Tensión neoliberal y territorialización
del poder:
Un diálogo crítico con Álvaro García
Linera
9 de septiembre de 2015
Por Emiliano Terán
Mantovani (Rebelión)
Presenciamos en la actualidad a escala
planetaria, una agudización sin precedentes de las históricas contradicciones
sociales y ecológicas del desarrollo capitalista mundial: peligros de una
escalada bélica internacional, en sus diferentes modalidades [1];
dramáticas tensiones migratorias[2];
crecientes desajustes en el orden de los ciclos climáticos [3];
ralentización del gran salvador de la economía mundial desde 2008, China, y
tendencia a la deflación global [4]; desbordamiento progresivo de
las precarias “democracias” contemporáneas y conexión cada vez más fuerte entre
la política formal y bandas criminales, narcotráfico, grupos extremistas, entre
otros –con mayor énfasis en periferias o el Sur Global– [5];
desgarramiento de los tejidos sociales y reconfiguraciones de los límites del
pacto social; entre otras.
Cuando el pastel de la riqueza se hace cada
vez más pequeño y los apetitos crecen, las ilusiones de progreso se van
vaciando, la acumulación capitalista se vuelve aún más salvaje. El
neoliberalismo ―como modo de acumulación propio del capitalismo globalizado― se
potencia, se reacomoda, busca ocupar espacios y ámbitos que se resisten a su
lógica, y así expandir aún más el despojo y la mercantilización de todo. No
importa en qué parte del mundo usted se encuentre, no importa si el gobierno de
su país es considerado o no “progresista”, esta tensión neoliberal está
presente, en diversos grados y formas, en cada proceso de acumulación formal o
informal de capital en la actualidad.
Pregunta de orden estratégico: ¿quiénes, en
este momento en América Latina, son las fuerzas antagónicas capaces de detener
el avance de la acumulación por desposesión? ¿Qué actores o sectores
sociales y políticos pueden aún encarnar hoy una alternativa, no sólo a este neoliberalismo mutante [6] que ha coexistido versátilmente entre
nosotros, sino al propio orden capitalista?
Años atrás, parecía evidente que esta
alternativa, entendida como “posneoliberal” [7], estaba centrada
principalmente en los gobiernos progresistas de la región, y en los líderes que
los han guiado. Ya estos gobiernos no serían fundamentalmente dominación, sino
representación no sólo de los intereses populares, sino también de la
construcción de la vía hacia modelos que podrían estar en un futuro, más allá del
capitalismo y la
dependencia. A estas alturas, sostener esta idea es más que
problemático.
Desde varios meses atrás, venimos presenciando una aceleración de la deriva
regresiva en la región, incluyendo claro está a todos los llamados
gobiernos progresistas. Cuando baja la marea de las rentas obtenidas por los commodities –un nuevo tiempo de vacas flacas–,
todo parece más árido, más tosco, se ve con más claridad la topografía
excluyente e insostenible de los modelos extractivistas.
Sumadas a las políticas más conservadoras de
la región, que tienen a los gobiernos de México, Colombia y Chile entre sus
principales exponentes, resaltan las más claras definiciones a favor del ajuste
ortodoxo y flexibilización (Agenda Brasil) en las políticas económicas
del gobierno de Dilma Rousseff; en Argentina, se han impulsado reformas como la
de la ley de hidrocarburos (oct. 2014), que propone una flexibilización
favorable a las compañías petroleras transnacionales –con una de las regalías
más bajas de la región [8]– para facilitar la extracción
de no convencionales; y el nuevo Código Civil y Comercial (ago. 2015), en el
cual se produce la pérdida del acceso público a todos los ríos del país –siendo
para Viale y Svampa “la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro
país (…) en manos de la especulación inmobiliaria” [9];
sin dejar de tomar en cuenta la proyección aún más a la derecha en los
horizontes de la política oficial argentina, dadas las candidaturas favoritas
para las próximas elecciones presidenciales a fines de octubre de este año.
En Ecuador, además de la firma del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con la
Unión Europea (dic. 2014, aún no en vigor), resalta desde
2014 la más agresiva política de endeudamiento de todo el gobierno de Correa
–casi 10.000 millones US$, de los 18.000 millones que se han adquirido desde el
inicio de su mandato [10]–; el desconocimiento y la
omisión de obligación de pago de casi 3.000 millones US$ con el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) –afectando el futuro de las jubilaciones [11]–;
o la apertura a la participación privada en la prestación de gestiones
públicas, a partir del proyecto de Alianzas Público-privadas (APP) [12];
en el marco general de una creciente conflictividad política interna.
