lunes, 7 de septiembre de 2015

Nos preguntamos: ¿El modelo se siente atacado?


Defienden el manejo integrado de plagas tras muertes polémicas

Dos niños fallecieron en 2011 y 2012 en Lavalle, lo cual generó un fuerte debate en torno al uso “indebido” de agroquímicos. Desde Sanidad Vegetal derriban mitos en cuanto a la utilización de pesticidas e involucran a otras instituciones en el control de las chacras.
María José Canteros
Redacción de época
El conocimiento, hace una semana, de la elevación a juicio oral del caso Nicolás Arévalo, de cuatro años, quien falleció en 2011 por incidencia de productos fosforados detectados en la autopsia; y la muerte de otro niño en 2012, José Rivero, también en Lavalle, Corrientes, con iguales síntomas aunque sin procesamientos hasta el momento, reflotaron la necesidad de conocer qué medidas se adoptaron desde entonces para evitar la pérdida de nuevas vidas. En virtud de ello entrevistamos a Mariela Pletsch, directora de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción, con el objetivo de brindar una respuesta posible al lector en torno a las políticas públicas que se ejecutan desde entonces. En el proceso de la entrevista aparecieron nuevos interrogantes que surgen del problema de la convivencia entre las comunidades cercanas, caracterizadas por ser de bajos recursos, y los invernaderos. En este caso, se puede observar la existencia de un vacío en cuanto la articulación de las medidas que se deben adoptar en una de las comunas consideradas de mayor producción de tomates y pimientos junto con Santa Lucía. Por lo tanto, queda un interrogante abierto que motivará nuevos reportajes.

