tiempos de Covid-19
15 de julio de 2020
Se viene una
nueva ola de ajuste estructural que se centrará en gran medida en aumentar la
inversión extranjera en el agronegocio así como las exportaciones de productos
agrícolas para pagar a los predadores. Esta vez, sin embargo, a los
gobiernos les resultará increíblemente difícil imponer una nueva ronda de
agro-imperialismo a poblaciones que ya han tenido más que suficiente, y que
están cada vez más ávidas de las alternativas que los movimientos sociales han
estado promoviendo durante décadas.
Por
GRAIN
15 de
julio, 2020.- Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, es
famosa por el escándalo. En la década de 1970 se ganó el apodo de
“asesina de bebés” por provocar enfermedades y muertes infantiles en
comunidades de bajos ingresos al promover la alimentación con biberón de su
fórmula infantil y desalentar la lactancia materna. En los últimos años se han
presentado cargos similares contra
la compañía por dirigir sus ventas de alimentos chatarra ultraprocesados en
comunidades pobres y así contribuir al aumento de las tasas de obesidad y
diabetes. Pero hay otro escándalo de proporciones igualmente sombrías que está
archivado en la contabilidad de la empresa.
El 23 de abril de 2020, mientras el mundo estaba sumido en la
pandemia del Covid-19 y la FAO advertía sobre una inminente crisis alimentaria
mundial, los accionistas y ejecutivos de Nestlé se otorgaron un pago de
dividendos récord de 8.000 millones de dólares. En una época de crisis mundial
en materia de salud y alimentos, esta ganancia equivale a más que todo el presupuesto anual del
Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sería suficiente para cubrir el gasto
anual promedio de la atención médica para más de 100 millones de personas en
África.
El
El cuantioso pago de los dividendos de Nestlé de
2020 fue, de hecho, apenas poco más que el año anterior. Esos pagos tan enormes
para accionistas y ejecutivos son una práctica habitual para la compañía, así
como lo son para todas las grandes empresas transnacionales de la alimentación
y el agronegocio, incluso en momentos de catástrofes sanitarias mundiales.
Entre otros notables lucros para los accionistas, anunciados en abril de este
año, figuran un pago de 2.800 millones de dólares por parte de Bayer AG, la
compañía de semillas y agroquímicos más grande del mundo; un pago de 600
millones de dólares de Tyson, el mayor productor avícola del mundo; y un pago
de 500 millones de dólares del Grupo WH, la mayor empresa porcina mundial.
Cargill,
la compañía del agronegocio más grande del mundo, está en vías de superar el
pago récord del año pasado de 640 millones de dólares, que alcanza a un pequeño
número de miembros de la
familia Cargill. El aumento del comercio electrónico,
particularmente de alimentos, durante la crisis del Covid-19 aumentó el
patrimonio neto de Jeff Bezos, el fundador del gigante del comercio electrónico
Amazon, en la impactante cifra de 24.000 millones de
dólares. También es un momento de ganancias para los accionistas de actores más
pequeños de la industria, como la empresa de plantaciones de palma aceitera y
caucho SOCFIN. Las dos familias francesa y belga que son esencialmente las
propietarias de la compañía, recibieron 20 millones de euros (alrededor
de 22,5 millones de dólares) en dividendos y remuneraciones de las actividades
del grupo SOCFIN, mientras que las comunidades en Nigeria, Ghana y Camerún,
donde opera la empresa, no pueden acceder a agua limpia o potable.
Toda
esta avaricia en la parte superior deja devastación y poco para llegar al
fondo, donde sus consecuencias son mortales.
Una industria poderosa en medio de una “tormenta
perfecta”
Los
trabajadores en el sistema alimentario corporativo, aquellos que literalmente
están muriendo en la primera línea para mantener el estilo de vida de los
accionistas y ejecutivos, no les está yendo bien. Las cadenas de
suministro de las grandes compañías de alimentos, que siempre han sido lugares
peligrosos para los trabajadores, ahora se han convertido en puntos críticos
para las infecciones y la transmisión de Covid-19. En todo el mundo, se
han producido brotes mortales en plantas cárnicas, instalaciones
portuarias, almacenes, fábricas de conservas de pescado, plantaciones de palma aceitera,
granjas de frutas, supermercados y todos
los demás puntos a lo largo de las cadenas que controlan estas empresas, con la
excepción de sus torres de oficinas, por supuesto.