En Uruguay, sobresale el ingreso en febrero de
2015 (de muy bajo perfil) del Acuerdo
sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) –que el Frente Amplio ha
repudiado recientemente [13]–, un acuerdo impulsado por
los EEUU y la UE, que supone un TLC con varios países, donde se propone la
privatización de prácticamente todos los servicios públicos [14].
En Bolivia, se ha abierto el camino a
transnacionales para nuevas exploraciones petroleras en áreas protegidas
(Decreto 2366, mayo de 2015) [15], en el marco de progresivas
flexibilizaciones en los términos de negocios con las mismas, donde destaca el
reciente anuncio del gobierno boliviano (ago. 2015) de "incentivos a la
exploración" para las petroleras, que implica un enorme subsidio de US$
3.556 millones para elevar sus ingresos en 64% en los próximos diez años [16];
también destaca el avance de proyectos de legislación para una agresiva
ampliación de la frontera agroindustrial –apuntando al "modelo cruceño
de desarrollo", Agenda Patriótica 2025 [17]–.
Todo esto, se desarrolla en un momento político en el cual, el gobierno de Evo
Morales ha declarado “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB [18].
Y en Venezuela, ante la crisis del modelo
rentista petrolero, y en el marco de una progresiva transformación en las
políticas del gobierno nacional, destacan, por un lado, el decreto 1425 de
"Ley de Regionalización Integral" (nov. 2014), que plantea la figura
de las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–,
las cuales representan una liberalización
integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al
capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural” [19] –la Faja Petrolífera
del Orinoco fue declarada como una de las ZEE del país [20] y sería una "vitrina de la
Venezuela que se quiere construir" [21]–; y por otro lado, el impulso
de la “Operación
para la Liberación del Pueblo” (OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad
del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios
periféricos), para "combatir el hampa" –al estilo de las operaciones
en las favelas brasileñas–, lo cual tiene, y tendrá, bajo este enfoque, serias
implicaciones sociales y políticas [22]. Se tratan en ambos casos, y
es fundamental decirlo, de territorializaciones
de ajuste.
Pensar estratégicamente: preguntas para un
tiempo de mutaciones
La recurrente idea del ataque exterior, encarnada por el
imperialismo estadounidense, en articulación con las derechas tradicionales de
los respectivos países, a pesar de tener asidero, pues representa actores
importantes que ejercen presión en el avance de esta deriva regresiva en la
región, ha servido a algunos para querer explicarlo todo con ella. Pero como lo
ha propuesto recientemente el propio François Houtart, “La teoría del
complot tiene el peligro de velar las causas profundas del proceso” [23].
Nos preguntamos: para convertir la dirección de un Estado en un gobierno de
derecha, ¿hace falta cambiar los actuales gobernantes, o también se puede ir configurando
su mutación desde adentro (sin “cambio de gobierno”)?
¿Es única y obligatoriamente el ajuste, el
horizonte próximo de todos los gobiernos de la región? ¿Podrían los gobiernos
progresistas tomar una serie de medidas que en teoría habían combatido en sus
inicios?
Si el
consumo se ha convertido en el principal factor de consenso político nacional –primordialmente en las ciudades–, lo
cual permite amortiguar el impacto de ciertas políticas de ajuste, ¿hasta
cuándo y con qué alcance se podría mantener esta modalidad?
También: los trabajadores y trabajadoras de
la región, campesinos y pueblos indígenas, ¿prefieren el consenso de Beijing al consenso de
Washington? Y de nuevo: ¿quiénes detienen las “restauraciones
conservadoras”, o bien las reformulaciones
neoconservadoras? En cada vez más ámbitos, los pueblos van contando sólo
consigo mismos para defender sus reivindicaciones y territorios.
Ante este cambio de época
en marcha en América Latina, e incluso ante la reciente y dramática
capitulación de Syriza en Grecia, o la vacilante propuesta de Podemos en
España, parece conveniente y profundamente estratégico, preguntarnos qué hemos
aprendido como pueblos de estos procesos; insistir en un debate vital en torno
a la forma Estado,
y nuestra relación con ésta. ¿Pueden los desencantos recientes potenciar no sólo
rabias coyunturales, sino nuevas disposiciones y cosmovisiones sobre la
producción de lo político?
