Bienes comunes
Por Luís González Reyes
Un bien común es aquél de acceso universal, de gestión
democrática, cuyo uso se sostiene en el tiempo y que es de titularidad
colectiva. Por lo tanto, un bien común no es un bien privado ni un bien
público. Esta diferenciación es importante puesto que la propiedad privada se
basa en la capacidad de unos individuos frente a otros de excluir del uso, o
del beneficio, a unos determinados recursos, mientras la propiedad pública
sitúa en el ámbito de los gobiernos la gestión y la decisión de quien tiene
acceso a los bienes.
Un bien
común comprende una serie de recursos —físicos como el agua o virtuales como el
conocimiento— que son gestionados por una comunidad —que también puede ser
física o bien virtual— de acuerdo a una serie de normas acordadas
democráticamente. Un bien común implica que todos los individuos de la
comunidad tengan derecho a hacer uso u obtener beneficios de un determinado
recurso. Es decir, que un bien común, para que lo sea, debe estar disponible
para toda la comunidad y su uso por una persona no debe impedir que lo utilice
el resto. O, dicho en una terminología más técnica, que no sea excluyente y no
conlleve rival.
De esta
manera, un bosque gestionado comunitariamente podría ser un bien común, ya que
está a disposición de toda la comunidad y su uso adecuado no impediría su
disfrute por las generaciones futuras. Otros bienes comunes de carácter más
universal podrían ser el viento, la arena de la playa y los rayos del Sol; el
entorno, en definitiva. Pero también podrían ser bienes comunes el conocimiento
y el sistema sanitario.
La clave está en la gestión
Que algo sea
un bien común no es debido a una característica intrínseca que posea, sino que
tiene que ver sobre todo con la gestión que se haga de ese recurso. El bosque
no podría ser considerado un bien común sin añadir la coletilla de «bajo un uso
sostenible y comunitario». Realmente, bienes como los bosques pueden llegar a
degradarse, a reducir su cantidad disponible o a ver mermada su calidad, si
mucha gente pasea por ellos de forma indiscriminada o si se permite la tala
masiva. Otro ejemplo podría ser el de la educación, ya que la masificación de
las aulas (uso no excluyente) supondría una disminución de la calidad de la
educación impartida (conllevaría rival). En el caso del conocimiento, las
patentes son un ejemplo claro de enajenación privada de este bien común.
De este
modo, es necesaria una adecuada gestión de los recursos y de los servicios para
que puedan ser considerados bienes comunes. Esta gestión implica la existencia
de algunas claves como las siguientes.
La primera,
garantizar el acceso a los bienes, al menos, por parte de toda la comunidad que
los gestiona. La no exclusividad quiere decir que no es posible discriminar,
mediante los precios, quiénes lo disfrutarán y quiénes no, puesto que los
bienes comunes o no tienen precio o este es asumible por todas las personas.
Además, el derecho de uso se produce con independencia de si se contribuye o no
a su mantenimiento o a su protección.
En segundo
lugar, hay que conseguir la sostenibilidad del recurso en el tiempo. Para ello
debe existir una limitación en la utilización de determinados recursos hasta
los niveles en los que la naturaleza pueda reponerlos. De este modo, si no
conservamos nuestro entorno, estamos excluyendo a parte de la población
presente y futura del disfrute de dichos bienes. Por ello se debe legislar en
este sentido y garantizar el respeto a las normas en pro de la consecución de
este fin. Esto no es limitar nuestra libertad, es incrementarla. La
sostenibilidad del bien común implica una responsabilidad colectiva e
individual por el mantenimiento de dichos bienes.
Asimismo,
los bienes comunes han de gestionarse desde la colectividad de forma
democrática: es una falacia que la gestión privada sea la más adecuada para el
conjunto. Es una mentira basada en observar solo un pedazo pequeño de la
realidad —el que tiene que ver con la tasa de beneficios individuales— o, en el
mejor de los casos, de un reducido porcentaje de la población. Es verdad
que una gestión privada de un negocio, si se hace bien, genera pingües
beneficios para quienes lo poseen, pero si abrimos la mirada descubrimos que la
búsqueda del beneficio individual ha provocado un incremento continuado de las
diferencias a nivel planetario y de la degradación ambiental.