-A partir del conocimiento de estos casos de pérdidas de vidas, ¿qué políticas públicas se desarrollaron a través del Ministerio de la Producción?
-El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, es el organismo de aplicación de la Ley provincial de agroquímicos, 4.495, que data del año ‘90. Las acciones de la Ley hasta el 2010 fueron mínimas pero a partir de ese año se comienza a aplicar la normativa.
La competencia de la Ley, en primera instancia, es el registro. O sea, la Ley posee incumbencia hasta la comercialización y expendio de productos químicos.
Como autoridad de aplicación, “no tenemos injerencia en las chacras”, vale aclarar porque se presta a confusión, si nos ponemos a analizar en profundidad la cantidad de productores que hay en la provincia o en territorio, un organismo público no puede actuar, estar controlando o fiscalizando lo que hace cada productor en su chacra. Un organismo de aplicación tiene fiscalizadores o agentes que actúan, pero hasta una instancia que es la comercialización. Nosotros nos encargamos de que todas aquellas empresas que comercializan agroquímicos lo hagan bajo la norma, y que los lugares donde se expenden lo hagan bajo las condiciones adecuadas para un producto fitosanitario. Esas normas no son solo nuestras, sino nacionales e internacionales en las cuales hay que basarse. Son básicamente de seguridad. Por ejemplo, supermercados y otros comercios que expenden otro tipo de productos, que no tengan que ver con agroquímicos, tienen prohibida la comercialización.
Fumigaciones aéreas
Por otro lado, se controlan acciones de aplicaciones de productos fitosanitarios con equipos aéreos, con aviones. Las aplicaciones aéreas deben ser comunicadas al organismo de control previo a la realización. Intervenimos en programas fitosanitarios, como ser el control de frutos cítricos, en el cual participamos de las aplicaciones para que se hagan de acuerdo a las condiciones climáticas que también establece la norma, porque todo está normatizado. Por eso también decimos, si sucede algo malo con el producto químico es porque se lo utilizó mal, no es porque en sí sea malo. Si se lo utiliza de la forma debida es una herramienta de control de plagas de los cultivos; no tiene por qué ocasionar daño o perjuicio a seres humanos y animales de sangre caliente. Así, tratamos de regular a través de las capacitaciones a los productores. A ellos llegamos con información; con actividades de planes productivos en el buen uso de los agroquímicos. Porque reitero, si el agroquímico es bien utilizado es una herramienta valiosa para el control de plagas. Porque hay que producir alimentos y si no se controlan las plagas, éstas se los llevan. En esa línea se desarrollan las políticas públicas que se llevan a cabo en el Ministerio que es “el manejo integrado de plagas y el control biológico”.
-¿Cuál es el alcance de este manejo integrado?
-Son varios tipos de controles que se manejan: el control químico, el físico; el mecánico; el control biológico; entonces ahí viene lo que te decía: el control químico es una herramienta. El productor, si es bueno, debería utilizar todas las herramientas y eso se llama manejo integrado, dentro de ese abanico; el Ministerio viene desarrollando las políticas públicas en conjunto con el INTA y con el sector privado; porque hay empresas y hay productores que intervienen en esta acción de control biológico.
-¿Qué es el control biológico?
-Son insectos o parásitos, algún organismo vivo, que controlan las plagas. Siempre un insecto posee un control natural, que no lo conocíamos porque no estaba presente, justamente por la presión de agroquímicos. Hoy, con el trabajo de disminuir su uso, se interviene para que los controladores naturales tengan mayor presencia. Con el organismo natural, se usa muchos menos agroquímicos: lo justo y necesario.
-¿Cuáles son las prohibiciones en vigencia?
-Desde el organismo de aplicación hemos prohibido el uso en la provincia, no está prohibido en territorio nacional, de los productos de banda toxicológica roja, que es la más tóxica. Justamente por el trabajo en territorio que se hace y que se detecta que esos productos son utilizados.
-¿Cuál es la situación del endosulfán que se detectó en Arévalo?
-El endosulfán está prohibido, desde junio de 2014, no tiene que comercializarse. Si vamos a inspeccionar un comercio de agroquímicos y encontramos este producto, es sujeto de una sanción, porque el producto está prohibido en territorio nacional. Lo mismo pasa con esos dos productos que hemos prohibido en territorio provincial, de banda roja.
Es más, el organismo nacional que es encargado de controlar todo lo que sea agroquímicos, que es el SENASA, no actúa en función de esa prohibición porque es nuestra.
-¿Cómo controlan el problema de las cercanías de las comunidades a las plantaciones?
-Está establecida por norma la aplicación aérea a distancia, a un centro poblado son mil metros. Si se realiza como dice la norma, en condiciones climáticas establecidas con el equipo bien calibrado, no debería existir problema en los centros poblados.
-¿Qué pasa con las aplicaciones terrestres?
-No está normado. Por ello, lo que hay que hacer es siempre aplicar en condiciones correctas. Con un día de viento ni una mochila de productos hay que hacer, porque seguro habrá inconvenientes hasta para el mismo aplicador, para alguna vivienda o lo que sea que esté cerca. Allí volvemos a lo mismo, si se utiliza bien y en condiciones adecuadas, no tiene que haber daño.
-Al recorrer Lavalle se puede advertir la cercanía de las viviendas con los invernaderos
-En esa zona, “la urbanización avanzó sobre la producción”. Entonces existe una cuestión que tiene que ver con la falta de planificación urbana; el productor estaba. Vino la población, y después tuvieron problemas. ¿Me explico? Esa es una apreciación que vimos y que hemos planteado.
Es una cuestión que va más allá de un organismo de control como el nuestro. Porque como organismo controlamos la comercialización (de agroquímicos), pero no podemos estar al mismo tiempo en las chacras de 15.000 productores controlando la aplicación. Apelamos al buen criterio, al asesoramiento técnico privado con el cual deberían contar.
Hay productores con los cuales trabajamos en el asesoramiento de programas productivos y no solo enseñamos a producir sino a cumplir con la aplicación de productos cuando tienen que hacer un tratamiento específico. Pero, ¿qué pasa con los productores que no cuentan con asistencia técnica y están en esa situación? Es muy complejo y va mucho más allá de lo que un organismo pueda actuar. O sea hemos recorrido la zona. La conocemos perfectamente y es donde hubo problemas puntuales. Allí tenemos mayor desarrollo de políticas públicas en el manejo de control de plagas y biológico. Entendemos que de no tomarse decisiones de políticas claras respecto de la organización del avance de lo rural, los problemas van a seguir existiendo y no solamente por cuestiones de agroquímicos porque vuelvo al principio: “Es una herramienta más de control de plagas y en la producción de alimentos”.
-¿Trabajan en coordinación con Salud Pública para revisar los registros en cuanto a la proliferación de enfermedades que puedan surgir de esta problemática de convivencia de lo rural y lo urbano? Acorde a la demanda que surge de las organizaciones, como Pueblos Fumigados y Salvemos al Iberá, que tuvieron fuerte presencia cuando se conocieron los sucesos.
-Sí las conozco (a las organizaciones), incluso las citamos para hablar, organizamos una reunión en la cual estuvimos todos y no se presentaron. Las hemos convocado, porque vimos escritos o acusaciones respecto de lo que es la producción. Nos ofrecimos para escuchar las propuestas productivas, porque en realidad nos importa mucho, en primer lugar la salud de la gente y en segundo, producir alimentos saludables, para nuestra población y para todo lo que tenga que salir de la provincia. Somos los primeros interesados y sabemos que hay un camino largo por recorrer y paradigmas que romper. Respecto de la producción de alimentos, existen tecnologías disponibles para producir mejor, hay normas establecidas para hacer las cosas bien. Entonces, cuando acusan directamente, nos interesa escuchar las otras propuestas para sumar. Porque pueden aportar mucho a lo que hacemos. Hay muchas denuncias, pero muy pocas propuestas.
Siempre trabajamos coordinadamente con (los ministerios de) Salud Pública y Educación en capacitaciones a docentes rurales de toda la zona de Lavalle, Santa Lucía, que es de mayor producción, para que esos maestros puedan enseñar a sus alumnos. Son los chicos quienes llevan una información importante al hogar, o sea es una manera de sumar y atacar en todos los frentes. Porque el problema puntual a nuestro entender y también lo ven así desde los otros ministerios, es que el productor y la familia rural necesitan más información para así modificar paradigmas de cómo usar el agroquímico para que no los perjudique.
-¿Cómo se comparten las responsabilidades?
-El productor muchas veces desconoce lo que implica respetar el tiempo del alimento hasta que lo pueda consumir o comercializar. Tenemos que entender que hay una población vulnerable y con falta de información, y que es responsabilidad del Estado y de las instituciones llevar esos conocimientos, no solo del Ministerio de Producción, también de Agricultura de la Nación, primer responsable, con todos los organismos que están por debajo: el SENASA; INTA. Somos muchas instituciones que trabajamos en el campo. Somos autoridad de aplicación de una Ley hasta el expendio, pero todas las otras instituciones deben y tienen la responsabilidad de trabajar e informar al productor, en dar a conocer las tecnologías disponibles, enseñar qué está bien y qué está mal. Somos muchas pero sucede que a veces falta coordinación.
-¿Cómo impactó la muerte de los niños?
-Acá o en cualquier parte es algo que nos ocupa y preocupa. Puntualmente, en la causa no tenemos intervención. Lo único que hicimos fue proveer toda la documentación; los informes que nos han solicitado desde el Juzgado; desde la Legislatura; desde la Defensoría del Pueblo de Corrientes y de la Nación, todos los informes que nos han requerido.