También parece conveniente insistir en que, ante la agudización de
las contradicciones sistémicas mencionadas al principio, y de las
manifestaciones de la crisis civilizatoria, podríamos estar ante escenarios en
los cuales se estén configurando radicales modificaciones de las estructuras de
poder tal y como las conocemos, de las formas de la soberanía, de las
modalidades de control territorial –¿apuntamos hacia nuevas feudalizaciones del
poder? [24]–.
Si esto fuese así, los debates sobre el Estado se complejizan aún más, toman
nuevos matices, aparecen nuevos elementos.
Fenomenología del Estado y territorialización
del poder: un diálogo crítico con Álvaro García Linera
Como hemos propuesto, la discusión sobre el
Estado, y la idea de la autonomía desde
abajo ante el mismo, es
profundamente estratégica ante los tiempos actuales. Podemos afirmar que existe
en la región toda una línea teórico-política que insiste en la centralidad del
Estado como alternativa de transformación social, en la cual el vicepresidente
de Bolivia, Álvaro García Linera (AGL), aparece como uno de sus principales
exponentes. La relevante propuesta de AGL intenta reactivar una nueva fe sobre lo estatal.
Para AGL, el debate «Autonomía o Estado» es un falso debate [25].
Nosotros en cambio, planteamos que la fusión (sic) que propone el autor, de
integración de las luchas desde abajo con el Estado, es inconveniente; que una
lucha popular de múltiples escalas, no supone necesariamente la integración de
sus objetivos, formas y acciones con los de la máquina-Estado, que son claramente
diferentes. En este sentido, mantener esta diferenciación es estratégico en la
agenda política de las luchas desde abajo, sin que en ningún sentido se lleve
adelante una política de aislamiento o una propuesta maniquea. Se trata de pensar,
antes que en un «Estado Integral», en un horizonte de territorialización del poder.
a) El
Estado omnipresente y la subsunción de lo común en lo público en AGL
A partir de lo que AGL llama el principio de incompletitud
histórica –propuesto desde el
Teorema de Gödel–, el autor propone que la
tradición de la dominación [26] del Estado no es ahistórica, que
tiene grietas, y que la gente tiene la posibilidad de trascenderla. Siendo esto
cierto, la necesaria pregunta subsiguiente es: ¿cuáles son los límites de esta
posibilidad de transformar al Estado?
Y también: aunque es importante definir al
Estado como un “campo de lucha”, como una construcción política en permanente
movimiento, o una estructura de relaciones maleables, no es la contradicción en
sí, el elemento que lo define. Algo debe darle forma, sentido. Y su
especificidad histórica, su sentido de existencia es ser una maquinaria de dominación y
conducción política, tomando el propio concepto de AGL [27].
Esta modalidad monopólica, centralizadora y abstractalizante de poder, esta forma política de hacer que es el Estado, en AGL es al mismo
tiempo materia e idea, es también creencia colectiva [28],
lo que permite evidenciar, de manera muy útil, la forma fenomenológica del
Estado. Sin embargo, hay una especie de omnipresencia e irresistibilidad que
otorga el autor al Estado-idea colectiva: si éste es, por tanto, “las
estructuras mentales, los esquemas simbólicos, los sistemas de interpretación
del mundo que hacen que cada individuo sea uno con capacidad de operar y
desenvolverse en ese mundo”; si las luchas populares, los saberes
colectivos, los esquemas de organización del mundo, y las propias identidades
sociales no están al margen del Estado, sino que éste los contiene; si éste es
“la subalternidad misma en estado institucional y simbólico (…) es la
comunidad social, los logros comunes, los bienes colectivos conquistados,
aunque bajo una forma fetichizada”; si la “sociedad real (…) ha
construido la estatalidad con sus logros y sus desdichas” [29],
parece pues, que el afuera del Estado es un desierto.
Estado no es igual a sociedad. No toda producción molecular de lo
político es Estado, o tributa a su constitución, aunque coexista o se articule
con él, aunque sufra su dominación. Seguramente la constitución popular de lo
político está profundamente permeada por el Estado, pero éste no la configura
de manera completa. Las exterioridades del Estado son múltiples, en el espacio,
en las creencias, en los cuerpos, aunque puedan ser momentáneas y contingentes.
