Maniobras
electorales en nombre de Nisman
Artículo
de opinión, publicado en el diario La Nación del 17 de febrero de 2015
Por Laura Ginsberg y Pablo Gitter
Con la denuncia y
posterior muerte del fiscal Nisman se desencadenó una de las crisis
políticas más intensas de los últimos 30 años. Su muerte ha quedado inscripta
en la conciencia popular como un crimen político asociado a la masacre impune
de la AMIA, a la criminalidad del Estado y de sus servicios de inteligencia.
Ésta es la esencia de la grave crisis política e institucional que
envuelve al Gobierno, a la oposición y a los tres poderes del Estado.
¿Qué papel juegan
el oficialismo, la oposición y las instituciones para superar esta crisis
ante el repudio social generalizado? Tanto el Gobierno como la oposición, y
hasta los fiscales, repiten que "hay que dejar actuar a la Justicia"
y "preservar su independencia". Es hipócrita. Son los mismos que en
los últimos años facilitaron o aceptaron las presiones de la ex SIDE sobre jueces y
fiscales.
La única iniciativa
del oficialismo para recuperarse del shock de la muerte del fiscal fue apurar
una ley que, en nombre de "disolver" la Secretaría de Inteligencia,
propone una reestructuración que agrava todos los problemas que dijo venir a
resolver: recontrata a todos los espías para ponerlos bajo la dirección del
general Milani; impide el acceso a la información secreta por los próximos 25
años, incluso para el juez que se atreva a pedirla, y facilita el manejo
espurio de los fondos públicos para sus actividades delictivas. Es una ley que
refuerza el secreto, viola la legislación interna y genera más impunidad. Una
nueva manipulación política, ahora en nombre de Nisman y sin esclarecer el
atentado contra la AMIA.
El Gobierno aún no
pudo definir qué quiere hacer con la fiscalía especial AMIA. ¿Acaso piensa
reforzar la orientación anterior al Memorándum que exigen el Estado de Israel y
las direcciones de la DAIA y la AMIA, contra Irán? ¿O está dispuesto el
Gobierno a orientar la investigación hacia la acción criminal de los servicios
de inteligencia que entorpecieron la investigación del atentado y encubrieron
la responsabilidad del Estado argentino en aquél? Incapaz de resolver esta
tensión, ni siquiera puede decidir quién va a dirigir esa Unidad Fiscal y hacia
dónde.
Por su parte, la
oposición no consigue diferenciarse del Gobierno, con el agravante de que
varios de los opositores de hoy, como Alberto Fernández, Sergio Massa, el ex
ministro de Justicia Alberto Iribarne y el propio Macri, desde sus cargos de
gobierno, ya participaron en la trama del encubrimiento criminal o apoyaron la
acusación internacional. Aun cuando parecen oponerse a la nueva ley de
inteligencia, no formulan ninguna propuesta sobre el tema.
Cuando el Gobierno y
la oposición reconocen la dependencia de jueces y fiscales respecto de los
servicios de inteligencia, el reclamo que hacen de "dejar actuar a la
Justicia" propone mantener el aparato del Poder Judicial tal como está,
corrupto hasta la médula e inficionado por los servicios de inteligencia. Si
hasta los jueces de la Sala I
de la Cámara Federal ,
en el fallo de inconstitucionalidad del Memorándum, reconocieron la incapacidad
del Poder Judicial para esclarecer el atentado. El resultado son 21 años de
impunidad y encubrimiento en el atentado contra la AMIA.
Hay quienes alentados
por las direcciones de la DAIA y la AMIA promueven la derogación del Memorándum
y reclaman que la Corte
Suprema investigue la muerte de Nisman y el atentado mismo.
Pero derogar el Memorándum no impulsa ninguna investigación de la verdad,
mientras que forzar la intervención de la Corte Suprema
implica violar la Constitución y garantizar la impunidad. Vale la
pena recordar que la Corte liquidó cualquier investigación del atentado contra
la embajada de Israel, facilitó que Menem no fuera imputado por la voladura de
Río Tercero y dejó en libertad al ex comisario Castañeda, responsable de la
desaparición de los casetes que contenían pruebas de la causa AMIA.
Si
dejar que el Poder Judicial actúe es la propuesta del oficialismo y de la
oposición, a sabiendas de los más de 20 años sin respuestas en el crimen de la
AMIA, ¿qué podemos esperar del esclarecimiento de la muerte de Nisman y su
denuncia contra el Gobierno?
Con la excusa de la
muerte de Nisman y su denuncia, el llamado "consenso parlamentario"
del sector mayoritario de la oposición no se propone abordar el esclarecimiento
del crimen de la AMIA. Se
trata, entonces, de una maniobra electoral y de presión sobre el Gobierno que
pretende dar por esclarecido el atentado al acusar a Irán, cuando el propio
juez de la causa AMIA
admitió que la acusación es apenas una hipótesis.
No tienen ni idea de
cómo superar 21 años de manipulación, secretos, encubrimiento e impunidad.
Son los mismos que
adhieren a la marcha del silencio de mañana llamada por los fiscales
federales. Los fiscales, que dicen ser la representación y la voz del interés
general, exigen marchar en silencio. Pero el esfuerzo por amordazar a los
manifestantes de ninguna manera podrá ocultar el repudio social al
encubrimiento, los secretos de Estado y la corrupción que ellos mismos no
denunciaron hasta hoy.
Ya es tiempo de
superar estas políticas que nos llevan de fracaso en fracaso.
Un grupo de
intelectuales acaba de pronunciarse por una "comisión de esclarecimiento
del atentado" convocada por y dependiente del Poder Ejecutivo. Son
conscientes de que la impunidad en el crimen de la AMIA "horada la
democracia argentina y deslegitima a instituciones del Estado, así como a partidos
y dirigencia política". Para limitar sus consecuencias no proponen la
búsqueda de la verdad, sino el mejoramiento institucional. Por eso no plantean
ni abrir los archivos secretos ni cuestionar el desempeño de jueces y
funcionarios.
Nosotros tenemos otra
propuesta. Para terminar con la impunidad y esclarecer el atentado contra la
AMIA es indispensable constituir una comisión investigadora independiente en el
Parlamento, integrada por una mayoría de referentes incuestionables del pueblo
argentino, los familiares de las víctimas y una representación minoritaria de
diputados y senadores.
Para que la comisión
pueda hacer su trabajo es indispensable la apertura de todos los archivos
secretos sin distinción de jerarquía de clasificación y sin tener que esperar
otros 25 años, como plantea la futura ley de inteligencia.
Así podremos alcanzar
la verdad e impulsar el juicio y el castigo para todos los culpables.
apemia2002@yahoo.com.arFuente: http://apemiaactividades.blogspot.com.ar/2015_02_17_archive.html#2948660730537690691
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