De la Doctrina de la Seguridad Nacional a
la doctrina de la Seguridad Ciudadana :
la
inseguridad del régimen
Por María del
Carmen Verdú
Herramienta N°48
Herramienta N°48
Octubre de 2011 - Año XV
Históricamente, las
políticas de seguridad nacional han respondido a los planes digitados por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos para América Latina. Así fue la doctrina Monroe y
luego, bajo el imperio de la “doctrina de la seguridad nacional”, la aplicación
del plan Cóndor. A partir de 1989, la nueva situación internacional, con la
caída del Muro de Berlín y el fin de la “Guerra Fría ”, persuadió a los norteamericanos a
variar la forma de dominación.
Se plantearon nuevas
estrategias, que fueron esbozadas en los documentos Santa Fe, con una política
de apuesta al fortalecimiento de las “democracias” en América Latina, que
pretendía instarlas a mantener el control social y aplacar la lucha en forma
local, sin la necesidad de la intervención directa, estrategia que había
sufrido ya un serio desgaste.
Hoy, mediante estas
estrategias perfeccionadas y acordes a las necesidades actuales, estas
políticas siguen siendo digitadas desde los EE.UU. mediante los organismos
internacionales y sus propias agencias, como el Departamento de Defensa y el
Comando Sur, que garantizan los entrenamientos conjuntos, por medio de los
cuales se tiene injerencia sobre la formación de las FF.AA. de los diferentes
Estados latinoamericanos, se establecen acuerdos de inmunidad para penetrar
sobre territorios de la región y, así, acceder a áreas ricas en recursos
naturales, y se hace uso de bases militares locales para intervenir en regiones
en las que existe conflicto armado como es el caso colombiano con las FARC.
Pero,
fundamentalmente, el paradigma imperialista a partir de los noventa apunta, más
que a las fuerzas armadas, al control y adoctrinamiento del aparato de
seguridad interior; a las fuerzas de seguridad, con énfasis en los grupos de
operaciones especiales y despliegue rápido; a jueces, fiscales y funcionarios
del poder ejecutivo del área de seguridad.
La textualidad de los
documentos Santa Fe I y II permite reparar en la sistematicidad y el detalle
con que, desde el Departamento de Estado de EE.UU., se planifica la política de
seguridad para América Latina; cómo se detectan claramente como enemigos a
quienes ataquen la gobernabilidad y atenten contra la propiedad privada y los
negocios, y cómo la respuesta es siempre la búsqueda del perfeccionamiento de
los mecanismos represivos para lograr el control social con el menor costo
posible.
Este nuevo modelo de
intervención internacional está montado sobre conceptos como “cooperación
internacional”, “multilateralismo”, “gobernabilidad democrática” y, por
supuesto, la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”: expresiones clave
para sustentar el nuevo paradigma de dominación, que, acomodado a la época, ya
no predica la seguridad
nacional, sino la seguridad
ciudadana.
Cada año, el congreso
yanqui actualiza el Plan de Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo,
que, como lineamiento de política exterior yanqui a corto plazo, orienta el
accionar de todas las agencias del Estado norteamericano, y renueva los
programas de becas para estudiantes extranjeros. Si se proyectan a un segundo
plano los ejercicios y cursos para militares, que se siguen haciendo, pero no
son más un eje central, hace años que Argentina es parte del Programa de Becas
de Contraterrorismo (CTFP) que se destina, no a las fuerzas armadas, sino a
grupos de elite de las fuerzas de seguridad (policía federal y provinciales, gendarmería
y prefectura). En una versión actualizada de lo que fue la Escuela de las
Américas para los militares de los sesenta y setenta, un millar de efectivos de
las fuerzas de seguridad argentinas reciben entrenamiento en EE.UU. cada año.
De acuerdo con un informe aprobado por el congreso norteamericano, en 2009 un
total de 939 integrantes de las fuerzas de seguridad argentinas participaron de
estos entrenamientos en territorio estadounidense, a un costo total de
1.434.782 dólares.
