Opinión > Extranjerización de la tierra y
Plan Estratégico
Agroalimentario
Debatir el modelo
25 de
septiembre de 2011
Legislar sobre la extranjerización de la tierra no afecta ningún interés
de los ganadores del actual modelo de agronegocios, donde la soja es
sólo su cara más visible.
Por Darío Aranda
La
compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas.
¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel?
¿O quizá del salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la
Mesa de Enlace, con todos dirigentes nacidos y criados en Argentina? En
el país no existen datos confiables sobre la extranjerización de
tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si
fueran los principales responsables de los males del país y del modelo
extractivo.
Legislar sobre la extranjerización de la tierra no afecta ningún interés
de los ganadores del actual modelo de agronegocios, donde la soja es
sólo su cara más visible. Y no beneficiará a los sectores populares de
la Argentina rural. Los principales problemas de campesinos, pueblos
originarios y de poblados cordilleranos es el corrimiento de la frontera
petrolera, el avance de la exploración de la megaminería (900 por ciento
en los últimos siete años), el crecimiento del monocultivo forestal y,
sobre todo, la concentración de la tierra en muy pocas manos.
El
Censo Agropecuario de 1988 revela que había en el país 422.000
explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002, un 24,6
por ciento menos. La investigación del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou,
resume que “desde el punto de vista de la estructura agraria, la
distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Revela que el 2
por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la
tierra del país, mientras que el 57 por ciento de las explotaciones
cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
En
los últimos años la concentración aumentó, pero todavía no existen datos
oficiales. En 2008, en plena disputa con la Mesa de Enlace, se realizó
el Censo Agropecuario que aportaría datos luego de seis años de falta de
estadísticas oficiales. Pero ese censo no abarcó todo el territorio
nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los
científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir
manejándose con el Censo 2002.
En
el 56 por ciento de la tierra cultivada hay soja (19 millones de
hectáreas), un record. “Corrimiento de la frontera agropecuaria”,
festejan los técnicos y funcionarios. Esto implicó desalojos tan
violentos como masivos, la gran mayoría de las veces impulsados por
argentinos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena estima en 200 mil
las familias expulsadas de sus territorios en la última década.
El
último Inventario Nacional de Bosques Nativos de la Secretaría de
Ambiente de la Nación revela que en el período 2002-2006 en el país
dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques. Esa dependencia
pública remarca que la deforestación se produce para destinar esas
superficies a la agricultura, principalmente soja. La Red Agroforestal
relevó 7,8 millones de hectáreas en conflicto en seis provincias del
chaco argentino, con 950 mil personas afectadas, principalmente
indígenas y campesinos. El grueso de los conflictos (89 por ciento) se
inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo
agroexportador”, se menciona en el informe.
El
Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados –red de profesionales de las
provincias agrícolas– estima que se utilizan por año 300 millones de
litros de agrotóxicos. Denuncia el incremento de casos de cáncer,
abortos espontáneos y malformaciones. Y el panorama no es alentador. El
Plan Estratégico Agroalimentario apuesta a aumentar la producción de
soja, entre otros productos, en 20 millones de toneladas. El Ministerio
de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el
complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para
aumentar la producción (...) Hay un conjunto de factores que funcionan
como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el
aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de
biocombustibles”. El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área
sembrada. Pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de
granos, 60 por ciento más que en la última cosecha. Ese incremento
granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y
sanitarias.
El
MNCI elaboró un duro documento donde alertó sobre la profundización del
modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos,
desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de
agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas
en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país
en un esquema colonial. “Aumentar a 160 millones de toneladas de granos,
forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas
a las 20 millones que se cultivan de soja. Y no tiene otra forma de
hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”,
advirtió el MNCI. Para concluir que “plantear que debemos redoblar las
exportaciones en el marco del modelo actual genera claras
contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial
armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5478-2011-09-25.html
Críticas al
modelo extractivo
16 de
abril de 2012
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias
declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene
que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios
y la industria extractiva.
Por Darío Aranda
El
Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por
el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez
años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción
granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los
lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la
Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y
negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al
consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura
industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento
rural y enormes ciudades insustentables.”
El
PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y
gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de
gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43
“unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre
ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de
profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En
la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo
dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por
“una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso
indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación,
exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma
que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada
vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el
ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de
biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del
riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo
de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y
precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover
políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del
modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la
superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por
ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que
“Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las
comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”,
advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja
transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar
y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas
medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y
seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada
el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su
parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA
alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil,
explicó que las universidades participaron de debates y realizaron
propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los
aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica
del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA
no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de
la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del
Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un
modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el
neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La
Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las
casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo
extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto
alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de
la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por
sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las
poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la
megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del
Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los
efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos
que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad
(puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales
de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser
violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los
cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de
Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con
Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo
productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance
de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y
el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos
en las fumigaciones”.
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