Las
grandes compañías cárnicas quizás hayan sido los peores delincuentes. Con la pandemia Covid-19
en plena floración, aceleraron agresivamente sus
líneas de ensamblaje para aumentar las exportaciones a China, donde los precios
de la carne son inusualmente altos. Esta decisión se tomó con pleno
conocimiento de que estos aumentos en el procesamiento hicieron imposible el
distanciamiento social y pusieron a sus trabajadores y a las comunidades
circundantes en riesgo de brotes masivos de virus.
A
finales de mayo, los resultados en las mayores naciones exportadoras de carne
fueron terribles: cientos de trabajadores migrantes de plantas de carne
enfermos con Covid-19 en Alemania y España, miles de casos de
trabajadores enfermos con Covid-19 en la industria de envasado de carne de
Brasil, y más de 20,000 trabajadores infectados con
Covid-19 en plantas empacadoras de carne de EE. UU., con al menos 70
muertes. Mientras tanto, cientos de miles de animales están siendo
sacrificados, en condiciones atroces,
porque estas plantas masivas han tenido que cerrar la producción, y los
pequeños mataderos que podrían haber tomado el ganado, se han visto obligados a
cerrar.
La
carnicería en América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia de Covid-19, ha sido particularmente
grave. Con la economía global casi detenida, los agronegocios en la región han
continuado funcionando con total impunidad, profundizando su impacto y daño en
las comunidades y los ecosistemas. En casi todos los países de la región, las
actividades agroindustriales han quedado exentas de cuarentena, ya que se
consideran “esenciales”, aunque se centran en las exportaciones, no en
proporcionar alimentos a la población local.
Por
ejemplo, el gobierno de Ecuador emitió un decreto de estado de
emergencia paralizando el país, pero asegurando que “todas las
cadenas de exportación, la industria agrícola, la ganadería [industria] …
continuarán funcionando”. Como resultado, los trabajadores de las
plantaciones de bananos y palmeras, fábricas de mariscos, granjas de flores y
muchos más, se vieron obligados a seguir trabajando como si el país no
estuviera en una emergencia de salud, exponiéndose así al riesgo de contraer
Covid-19.
Del
mismo modo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil declaró que la
producción, el transporte y la logística general de las cadenas alimentarias de
exportación eran actividades esenciales que deben seguir funcionando sin
restricciones. En este contexto, las exportaciones de carne, soja y otros
productos están aumentando, al igual que el número de personas expuestas a
Covid-19 a
lo largo de las cadenas de exportación. En el estado brasileño de Rio
Grande do Sul, un centro de exportación de carne, más de una cuarta parte de los nuevos
casos confirmados de coronavirus en mayo fueron entre
trabajadores de plantas de carne. Los fiscales laborales ahora luchan
para cerrar las plantas infestadas y
obligar a las empresas a implementar incluso medidas básicas para proteger y cuidar a
sus trabajadores durante la pandemia.
Las
exportaciones de soja de Brasil, que aumentaron un 38 por ciento respecto
al año pasado, son otro foco potencial del Covid-19, especialmente en los
puertos donde circulan constantemente camiones y trabajadores. Cuando el
gobierno local de la ciudad portuaria de Canarana en Mato Grosso intentó
adoptar medidas emitiendo un decreto para
detener temporalmente la exportación de soja y otros granos a falta de
condiciones adecuadas de salud y seguridad, los gigantes del agronegocio Louis
Dreyfus y Cargill intervinieron y lograron revertir el decreto en pocos días.
Canarana está ahora, a principios de junio, experimentando un aumento de
las infecciones por Covid-19.
Todo
este frenesí exportador tiene un tremendo impacto en el terreno. Según Deter,
el sistema de detección en tiempo real del instituto nacional de
investigaciones espaciales de Brasil, la deforestación de la Amazonía en ese
país, en el apogeo de la pandemia de coronavirus, ha aumentado más del 50 por
ciento en estos tres primeros meses de 2020 en comparación con el primer
trimestre del año anterior. Aprovechando la cortina de humo de la pandemia, con
menos agentes capaces de llevar a cabo las tareas de inspección, las actividades del agronegocio y la
minería avanzan en áreas protegidas y territorios indígenas,
aumentando el riesgo de contagio por Covid-19 en las poblaciones indígenas.
Numerosos observadores temen un genocidio como resultado de estos
irresponsables avances de las actividades del agronegocio y la minería durante
la pandemia.
