"Marchamos, todas las familias que somos víctimas de hechos de impunidad, todos los conjuntos y colectivos sociales que demandamos que se termine esta violación sistemática de los derechos humanos”.

Alberto Lebbos: “Queremos se declare la emergencia en derechos humanos en todo el país”
26 de febrero de 2015

Hoy se cumplen 9 años de la desaparición de Paulina, quien fue hallada asesinada pocos días después. Desde entonces, su padre organiza una Jornada Anual de Lucha Contra la Impunidad en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, en la que se convocan también familiares de víctimas de todo el país, además de organizaciones sociales y políticas. Horas antes de esta nueva movilización, La Retaguardia dialogó con Alberto Lebbos sobre la participación de importantes funcionarios judiciales en el encubrimiento del crimen de Paulina y la impunidad que rodea el caso. 

Por La Retaguardia.

 “Con toda la adrenalina, la energía, la expectativa, esperando a los queridos amigos que van a llegar de todo el país a sumarse a la 9º jornada anual de lucha contra la impunidad en Tucumán, que es un reclamo para que se termine con la impunidad, no solo para el caso de Paulina, sino por todas las causas de Tucumán y del país”, afirmó Alberto Lebbos en diálogo con La Retaguardia, en la previa a la marcha que anualmente organiza para esta fecha en Tucumán y para la que espera la llegada de familiares y compañeros de distintas provincias: “van a venir de La Rioja, Santiago del Estero, viene María Luján Rey que es una figura emblemática de esos luchadores, de los familiares del estrago doloso, porque a mí no me gusta decirle tragedia, es un delito grave que se ha cometido en Once; vienen familiares de Santiago del Estero, son muchísimos de todo el país; inundados de La Plata, de Santa Fe, de Córdoba, Salta, Rosario, también Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Todo un conglomerado de luchadores sociales que nos acompañan y que nos venimos acompañando conjuntamente porque nosotros también vamos allá, vienen los queridos amigos, familiares de Cromañón, y los que no pueden venir porque muchas veces resulta caro, costoso, por razones laborales, nosotros sentimos que nos están acompañando. Sabemos que se van a hacer marchas también en muchos lugares del país. Es un día de gran lucha contra la impunidad”, agregó.

Para esta movilización vienen trabajando desde tres meses, pero además Lebbos recordó que junto a la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, que integra, marchan todos los martes desde hace nueve años: “es un trabajo que nosotros, como no queremos ni premios ni plata de nadie, lo hacemos absolutamente a pulmón con toda la energía de las familias, los amigos, de los partidos políticos que están comprometidos con las luchas populares. Gracias a dios existen estos partidos que son de izquierda y realmente lo están demostrando con el valor que tienen, y las organizaciones sociales y de luchas populares que nos acompañan siempre. Es más fácil, se torna más llevadero y además más placentero luchar junto a tan corajudos compañeros por causas tan justas”. 
A su vez, Lebbos contó que la Federación Argentina de Colegios de Abogados ha instituido el 26 de febrero como Día Nacional de Lucha en Contra de la Impunidad en Democracia. “Es un colectivo amplio de luchadores sociales y de representantes institucionales y del pueblo que se suman a esta jornada donde queremos visibilizar con mucha potencia esta realidad triste que nos toca vivir que es la impunidad, y exigir el cumplimiento del lema de esta jornada que es que se declare la emergencia en derechos humanos, inmediatamente, en todo el país. Es una decisión que ha tomado una audiencia pública que hemos hecho en Tucumán en julio con representantes de todo el país también, escuchando lo que ocurre en cada rincón de la Argentina.

Nosotros consideramos que más que la ley antiterrorista, más que agencias de inteligencia, aquí lo que hay que declarar inmediatamente es la emergencia en derechos humanos, que están siendo violentados brutalmente por un Estado que de lo único que se preocupa es de sus negocios privados y no de lo que le pasa al pueblo argentino, y me refiero no sólo a los hechos de homicidios o de delitos en contra de la persona, sino de lo que le pasa a los jubilados, a los desocupados, a los pobres, al medio ambiente, los problemas de salud; en Tucumán hay sectores que están absolutamente inundados y hay otros sectores que no tienen agua, que se la tienen que llevar en carreta en pleno siglo XXI como si viviéramos en la edad media. Todos son avasallamientos a los derechos humanos donde los responsables de esta situación son quienes gobiernan”, aseveró Lebbos a La Retaguardia.

