Argentina: Un plan sistemático para desaparecer a
los pueblos originarios
12 septiembre 2017
Por Darío Aranda
Desalojos y
represión como política de Estado contra los pueblos originarios. La disputa
por los territorios y el extractivismo. Senadores cierran filas contra pueblos
indígenas y dejan caer una ley clave.
Violencia
contra indígenas en Misiones. Amenazas de muerte en comunidades de Jujuy.
Presiones a guaraníes en Corrientes. Represión a mapuches en la Patagonia. Es el
contexto de la situación de los pueblos originarios de Argentina, con un
agravante: oficialismo y oposición coinciden en dejar caer una ley clave
(26.160) que frena los desalojos indígenas.
“Pareciera
que la Campaña del Desierto continúa con otros rostros, pero con los mismos
objetivos; las crías del general Roca continúan marginando, persiguiendo,
matando y robando los territorios a los pueblos indígenas”, denunció Adolfo
Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
Casos testigos
“Estoy
muy preocupada por la
comunidad. Estoy destrozada. Estuvieron trabajando gente de la Municipalidad. Abrieron
caminos y echaron árboles nativos, nuestra medicina natural. Derribaron árboles
frutales. Nos dolió a todos porque los chicos vieron cómo tiraban árboles de
naranja, limones, palta y otras plantas que todos los años nos daban frutos”,
denunció Itatí Brizuela, integrante de la comunidad Chapa ’í,
que explicó que detrás del despojo están las inmobiliarias de la zona.
De
las 180 hectáreas
que reivindica la comunidad, la Municipalidad planea dejarle sólo trece. A
cambio les promete servicios esenciales: agua potable, energía eléctrica y
viviendas.
La
comunidad lo denunció y frenó la avanzada. Pero el 6 de septiembre retornó la violencia. La
periodista Alicia Rivas alertó: “Continúa el avasallamiento del territorio de
la comunidad de Chapa’í. Esta mañana volvieron a quemar las raíces de los
árboles, prendieron gomas para volver más cruel el atropello, motosierras y
cubiertas encendidas a plena luz del día, pegadito a las casas de las familias.
Impotencia por un lado, pura impunidad por el otro”.
En
Jujuy, la organización de Pueblo Indígenas del NOA (Opinoa), denunció el
intento de asesinato del cacique del pueblo ocloya Néstor Jerez, de la comunidad Tilquiza
(a veinte kilómetros de San Salvador de Jujuy). Acusaron a los privados Ariel
Amaranto y Daniel Verzini de intentar atropellar a Jerez y luego dispararle con
un revólver. “Te vamos hacer desaparecer como a (Santiago) Maldonado”, alertó la organización Opinoa
que amenazaron al cacique.
“Lamentablemente
estas situaciones se agravaron en el último año y medio, donde el Poder
Judicial se tornó muy intransigente con los indígenas y no así con los
usurpadores y terratenientes. Intentan instalar que la defensa de los
territorios ancestrales tiene relación con el terrorismo; esto suena como un
plan sistemático de desgaste de la causa de los pueblos originarios”,
advirtieron las comunidades indígenas nucleadas en Opinoa.
En
Corrientes, la comunidad guaraní Jahaveré enfrenta desde hace años un conflicto
territorial con la
estancia San Eugenio (de Kristine McDavitt, viuda del
fallecido millonario Douglas Tompkins) que mantiene desde hace diez años un
terraplén ilegal (incluso con sentencia judicial de demolición desde 2007) que
perjudica a las familias campesinas e indígenas.
En
julio pasado hubo inundaciones en la región y el terraplén agravó la situación. La
comunidad guaraní trasladó sus animales a zonas altas y se reavivó el
conflicto. También cuestionan el rol de la Fundación Conservation
Land Trust (de McDavitt-Tompkins), que donó 150 mil hectáreas
para la creación del Parque Nacional Iberá, pero con comunidades dentro.
“Hay
un choque de dos visiones sobre qué es el territorio y la propiedad. Una
responde a los intereses de una fundación norteamericana que quiere conservar
paisajes sin gente. Y la otra a los últimos gauchos correntinos, verdaderos
guaraníes del estero, que sólo quieren vivir en paz”, explicó Emilio Spataro,
de la organización ecologista Guardianes del Iberá.
Las
distintas comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén denuncian desde
hace años el accionar de las petroleras, tanto por la contaminación como por la
violación de derechos indígenas. Con el pacto Chevron-YPF (2013) en la formación Vaca Muerta
se redobló la presión sobre los territorios. Las comunidades mapuches
exigen que se cumpla el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo
e informado (vigente en leyes nacionales). Han bloqueado caminos, mantenido
diálogo con el gobierno provincial (sin resultados positivos) y denunciaron la
intromisión de Gendarmería Nacional en junio pasado, que avanzó sobre los
mapuches para que YPF realice nuevos pozos petroleros.
La
última avanzada sobre los mapuches fue desde el Poder Judicial. El juez de
Neuquén Lucas Yancarelli hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Silva y solicitó
la captura de seis integrantes de la comunidad Campo Maripe.
Los consideró en “rebeldía” por no asistir a una audiencia donde se los acusa
de haber “usurpado” el territorio donde siempre vivieron.
“Desde
que se firmó el pacto Chevron-YPF, hay más de 50 mapuches procesados en Neuquén
por defender el territorio”, afirmó Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche.
Dos casos testigos de la criminalización indígena se dan en
Formosa y Chubut. Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero
Juárez, está detenido desde hace cinco meses por reclamar tierra, agua, salud y
educación en la provincia gobernada por Gildo Insfrán. “Es un preso político”,
resumió Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza , que visitó a Santillán en la
cárcel.
