martes, 29 de septiembre de 2015

Encontremos razones para involucrarnos en que podemos sostener buenos vivires y erradicar el extractivismo.


¿Por qué Perú dice no al Grupo México con sus garras en Tía María?
Trasnacionales mineras: ignorancia y ecocidio colonial en Perú.
21 de mayo de 2015
(Continuación de ““Somos el entorno que hemos construido, el territorio que hemos inventado. Y tenemos derecho a este territorio” en este blog).


 Por Jorge Lora Cam (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP)


(…)ROMPER CON LA IGNORANCIA SOBRE EL GRUPO MÉXICOY LA CONTAMINACION DEL SUR PERUANO 
Es este hermoso territorio conocido milimétricamente por las culturas de los pueblos originarios el que hoy se nos hace desconocido. Durante décadas y hasta hoy, el conocimiento geográfico y las disciplinas afines han sido y son un monopolio de los poderosos y sólo las manejan unos pocos; sin embargo, hace algunos años, los pueblos han asumido el combate por sus territorios y se vienen apoderando de saberes parciales desde su experiencia. Además el tema del ecocidio y la justicia ambiental tiene complejas aristas políticas, económicas, jurídicas, sociológicas, culturales, etc. que deben subsanarse para el desarrollo de una conciencia ambiental y ello se va paulatinamente desde la propia lucha.

En este ensayo examinaremos lo ocurrido desde hace 60 años en una de las zonas más desérticas del mundo (parte norte del desierto de Atacama) existente en los departamentos de Moquegua, Tacna y Arequipa, respecto a la sobreexplotación irresponsable de los escasos recursos hídricos, que provienen de humedales, manantiales, aguas subterráneas, filtraciones de cuencas hídricas y glaciares nacientes en las cabeceras, a consecuencia de as captaciones por la empresa minera SOUTHERN PERU (SPCC). Incluso las aguas depositadas en la represa de Pasto Grande, que fue la esperanza para solución de consumo de la población de Moquegua e Ilo, para el mejoramiento del valle viejo, para la ampliación de la frontera agrícola en 10,000 hectáreas, hoy están totalmente contaminadas. La población consume esta agua envenenadas. La micro cuenca del río Torata y el río de Asana-Tumilaca y sus afluentes, que son la única cuenca hídrica que les queda para el consumo de la población de Moquegua e Ilo, para la agricultura alimentaria de Pocata, Coscore, tala, Tumilaca y parte de Samegua y Charsagua, siguen siendo destruidas y contaminadas por la empresa minera SPCC, que ahora se va sobre los ríos de Arequipa. La minera SPCC en Cuajone, Toquepala está utilizando a diario de 5 a 10 toneladas de dinamita y reactivos químicos en forma indiscriminada contaminando el aire, el mar, los ríos, suelos, causando graves e irreversibles daños ambientales.

Los impactos ambientales son estrictamente impactos negativos: demanda de gran cantidad de agua, explosión y molienda de toneladas de roca generación de uso de toneladas de productos químicos: cianuro,Ødrenajes ácidos y movilización de metales pesados  arsénico, ácido clorhídrico, soda caústica, etc Lo mismo se espera de la empresa minera chilena ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. –de un país que hace más de un siglo se apoderó de los yacimientos bolivianos y lo hizo primer productor mundial de cobre- que explota en Moquegua el yacimiento minero del mismo nombre. Esta mina se encuentra ubicada en la cabecera de la cuenca hídrica del rio Asana-tumilaca y en el mismo cause y eje del rio. Con la mundialmente condenada explotación a tajo abierto usan el mismo cause del rio como botadero de los minerales de baja ley, un crimen de lesa humanidad y ecológico. Frente a la usurpación y violación de los derechos del pueblo en territorios comunales alto andinos por las actividades extractivas, estas empresas expropian, desalojan, contaminan, reprimen a las comunidades. Los combates contra la minería han incidido en la visibilización de las comunidades y familias afectadas por las empresas extractivas en actividad y puesto sobre aviso de una inminente crisis alimentaria en el sur de Perú. En todo este país existe un despojo sistemático de la población andina-amazónica de sus tierras y recursos naturales que llega al genocidio, a la voracidad de nuevos señores feudales, de la oligarquía de las empresas mineras, petroleras, gasíferas, y las poderosas empresas transnacionales sólidamente implantadas en territorios y tierras indígenas. No es admisible que las corporaciones financieras internacionales, en complicidad con los gobernantes, a sangre y fuego fomenten la explotación de recursos minerales, hidrocarburíferos, recursos hidro-energéticos y biológicos; en condiciones lesivas al interés nacional, y perniciosas al medio ambiente que es patrimonio de los pueblos y de toda la humanidad. Las comunidades y los pueblos de Perú, no están luchando por un canon, o por más regalías, están defendiendo la soberanía nacional, el territorio de los pueblos originarios de la costa y andino-amazónico, defendiendo la vida, el agua, el aire, el sol, la tierra, el respeto al ser humano.

