Los vuelos del coronavirus
Estados Unidos deporta hacia
América Latina y el Caribe
a migrantes con Covid-19
4 de mayo de 2020
Por
Jorge Elbaum
El Cohete a la Luna
El gobierno de Donald Trump declaró la
emergencia nacional el 13 de marzo pero desde febrero aplica un programa de
deportación de latinoamericanos residentes en Estados Unidos, algunos de los
cuales fueron trasladados compulsivamente a diversos países pese a ser
portadores del virus.
La oficina de Inmigración y Control de
Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) realizó desde
mediados de marzo 72 vuelos de destierro hacia 11 países de América Latina y el
Caribe, incluidos Brasil y Ecuador, dos de los Estados más contaminados de la
región. En un pormenorizado relevamiento realizado por Jake Johnston para el
Centre for Economic and Police Research (CEPR), con sede en Washington, se
registran los vuelos de destierro pese a su expreso camuflaje digitado por parte
de las autoridades del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC por su sigla en inglés), encargado de coordinar los vuelos.
Desde el 15 de marzo hasta el 24 de abril,
la ICE efectivizó 21 deportaciones a Guatemala; 18 a Honduras; 12 a El Salvador;
6 a Brasil y 3 a Nicaragua, Ecuador, Haití y República Dominicana,
respectivamente. Dado que la CDC implementó los traslados bajo secreto federal,
Johnston consignó los mismos gracias al auxilio de un soporte tecnológico de
relevamiento aéreo en el que se visualizan la totalidad de los vuelos, incluso
en temporadas de clausura aérea.[1] Desde
que se llevaron a cabo dichos destierros, varios de los países receptores
denunciaron haber recibido pasajeros infectados con Covid-19 en forma compulsiva
e inconsulta.
La mayoría de los vuelos detectados en el
informe del CEPR partieron de dos aeropuertos: Brownsville, situado en Texas, y
Alexandria, en Louisiana. Ambas pistas son administradas por la corporación GEO
Group, una de las más grandes empresas privadas que gestiona prisiones
estaduales y federales [2]. Luego
de los 72 vuelos, las autoridades sanitarias de Brownsville y Alexandria
informaron que 11 empleados de ambos aeropuertos han sido internados por ser
portadores del virus. Por su parte, las autoridades guatemaltecas informaron, la
última semana, que 40 casos confirmados de Covid-19 ingresaron al aeropuerto
internacional de La Aurora provenientes de Alexandria. Luego de que el gobierno
de Guatemala planteara su desconcierto por el traslado forzado de personas
afectadas y clausurara el aeropuerto, las autoridades de Washington respondieron
con un comunicado, el último 10 de abril, en el que amenazaban con la imposición
de sanciones contra cualquier país que “niegue o demore injustificadamente la
aceptación de extranjeros» [3].
Las autoridades guatemaltecas estiman que el 20 % de los casos confirmados de
Covid-19 en el país son el resultado de la devolución no planificada de
migrantes, cuya virosis se ha expandido fundamentalmente por la capital de ese
país.
El 20 de marzo de 2020, el CDS –oficina
federal de monitoreo epidemiológico de los Estados Unidos– encargó a la agencia
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la expulsión de miles de personas
migrantes previamente detenidas. Según el informe oficial de dicho organismo, se
llevaron a cabo 2.985 deportaciones en los primeros 11 días de abril. Entre esos
deportados, 375 habían dado positivo en los testeos previos a su extradición
impuesta. El informe subraya, además, que luego de detectar que muchas de esas
personas se encontraban infectadas, se decidió interrumpir los controles para
evitar evidencias de que se estaba exportando la virosis. Uno de los deportados,
trasladado intempestivamente desde Houston a Nuevo Laredo, en México, provocó la
inmediata infección de 13 habitantes de esa ciudad [4].
