Sobre la deuda y el acuerdo con los acreedores
12 de agosto de 2020
Por
Rolando Astarita
Días atrás
el gobierno argentino anunció un principio de acuerdo con los acreedores de la
deuda privada bajo legislación extranjera. En esta nota presento algunas
consideraciones sobre el tema. Me mueve a hacerlo diversas afirmaciones que han
circulado. Entre ellas, que la negociación encabezada por Guzmán fue
“cualitativamente distinta” de lo que hace “el neoliberalismo”; que gracias a
“la postura firme del Poder Ejecutivo” en los próximos años habrá millones de
dólares que no irán a los acreedores sino a cubrir las necesidades del pueblo;
que Argentina podrá tomar deuda al 3%, contra el 7% que pagaba hasta ahora; que
ha impuesto pautas en la negociación que favorecen a los oprimidos; y que el FMI
se ha transformado en poco menos que “un amigo de los pueblos”. Como
introducción, repaso enfoques alternativos sobre la deuda, a fin de despejar
algunas cuestiones que afectan a la comprensión de la naturaleza del crédito
capitalista, y por ende, de lo que acaba de negociarse.
Crédito capitalista y usura, “negocios, como siempre”
Como
destacaron los medios, el acuerdo (aunque todavía no está firmado) fue saludado
por la clase dominante argentina. Es evidente que los dueños del capital lo
consideran acorde con los parámetros que comúnmente se establecen en este tipo
de reestructuraciones, y según
una lógica que es inherente al modo de producción capitalista. Algo
así como “era más o menos lo esperable”.
Sin embargo,
varias publicaciones de izquierda han denunciado al acuerdo por “usurario” y al
gobierno por claudicar “ante los usureros”. Es una idea bastante extendida, a
saber, que el acuerdo sigue las reglas de la usura. Lo cual plantea algunos
interrogantes. Entre ellos, si se trata de usura, ¿es propia del sistema
capitalista? Y en ese caso, ¿por qué la burguesía argentina acepta el acuerdo?
¿Acaso porque “es cobarde”? Son preguntas que nos llevan al centro del problema,
la naturaleza capitalista de la relación crediticia.
Para ver por
qué, es necesario distinguir entre el
crédito capitalista, y la
usura, una distinción que no se hace con frecuencia, pero es
importante, ya que las tasas que paga Argentina parecen corresponder a una
situación en que “el capitalista financiero y el usurero se funden… en uno solo”
(Marx, p. 773, t. 3, El
Capital). Estas fusiones suceden en las crisis dinerarias clásicas
(analizadas por Marx), y también cuando los gobiernos entran en espirales de
endeudamiento “a lo Ponzi”. En estos escenarios los Estados toman deuda para
pagar intereses de deuda, el endeudamiento aumenta muy por encima de lo que
crece la economía, y, con frecuencia, se pierden de reservas internacionales.
Pero llega un punto en que la presión de los intereses imposibilita la
reproducción del capital. Por eso surge la idea de que en ese caso se ha
establecido una relación de dominio del capital usurario. De ahí también la
apariencia de que la deuda es la causa del desangre de la economía capitalista,
de forma similar a lo que ocurrió a lo largo de la historia, cuando el capital
usurario dominaba y agotaba a las producciones precapitalistas.
Sin embargo,
y a pesar de lo que sugiere la forma en que se manifiesta la crisis de la deuda,
no es cierto que hoy el capital usurario controle el escenario. Ese dominio sí
fue característico en modos de producción con predominio de pequeños campesinos
y artesanos. Como observaba Marx, en esas sociedades la usura vivía “en los
poros de la producción” (p. 771, ibid.),
succionando como un parásito al modo de producción hasta dejarlo en la miseria
(p. 769, ibid.).
Por eso la usura contribuyó a la destrucción de modos de producción
precapitalistas. Pero no es lo que ocurre en la sociedad capitalista, ya que en
esta el sistema de crédito “se adecua a las condiciones de la producción
capitalista” (p. 773) y “constituye un elemento esencial del modo de producción
capitalista” (p. 774). De ahí que cuando domina la producción capitalista la
usura pasa a ser una forma subordinada (la casa de empeño, el chupasangre
prestamista a trabajadores y gente pobre, etcétera).