La situación del territorio y los derechos de las comunidades corren un peligro permanente y propicia el riesgo de una migración desproporcionada a las ciudades en busca de mejores oportunidades. En estos conflictos ambientales, los agricultores y especialmente los mas pobres se alinean al lado de la preservación de los recursos naturales, no por ideología ecologista, sino en virtud de su experiencia y sus propias necesidades de supervivencia, de preservar los medios de vida, a veces expresadas desde la diversidad cultural, como la idea de la madre tierra o expresada en justicia ambiental o los derechos de la naturaleza, hoy abanderadas por los pueblos indígenas.

El informe de la UNOPS (Naciones Unidas) señala que del total de observaciones, el 29% se refiere a la línea de base socioambiental y el 37% a impactos potenciales. Es decir, en el EIA de Tía María no se ha valorizado correctamente algunos impactos del proyecto en la zona. Por ejemplo, el hallazgo 123 del informe señala que no se ha efectuado ningún tipo de valoración económica de impactos en los servicios ambientales relacionados con el agua; el 171 menciona los posibles impactos sociales producto del crecimiento de la población, también se mencionan las sumas y restas en materia de empleo, el encarecimiento del costo de vida, etc. En suma, el informe hace hincapié en temas que no han sido tomados en cuenta y menos aún valorizados. Vandana Shiva advertia al iniciar el nuevo milênio que una renovada estratégia de globalización y libre comercio se cernía sobre el mundo como un huracán, anulando todos los avances ambientales, aumentando las presiones sobre el medio ambiente y engendrando nuevos riesgos ecológicos como la producción de organismos modificados genéticamente.4 De hecho, frente a los progresos en los debates en organismos internacionales, las discusiones promovidos por las ONG y las propuestas de políticas publicas, como las educativas, existe desde que se inicia este saqueo una producción deliberada de ignorancia sobre los peligros ecológicos como la desregulación de la protección ambiental y la destrucción de los modos de vida ecológicamente sostenibles de agricultores, comunidades agrícolas, indígenas, pastorales y artesanas de la periferia. Los más pobres de la humanidad, sufren una devastación, desviación y apropiación de sus ecosistemas para extraer recursos naturales o arrojar residuos, contaminando y destruyendo sus fuentes de vida y sostén. En un mundo en el que todo se vende y las potencias económicas controlan el mundo y son el único factor determinante del poder y el control, los recursos se pierden y nos queda la contaminación. Es frustrante el relativamente escaso impacto de las acciones educativas, de la baja calidad de las propuestas en la educación formal, de la poca preparación del profesorado, de las preocupaciones ante la irreductible permanencia de la monodisciplinariedad en las universidades, y de la cerrada oposición a abrirse a un verdadero cambio de paradigmas. Es preocupante la superficial expresión de muchos programas denominados de educación ambiental, pero dedicados a campañas concretas poco eficaces, o a la simple elaboración de folletos o de cursos esquemáticos sobre aspectos puntuales concernientes a la conservación o a la contaminación Perú, con su débil propuesta de educación formal, y con las dispersas experiencias de educación ambiental comunitaria, participativa e intercultural, no pudo conseguir el desarrollo de la conciencia ambiental. La conciencia se desarrollo en la resistencia. No obstante las enormes resistencias a la inversión minera (CONACAMI y los pueblos en lucha) y la destacada presencia de propuestas de participación comunitaria, los defensores del crecimiento: el Estado, empresarios y los medios abandonaron los temas relativos a la justicia ambiental, la biodiversidad y a la diversidad cultural a favor de trasnacionales. 