Se especula que los trasladados hacia Ecuador contribuyeron a la propagación de
la enfermedad, cuya letalidad se constituyó en ese país en la más grave del
mundo en términos relativos [5].
Exportación de la peste hacia patio trasero
Relevamiento de los
vuelos realizados desde el 3 de febrero hasta el 24 de abril contratados por la
agencia gubernamental de migraciones de Estados Unidos hacia destinos en América
Latina y el Caribe.
La expulsión de migrantes haitianos,
llevada a cabo desde mediados de marzo, provocó un contagio generalizado. Dicha
situación motivó la airada protesta de 27 miembros del Capitolio, quienes
demandaron la interrupción de las deportaciones a Puerto Príncipe, antes de que
las mismas generaran un catástrofe de proporciones, dadas las deficitarias
condiciones de atención sanitaria que posee el país caribeño [6]. El
supremacismo xenófobo impulsado por Trump no se limitó únicamente a la
exportación virológica, sino que se amplió al negarle la ayuda estatal de 1.200
dólares, conocida como CARES, aprobada en el Congreso para enfrentar la
cuarentena instituida por la pandemia, a 15 millones de desempleados. Dicho
aporte tampoco podrá llegar a quienes poseen un reconocimiento de residencia
provisorio, que pagan sus impuestos de forma directa en el marco del Individual
Taxpayer Identification Number (ITIN). La exclusión alcanza, además, a 1 millón
de inmigrantes que se encuentran en el país bajo los programas de Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La lógica brutal del neoliberalismo de
exportación –combinado con supremacismo doméstico– fue puesta en evidencia el
último 22 de abril por la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, quien propuso
reabrir los casinos y dejar que el libre mercado determinara quién está más apto
para sobrevivir y quién en riesgo de enfermarse. Esta misma impronta, atizada
por el trumpismo, es la que llevó el último viernes a que grupos armados
ingresaran al Capitolio de Michigan, mientras se discutía la extensión de
declaración de emergencia en el Estado, para exigir el fin de la cuarentena. La
gobernadora demócrata Gretchen Whitmer considera prematuro darle fin al
distanciamiento social obligatorio dado que ese Estado es uno de los más
afectados por la pandemia con 41.379 casos confirmados de coronavirus y 3.789
muertes en una población de 9 millones de habitantes [7].
El sociólogo franco-brasileño Michel Lowy caracterizó las políticas de Trump y Bolsonaro como generadoras de crímenes de lesa humanidad, sustentadas en un fundamentalismo de mercado. En referencia a Trump y Bolsonaro, refiere que ambos utilizan una retórica falsamente nacionalista pero se subordinan al capital monopólico financiarizado [8]. “Lo que Bolsonaro tiene en común con el fascismo clásico es el autoritarismo, una preferencia por las formas dictatoriales de gobierno, el culto al Jefe («Mito») Salvador da Patria y el odio a la izquierda y al movimiento obrero”. Según Lowy, los cuestionamientos e impedimentos realizados por ambos Presidentes contra las cuarentenas y los ejercicios de distanciamiento planificado, suponen un claro acto de genocidio: “Por un delito equivalente –subraya el sociólogo franco-brasileño– varios dignatarios nazis fueron ahorcados por el Tribunal de Nuremberg».El desplazamiento forzado de migrantes, la contaminación inducida y/o planificada a través de personas infectadas con el virus, la asfixia económico-financiera sobre la población más vulnerable al interior de los Estados Unidos (específicamente entre los denominados latinos y la población afrodescendiente), la intensificación del bloqueo a Venezuela y Cuba –en momento de álgida emergencia sanitaria– y la cotidiana subestimación por quienes luchan desde la ciencia contra la pandemia, actualiza la recordada frase de Vasili Grossman: “Una vez que el espíritu del hombre se somete al fascismo, se pasa a creer que la esclavitud –ese mal absoluto portador de la muerte— es pasible de convertirse en valor legítimo”.
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