A tono con la máscara
de la “inseguridad”, también dan cursos dirigidos al manejo de “situaciones de
crisis con rehenes”, “secuestros extorsivos” o similares para miembros del
poder judicial y el ministerio público, cuyos diplomas son después expuestos
con orgullo en sus despachos. EE.UU. no se limita a entrenar a policías y
gendarmes latinoamericanos; también “terceriza”, por ejemplo, su accionar a
través del Estado de Israel, que ofrece similares cursos, que, de paso, sirven
para difundir propaganda sobre su producción industrial bélica.
Así, tras la pantalla
de la “cooperación” y con la excusa de la “defensa de la seguridad
continental”, entendida como sinónimo de la propia, EE.UU. impuso en pocos años
un nuevo esquema de política represiva en el continente, que los gobiernos proimperialistas
de los países dependientes se apresuraron a adoptar. En Argentina, todas las
fuerzas de seguridad, con un fuerte impulso a los grupos de choque, se han
unificado bajo un comando político único, la secretaría de Seguridad, creada
por el menemismo en el ámbito del Ministerio del Interior, y que el
kirchnerismo trasladó al ministerio de Justicia, Seguridad y DD.HH., para luego
autonomizarla como ministerio de Seguridad.
Bien lo explica Loïc
Wacquant en su prólogo a la edición para América Latina de Las Cárceles de la Miseria:
“América Latina es hoy la tierra de evangelización de los apóstoles del ‘más
Estado’ policial y penal, como en las décadas del setenta y del ochenta, bajo
las dictaduras de derecha, había sido el terreno predilecto de los partidarios
y constructores del ‘menos Estado’ social dirigidos por los economistas
monetaristas de América del Norte” (Wacquant 2003: 12). (...)
Decíamos ayer…
En septiembre de 1998,
diez meses después de aquel “asalto a sangre y fuego en Saavedra”, CORREPI
publicó un breve opúsculo que llevaba por títuloSeguridad ciudadana o
(in)seguridad del régimen. Pese al tiempo transcurrido, bien vale
reproducir unos pocos párrafos:
[…] sin solución de
continuidad, la enardecida y excitada sensación de falta de seguridad encarnada
desde el autoritarismo desató una suerte de terror social en las clases medias
con el pretexto de un auge de los delitos contra la propiedad, obteniendo
consenso para facilitar el control social y la represión. Esta
intención, dirigida a lograr la convicción de las clases medias de que
cualquiera proveniente de sectores sociales bajos es un enemigo y merece ser
eliminado, también está encaminada a los pobres para lograr imponer la
desconfianza entre pares.
[…] Seguridad es confianza, tranquilidad,
y seguro es lo que está firme, lo que está exento de riesgo o daño o lo que
funciona adecuadamente. Hace no muchos años también el lenguaje político daba a
la palabra “seguridad” ese sentido. Al asimilar la “seguridad” de la población
al problema del “delito”, se perpetra un doble fraude político-ideológico. Por
un lado se pretende secundarizar y relativizar un conjunto de demandas
populares –trabajo, vivienda, salud, educación– que los rumbos actuales de la
economía impiden satisfacer. Al mismo tiempo, al manipular la opinión de
millones para que pongamos en el centro de nuestras preocupaciones y demandas
el “problema de la delincuencia”, se orienta el reclamo popular hacia
cuestiones en las que los gerentes de la Argentina globalizada son expertos en
“solucionar”: más cárceles, menos derechos humanos, más pena de muerte, menos
garantías constitucionales, millones de pobres bajo sospecha.
El objetivo de la
ingeniería represiva del gobierno es mostrar a las asustadas clases medias que
el gobierno se ocupa de sus preocupaciones, pero –fundamentalmente– al llenar
la ciudad de policías logran el efecto acostumbramiento frente a los
desproporcionados dispositivos policiales que acechan las manifestaciones
opositoras. Ya pocos se sorprenden de ver tanta policía disciplinando la
protesta social, pues se ha convertido en normal su exhibición constante.
El opositor de la
década del ’70 era el enemigo real, mientras que el marginal/excluido del
presente es utilizado para manipular hábilmente la opinión pública antes que se
constituya un polo contrahegemónico al sistema. De allí la equivalencia
instrumental notoria entre “erradicar el delito” y “aniquilar la subversión”.