La rebelión no sólo proviene desde la propia experiencia de estatalidad [30] de los sujetos, sino al mismo
tiempo de procesos productivos propios y territorializados que están también
más allá del Estado. AGL parece incluir todas las contradicciones
socio-políticas en el seno estatal.
Es necesario entonces otro tipo de
fenomenología del Estado. Una que reconozca las diversas y múltiples formas de
producción de lo político que se encuentra en las afueras de éste, las otras formas de hacer que se distinguen de él; que dé cuenta
cómo sus objetivos, formas y acciones difieren de la forma de la estatalidad. La
clave del cercamiento fenomenológico que propone AGL, y que al mismo tiempo
traba el desbordamiento popular de las fronteras estatales, está en la
subsunción que hace el autor de lo común en lo público. Dice AGL:
El Estado sólo puede producirse en la historia
contemporánea si produce (como fruto de las luchas y de las relaciones
sociales) bienes comunes, recursos pertenecientes a toda la sociedad, como la
legalidad, la educación, la protección, la historia cívica, los aportes
económicos para el cuidado de los demás, etc.; pero este común únicamente puede
realizarse si al mismo tiempo de producirse, también se inicia el proceso de su
monopolización, su concentración y su administración por unos pocos que, al
realizar esa monopolización, consagran la existencia misma de los bienes
comunes [31].
En realidad el Estado sólo produce bienes
públicos, no bienes comunes. El ámbito de lo público ha aparecido
tradicionalmente en el imaginario político moderno/occidental como el ámbito
por excelencia donde se manifiesta y organiza lo popular. Sin embargo, la forma de lo público se reproduce a través de la
representación política trascendental del Estado, lo que supone una gestión
monopólica y corporativa del poder territorial. Los bienes comunes, como
materialidad de la vida, al ser un don de la misma otorgada a todos, preexiste
a la apropiación y monopolización que ejerce el Estado, a diferencia de lo
planteado por AGL –“los bienes comunes son creados (…) pero sólo existen si
son a la vez monopolizados”, dice el autor [32]–. Las múltiples
formas de lo común se basan en otra
valoración de la Vida (si se quiere, de la naturaleza),
en otras formas de gestionar los territorios (ecosistemas), en la acción
colectiva dirigida a reproducir la vida inmediata –aunque puedan ser frágiles,
discontinuas, inestables–, que en cambio son constitutivas de la dinámica
social [33].
La distinción no es arbitraria ni insignificante. Es en el modo de gestión de los
territorios, de la reproducción de la vida, en la forma de su horizonte
vital, donde se produce este importante deslinde. No hacemos referencia a una
comunalidad inmaculada, a un tipo de pureza, o de formas ideales libres de
contradicciones. No hablamos de sujetos impecablemente cooperantes, sino
pueblos rurales, semi-rurales y urbanos que apelan persistentemente a gestiones
colectivas para posibilitar, en primera instancia, el curso de su vida.
Lo que es también importante recalcar, es como la
representatividad estatal –siempre fluctuante, y en diversos grados dominante y
represiva– impide, en el corto o en el largo plazo, la gestión directa de lo
común. Los bienes públicos (como la educación, la vivienda, la salud, etc.) son
usufructuados socialmente por la vía de una intermediación, y en numerosas
ocasiones, se viven sólo como idea, suspendidos en la promesa de un futuro
desarrollo, o una futura mejor gestión. Nuevas posibilidades y horizontes de lo
político en la región, pasan por recuperar la centralidad de esta dimensión
territorial inmanente de lo común. Producir con el trabajo colectivo y la
riqueza inmediata, desde abajo, el experimento político que en algún momento
del ciclo progresista quedó abortado.
b)
Extractivismo y la entelequia del «Estado Integral»
Pero esta prometida fase temporal del extractivismo se sostiene
sobre la idea –que suele ser recurrente– de que, ahora sí, hemos alcanzado un
escalafón histórico de las luchas políticas, lo cual se traducirá en una
alianza progresiva entre el Estado y el pueblo, que construirá el camino para
deshacer al extractivismo. Esta alianza es lo que AGL ha llamado el «Estado
Integral» [35].