En
consecuencia, estamos ante relaciones y condiciones sociales distintas,
que determinan el contenido
distinto de la usura, por
un lado, y el crédito capitalista, por el otro. Pero como señalé más arriba, lo
habitual es confundir ambas categorías. De ahí la impresión de que el capital
usurario “esquilma”, o “succiona” al capital productivo, que sería “progresista”
y hasta “nacional”. Es parte del discurso que dice que la oposición fundamental
de la época está planteada en términos de “neoliberalismo – pueblo”. Otra forma
de expresarlo es cuando se reemplaza la noción de “la explotación del trabajo
por el capital”, por la de “saqueo de nuestras riquezas por los usureros”.
Esta
digresión sobre la diferencia entre usura y crédito capitalista nos lleva
entonces al problema de fondo. Es que si el sistema de crédito es parte
integrante, e indisoluble del modo de producción capitalista, se puede entender
por qué la clase capitalista, de conjunto, lo
acepta como un actor más, y natural, de los negocios. Y por qué en
el terreno de las finanzas también se
imponen las leyes que gobiernan la dinámica y la valorización de los capitales.
No es un sistema que esté por fuera (en los poros) del modo de producción, sino
es parte inherente del mismo. Así, cuando se comercian los títulos de deuda, sus
precios – y por lo tanto, las tasas de interés – se establecen a partir de las
ofertas y demandas de muchos inversores, según los rendimientos esperados, y
otros factores como riesgo de default, riesgo cambiario, etcétera. Nada que no
sea habitual en los negocios habituales.
Por eso, en
varias oportunidades cité el caso, muy ilustrativo, del gobierno de Chávez
prestando, entre 2005 y 2008, al gobierno de Néstor Kirchner a tasas, en
dólares, de entre el 8,5% al 14,8% (por 5600 millones de dólares). Más o menos
las mismas condiciones en que podría prestar a Argentina cualquier otro
capitalista dinerario. No tiene sentido decir que Chávez actuaba en beneficio
del capital usurario, como si este estuviera por fuera de las leyes del capital
en general. O, para dar un caso más actual, y también cercano, hoy Uruguay o
Chile colocan deuda a una tasa mucho menor que la que logra Argentina. La
diferencia no se debe al carácter “entreguista” del gobierno argentino, ni a la
“firmeza y resolución” de los uruguayos y chilenos frente a los “usureros”, sino
a la lógica – incluidos los movimientos especulativos – que rige en el mercado y
los negocios.
El
relato del nacional-marxismo
Según los
voceros del nacional marxismo, la deuda externa argentina conforma un mecanismo
de dominación “semicolonial” por parte de las “finanzas internacionales”. Por
eso la lucha por no pagar la deuda se inscribiría en el combate por la
liberación nacional, tarea programática a la que habría renunciado la
“claudicante burguesía criolla”.
Mi posición
es opuesta a este planteo. En primer lugar, porque la dominación colonial, o
semicolonial, opera por coacción directa del país dominado: ocupación militar
(total o parcial); ausencia del derecho a la autodeterminación; prohibición a la
burguesía nativa de comerciar por fuera de los términos establecidos por la
potencia ocupante, entre otros rasgos relevantes (véase aquí,
por ejemplo). Pero esa no es la situación de la burguesía argentina (ni de las
burguesías latinoamericanas, dicho sea de paso). El gobierno y el Estado
argentino no están sometidos a dominación colonial o semicolonial.
Más
precisamente, y en lo que respecta a la deuda externa, esta sirvió para
financiar la transferencia de capital dinero al exterior. La clase dominante lo
hizo a lo largo de décadas. Esa salida de capitales no tiene nada que ver con
una explotación de tipo colonial, la cual se caracteriza por la exacción directa
del excedente en beneficio de la potencia colonial. Agreguemos que con
frecuencia la deuda pública ha dado lugar a fraudes y estafas en las que
participaron alegremente tanto “agentes del neoliberalismo” como “próceres de la
liberación nacional”. En fin, una variada burguesía lumpen estatista, que
terminó con fortunas en paraísos fiscales como Panamá o Seychelles, o
departamentos en Miami. Incluso, y a resultas de las innumerables transferencias
al exterior, la posición internacional inversora neta de Argentina es
superavitaria: al cierre del primer trimestre de 2019 (último dato
que disponemos) era, a valor de mercado, acreedora neta por 63.528 millones de
dólares. El activo totalizaba 379.528 millones, y el pasivo 315.718 millones de
dólares. ¿Qué tiene que ver esto con una burguesía oprimida por el colonialismo?
