"Hay una gran parte de nuestros jóvenes pobres
que están gobernados por el sistema penal"
25 de septiembre
de 2015
En los últimos días el gobierno nacional presentó varias
iniciativas y políticas destinadas a los jóvenes. En este marco, en la emisión
del martes 22 de setiembre de Enredando las mañanas escuchamos una entrevista
realizada por el programa Piedra Libre a Alcira Daroqui, socióloga, directora
del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires e investigadora
del Observatorio de Prisiones de la Procuración
Penitenciaria Nacional. Allí Daroqui se refirió a la
situación de buena parte de la población joven, los jóvenes pobres. Comenzó
poniendo la lente sobre lo institucionalizado y luego abarcó las diferentes
formas de punitivismo como políticas de Estado, allí donde el asistencialismo
no alcanza. Por RNMA
La semana pasada, Cristina Fernández anunció por cadena nacional
el envío al Congreso del proyecto de la ley de Promoción de Juventudes. Entre
otros puntos, el proyecto prevé la actualización automática semestral del
programa Progresar, destinado a que personas de entre 18 y 24 años concluyan
sus estudios; además de crear la Defensoría del Joven. El objetivo, según la
mandataria, es consagrar las políticas orientadas a los jóvenes “para que las
futuras generaciones tengan los mismos derechos que hoy”.
Sobre estos anuncios el programa Piedra Libre dialogó con la socióloga Alcira Daroqui.
La charla se reprodujo en la emisión del martes 22 de setiembre de Enredando
las mañanas.
Durante la entrevista,
Daroqui afirmó que los jóvenes pobres en Argentina se encuentran en situaciones
verdaderamente dramáticas: “hablamos en términos de dificultades severas para
poder insertarse en el plano educativo o en el plano laboral, pensando en este
último plano siempre en situaciones de precarización importante. Hay estudios
parciales, focalizados, pero que tienen que ver con la realidad de los jóvenes
pobres que no es la realidad de lo que se denomina inclusión social, que
también sería un término para discutir, ¿qué es inclusión social y en qué
términos se incluye socialmente a alguien?”.
Antes de continuar, la investigadora aclaró: “yo no tengo tan
claro cómo se puede hablar de algunas cuestiones sin datos. Yo soy socióloga,
así que sin datos me cuesta mucho pensar cómo se puede hablar de integración
social, inclusión social, o lo que fuere, y en ese sentido pensar en los
jóvenes, o dar cuenta de los jóvenes. Hay estudios parciales porque no tenemos
las estadísticas de pobreza, pero con estudios parciales sobre políticas
sociales algunos compañeros sociólogos, investigadores que ponen mucho empeño
en reconstruir el dato en Argentina dan cuenta de las situaciones
verdaderamente dramáticas de los jóvenes pobres”.
Daroqui señaló que
desde más de 25 años viene trabajando la cuestión del sistema y persecución
penal. Al respecto, manifestó: “en nuestras cárceles estamos en el pico más
alto, tanto en el sistema federal nacional carcelario como provinciales, de
encarcelamiento en la Argentina de los últimos 15 años. Pasamos la barrera de
los 10.600 presos en el servicio penitenciario nacional; y en la provincia de
Buenos Aires, que es la que tiene mayor cantidad de presos, estamos por arriba
de los 36.000 presos. En total, el país debe tener más de 60.000 presos cuando en
2002-2003 no llegábamos a 30.000 presos. Y esto no se corresponde de ninguna
manera con que estemos resolviendo el problema de la ‘seguridad-inseguridad’, y
lo que es interesante, grave, triste, pero interesante es que el 70% de esa
población es joven. Si tomamos el concepto de juventud que toman las Naciones
Unidas para hablar de juventud, en los organismos internacionales la categoría
joven llega a los 30 años. Entonces si yo tomo esa categoría que se extiende en
algunos casos hasta los 35 años, nosotros la tomamos así, es una población
joven la que está encarcelada; y si me extiendo y me voy a los 40, 45 años,
sigo pensando que es la población económicamente activa y también podría decir
que es una población joven-adulta, y ahí estamos cerca del 90% de la población
encarcelada”.
Daroqui subrayó que Argentina, tal como ocurre en la mayoría de
los países, no se miden los flujos carcelarios, lo que podría incrementar aún
más la cantidad de detenidos: “estos datos que damos son de un corte que se
hace el 31 de diciembre, ahora yo puedo actualizar un poquito porque a nosotros
nos llega la información de los partes penitenciarios porque somos
investigadores y accedemos a ellos con mucha dificultad por cierto, pero si yo
o cualquier ciudadano de la Argentina va a ver que el dato que tiene sobre
población encarcelada es un corte los 31 de diciembre de cada año, un corte
fotográfico por decirlo así, que además es el peor día y el peor mes para medir
población encarcelada, porque hacia fin de año se producen muchos movimientos
sobre todo de egresos, viene la feria judicial, a veces los egresos son con
salidas transitorias por fiestas o lo que fuere y permisos especiales, entonces
en esos días miden la población, pero la población hay que medirla en otras
fechas. La más interesante sería octubre. Pero además Argentina no mide lo que
se llaman los flujos, que significa la gente que entra y sale permanentemente.