Uno de los
aspectos más repetidos en la literatura neoliberal es el de la “tragedia de los
comunes”, que argumenta que en una gestión colectiva todo el mundo busca su
beneficio individual lo que conlleva, inevitablemente, el agotamiento del
recurso. Sin embargo, esta teoría no se sostiene con los hechos: los recursos
gestionados colectivamente —como es el caso de territorios indígenas— se han
conservado en general mucho más que los privatizados, sujetos a la ley de
maximizar el beneficio. De este modo, la gestión común es intrínsecamente más
adecuada que la privada, porque es la que permite una mirada compleja sobre
distintas facetas. Es la que posibilita planificar a largo plazo. Es la única
que puede tener en cuenta más factores y no solamente los de crecimiento (en el
marco económico en el que estamos). Y solo con ella es posible una gestión
social y democrática. Obviamente, la gestión democrática es difícil, pues
implica la búsqueda de consensos y la inclusión en las discusiones no solo de
quienes tienen más conocimientos técnicos, sino también de quienes son
meramente usuarios e, incluso, de la proyección de las opiniones de las
generaciones futuras.
Finalmente,
se trata de convertirlos en inalienables. Por su propia naturaleza, un bien
común no se puede vender en el mercado, no es privatizable. No tiene valor de
cambio, sino valor de uso.
La lucha por los bienes comunes
En sus
inicios, el capitalismo se basó, entre otros factores, en la apropiación privada
de toda una serie de bienes que eran comunes. Fueron los cercamientos de
tierras comunales para convertirlas en privadas o la enajenación de los
recursos naturales durante la colonización de América. También el control de la
información y del conocimiento por las élites gobernantes, del mismo modo que
el trabajo de cuidados realizado por las mujeres. Sin embargo, esta apropiación
de los bienes comunes ha sido un continuo en la historia del capitalismo, pues
ha supuesto una de las maneras de sostener las tasas de crecimiento.
Con el capitalismo, una de las funciones que adquirió el
Estado fue ayudar a la reproducción de la fuerza de trabajo. De ahí, y después
de muchas luchas sociales, surgieron los SERVICIOS
PÚBLICOS que, en el
caso del Estado del bienestar, tuvieron algunas de las características de los
bienes comunes, acercándose a la universalidad, a una cierta inalienabilidad y,
a veces, a una gestión sostenible.
Sin duda, uno de los elementos clave en la historia del
capitalismo ha sido la gestión de los bienes. Por una parte, se daba la
resistencia a su PRIVATIZACIÓN y, por otra, el intento de volver a
hacer comunal lo que había sido enajenado. Este proceso continúa hoy en día: la
mercantilización, previa PRIVATIZACIÓN,
de bienes comunes y públicos está siendo una de las principales herramientas
que está usando el capital para intentar mantener su tasa de beneficios en
tiempos de crisis.
Un ámbito
que se ha recuperado, en parte, para lo común ha sido el del conocimiento.
Además, es una arena en la que se están ensayando numerosas experiencias de
gestión y construcción de lo común, como Wikipedia. Del mismo modo, este
terreno está siendo también objeto de dura disputa e intento de enajenación y
control.
Un segundo ámbito de enfrentamiento está siendo el proceso
de PRIVATIZACIÓN de los SERVICIOS
PÚBLICOS, con la educación y la sanidad a la cabeza. Pero el
proceso no es solo de PRIVATIZACIÓN,
sino también de limitación de su acceso a porcentajes crecientes de la
población.
Y un tercer elemento central hoy en día es la PRIVATIZACIÓN de los recursos naturales, cada vez
más escasos en un marco de crisis ambiental. Son sonados los casos del agua, de
la tierra (con todo el proceso de acaparamiento) y de la biodiversidad. Para
que esto sea posible primero es necesaria su valoración monetaria y,
posteriormente, la creación de nuevos MERCADOS con los que sacar beneficio económico
a la PRIVATIZACIÓN.
Ahí está, sin ir más lejos, el de derechos de emisiones de CO2.
De este
modo, lo que es escaso, lo que es frágil, lo que es fundamental para nuestra
supervivencia, lo que está en el centro de políticas de justicia social, lo que
puede ser una herramienta de poder, lo que implica una responsabilidad con el
resto de seres vivos, lo que es clave para la evolución social... no puede ser
privado, sino que debe ser de titularidad colectiva. Ante esto surge la
necesidad de (re)construir una economía basada en los bienes comunes.
Fuente: http://omal.info/spip.php?article4842
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