Por otra
parte, la salida de capitales demuestra que la
deuda es el resultado de la debilidad de la acumulación –esto
es, de la reinversión productiva de plusvalía en Argentina – y
no al revés. Una cuestión que no se remedia posponiendo algunos años
los pagos de intereses, o las devoluciones de capital.
Destacamos
también que la riqueza que la burguesía argentina tiene en el exterior significa
que participa de la explotación de la clase obrera de otros países, distintos de
Argentina. Lo hace como socia de la hermandad de los explotadores, sin
distinciones. De la misma manera, participa de la explotación de la clase obrera
argentina como cualquier otro capitalista extranjero. No hay aquí colonialismo.
Tampoco es cierto que los capitales líquidos globales sean patrimonio exclusivo
de “potencias coloniales”, o que estén sistemáticamente enfrentados a los
Estados nacionales (¿oprimidos?). Los fondos de inversión, y otros, se nutren de
plusvalía sin discriminar si proviene de burgueses de países adelantados o
atrasados. A lo que sumamos los fondos soberanos, que se constituyen con dinero
de Estados, e invierten en países adelantados o atrasados. Son ejemplos los de
Noruega, Arabia Saudita, Kuwait, China, Singapur, Emiratos Árabes, Malasia,
Rusia. Es absurdo pensar que los administradores de estos fondos reciben órdenes
del Departamento de Estado, o de algún “ministerio de colonias”.
Volviendo al
entrelazamiento de intereses entre la burguesía argentina y la global, anotemos
también que la primera no cuestiona –al menos, no de alguna manera esencial- las
orientaciones de los organismos internacionales, o las recomendaciones de los
economistas voceros del capital financiero. Y en esa actitud tampoco interviene
coacción colonial alguna. Por ejemplo, cuando las cámaras empresarias locales
coinciden con el establishment internacional, y con los acreedores, en “la
necesidad” de recortar derechos laborales, abaratar costos de reproducción de la
fuerza de trabajo, etcétera, no obedecen a mandatos coloniales, sino a sus
intereses.
FMI
y las CAC K y M
El FMI
también recibió con agrado el acuerdo; incluso pidió algo menos de tasa. A raíz
de esto, analistas del campo nacional y popular dijeron que estaban “muy
positivamente sorprendidos” por la actitud del “nuevo” FMI. Como si este hubiera
pasado a militar en el campo de “la liberación nacional del tercer mundo”.
Pero no hay
tanta “novedad”. Desde principios de los 2000, por lo menos, el FMI aboga por
reestructuraciones que no sean trabadas por fondos buitres o holdouts.
Puede consultarse al respecto sus “Propuestas para un Mecanismo de
Reestructuración de la Deuda Soberana”, de 2003. Por ese entonces el Fondo
buscaba ordenar las reestructuraciones, dada la diversidad de bonos y cantidad
de inversionistas; y acelerar los acuerdos. El objetivo de estas
reestructuraciones es restablecer, al menos teóricamente, condiciones mínimas
para la generación de plusvalía. Por ejemplo, hasta ahora Argentina tenía
vencimientos por más de 63.000 millones de dólares entre 2020 y 2024, algo
imposible de cumplir. Cuando se llega a un escenario semejante se imponen las
reestructuraciones, que encierran, inevitablemente, desvalorizaciones de
capital. Por eso, los mismos organismos financieros internacionales (el FMI en
primer lugar) buscaron poner límites a los que traban las reestructuraciones con
tenencias minoritarias de títulos.
A ese fin,
se incorporaron las “cláusulas de acción colectiva” (CAC) en los contratos de
bonos soberanos. Su objetivo es empujar a una minoría de holdouts a
aceptar los términos de una reestructuración cuando una mayoría suficientemente
grande acepta la oferta. Las CAC “de primera generación” disponían que un
acuerdo de reestructuración fuera vinculante si tenía el consentimiento de una
mayoría del 66,7% o del 75% en cada serie individual de bonos, sin importar la
tasa de aceptación agregada. Pero en las renegociaciones de las deudas argentina
y griega se vio que los holdouts conservaban
fuerte poder para trabar las reestructuraciones. En la griega de 2012 más de la
mitad de las series de bonos sometidas a legislación extranjera no llegaron al
umbral requerido por las CAC, y hubo una gran cantidad de holdouts.