Mientras unos buscaban acabar con la contaminación y descubrir rutas creativas para la recuperación, la revalorización y la aplicación de los ancestrales saberes ambientales comunitarios, otros hablaban del “perro del hortelano” y subastaban regiones integras de estos países. En este ensayo nos vamos a referir a la contaminación ambiental y el significado de la ignorancia de una negra historia, la protagonizada por la Southern Perú Copper Corporation, ya en manos del Grupo México desde 1999. Comenzó a explotar una mina a cielo abierto en Toquepala, en 1956, el mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo, en 1960, ambas en el departamento de Moquegua. En 1976 abrió una segunda mina, más grande aún, Cuajone, en el mismo departamento. Durante años la Southern fue el mayor contribuyente de Perú y el mayor contaminante de tres departamentos: Moquegua, Arequipa y Tacna. En los años 90 ya no encuentran desprevenidos a los pueblos, la experiencia de los combates han desarrollado conciencia. Los agricultores y pobladores conocen lo suficiente como para no dejarse engañar. Los trabajos de exploración para la nueva mina Tía María en Arequipa comenzaron en 1994 y en 2007 la Southern anunció su plan de inversiones de mil cuatrocientos millones de dólares para extraer unas 120 mil toneladas de cátodos de cobre, mediante dos tajos abiertos en alrededor de dos décadas. Así mismo, utilizaría las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarán en el Valle del río Tambo. Aunque luego de ser observado el proyecto, la empresa y el Estado aseguran que se purificara agua extraída del mar mediante una planta de tratamiento. Después veremos que lo mismo se dijo para la su fundición en Ilo y siguieron usaron ríos, aguas subterráneas en la mina. Es por aquella experiencia de los humos, de la que también fueron víctimas que el 2009, los pueblos de todos estos valles rechazan el proyecto minero y denuncian que afectaría la disponibilidad de agua, limitando la producción de arroz, caña de azúcar, ajos, cebollas, páprika y otros productos en este rico valle. La población rechazó desde la primera fase, pues también fueron testigos del estancamiento de todos los pueblos vecinos donde están los yacimientos y del puerto de Ilo.6 Presumen que la minera usará el agua que se utiliza para la agricultura y provocaran un ecocidio similar al anterior.

Desde 2010 la oposición se fue convirtiendo en resistencia permanente. Y es que, para la actividad agrícola no solamente es fundamental el uso del agua, sino los ciclos hidrológicos que se dan a nivel de toda la cuenca, los cuales afectan directamente al suelo. La actividad minera a tajo abierto afecta directamente al suelo y al subsuelo, así como a la vegetación, fundamental como soporte, ya que el ciclo hidrológico incluye al agua subterránea y a los procesos de infiltración, percolación, así como la capilaridad del agua. Es después, el 16 de marzo de 2011, que el Frente de Defensa del Valle de Tambo difundió públicamente un informe de impacto ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que aseguraba que la empresa no tenía un estudio hidrogeológico de la zona. Las masivas manifestaciones de rechazo fueron recibidas con balas, dejando tres muertos y cincuenta heridos. El gobierno rechazó el estudio de impacto de la empresa y el proyecto quedó congelado. Pero en agosto del 2014, se fueron imponiendo los intereses de la SPCC y el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo estudio de impacto ambiental asegurando que se habían subsanados las observaciones. Esa decisión disparó la actual movilización popular que cuenta con el apoyo de los tres alcaldes del Valle de Tambo que participan activamente en la protesta. La empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. El informe de la UNOPS (Naciones Unidas) señala que del total de observaciones, el 29% se refiere a la línea de base socioambiental y el 37% a impactos potenciales. Es decir, en el EIA de Tía María no se ha valorizado correctamente algunos impactos del proyecto en la zona. Por ejemplo, el hallazgo 123 del informe señala que no se ha efectuado ningún tipo de valoración económica de impactos en los servicios ambientales relacionados con el agua; el 171 menciona los posibles impactos sociales producto del crecimiento de la población, el escaso impacto en materia de empleo, el encarecimiento del costo de vida, etc. En suma, el informe hace hincapié en temas que no han sido tomados en cuenta y menos aún valorizados. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental multó 14 veces a Southern Copper. En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgica. En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de un millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.