Pasan los años, se suman responsables
Paulina Alejandra Lebbos tenía 24 años cuando fue vista con vida por última vez. Era la madrugada del 26 de febrero de 2006, había ido a bailar y luego había llevado a una amiga a su casa en un remís para posteriormente dirigirse a lo de su novio. Tenía un hijo de cinco años y estudiaba la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Tucumán. Su cuerpo fue hallado a la vera de la ruta a unos 30 kilómetros de la capital provincial el 11 de marzo. Desde entonces el encubrimiento y la impunidad rodean el caso.
La última vez que La Retaguardia entrevistó a Alberto Lebbos fue en junio del año pasado. En ese momento, el fiscal a cargo de la causa, Diego López Ávila, había pedido cotejar el ADN de Gabriel, uno de los hijos del gobernador José Alperovich. Sin embargo, el estudio no pudo realizarse: “las muestras estaban absolutamente destruidas a propósito porque eso formó parte de las maniobras de encubrimiento que cometieron los lacayos del gobernador Alperovich y de su esposa Beatriz Rojkés, del ministro de Seguridad, secretario de Seguridad, jefe de Policía, fiscal (Carlos) Albaca, todos se han confabulado para armar una red mafiosa de encubrimiento y las pruebas estaban degradadas, destruidas así que no se pudieron hacer los cotejos como corresponde. Después de más de siete años todo se ha hecho a propósito para proteger a los asesinos de Paulina. Pero que no haya pruebas porque las han destruido no quiere decir que sean inocentes, ya se ha pedido que se eleve la causa a juicio oral en contra de los encubridores que son el secretario de Seguridad de la provincia, jefe y sub jefe de policía, esto tiene una gravedad institucional terrible, porque no estoy hablando de un funcionario cuatro de copas, es gente que está protegida por el gobernador Alperovich y que han hecho todas estas maniobras a sabiendas de él”, afirmó Lebbos.
El padre de Paulina denunció penalmente todo esto el 20 de abril de 2006, apenas dos meses después de la desaparición de su hija: “también hice entrar un expediente en Casa de Gobierno para que Alperovich conozca esta situación, pero el gobernador los sostuvo en sus cargos a todos, los ascendió, los protegió, porque, claro, obedecían sus órdenes para destruir las pruebas y para que no se sepa la verdad de lo que ocurrió con Paulina. No hay que olvidarse que Alperovich también dijo que ya sabía el nombre del asesino, que faltaban pocas horas para que lo atrapen y hasta ahora estamos esperando que diga el nombre”.
Siguen pasando los años y pareciera ser que en vez de encontrar justicia para Paulina se sumarán más responsables, ahora del encubrimiento. “Pero se va destruyendo esa muralla que ellos pretendían que iba a ser inexpugnable –advirtió Lebbos–, va cayendo ese muro de impunidad y esta gente, irá a juicio oral, yo espero que entonces digan la verdad y digan a quién estaban encubriendo porque sino se confabulan los tres poderes del Estado, porque los legisladores oficialistas de Tucumán también le han dado un blindaje de impunidad a los fiscales, al jefe de los fiscales, que no le han querido hacer juicio político. Ojo que a mí no me gusta atacar al Estado, pero son delincuentes disfrazados de legisladores, de secretarios de Seguridad, de fiscales, y de gobernadores, esa es la triste realidad. Espero que digan a quién protegían porque se van a comer 20 años de cárcel, nosotros vamos a hacer que les den la máxima pena que es 20 años de cárcel. Ellos han sido altos funcionarios del gobierno y ya está comprobado que han sido partícipes directos de las maniobras de encubrimiento”.

Marchar a viva voz
Al ser consultado sobre la realización de la llamada Marcha del Silencio el pasado 18 de febrero, convocada por un grupo de fiscales, Lebbos fue contundente: “a mí me parece de terror que los causantes de los problemas convoquen, nunca van a ser los responsables de la solución. Yo no creo en marchas asépticas, ni en marchas del silencio, nosotros vamos a marchar como lo hacemos siempre a viva voz, con firmeza, exigiendo justicia, que se termine la impunidad de los tres poderes del Estado, marchamos bien identificados porque queremos saber muy bien quiénes nos acompañan. Lo que pasa es que acá se ha producido ya un desastre total, qué nos queda al pueblo si vemos que los fiscales marcharon, porque si ellos quieren realmente honrar a la justicia que metan presos y procesen a todos los que se roban el patrimonio del pueblo. Acá tenemos al ministro de Salud de la Nación (Juan Manzur, que justo este 26 de febrero fue reemplazado en su cargo seguramente para entrar en campaña electoral), candidato a gobernador de Tucumán, uno de los multimillonarios que hay en el país y que hace 20 años que lo único que hace es trabajar en el Estado y ha acumulado una fortuna incalculable, y resulta que está investigado por enriquecimiento ilícito y los jueces o fiscales, nadie se anima a procesarlo, a que haya un proceso como corresponde, entonces lo que estamos pidiendo nosotros es que realmente cada uno cumpla con su función como corresponde, que los fiscales investiguen, que los jueces condenen y que no haya coronita, acá hay un montón de funcionarios públicos en Tucumán que están acusados de enriquecimiento ilícito y no avanza ninguna causa”.
En este sentido, Lebbos remarcó: “Hay participación directa de punteros políticos, de políticos, en todos estos delitos que denunciamos, entonces nosotros queremos que se termine eso. Nosotros marchamos, todas las familias que somos víctimas de hechos de impunidad, todos los conjuntos y colectivos sociales que demandamos que se termine esta violación sistemática de los derechos humanos”.

La convocatoria es para hoy 26 de febrero, a partir de las 20, en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán. Marchas similares se harán en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires será en la Casa de la provincia de Tucumán, ubicada en Suipacha 844.

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Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article9387