Se
introdujeron entonces nuevas CAC de dos tipos principales. Las euro-CAC (dos
ramas, two
limb) establecieron un umbral de votos del 50% en cada bono,
provisto que hubiera una mayoría agregada del 66,7%. El segundo tipo fueron CAC
(una rama, single
limb) que requieren un único voto a través de todos los bonos y un
umbral agregado del 66,7%; o el 75% del total, aunque no se alcance el 50% en
cada serie de bonos. Esta reforma tuvo el apoyo del FMI, el Tesoro de EEUU, la
Unión Europea, y la International Capital Market Association.
Parece claro
que esto no tuvo nada de “izquierdismo”, o “cuestionamiento al capital
financiero internacional”. Merece retenerse, máxime cuando el gobierno argentino
va a iniciar dentro de poco tiempo negociaciones con el FMI para renovar el
préstamo al gobierno de Macri. Es una ingenuidad (o algo peor) creer que el FMI
“nuevo amigo de los pueblos” vaya a hacer algo muy distinto de lo que exigen los
dueños del capital en materia de “equilibrios macroeconómicos” y “reformas
estructurales”.
Necesidad de un análisis menos subjetivista
La pequeña
historia de las CAC también ilustra nuestro argumento sobre la necesidad de un
análisis de tipo objetivo. Es que los bonos argentinos de los canjes de 2005 y
2010 incluyeron CAC de primera generación, más favorables para los holdouts.
El realizado bajo el gobierno de Macri incluyó las de segunda generación, menos
favorables a los holdouts.
Una diferencia que no se debe a que los Kirchner fueran “agentes de los
acreedores”; o que Macri sea un cruzado anti-capital financiero. Simplemente,
habían cambiado las circunstancias internacionales.
De nuevo, y
subrayo: es
necesario tomar distancia de los análisis teñidos de voluntarismo y subjetivismo.
El cuento de que un “hábil negociador”, con “firmeza”, y respaldado por “altos
referentes del mundo académico”, hace “retroceder a los usureros
internacionales”, es eso, un
cuento. En esos asuntos no hay magia, ni resultados demasiado
sorprendentes. Las reestructuraciones de deuda soberana por parte de países
atrasados son relativamente frecuentes. Antes de 1990 fueron las de deudas
contraídas con sindicatos de bancos, habituales en los 1970 y 1980. Luego se
pasó a la emisión de bonos soberanos, que se colocaron a miles de inversores.
Por lo cual las reestructuraciones de bonos fueron recurrentes desde fines de
los 1990 (aunque en 1994 reestructuró Panamá). Hasta 2015 hubo 23, realizadas
por 16 países. Entre ellos Ecuador, Rusia, Ucrania, Pakistán, Argentina, Costa
de Marfil, Belice, Dominica, Uruguay, República Dominicana, Moldavia (véase C.
Fang, J. Schumacher, C. Trebesch, “Reestructuring sovereign bonds: holdouts,
haircuts and the effectiveness of CACs”, Working Paper Series, enero 2020,
European Central Bank).
Dada la
presente depresión global, numerosas nuevas reestructuraciones son inevitables
en el futuro inmediato. Con este horizonte, el acuerdo de Argentina es
considerado, por el sistema financiero global, un buen antecedente. Claro que en
todo esto no existe solución “indolora” para los pueblos. La salida será a costa
de extraer más plusvalía, junto al cierre de empresas, y el aumento del
desempleo. La misma reestructuración de la deuda argentina hoy va de la mano del
empobrecimiento de las masas trabajadoras.
El
valor presente y la “tasa de salida”
Una de las
cuestiones que estuvo en el centro de las negociaciones fue el valor presente de
los bonos a canjear por los bonos anteriores. Explicamos el mecanismo.
Lo básico es
que para calcular el valor presente de un bono se procede a la inversa de cuando
se calcula el valor futuro. Por ejemplo, si tenemos un bono de $100, que tiene
una tasa de interés asociada de 5%, y queremos saber el valor del activo dentro
de un año, multiplicamos $100 × 1,05 = $105. Hemos calculado el valor futuro.
Luego, si sabemos que dentro de un año nos van a pagar $105 por un bono, y la
tasa de interés es 5%, su valor presente es $105 ÷ 1,05 = $100. De la misma
manera, si un bono a 10 años, paga US$ 7 por año y devuelve capital en el último
año por US$100, tiene un valor presente igual a (7 ÷ 1,07) + (7 ÷ 1,072)
+ …. + (107 ÷ 1,0710) = 100. Por eso, si sube la tasa de interés, el
valor presente disminuye.