Para AGL, a partir de la experiencia
boliviana, en este Estado Integral se produce “la presencia directa de
representantes de los sectores sociales movilizados en distintos niveles del
aparato estatal”, y añade también “la presencia directa de las
organizaciones sociales en la definición de las principales políticas públicas” [36].
El Estado en AGL es una trama cotidiana en la cual gobernantes y gobernados,
con distintos niveles de influencia, intervienen en torno a la definición de lo
colectivo [37]. De ahí que el autor afirme
que “Socialismo es entonces un largo proceso de transición en el que estado
revolucionario y Movimientos Sociales se fusionan para que día a día se
democraticen nuevas decisiones; para que día a día más actividades económicas
entren a la lógica comunitaria en vez de la lógica del lucro” [38].
Conviene insistir en lo siguiente: el extractivismo es una modalidad de
acumulación capitalista que centraliza tanto el poder como la soberanía sobre
el territorio; esto es, estructura un tipo de soberanía (nacional-estatal) que
mercantiliza y monopoliza la decisión sobre los llamados “recursos naturales”.
Esta racionalidad, esta forma política de hacer particular, esta modalidad de
dominación transnacionalizada y corporativa, que se superpone y evita que la
gente realice una gestión directa de los bienes comunes, está dotada de sentido
por los procesos de acumulación de capital a escala global, por la División Internacional
del Trabajo y la Naturaleza.
La entelequia del «Estado integral» intenta
fusionar modos de hacer, de producir de lo político, que se contraponen. Por
medio de la coacción y la “manufactura de consensos” (de diversas maneras),
éste evita o pone límites a la ocupación, recuperación y reapropiación de lo
común (sea en espacios urbanos, tierras agrícolas, áreas de reserva natural,
etc), en nombre de la protección de la propiedad privada, de la “soberanía
nacional” y del mantenimiento del orden y la estabilidad. El Estado
pues, no reconoce otra soberanía que no sea la nacional-estatal –no es casual
que, por ejemplo, casi ninguna de las consultas previas en América Latina
respecto a proyectos extractivos o desarrollistas sea reconocida por los
poderes constituidos [39]–. Adicionalmente, en
contextos de aguda crisis como las actuales, el Estado tiende a profundizar
mecanismos políticos de acumulación por desposesión como medidas de ajuste, por
lo que su conflicto con lo común se intensifica.
Pero sobre todo, es importante insistir en cómo, en las esferas más
altas del Estado, donde se concentran las decisiones sobre los bienes comunes
para la vida ―los llamados “recursos naturales”―, sobre las Fuerzas Armadas
nacionales, las grandes finanzas, se evidencia con más claridad y crudeza la
estructura jerarquizada, la modalidad corporativa transnacionalizada que posee
la gestión de lo público (extracción de naturaleza, infraestructuras urbanas, adquisición
de tecnología militar, financiamiento externo, etc.), lo radicalmente
excluyente que es respecto a lo común, y lo complejo de delegar estas gestiones
a unos cuantos representantes y voceros de movimientos sociales, para replicar
los modelos de concentración de poder y manejo centralizado de la riqueza
colectiva. Bajo
este modelo, estos ámbitos son prácticamente intocables para las bases
populares, por lo cual reformas progresistas sobre igualdad de género, aborto,
derecho a la ciudad, figuras de participación política formal, entre otras, se
convierten en reformas cosméticas sino se produce un proceso social de
re-apropiación territorial.
c)
Alternativas, correlación de fuerzas y territorialización del poder: la
centralidad de las luchas desde abajo
Aunque se puedan producir las condiciones ―que
siempre serán temporales― para llevar adelante una gestión política articulada
de las formas de lo público, entre el Estado y una masa crítica popular
contrahegemónica organizada ―siempre en diferentes grados―; aunque se resalte
la importancia de trastocar y transfigurar la forma
Estado “desde adentro” de la
maquinaria; lo que consideramos fundamental es quitarle centralidad política a la
idea de que hay que, en primera instancia, ocupar el Estado.