La aceptación del control biológico


EN LAVALLE. CELESTE, PRIMA DE NICOLÁS, QUIEN SE INTOXICÓ PERO PUDO SOBREVIVIR.
Respecto de la incorporación de estas nuevas prácticas de control de plagas para la producción de alimentos, Pletsch detalló: “Los más grandes, que entienden y que lo han podido ver en otros países, saben que ése es el camino. Los productos que Argentina exporta no van de cualquier manera; sino bajo un protocolo de normas y calidad de inocuidad y seguridad alimentaria. Si mandamos cítricos a España, ellos hacen un control de residuos agroquímicos, y si encuentran un residuo de un producto por fuera de lo tolerado, o un producto que no se debe utilizar, va un castigo: te pueden cerrar el mercado. Entonces, lo que va afuera o lo que va a mercados puntuales tiene una diferenciación de calidad y a lo que tendemos es a eliminar ese doble estándar, para que aquello que se vende en la verdulería de la esquina sea tan bueno como lo que se comercializa en el mercado europeo. El productor grande sabe que debe hacer bien los procedimientos y lo sabe porque posee un negocio”, dijo.
A su vez agregó: “En el caso del mediano, hay muchos que están entrando, pero lo que más cuesta son los chicos. Por ejemplo, en el programa de control de polillas al tomate lo estamos haciendo con productores pequeños que poseen un invernadero y que han bajado de un determinado número de aplicaciones a dos en el ciclo del cultivo para controlar la plaga, porque el control no químico tiene un resultado excelente. Todo tiene que ver con un contexto. Es un sistema que tiene que funcionar y que posee un camino y si somos un país que está en desarrollo deberíamos tender a esas cuestiones”. Detalló a su vez que, en la zona de Lavalle y Santa Lucía, existen aproximadamente 1.300 hectáreas de cultivos bajo invernadero. En los cuales el 60%corresponde al tomate; el 30% a pimientos y en el resto otros cultivos como berenjenas, chauchas, pepinos.

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Emilio Spataro
Organización Ecologista Guardianes del Iberá
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