El gobierno central y los medios, conforme a su mayor sometimiento al capital, decidieron actuar asumiendo la representación de la empresa mexicana marcando así una ruptura profunda con la sociedad civil de la región Arequipa. Divorcio que se recrea a cada momento y se puede rastrear en la memoria desde la creación violenta del Estado peruano sobre una nación inexistente, donde los ciudadanos tampoco existen pues las personas tienen derechos diferenciados de acuerdo a sus ingresos y el color de la piel. El desprecio a los pueblos deriva en actitudes como la del Primer Ministro y el Ministro del Interior que al comenzar el paro indefinido el 23 de marzo, decidieron enviar dos mil policías al Valle de Tambo, que volvieron a asesinar a dos e hirió a decenas de luchadores. Y mas tarde recurrieron al mismo ejercito. El gerente de Relaciones Institucionales de la Southern Copper, Julio Morriberón, contratado para hacer “trabajo de campo con los agricultores” (trabajo sucio), al no poder corromperlos dijo que los opositores son “terroristas antimineros”. Un ex congresista declaró que Marco Arana, que dirige la ONG antiminera Grufides, es el sucesor del senderista Abimael Guzmán, que no por casualidad nació en el Valle de Tambo.

Como se ha venido tratando a la oposición en los últimos 20 años todo luchador social es “terrorista senderista”. Mientras el gobierno rechaza la posibilidad de hacer una consulta ciudadana sobre la minería, los medios afines al oficialismo sostienen la falacia de que en el valle de Tambo hay una mayoría silenciosa a favor de la mina que está siendo sometida por una minoría. Sin embargo, hace unos meses los defensores del medio ambiente ganaron las elecciones y el paro es total, al que se ha sumado el pueblo de Mollendo y la ciudad de Arequipa, capital del departamento. El otro argumento se centra en el crecimiento. Según Joan Martínez Alier, ecologista y profesor de la Universidad de Barcelona, el PBI es bruto o en el mejor de los casos ciego. El PBI suma algunos factores y se olvida de restar otros: por ejemplo, nunca se toma en cuenta la pérdida de biodiversidad o los servicios que brinda la naturaleza y que no cuestan; son gratis. Así por ejemplo, el PBI no considera la desaparición irreversible de los glaciares andinos, producidos por el ecosistema hace miles de años y que hoy los extraen las empresas. El PBI creció en un 8% y al mismo tiempo decreció en biodiversidad 4%: no contamos con un inventario general y riguroso de biodiversidad”. La minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo.

Perú es, junto con México, Chile y Colombia, el país que concentra más conflictos mineros según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre los grandes países de la región, son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indígenas, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente. Son los países que conforman a Alianza del Pacífico y, como en todo el mundo, sus aliados mas corruptos y autoritarios. Y así como durante décadas fuimos iletrados en estos temas, en el 2013 en una visita al puerto de Ilo pudimos observar que estudiantes de los últimos años de ingeniería ambiental (creada el 2010 en la Universidad Publica) no conocían a la empresa SPCC, ni que decir de su historia, sus instalaciones, el problema del ecocidio o la complejidad de la construcción del saber ambiental.