En la medida en la que un movimiento político
desde abajo, efervescente, numeroso, potente, otorga centralidad en su lucha a
la toma de la esfera estatal, se introduce en un campo asimétrico en el que
puede, paradójicamente, ocupar
al Estado, mientras que el Estado, lo ocupa a él. Si el Estado es también
una relación social (dominante), entonces en sus formas se producen tipos de
subjetividades, corporalidades, territorialidades, redes moleculares de poder,
las cuales son finalmente funcionales a la reproducción del capital. Se genera
pues, algo que pudiésemos llamar unadominación productiva, a partir de
sus estructuras de relacionamiento y sus formas de racionalidad.
El reconocimiento del Estado como máquina de dominación, no supone
un desentendimiento o abandono del mismo, del campo de lo público, cuando se
trata de pensar horizontes anti y post extractivistas, rentistas y
capitalistas. No sólo porque el Estado no va a desaparecer de la noche a la
mañana, sino también porque su función en la escala del sistema interestatal
mundial y la
División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, puede
variar políticamente, es relativamente maleable, dependiendo de diversas luchas
domésticas. Es decir, no solo se configura un duopolio cooperativo entre Estado
y Mercado, sino que se pueden desarrollar diferentes niveles de contradicción
entre ellos, que podrían ser más o menos favorables a procesos de luchas
locales, lo cual puede ser aún más vital y relevante en los débiles
Estados-nación periféricos. Se trata de la contradicción planteada por David
Harvey entre la lógica del capital y la lógica territorial [40].
Pero lo fundamental, con miras a abrir o
mantener las posibilidades de reproducción de una política popular de lo común
–resistencia y constitución–, es
el estado de la correlación de fuerzas en un espacio-tiempo específico, la
síntesis que se produce en el completo campo de la política (que puede ser en
un país, pero no únicamente), y que está determinada por las fuerzas y
probabilidades de cumplir sus objetivos, por parte de los actores que disputan
en dicho campo –para lo que nos compete, las subjetividades contrahegemónicas–.
A esto lo podemos llamar lacomposición política.
Esta composición política pues, está
fundamentalmente determinada por las luchas desde
abajo. Todo proceso contrahegemónico de horizonte social emancipatorio, se
mueve y produce a partir de la lucha popular ―es su factor constituyente y
originario―, la cual puede generar una recomposición que mejore las condiciones
de disputa, la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación
social. Esto aplica en particular para el Estado, que posee “internamente” su
propia composición política que lo define, y que puede ser reformulada para que
ejerza un rol más favorable al proceso reproductivo de lo común.
Es la lucha popular territorial el punto de partida, llevada
adelante para reproducir la vida, sin que esto implique, de ninguna manera, el
abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas municipales,
biorregionales, nacionales, continentales o incluso globales. Se trata de la
configuración y el ejercicio de otras soberanías, de posibilidades para la
autonomía material de pobladores y pobladoras, de producción de narrativas
propias, que en primera instancia no admitan límites exteriores y anteriores a
su propio despliegue y decisión –como lo ha propuesto Raquel Gutiérrez Aguilar [41]–,
y que no detienen su movimiento territorial para esperar una supuesta
“resolución histórica” de la contradicción Estado/movimientos sociales, orientada
a la conformación de un imaginado «Estado integral».
La territorialización
del poder se alimenta de esos
otros códigos y formas de hacer contrahegemónicos, de las cotidianas
deserciones que producen los pueblos desde abajo, presentes en movilizaciones
de diversos tipos, como la de los pueblos indígenas bolivianos o las
expresiones cooperativas del chavismo popular urbano. Lo importante es pues, mantener el
deslinde vital entre lo público y lo común, entre lo que se instituye y lo
constituyente.
Si las luchas masivas tienden inevitablemente
a declinar, a agotarse, después de una ola ascendente y efervescente, y con
ello, la composición política se hace más adversa a la producción y
reapropiación de lo común, y el Estado se hace más reaccionario y conservador,
la única alternativa ante esto es procurar el florecimiento territorial de lo
común, de la comunalidad –vista como estabilización de lo común–, que permita
que los procesos de lucha social, la configuración de alternativas y
transformaciones, se hagan más orgánicas.
Si el Estado es también una creencia
colectiva, es fundamental construir nuevos sentidos comunes, nuevas creencias
sociales que busquen desplazar a la conciencia colectiva de su inevitabilidad,
al fetiche del Estado, a su capacidad de abstractalizar el poder, a su esencia trascendente,
para en cambio territorializar la posibilidad emancipatoria.
Notas: (…)
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203070
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