sábado, 15 de febrero de 2020

Denunciamos: "Tarraubella, que es un especulador financiero de los bienes comunes de la naturaleza con los bonos de carbono, trabajando para Alumbrera y portando la chapa de la ONU (organismo internacional controlado por las corporaciones), montado en una 'ONG verde' predica una imposible paz social, con un diálogo mentiroso, en un lugar donde ya se libra la guerra del agua y la sobrevivencia".

EcoConciencia:
Los Diablos Verdes

La actitud de las corporaciones multinacionales ante la catástrofe ambiental que infligen a la tierra es disfrazarse de ecologistas y aparecer como defensores del medio ambiente. Los motivos de este “maquillaje verde” es la creciente conciencia social de eliminar la exposición a la contaminación del ambiente donde vivimos. Así cada día se diseñan nuevas y sutiles estrategias de marketing y campañas destinadas a publicar su supuesta preocupación ambiental y es por eso que bien ganado tienen el nombre de “diablos verdes”.
Esta vez aparece en Andalgalá disfrazado de propuesta de paz social el Lic. Rodolfo Tarraubella (conocido en todo el país por las organizaciones socioambientales como “el cuervo”) con su Fundación EcoConciencia, para eso dice entender pero no apoyar el accionar “siempre” violento y contrario al diálogo de organizaciones que, según él, lo repudian; cree que la violencia es un grito de desesperación por no encontrar palabras para expresarse y que su función es hablar, comunicarse; sostiene que la comunicación es una danza y que lo importante es bailar juntos; que con ese espacio de comunicación se puede exigir a los gobiernos la aplicación de los fondos de la minería en mejores obras y a las empresas la aplicación de la máxima tecnología y que a través de su sistema de transparencia comunitaria se sienten capaces de administrar “emociones e intereses” (sic) para que los pueblos puedan negociar en paz con los gobiernos y las empresas.
Sus claras intenciones no son otras que las de obtener la tan anhelada licencia social para la explotación de Agua Rica, la cual está agotando sus estrategias sutiles de convencimiento. Esta mina pretende instalarse en la cabecera de cuenca del río Andalgalá, sobre el lecho mismo del río Minas, destruyendo vertientes y arroyos propios de su nacimiento, excavando el río a 200 m de profundidad. El “open pit” tendrá 2 por 3 km de ancho y una altura de 1.300 m y terminadas las operaciones se transformará en un lago ácido con concentraciones elevadas de sulfatos y metales pesados y que una vez llenado deberá bombearse el agua y tratarla para incorporarla nuevamente al río, proceso que deberá efectuarse a perpetuidad.
Se alterarán de forma definitiva y colosal todos los flujos de agua y drenaje del río, alterándose la calidad y cantidad de aguas superficiales y subterráneas por extracción, impactándose los ríos próximos, Choya, Totoral, Potrero, Blanco y Candado debido al drenaje ácido de roca, polvo fugitivo del suelo, voladuras, triturado, tráfico de vehículos, contaminación con combustibles y lubricantes. También se degradarán suelos formados durante miles de años bajo la acción de mecanismos hoy inexistentes, con la consecuente desertización y pérdida definitiva de la vida silvestre.
Se detonarán 64 toneladas diarias de explosivos con grave peligro de derrumbes por las vibraciones en pendientes extremas de suelos no consolidados, con la emisión de aproximadamente 4.500 millones de litros de gases nitrosos por año, los que aumentan el poder oxidante en las rocas y el agua, provocándose verdaderas nubes tóxicas (con contenido de material radioactivo como el uranio-torio y cesio) que se propagarán con los fuertes vientos de altura.
Por año la actividad generará 500.000 toneladas de dióxido de carbono, gases efecto invernadero con peligro para los ambientes periglaciares y glaciares del Aconquija y también la salud de los habitantes de Andalgalá, repárese que para compensar esta emisión la empresa deberá forestar la imposible cantidad de 80.000 ha. También debe tenerse en cuenta los 1.500 millones de toneladas de roca estéril (mineralizada) y 800 millones de colas (desechos del proceso) que serán grandes y graves contaminantes a perpetuidad de aguas subterráneas en el Campo del Arenal. Además del uso de 8.000.000 de litros diarios para regar los caminos; la empresa declara que usará 34.000.000 de litros diarios en el proceso, cuando es un emprendimiento mayor que Alumbrera, que llegó a usar entre 80 y 100 millones diariamente. A ello deben sumarse los millones de litros de agua fósil, de la mejor calidad, que se emplearán para transportar el concentrado a Tucumán.
Esto es solo un resumen del propio Informe de Impacto Ambiental de la empresa y que pone al descubierto los delitos ambientales que pretende perpetrar en connivencia con el Gobierno y con los cuales nos proponen negociar obedientemente. Así, frente a esta violencia abusiva e inhumana, no hay diálogo posible con quienes pretenden imponer esta nueva forma de colonialidad, que en el plano ecológico refiere a la destrucción y vaciamiento de los territorios como hábitat de las poblaciones humanas y no humanas, devastando y degradando irreversiblemente los ecosistemas locales con la pérdida de biodiversidad y deterioro creciente de las capacidades de salubridad y sustentación de los territorios intervenidos.

“Minería verde”
En Argentina ha resurgido con Mendoza una gran movida social que se extiende sin pausa por todo el país, mostrando que se puede y se debe defender prioritariamente el agua y que es posible informarse, concientizarse y organizarse en asambleas o colectivos, teniendo como referente mayor a la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC).
Al decir del Dr. Horacio Machado, la minería a gran escala no solo produce una dinámica de violación integral y sistemática de los derechos humanos -desde la salud, al agua y la vida, al derecho al trabajo digno y las más elementales libertades civiles y derechos políticos-, sino que además afecta las condiciones materiales de la soberanía política de los pueblos: la soberanía energética, la soberanía hídrica y la soberanía alimentaria.
Por eso, en esta oportunidad, la estrategia utilizada para instalarse a cualquier precio es con la unión de sindicatos (UOCRA, Camioneros y AOMA), políticos, comerciantes, proveedores y empresarios en una figura que ya ha fracasado en otras oportunidades como Consejo Consultivo Minero y apuestan a incorporar a la UNCA y a los colegios profesionales, pero esta vez con el discurso de una “minería verde”, sustentable o sostenible. Proyecto que políticamente acompaña el Gobierno con el nuevo pacto o acuerdo verde (New Green Deal) enunciado por el ministro de Producción, Matías Kulfas. En esa conversión ingresó este “diablo verde” de Tarraubella en una zona ambigua, donde la utilización mutua suele ser el campo propicio para justificaciones, enriquecimientos, viajes internacionales y una trampa donde mueren los principios.
Tarraubella, que es un especulador financiero de los bienes comunes de la naturaleza con los bonos de carbono, trabajando para Alumbrera y portando la chapa de la ONU (organismo internacional controlado por las corporaciones), montado en una “ONG verde” predica una imposible paz social, con un diálogo mentiroso, en un lugar donde ya se libra la guerra del agua y la sobrevivencia.
El poco tiempo y la realidad planetaria están dando la evidencia y la respuesta suficiente a los habitantes de Andalgalá y de todo el territorio argentino para enfrentar esta alienación criminal y depredadora. Deben entender que No es No, aunque tengan que reprimir, criminalizar la protesta, militarizar y sitiar los territorios por no poder convencer con tanto engaño seductor.

Julio Andrada
Abogado Esp. en Derecho Ambiental
Integrante de la Unión de Asamblea de Comunidades.
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