Si con enorme esfuerzo
de los familiares de las víctimas y de algunos organismos de DD.HH. se había
logrado obtener escasas condenas para asesinos de uniforme, hoy su impunidad
está prácticamente garantizada por decreto de necesidad y urgencia. Necesidad
de darles licencia para matar y urgencia represiva.
A ello debe sumarse la
acción de los medios de información
que hace rato se han olvidado que existe el gatillo fácil, y han manipulado la
endeble conciencia de vastos sectores con esta sensación de inseguridad.
La necesidad de nuevos
ajustes ante los tembladerales del capitalismo mundial requiere un estado
represivo sin ningún tipo de cuestionamiento [...]. Si oportunamente los planes
de diseño económicos y sociales fueron volcados sobre el convencimiento popular
y fueron sufragados, hoy las nuevas prescripciones ante la inestabilidad
capitalista, que necesariamente implicarán mayores sufrimientos para la
población (ley de flexibilidad laboral, recientes suspensiones en empresas
automotrices) requerirán de un enorme aparato de represión frente a las renovadas
luchas que se impondrán. En un momento de profunda crisis económica mundial,
con previsiones de graves repercusiones recesivas y de parálisis industrial y
laboral, no puede soslayarse que [...] se perderán cientos de miles de puestos
de trabajo. El aparato de seguridad, previa legitimación, con el pretexto del
combate al delito, necesita estar mejor equipado, mejor entrenado, y por sobre
todas las cosas, tener asegurada su intangibilidad.
Es obvio entonces que
necesiten legislación más represiva, jueces más cómplices y medios que inculquen que hay ladrones y que hay que
matarlos; que los escraches (y movilizaciones, piquetes, y cortes de calles)
son subversivos y hay que castigarlos y que la policía es una institución que
nos protege de los delincuentes y exaltados”.
Y terminábamos, hace
13 años, vaticinando que, por este camino, “…no sólo tendremos muchas más
víctimas de la policía, sino que habrá –sobre todo– más Víctor Choque y Teresa
Rodríguez”.
Víctor y Teresa, los
primeros dos muertos en la protesta social posteriores a 1983, fueron
asesinados, ambos, un 12 de abril. En 1995 el primero, en Tierra del Fuego,
mientras se movilizaba contra el cierre de la fábrica Continental. Ella ,
en 1997, en Cutral Có, durante la protesta de los docentes. En los años siguientes,
confirmando el pronóstico, fueron fusilados Francisco Escobar y Mauro Ojeda en
la masacre del puente de Corrientes, en 1999; Aníbal Verón en 2000, Barrios y
Santillán en 2001, los tres en Salta; en todo el país, 39 personas en la
represión del 19 y 20 de diciembre de 2001; Darío Santillán y Maxi miliano Kosteki en el puente Pueyrredón, en
2002; Luis Cuéllar en Jujuy, en 2003, manifestándose frente a la comisaría en
la que otro joven había sido asesinado en la tortura; el docente Carlos
Fuentealba, en Neuquén, en 2007, y el trabajador del ajo Juan Carlos Erazo, en
Mendoza, en 2008.
En 2010, nueve
manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización: Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco (Bariloche ) y Sergio Cárdenas (Bariloche ),
en diferentes marchas contra el gatillo fácil (caso Villanueva, el primero, y
Bonefoi, los dos restantes). Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero,
fue asesinado cuando, junto a su organización, acompañaba una medida de fuerza
de los trabajadores ferroviarios tercerizados en Barracas. Roberto López y
Mario López, de la etnia Qom ,
murieron en la represión a un corte de ruta en Formosa, y Bernardo Salgueiro,
Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez, en la ciudad de Buenos Aires, en
la toma de tierras del Parque Indoamericano.
En este año 2011,
otras cuatro víctimas se sumaron al listado de los asesinados por luchar por
sus derechos, con Ariel Farfán, Félix Reyes Pérez, Víctor Heredia y José Sosa
Velázquez, en la represión a la toma de tierras en Jujuy. Ése es, junto a los
3.200 muertos por el gatillo fácil y la tortura, el saldo humano acumulado en
13 años de doctrina de la “seguridad ciudadana”.
Bibliografía
Revista Herramienta N° 48
Fuente:
http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-48/de-la-doctrina-de-la-seguridad-nacional-la-doctrina-de-la-seguridad-ciudada
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