Ahora
supongamos que el emisor del bono con valor nominal US$ 100 y tasa cupón del 7%
se declara en default y propone reestructurar la deuda. Para eso ofrece entregar
nuevos bonos que en lugar de US$ 7 pagan US$ 3 por año (3% es la tasa cupón del
nuevo bono); además, propone un descuento del capital del 2% (o sea, al
vencimiento del bono devolverá como capital US$ 98). ¿Cuál es entonces el valor
presente del nuevo bono? La respuesta es que depende
de la tasa a que se descuentan los pagos futuros. Por ejemplo, si se
descuentan al 10%, el valor del bono será (3 ÷ 1,1) + (3 ÷ 1,12) + ….
+ (101 ÷ 1,110) = US$ 56,2. Esto significa que se cambiarán los bonos
anteriores por los nuevos bonos con valor presente US$ 56,2. Si se supone una
tasa de descuento del 8%, el valor presente será más elevado, US$ 65,5. A su
vez, el valor presente tendrá variaciones si, por ejemplo, se concede algún
período de gracia; o si los intereses se modifican a lo largo del tiempo. En el
caso de la reestructuración argentina, la tasa promedio de los viejos bonos era
7%; la de los nuevos 3% (con variaciones desde 0,12% anual a 5% anual); y el
valor presente de los nuevos bonos, suponiendo una tasa del 10%, es
aproximadamente US$ 55.
Sin entrar
en detalles, lo que nos interesa mostrar ahora es que la tasa de descuento del
10% con el que se calculó el valor presente de los nuevos bonos es
teórica. Se la llama “tasa de salida” (exit
yield), y sirve para calcular qué
valor tiene una promesa de pagos futuros del gobierno argentino. Es
un cálculo que se hace en
base a supuestos, para establecer un precio teórico de
los bonos. No
significa que sea la tasa que necesariamente “avale” el mercado. Si,
por ejemplo, una vez efectuado el canje, los tenedores de los nuevos bonos
encuentran que en el mercado se pagan US$50, significará que los prestamistas
demandan una tasa superior al 10%. Por supuesto, tampoco tiene sentido decir que
a partir del acuerdo el Estado argentino podrá colocar deuda en dólares al 3%,
como he leído en algún escrito demasiado apresurado en elogiar las habilidades
negociadoras del ministro Guzmán. Como puede verse, además, los valores
presentes de los bonos representan lo que Marx llamaba capital
ficticio. Esto es, detrás de esos bonos no
hay un capital que realmente esté generando plusvalía. La
tenencia de los bonos da derecho a participar de la parte de la plusvalía que
siempre debe generarse en la explotación del trabajo, y recoge el Estado con sus
impuestos (sobre capital ficticio, aquí).
Para cerrar
este punto, digamos también que la tasa cupón de 3% de los nuevos bonos parece
estar dentro de los parámetros de reestructuraciones de años recientes (en la
actual crisis el terreno es muy incierto). En el canje argentino de 2005 la tasa
de los viejos bonos fue 9,27% y la de los nuevos 4,53%. En la reestructuración
griega de 2012, 4,37% y 1,75%, respectivamente; en Ucrania 2015, 7,67% y 6,21%
(datos Fang y otros, citado). No hubo milagro criollo.
Pacman, el antiimperialista
El ministro
de Economía Guzmán fue presentado como alguien capaz de “poner en vereda” a los
acreedores, en particular porque desplegaría una sagaz estrategia frente a los
desaprensivos capitales financieros: la “estrategia Pacman”. Consiste en
utilizar las cláusulas de reasignación (permiten al deudor agrupar las series de
bonos con el fin de obtener mayorías) para ir sumando porcentajes de adhesión,
hasta alcanzar los porcentajes establecidos en las CAC.
Por ejemplo,
supongamos que hay 10 series de bonos a reestructurar, y existe acuerdo del 80%
en las series 1 a 6, pero 40% de aceptación en las series 7 a 10. Supongamos que
la CAC establece que, para que la votación sea vinculante, debe haber aprobación
del 50% en cada serie, y 66,7% del total o, en su defecto, 75% del total, sin
importar que no haya el 50% en cada serie. Pues bien, dado que el nivel de
aceptación, (480 + 160) ÷ 1000 es menor al 75%, y en cuatro series la aceptación
es del 40%, el deudor no puede aplicar la CAC. Entonces avanza en el canje con
los tenedores de las series 1 al 6, y les entrega los nuevos bonos; así como al
40% de los tenedores de las series 7 al 10, que sí aceptaron la
reestructuración. De manera que las series 7 al 10 quedaron en default, pero ya
con acreencias del 60%, correspondiente a los que quedaron fuera (holdouts).