En
Argentina, en plena cuarentena nacional, tampoco han cesado las exportaciones
de soja ni la tala de bosques. En uno de los bosques más conservados de todo el
ecosistema del Gran Chaco se está preparando deforestar una superficie de 8.000 hectáreas.
Además, basándose en el monitoreo con imágenes satelitales, Greenpeace denunció
que desde que comenzó la cuarentena, en el norte del país se deforestaron más de 10.000 hectáreas.
Tal
descarada búsqueda de lucros empresariales está creando una crisis de
legitimidad del sistema alimenticio empresarial. Por otro lado, si bien las
cuarentenas dificultan la medición, se perciben cambios en el terreno:
vemos a los trabajadores de la industria alimenticia denunciar, organizarse y obtener
más apoyo y solidaridad de otros trabajadores; vemos un interés creciente entre
los consumidores por alimentos locales saludables así como por el bienestar de
los productores de alimentos y agricultores; y ha habido un auge innegable de
los esfuerzos desde la comunidad por llevar los alimentos a donde se necesitan
a través de la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo voluntario y las
cooperativas. Ha habido incluso algunas victorias a nivel político, como
la reciente decisión del
gobierno alemán de prohibir mano de obra subcontratada en frigoríficos de carne
y otra para evitar que las empresas que reciben ayuda pública otorguen dividendos.
Pero
se trata de una industria poderosa, que dispone de grandes sumas de efectivo y
conexiones políticas, y no hay duda de que hará todo lo que esté a su alcance
para utilizar este momento de confusión y cuarentena para beneficio de sus
intereses. Ya lo hemos visto con la orden ejecutiva que dictó el presidente de
los Estados Unidos, Trump, a instancias de JBS, Tyson, Cargill y otras empresas
cárnicas para mantener en funcionamiento sus fábricas infestadas de Covid-19.
También lo vimos en Brasil, donde el gobierno de Bolsonaro aprobó un récord de 96 nuevos
plaguicidas en los primeros meses de 2020, más que todas las
aprobaciones de 2019. El mismo gobierno utilizó deliberadamente la cobertura de
la pandemia para tratar de aprobar una ley que
legalizaría el acaparamiento de tierras y la deforestación de 80 millones de
hectáreas en las regiones de la Amazonia y del Cerrado. La pandemia también ha
sido utilizada como una oportunidad para expandir rápidamente el comercio electrónico para la
compra minorista de alimentos e imponer los organismos
modificados genéticamente (transgénicos) en Etiopía y Bolivia, donde el gobierno
de facto afirmó que la emergencia sanitaria del Covid-19 ha convertido las semillas
transgénicas en una necesidad para el país.
El agronegocio
como gran ganador de la nueva ola de ajuste estructural
Lo
peor todavía está por venir. Numerosos gobiernos están empleando firmas
consultoras internacionales, como McKinsey, para darle forma
a sus planes de abrir nuevamente sus economías. Estas empresas herméticas que
están profundamente conectadas con las empresas más grandes del mundo,
incluidas aquellas del sector agroalimenticio, influirán sin duda en quienes
emerjan como ganadores y perdedores de las respuestas pandémicas: trabajadores
o jefes, mercados de agricultores o gigantes del comercio electrónico,
pescadores o la industria de arrastre.
También
estamos viendo que el FMI y el Banco Mundial usan sus fondos de emergencia del
Covid-19 para presionar a los países a implementar reformas favorables a los
agronegocios. En Ucrania, por ejemplo, se
implementó una ley que privatiza las tierras agrícolas a pesar de la oposición
de la mayoría de los ucranianos. En los próximos meses, ese tipo de presiones
aumentarán. Decenas de países se
encaminan a situaciones de incumplimiento, y esas deudas deberán negociarse no
solo con el FMI y los prestamistas bilaterales sino también con acreedores
privados que ya han indicado que
no están interesados en siquiera retrasar el pago de la deuda y los
intereses durante esta crisis sanitaria. Se viene una nueva ola de ajuste
estructural que se centrará en gran medida en aumentar la inversión extranjera
en el agronegocio así como las exportaciones de productos agrícolas para pagar
a los predadores.
Esta
vez, sin embargo, a los gobiernos les resultará increíblemente difícil imponer
una nueva ronda de agro-imperialismo a poblaciones que ya han tenido más que
suficiente, y que están cada vez más ávidas de las alternativas que los
movimientos sociales han estado promoviendo durante décadas.
Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/07/15/agro-imperialismo-en-tiempos-de-covid-19/
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