Las fichas de los antimineros
7 de septiembre de 2015
Organizaciones sociales e indígenas denunciaron que el Poder
Judicial de Chubut guarda informes de Inteligencia sobre activistas de Esquel
que se oponen a la instalación de minas. Aseguran que se trata de persecución y
violencia institucional. Repudio del CELS.
Por Darío Aranda
“Gran activista. Opositor al Gobierno.”
“Alto perfil de izquierda.” “Profesora de música, baja línea del no a la mina.”
“Periodista de radio Kalewche. Vocera de Asamblea.” Son algunas de las “fichas”
de espionaje ilegal que están en el Poder Judicial de Chubut. Las víctimas son
periodistas, docentes, referentes mapuches, empleados estatales y activistas
sociales. Todos tienen un punto en común: el rechazo al extractivismo. “La
investigación persecutoria y el espionaje ilegal son delitos federales que
atentan contra el estado democrático y remiten a las épocas más oscuras de
nuestro país”, denunció la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina. Según el
Ministerio Público Fiscal de Chubut, las tareas de espionaje fueron
protagonizadas por “un organismo nacional”, pero se negaron a precisar cuál. El
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió los hechos.
El 28 de agosto se desarrollaba una
audiencia en los tribunales de Esquel. La multinacional Benetton
(titular de la Compañía de Tierras del Sud Argentino) se transformaba
formalmente en denunciante del Lof Mapuche en Resistencia del Departamento
Cushamen, que desde marzo pasado decidió volver a su territorio originario,
paraje Leleque, donde hoy se erige una de las estancias de la compañía.
El defensor público (abogado que
interviene en favor de los mapuches), Fernando Radziwilowski, exhibió ante el
juez Martín Zacchino parte de la prueba que la Fiscalía (los acusadores) tiene
en su poder. Aparecen nombres, apodos, apellidos, DNI y fotos de vecinos de
Esquel. Y “perfiles” ideológicos. “Es preocupante que estas cosas sucedan en el
marco de un estado de derecho”, remarcó el defensor oficial.
Se puede leer: “Empleado público. Autor
ideológico de muchas de las acciones del No a la Mina. En los eventos
siempre se queda detrás observando y rara vez hace declaraciones”. Otra ficha
señala: “Periodista de Radio Kalewche. Docente. No a la mina”. Se conocieron 22
fichas, pero el Poder Judicial reconoció que son 34.
“Docente de escuela 713. Activista del
No a la Mina. Toma
decisiones. Principal fogoneadora del conflicto docente de 2014” . Con foto incluida, se
refiere a Corina Milán. “Acá se está persiguiendo y criminalizando a los que
luchamos porque no queremos que entreguen o destruyan el territorio. Somos los
que queremos que nuestros hijos y nietos tengan agua, tierra y trabajo. No
vamos a dar marcha atrás”, explicó.
Esquel fue una de las ciudades pioneras
en rechazar la
megaminería. En 2002 se anunció un emprendimiento metalífero
a cielo abierto, en manos de la multinacional Meridian
Gold. La población se organizó, conformó una asamblea y en
marzo de 2003 votó democráticamente. El 82 por ciento dijo “no” a la megaminería. Fue
el germen para el nacimiento de asambleas en todo Chubut y a lo largo de la Cordillera. Todos
los gobernadores de Chubut quisieron avanzar con la actividad extractiva, pero
ninguno pudo.
En un hecho inédito para Chubut, el
juez de la causa, Martín Zacchino, y el fiscal Fernando Rivarola habían
solicitado la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuches (el juez
federal Guido Otranto rechazó el pedido).
Uno de las fichas más extensas es de la
dirigente mapuche Moira Millán. “Incentiva los cortes de ruta y toda medida de
protesta. Viaja por el país. Organizadora de la Primer Marcha de
Mujeres Originarias”.
La difusión de las tareas de
inteligencia, sin orden judicial, provocó un escándalo en Chubut. El poder político,
mediante el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, se despegó del asunto y
señaló que el Poder Judicial debe dar explicaciones. El Ministerio Público
Fiscal, que tenía las fichas desde mayo pasado, intentó tomar distancia de las
tareas de inteligencia y señaló que no fueron realizadas por los fiscales.
Los fiscales generales Fernando Luis
Rivarola y Alicia Fernanda Revori dieron una conferencia de prensa.
Manifestaron su “repudio” a las tareas de espionaje y reconocieron que ese
material es “violatorio de derechos básicos” reconocidos por la Constitución
Nacional. Afirmaron que las tareas de inteligencia
provinieron de personal “de una organismo nacional” pero se excusaron de
aportar detalles por la aplicación de la Ley de Inteligencia Nacional.
El mismo sábado se realizó una asamblea
en la escuela 767. Más de 200 vecinos, la Asamblea del No a la Mina y
comunidades mapuchetehuelche. Consensuaron un comunicado. Exigieron
investigación y juicio a todos los involucrados, pidieron la renuncia de los
integrantes del Ministerio Público Fiscal y repudiaron el accionar de los
funcionarios judiciales (juez Martín Zacchino) que intentaron utilizar la Ley Antiterrorista
frente a la lucha mapuche. “Resulta inconcebible que dicho material fuera
archivado desde mayo por el Ministerio Público Fiscal, sin que se hubieran
tomado los recaudos y acciones legales correspondientes para defender los
derechos civiles y humanos de los ciudadanos”, denunciaron.
Alertaron que están ante una “gravísima
situación de indefensión institucional provocada por parte del sistema judicial
y político, tanto a nivel provincial como nacional”.
Los vecinos de Esquel marchan todos los
4 de mes, en rechazo a la
megaminería. El viernes pasado, la movilización fue masiva,
junto a las comunidades mapuchetehuelche. Se repudió el intento de aplicación
de la Ley
Antiterrorista y las acciones de inteligencia. Los miembros
del Lof en Resistencia Cushamen denunciaron la persecución y violencia
institucional contra los pueblos originarios.
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-281078-2015-09-07.html
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