Pasado un
tiempo el Gobierno lanza una segunda oferta de reestructuración, supongamos para
las series 7 y 8. Para eso propone una reestructuración con pequeñas mejoras
para las series 1 al 6 y las mismas condiciones para las series 7 y 8. Dado que
para los tenedores de las series 1 al 6 es toda ganancia, la aceptación es del
100%; así como para los poseedores de las series 7 y 8 que aceptaron el canje de
bonos. Así, “comiéndose” (de ahí el nombre Pacman) a los holdouts de
las series 7 y 8, se llega a la mayoría que establece la CAC. Tiempo más tarde,
el gobierno ofrece una nueva reestructuración para las series 9 y 10. O sea, a
través de redesignaciones secuenciales, los votos mayoritarios en una serie
sirven para imponerse sobre los de una serie en default.
Confiado, en
abril Guzmán planteó esa estrategia, pero provocó la protesta de los acreedores.
Poco después retrocedió, prometió “autolimitarse” en las reasignaciones, y el 25
de julio Economía comunicó: “La Argentina desea contribuir y contribuirá a la
elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las
iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan
apoyo significativo de los acreedores. Los ajustes a los modelos de contrato
elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron
adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo
generalizado, también serán apoyados por Argentina”. Según Ámbito
Financiero, el gobierno aceptaría que grandes fondos se conviertan
en “acreedores privilegiados”, excluidos de las cláusulas de reasignación.
Serían BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo
Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart
Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Management, Wellington,
Alliance Bernstein y Cyrus (Carlos Burgueño, Ámbito
Financiero, 3/08/2020).
Son los que
el campo nacional llama “los peces gordos de la timba internacional”.
Extraordinaria estrategia Pacman-anti-peces-gordos del capital financiero.
Los millones que no están
Según el
acuerdo, los pagos de deuda a acreedores privados bajo legislación extranjera se
reducen a 4.500 millones de dólares en los próximos 5 años, en lugar de los
30.200 millones previstos. El ahorro entre pagos de intereses y devolución de
capital, hasta 2028, rondaría los 36.000 millones de dólares. Algunos prometen
que esos miles de millones de dólares se volcarán a atender a las necesidades
del pueblo. Muy lindo en los papeles, pero algo distinto en la realidad. Es que
en esto se aplica lo que discutí en otra ocasión, en referencia a gente que anda
calculando cuántas cosas se podrían hacer si se dejara de pagar la deuda. El
problema de fondo: Argentina ha pagado deuda tomando deuda. Al respecto, escribí
en crítica a otro “vende humo” (aquí):
“Argentina
no transfiere, por el pago de la deuda pública, 40.000 millones de dólares por
año a los acreedores. Si ocurriera tal cosa, estaríamos ante lo que se llama una
transferencia en términos reales. Una transferencia en términos reales
significaría pagar la deuda con dólares “genuinos” (por ejemplo, por superávit
de cuenta corriente; por entrada de capitales destinados a la producción). Pero
la realidad es que esos dólares sencillamente no están. Por eso Argentina
refinancia constantemente, no solo los vencimientos de capital, sino también
buena parte de los intereses. Lo cual lleva al aumento de la deuda en un esquema
que el economista keynesiano Minsky llamó “Ponzi” (por un famoso especulador), y
que consiste en endeudarse para pagar intereses. Una dinámica que, una y otra
vez, termina en defaults y nuevas renegociaciones”.
El pago de
deuda tomando deuda sigue funcionando a pleno por estos tiempos. Con un déficit
fiscal que equivale al 7% del PBI (según Guzmán), el gobierno no puede seguir
financiándolo solo con emisión. Por lo cual, está tomando deuda en pesos; pero
para esto, debe cumplir con compromisos de deuda, que se cubren tomando más
deuda. Esto sin contar la montaña de Leliq (letras de liquidez) que acumula el
Banco Central, más los pases, que también representan una suerte de
endeudamiento. A lo que debemos agregar que desde fines de la década los
compromisos de la deuda pública vuelven a elevarse significativamente.
En
síntesis,
los resultados de nuestro Pacman anti-capital financiero son acordes con la
trayectoria de la “liberación nacional siglo XXI”, versión argentina (aquí).
No hay sorpresas. Como siempre, “son negocios”.
Fuente: https://rolandoastarita.blog/2020/08/12/sobre-la-deuda-y-el-acuerdo-con-los-acreedores/
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