Situación nacional
Amnistía
Internacional Argentina presentó en 2015 un mapa de conflictos de comunidad
indígenas (territorioindigena.com.ar). Contabilizó un piso de 183 casos. “Da
cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven los pueblos
indígenas. Las comunidades exigen el cumplimiento de sus derechos frente a
gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias,
mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del
Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, resaltó Amnistía.
Realizado
de forma colaborativa junto a la Asociación de Abogados de Derechos Indígena
(AADI), la
Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos
Humanos (Andhes), la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen (Endepa), el Grupo Acceso Jurídico a la Tierra (Gajat) y el
Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), es de actualización permanente y ya llegó
a 250 casos en 2017.
“Mientras
que la Constitución
Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan
los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al
territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y
pobreza”, cuestionó Amnistía.
La
relación es directa: a cuanto más avance extractivo (de la mano de empresas
agropecuarias, petroleras, mineras y forestales, entre otras), mayor nivel de
conflictividad y violación de derechos indígenas.
Senadores
En
noviembre vence la Ley
Nacional 26.160, muy conocido dentro del mundo indígena
porque ordena relevar todos los territorios indígenas y frena las órdenes de
desalojo.
Aprobada
en 2006, su aplicación fue muy cuestionada por las propias organizaciones.
Tanto en su implementación política (los relevamientos territoriales dependen
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y sus pares provinciales) como
judicial, con jueces y fiscales que pocas veces la aplicaron.
Según
información oficial respecto a la Ley 26.160, existen 1.532 comunidades
identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena
(Reteci). Sólo fueron relevados los territorios de 759 comunidades (49 % del
total). De este porcentaje, sólo 459 comunidades cuentan con relevamiento
finalizado.
Amnistía
Internacional evalúa que durante 2017 se relevarán 150 comunidades, que
representan sólo el 10 % del total. “Lo que deja por fuera a por lo menos 623
comunidades que aún no han atravesado ningún proceso de relevamiento y a las
303 comunidades que aún no lo han concluido. En conclusión, al menos 926
comunidades, el 60 %, quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán
trunca su posibilidad de ver relevado su territorio”, alertó el organismo.
El
jueves 7 de septiembre, la Cámara de Senadores tenía la posibilidad de votar la
prórroga de la Ley 26.160, en beneficio de los pueblos indígenas. El
tratamiento fue propuesto por los senadores Pino Solanas (Proyecto Sur) y
Magdalena Odarda (CC-ARI). Los bloques del oficialismo (PRO y UCR) y la
oposición (tanto el PJ como el Frente Para la Victoria )
rechazaron votar la prórroga.
De
esta forma, 33 senadores de diversos partidos se negaron a tratar el proyecto y
diez se abstuvieron. Sólo once votaron en línea con los pedidos de los pueblos
indígenas. Los ocho de la UCR y los seis del PRO votaron por la negativa.
Entre
los que votaron por el “no” figuran: José Alperovich, Walter Barrionuevo, Julio
Cobos, Rodoldo Urtubey, Federico Pinedo, Miguel Angel Pichetto, Luis Naidenoff,
Angel Rozas, Omar Perotti y María Laura Leguizamón. Por la abstención (que
funcionó como una negativa a tratar la ley) estuvieron Juan Manuel Abal Medina,
Hilda Aguirre, Mirtha Luna y Alfredo Luenzo.
Aún
con críticas a la implementación, existe consenso indígena en que la ley debe
ser prorrogada. Es un paraguas ante la avanzada empresaria sobre los
territorios indígenas. No hay dudas: es mejor que esté la ley, a que no esté.
Pero los senadores nacionales se resisten a que siga existiendo la ley.
Desaparecer
Adolfo
Pérez Esquivel acompaña la lucha de los pueblos indígenas desde hace décadas.
El 3 de septiembre emitió un comunicado titulado “pueblos originarios, de
víctimas a victimarios”. Enumeró las leyes que benefician a las comunidades
indígenas y que no se cumplen. Recordó que Santiago Maldonado fue desaparecido
en el marco de un reclamo territorial del pueblo mapuche y cuestionó al actual
gobierno (y a los anteriores).
“Los
pueblos originarios soportan desde hace décadas la violencia social y
estructural. Y tanto el gobierno actual, como los que le precedieron, en lugar
de buscar soluciones y respetar sus derechos, responden con represión”,
cuestionó el Nobel de la Paz.
También
denunció “la campaña de descrédito y mentiras que cuenta con la complicidad de
grandes medios de comunicación, aliados del gobierno, de jueces cómplices, de
funcionarios nacionales y provinciales que favorecen a grandes terratenientes,
como Benetton, Lewis y Turner”.
Marcos
Pastrana, diaguita de Tucumán, repudió el accionar de los senadores (al negarse
a prorrogar la Ley 26.160) y también cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo
y de los grandes medios de comunicación “que llaman terroristas” a los
indígenas que luchan por sus derechos.
En un audio que circuló entre
comunidades indígenas de todo el país, Pastrana resumió el pasado y presente de
la clase dirigente y del Estado para con los pueblos originarios: “No son
políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios, son gerentes ejecutores
de las multinacionales y de los terratenientes (...) La política del Estado
argentino es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos
indígenas”.
@arandadario
Sábado 9 de
septiembre, 2017
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Argentina_Un_plan_sistematico_para_desaparecer_a_los_pueblos_originarios
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