Nosotros tenemos gente que entra al sistema federal por 1, 2 o 6 meses a la
cárcel; hay gente a la que le han aplicado una condena de cumplimiento efectivo
de 6 meses, o sea que tiene que ser indudablemente un delito menor y esta
población no se mide, entonces nosotros decimos que a priori podemos estar
hablando de una población que al menos duplica a la población que está al 31 de
diciembre, con esto de que fluye. Hay países como Italia e Inglaterra que miden
semanalmente esta población y lo hacen público, por lo tanto nosotros creemos
que hay una circulación mayor de población encarcelada y por supuesto de jóvenes.
Si la mayor cantidad de población es de jóvenes, entonces
vamos a tener que la mayor circulación también es de jóvenes, entonces esos
jóvenes que están tocados por el sistema penal y llegaron al último eslabón de
la cadena punitiva que es el encierro no hay perspectiva para ellos, ninguna.
Si es muy difícil para los jóvenes pobres en general, para los jóvenes pobres
tocados por el sistema penal no hay perspectiva, va a ser una clientela casi
siempre segura del sistema. Hay gente que trabaja otros temas, cuyos estudios
relevan cuestiones del conurbano y dicen que hoy ya no es para la gente pobre
del conurbano algo atípico tener un familiar preso, sino que esto integra el
mundo cultural, y eso es evidente que va a suceder en un país en el que lo que
ha crecido en los últimos tiempos son los cuerpos policiales”.
En este punto,
Daroqui remarcó que lo que más ha crecido es lo que se llaman “presos
nacionales”: “los presos que caen en la ciudad de Buenos Aires por cualquier
delito, común o federal, esos son los que crecieron en el sistema, pero no es
casual, no sé si la gente se siente más segura, no creo o no lo podemos saber
porque de los 11 planes de seguridad que están en este momento en vigencia en
la ciudad de Buenos Aires - 10 del Ministerio de Seguridad de la Nación y 1 del
gobierno de Macri -, si uno se mete en las páginas, tanto del Ministerio
de Seguridad del gobierno local como del nacional, ninguno tiene una evaluación
de qué efecto están teniendo estos planes. Eso no lo tenemos, pero sí podemos
decir que la ciudad de Buenos Aires tiene en total 24.000 efectivos contando
todas las fuerzas, Prefectura, Policía Aeroportuaria, Gendarmería, Policía
Federal y Policía Metropolitana, si hacemos una tasa tiene mucha más policía
por habitante que la provincia de Buenos Aires, y no casualmente tenemos cada
vez más presos”.
Política penal
Daroqui y su equipo de trabajo llevan adelante el Registro
Nacional de Casos de Tortura y lo que han observado es una mayor cantidad de
casos de torturas policiales en territorio de la Ciudad: “lo que me queda claro
entonces es que no sé si la mayor cantidad de policía puede garantizarle
seguridad a los ciudadanos porteños pero sí viola los derechos humanos.
Nosotros recorremos las cárceles y lo que encontramos es gente muy joven”,
advirtió.
La socióloga afirmó que también ha aumentado la cantidad de
jóvenes en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires: “es como un trabajo
en conjunto entre el gobierno nacional y el local porque al mismo tiempo se han
reducido los subsidios para hoteles para la gente que vive en situación de
calle, y lo que antes ‘gestionaba la política social’ con los subsidios para
hoteles, con los paradores, ahora lo está gestionando la política penal, y
están ingresando a la cárcel, pero por delitos como resistencia a la autoridad,
rebeldía, tentativa de hurto, tentativa de robo, menudencias digamos. Esto lo
decía Wacquant en el año 2000 cuando vino a la Argentina estuvimos hablando
bastante sobre este tema, y él decía que esto lo estaba haciendo Estados Unidos.
La política penal esté gestionando lo que antes gestionaba la política social
para determinados sectores, sobre todo los sectores más desposeídos, los que
están en situación de calle, atravesados por la droga, por el abandono, por la
locura”.
En este sentido, señaló que efectivamente existe una política para
estos jóvenes y es la política penal: “hay una parte de la pobreza que se
gestiona de esta forma, pero hay otra que se puede gestionar quizás con planes,
subsidios, con algún programa que te da 600 pesos si vas a estudiar, pero hay
otros que ni llegaron a eso, ya no acceden a eso, entonces lo gestiona el
sistema penal. Y estoy hablando de aquellos que están ‘blanqueados’, no estoy
hablando de la cantidad de prácticas policiales e incluso judiciales, y hasta
diría de encierro porque si uno va a la frontera de nuestro país en los centros
de detención de Prefectura o en los escuadrones de Gendarmería podemos llegar a
encontrar una cantidad de gente impresionante en condiciones infrahumanas
alojadas ahí, donde muchas veces ni siquiera está blanqueada su detención. Lo
mismo que acá en las comisarías, si uno hiciera una fuerte recorrida por las
comisarías en la madrugada de cualquier día de la semana, se encontraría con
que hay mucha gente en las comisarías que pasa por allí y después no está
registrada en ningún lado”.