Ni una noción sobre la conservación y el buen uso de los recursos naturales con mirada intercultural. Tampoco se examinaba la relación entre los procesos de educación formal y no formal o la difusión hacia la sensibilización y la concienciación ambiental enmarcada en una ética ambiental, en el reconocimiento y a la recuperación de los saberes, y la comprensión de las cosmovisiones andina y amazónica. Por tanto no existía la menor la preocupación por ahondar en la investigación, en los debates conceptuales ni la búsqueda de experiencias a ser criticadas y sistematizadas para ampliar los procesos educativos ambientales y para lograr mayores resultados a nivel local y regional. Menos aun el encuentro entre los procesos de educación intercultural y la educación ambiental; o referencias a las cosmovisiones y el pensamiento ambiental; o la creciente importancia de la ética en la reflexión y en la acción ambiental.

Tampoco se daba un diálogo de saberes y su aporte a la complejidad ambiental. En síntesis no se discutía ni se discute la megadiversidad biológica, su conservación y potencialidades. Tampoco alternativas de vida en la gran diversidad cultural y en los valores y potencialidades derivados, reconociendo la existencia de un amplio patrimonio natural, histórico y cultural, base de un pensamiento crítico y constructivo.

En las políticas públicas, mientras la municipalidad y el Gobierno Regional “concertan” con las trasnacionales no existen agendas para municipios autosustentables; en las escuelas no existen centros educativos que enseñen problemas ambientales o que desarrollen acciones en las aulas o en las calles con la comunidad. No hay una política que esté dirigida hacia la gestión ambiental y hacia la sostenibilidad en los ámbitos rural y urbano. No existe una orientación a la participación, a la acción ciudadana y a la gestión. El debate sobre la falacia de la “oportunidad” que generan los recursos naturales para el crecimiento económico tiene ya varias décadas. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado 1968-1973 propuso que los ingresos de Cuajone y Toquepala, así como los provenientes del petróleo de la selva proveerían las bases para la industrialización. Así, los Recursos Naturales serían el medio para conseguir el crecimiento con industrialización y valor agregado. Ello es de particular relevancia política en el caso del sistema minero-energético en países en el que predomina el modelo neo-extractivista tipo enclave vigente en la actualidad. Con su sucesor, el General Morales Bermudez, van cambiando las políticas y con el tiempo aparece el fenómeno denominado “puerta giratoria”, cuando altos funcionarios de empresas privadas dejan su cargo para asumir responsabilidades públicas en instituciones oficiales del ámbito minero-energético y ambiental, sin dejar de lado el de la hacienda pública, y que incluso luego dejan su cargo público para retornar al sector privado relacionado con el sistema, etc., puede generar/reproducir serios conflictos de intereses público-privados, en particular cuando se trata de ingentes sumas de dinero involucradas en algunas decisiones gubernamentales que afectan/benefician a empresas particulares. Tuvieron que transcurrir muchos años para que en esta tierra de nadie se abra un amplio campo para la regulación estatal con miras a implantar con rigor un régimen de incompatibilidades que coadyuve a la renovación/preservación de la moral y ética en el desempeño de las funciones públicas, con énfasis en ámbitos de particular relevancia para los intereses del Estado y la sociedad como es, por ejemplo, el manejo de los recursos naturales no renovables.

