El
4 de agosto de 1976, murió el obispo Enrique Angelelli, a la vera de
una ruta desierta en la provincia de La Rioja. Pasaron 7 años hasta que
otro obispo, Jaime de Nevares, pudo viajar a La Rioja y afirmar ahí, en
voz alta, lo que hace tiempo todo el mundo sabía: que el obispo
Angelelli no murió en un accidente, sino que fue asesinado. Tuvieron que
pasar otros 31 años hasta lograr que un Tribunal Federal condenara a los militares Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, por ese crimen contra el “obispo de los pobres”.
Tal
vez sea solo una de esas casualidades permanentes, el hecho de
coincidir un nuevo aniversario de ese crimen, con el anuncio de parte
del gobierno argentino que llegó a un acuerdo con los tres grupos de
tenedores de bonos a quienes se viene cediendo cada vez más, ante sus
amenazas constantes. Un acuerdo de pago que demasiadas voces salen hoy a
celebrar, llamándolo cualquier cosa menos lo que es: un indignante
acuerdo que sujeta al pueblo argentino y la naturaleza, a continuar
pagando una deuda fraudulenta, ilegítima y odiosa que no solo nunca les
benefició, sino que les ha perjudicado y les va a seguir perjudicando
terriblemente.
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