueblo. Por todo ello decimos:
·
Cierre
de las causas y anulación de las condenas a los más de 4000 luchadores
populares procesados.
·
Derogación
de la ley antiterrorista.
·
Castigo
a todos los responsables políticos y materiales de los asesinados por luchar.
·
Basta
de espionaje a los luchadores obreros y populares.
Asociación
de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD Asociación de Profesionales en Lucha -
APEL Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos - CEPRODH Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos
del Pueblo - CADEP Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional - CORREPI LiberpuebloFuente:
http://www.anred.org/IMG/pdf/Informe_Criminalizacion_de_la_Protesta.pdf
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