El mundo Monsanto
8 de febrero de 2015
8 de febrero de 2015
La estrategia de la empresa está focalizada en la difusión
de un modelo de negocios basado en una nueva semilla. Su comercialización
obliga a los productores a suscribir un contrato de adhesión cuya vigencia se
extiende hasta noviembre de 2028.
Por Diego
Rubinzal
La mitad del mercado mundial de semillas es controlado por apenas
tres empresas. Las dos primeras son norteamericanas (Monsanto, DuPont Pionner)
y la tercera es suiza (Syngenta). El caso de Monsanto es bastante conocido. La
compañía desarrolló, a comienzos de los noventa, una semilla de soja
genéticamente modificada resistente al glifosato. La penetración de ese paquete
tecnológico (semilla transgénica más herbicida) fue arrolladora en la Argentina
en pocos años. La superficie cultivada de soja transgénica creció desde 10.000
(campaña 1996/97) a 18.670.937 de hectáreas (2011/2012). Además, el porcentaje
de siembra de soja transgénica (respecto del total) aumentó del 0,15 al 100 por
ciento.
En la Argentina, la
estrategia corporativa consistió en el otorgamiento de licencias de
comercialización a semilleros a cambio del pago de regalías. Sin embargo, las
expectativas de la compañía norteamericana no se cubrieron debido a la caída en
la venta de las semillas fiscalizadas. La explicación de esa aparente paradoja
(cultivos en expansión, regalías en descenso) fue producto de dos factores
concurrentes:
1. Los productores utilizaban
parte de los granos cosechados como semilla, tal como lo permite la actual Ley de semillas
sancionada en 1973.
2. La comercialización semillera
“en negro”.
La falta de
patentamiento del gen Round Ready (RR), en la Argentina, impidió que la
compañía iniciara reclamos por vía judicial. Ante eso, Monsanto intentó
incautar en puertos europeos los cargamentos de harina de soja provenientes de la Argentina. El
argumento era que el producto había sido elaborado utilizando como materia
prima las semillas RR. La pretensión de la multinacional era cobrar 15 dólares
de regalías por tonelada de soja exportada.
La ofensiva
judicial de Monsanto en Europa fue respaldada por la embajada de Estados
Unidos. Los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks revelaron las intensas
presiones recibidas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández
de Kirchner. Por ejemplo, las filtraciones revelaron el ríspido diálogo
sostenido entre delegados estadounidenses y el entonces secretario de
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo Chiaradía. El
cable relata que “la reunión terminó con una discusión sobre la disputa con
Monsanto por las regalías por las semillas de soja modificadas genéticamente...
Chiaradía cuestionó la intención verdadera detrás de los esfuerzos de Monsanto
por cobrar regalías..., dijo que el Gobierno estaba listo para negociar tanto
las regalías como la segunda generación de semillas. Pero agregó que no lo
haría con una pistola apuntándole, en referencia a las acciones legales que
tomó Monsanto en Europa en contra de los cargamentos de soja argentina”.
Finalmente, el
Tribunal de Justicia europeo desestimó la presentación. Los
jueces dictaminaron que la secuencia de ADN patentada no cumplía con su función
original en la harina de soja. Por lo tanto, la patente europea no era
aplicable porque se trataba de “material muerto”.
En la actualidad,
la ofensiva corporativa está focalizada en la difusión de un modelo de negocios
basado en una nueva semilla. Según la empresa, la tecnología “Intacta RR2 PRO”
mejora el rendimiento, reduce costos y simplifica el manejo para los
productores. Los únicos autorizados para comercializarla son dos sociedades
comerciales (Asociados Don Mario y Nidera) y una entidad cooperativa vinculada
a Coninagro (Asociación de Cooperativas Argentinas –ACA–). Ese modelo de
comercialización obliga a los productores a suscribir un contrato de adhesión
cuya vigencia se extiende hasta noviembre de 2028. El nuevo esquema de negocios
es el siguiente:
1. La siembra queda restringida a
un determinado ámbito geográfico (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba,
Buenos Aires, La Pampa y San Luis) y la comercialización de la semilla es
exclusiva de los operadores autorizados. A su vez, la cosecha solamente puede
ser vendida a exportadores y/o acopiadores autorizados.
2. El productor debe abonar la
regalía al momento de la compra de la bolsa de semilla certificada (entre 3 y 4
dólares), la declaración y siembra de la semilla para uso propio o la entrega
de los granos al acopiador o exportador autorizado. El productor también debe
identificar los lotes sembrados, permitiendo el ingreso del personal
fiscalizador de Monsanto (o de quienes la empresa designe para la realización
de las inspecciones). Por último, el productor renuncia al derecho de uso
propio contemplado por la Ley de Semillas. Eso implica que debe abonar el canon
correspondiente aunque la siembra fuera realizada con semillas reservadas de la
cosecha anterior.
Los potenciales
perjudicados por ese modelo de negocios son los productores (se incrementan los
costos del insumo básico, falta de libertad para decidir a quién vender la
producción, anulación del derecho al uso propio) y las compañías semilleras
(que ven afectada la libre disponibilidad de la semilla para multiplicarla). El
esquema impulsado por Monsanto fue denunciado ante la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia (CNDC). En efecto, la Federación de Cooperativas
Federadas (Fecofe), la
Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem), la Federación Agraria
Argentina (FAA) y la Federación Argentina
de Ingeniería Agronómica (Fadia) la acusaron de abuso de posición dominante.
Los denunciantes sostienen que “resulta evidente que Monsanto mediante acuerdos
con empresas semilleras que dicha firma selecciona, busca reforzar una posición
de dominio que dicha empresa ocupa en el mercado nacional seleccionando actores
en cada eslabón de la cadena... y desplazando al resto de los competidores”.
La denuncia contra
Monsanto fue respaldada por científicos, productores agrarios, campesinos,
cooperativas, organizaciones de profesionales, trabajadores, empresarios y
estudiantes universitarios reunidos en la ciudad de Paraná, en el Quinto
Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y
Políticas Públicas. La declaración final del encuentro denunció que “los
sistemas contractuales que se imponen a productores, acopiadores, procesadores
y exportadores en esta cadena de contratos sustituye la soberanía estatal sobre
las políticas públicas en materia agrícola y alimentaria por la imposición
soberana y autoritaria de las políticas públicas alimentarias por parte de las
corporaciones transnacionales”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/40-8279-2015-02-10.html
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