Daroqui y su equipo
realizaron una investigación en institutos de menores de la provincia de Buenos
Aires, para la que entrevistaron a 250 chicos de 500 que estaban internados en
institutos de máxima seguridad: “lo que construimos ahí fue el concepto de
cadena punitiva, en donde el primer eslabón es la policía, el segundo la
justicia y el tercero el encierro punitivo. Entonces sobre la agencia policial
nosotros preguntábamos si antes de esa detención habían tenido otros contactos
con la policía, y entre el 73 y el 75% de esos 250 chicos habían estado
detenidos en comisarías y no habían tenido causa en cualquier otra oportunidad,
habían estado detenidos unas horas, una noche, cuando ningún chico puede estar
detenido en una comisaría, sin embargo todos los que estaban en los institutos
habían estado en la comisaría, pero además habían tenido otras detenciones que
nunca habían sido blanqueadas a la justicia. Por eso digo que yo estoy hablando de aquello
a lo que uno accede y que tiene que ver con la formalidad del sistema penal, no
estoy hablando de las prácticas informales que por otro lado son exponenciales
de cómo el sistema penal gobierna a los jóvenes. La intimidación, el marcaje,
la humillación, la degradación y por supuesto violencias mucho más expresivas
fueron todas categorías que fuimos reconstruyendo a través del discurso de los
jóvenes. Todo eso tiene que ver con una relación con la primera agencia que es
la policial, ni hablar después con la justicia y después ya el encierro
punitivo”.
En este punto,
Daroqui remarcó que una gran parte de los jóvenes y de los jóvenes pobres está
realmente gobernada por el sistema penal: “por más que no lleguen a la cárcel,
y cuando digo gobernados digo gobernados con violencia, porque estamos hablando
de violencia estatal, no es que la policía se acerca en un proceso educativo
con el joven, no existe esa posibilidad, entonces para muchos jóvenes de
nuestro país, algunos podemos dar datos como los jóvenes presos, ahí tenemos un
dato objetivo, pero además hay una cantidad de otros jóvenes que por ahí no
están presos pero que también están gobernados por la violencia estatal y que
no llegaron todavía al último eslabón de la cadena punitiva, pero que están en una
cotidianeidad de relación de violencia con la agencia policial. Y después están
los casos como el de Luciano Arruga
que demuestran esa práctica, pero eso de Luciano
o de cualquiera de estos chicos es algo que entra en la cotidianeidad de
cualquier pibe pobre, porque si no parece que son como casos emblemáticos, pero
son casos que lamentablemente llegaron a la desaparición de la persona o a la
tortura y por eso toman semejante dimensión, pero en realidad es la
cotidianeidad, es la vida misma, integran de hecho uno de los temas más
problemáticos para hablar, con los presos en general pero con los presos
jóvenes en particular, y con estos jóvenes de los institutos más aún que tienen
18 años, que es el proceso de naturalización sobre la relación de violencia que
tienen con las agencias del sistema penal. Cuando uno le pregunta si cuando lo
agarró la policía le pegó, ellos te dicen que no, pero si preguntamos si los
tuvieron sin que les pegaran un trompazo o tirarlos al piso, te responden ‘ah,
sí, eso sí’; o si les preguntamos si les pegaron cuando entraron a la cárcel,
te dicen que no, ‘¿no te dieron ni un cachetazo o empujón?’, ‘ah, sí, claro si
eso es la cárcel’ responden. Esa naturalización de la violencia es algo que
legitima pero lo hace porque además el segundo eslabón que es la justicia le
otorga toda la impunidad a todas las fuerzas de seguridad. La justicia ha
recibido chicos golpeados que vienen de una detención policial y no le
preguntan quién los golpeó. Uno los ve golpeados, recientemente ingresados a la
cárcel, desfigurados y cuando les decimos ‘¿nadie, el fiscal, el juez te
preguntó quién te golpeó?, te dicen que no. Gente que va con la cabeza cosida
porque lo tuvieron que llevar al hospital Santojanni o al Penna de los golpes
que le dieron y sin embargo no le preguntan por eso”.
Daroqui manifestó que todo esto tiene que ver con qué significan
estas personas para el Estado en su faz más violenta: “hay que ver si podemos
algún día dimensionar realmente cuántos jóvenes y quizás cuando veamos cuántos no
acceden a mínimos derechos, no solo por ser jóvenes sino por ser seres humanos,
quizás tendríamos una sorpresa muy grande, donde veríamos que ciertas políticas
de juventud están destinadas a un grupo bastante minoritario de jóvenes, porque
para el resto no hay políticas de juventud, hay políticas de seguridad, de
persecución penal, de militarización de sus barrios, hay otras políticas que
les llegan a ellos no por ser jóvenes sino por ser pobres”.
http://www.anred.org/spip.php?article10737
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