Instalada la idea de crecimiento igual a desarrollo se naturaliza el otorgamiento de tratos preferenciales excesivos a favor de unos intereses particulares sin la debida justificación socio-económica ni con una adecuada corresponsabilidad social, que podrían llevar a cuestionar sobre una eventual influencia desmedida de los beneficiados sobre esferas decisorias en las instituciones públicas responsables. Por supuesto, ello conduce a la materialización de faltas u omisiones, individuales o de sistema, según el caso, en la gestión pública a la luz de los fines fundacionales de las entidades oficiales comprometidas. Se tuvo que llegar al siglo XXI para que aparezca el debate jurisprudencial sustancial en la búsqueda por garantizar derechos fundamentales es lo relacionado con la explotación de recursos naturales no renovables, que vindica el principio de precaución, sustentándose, en la aprobación de diversos instrumentos transnacionales para el reconocimiento de la protección del ambiente y el derecho a un ambiente sano en un lugar preferente en el ordenamiento jurídico, y para dar relevancia a la conexidad entre el ambiente sano y el derecho a la vida y la salud. Empieza a discutirse el principio fundamental prevaleciente sobre la obligación estatal e individual de proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación, en el contexto de la relación entre el ser humano y el ecosistema. Y también la aplicabilidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río+20 incluyendo los principios generales mediante los cuales los Estados deberán aplicar ampliamente el principio de precaución para, entre otros propósitos, impedir la degradación del medioambiente, sin que pueda sacrificarse su aplicación en aras de la inmadurez científica, es decir a falta de certeza científica. Ante los altos precios de los minerales los congresistas también fueron forzados a debatir los tratos preferenciales a favor de las empresas mineras en los regímenes tributario (y en decisiones sobre liquidación de impuestos de índole administrativa) y cambiario, podrían reflejar en algún grado la influencia determinante de las mismas empresas sobre funcionarios públicos (incluidos congresistas) e instancias de la institucionalidad competente, quizás más allá de lo que se aceptaría bajo prácticas de lobby debidamente regladas.9 La impunidad ya esta naturalizada y no sobra recalcar que, en general, en aquellos casos en que hubiera alguna evidencia de la posible ocurrencia de hechos de tipo delictivo o ilícito como conducentes o explicativos de faltas u omisiones de la gestión pública, individual o de sistema, ni siquiera se ponen en conocimiento de las instancias judiciales competentes para dictaminar sobre el carácter penal, más allá del moral/ético y fiscal/administrativo, de las faltas en cuestión.

Es así que el Grupo México no obstante los cambios legislativos que limitan en algo su accionar continua con las mismas políticas de las trasnacionales norteamericanas de destrucción de la naturaleza y la sociedad, inventando pretextos y comprando funcionarios y políticos para no realizar las inversiones en una nueva fundición que no contamine con los humos ni con los venenos que llevan a ríos, aguas subterráneas y mar los relaves y escorias. Años atrás el Ministro de Energía y Minas fue ex funcionario de la Southern Perú Limited. La contaminación es regional en el suroeste de Perú y afecta con los humos en especial a uno de los puertos más importantes de Perú. La empresa ha evitado que haya registros de enfermedades pulmonares –las más evidentes y con mayor índice de causa de mortalidad- ordenando al Ministerio de Salud que no se cree la unidad de enfermedades broncopulmonares en ningún hospital ni envíe especialistas en neumología, cometiendo un doble homicidio intencional, por el cual –y por muchos motivos más- debería ser juzgado en una corte internacional. La destrucción de las economías nacional-regionales ha provocado un enorme desempleo que ahora sirve de pretexto para que los estados neocoloniales defiendan a estas empresas y que los pueblos a veces no sepan que hacer frente a una empresa que ofrece empleo aunque invierta poco, despida trabajadores y cada vez tenga más exoneraciones tributarias. Las autoridades políticas son fáciles de comprar, incluyendo a los alcaldes que se venden al Grupo México. Uno de ellos amnistió a la SPCC del pago acumulado del impuesto predial urbano por millones de dólares, pues esta empresa además se ha apropiado de gran parte de la ciudad, de sus inmediaciones y del departamento entero. Es en Ilo, el lugar donde la empresa trasnacional mexicana Grupo México heredera de la empresa norteamericana Southern Perú Limited (SPL), a fines de la década de los 50 cuando inicia la explotación de los yacimientos de Toquepala, instala una fundición. Y donde 20 años después el Gobierno Militar les entrega otro inmenso yacimiento (Cuajone) y construye una refineria que mas tarde será privatizada por el Gobierno de Fujimori en favor de la citada trasnacional, que recientemente ha construido, en medio de la ciudad, una planta de ácido sulfúrico con una capacidad de 150 mil TM anuales, cerca de fabricas de harina de pescado concentrando contaminación en un Pueblo de 80 mil habitantes . La producción de cobre blister alcanza las 300 mil Tm/año y se refinan 180 mil con una pureza del 99.99%. Para conseguirlo emiten 1912 TM/dia de gases sulfurosos (mayor que en todo el lado pacífico norteamericano); arroja al mar 2,100TM/dia de escorias restando un metro de playa al més; consume 1800 lt./seg. de agua de alta calidad; deposita 47,000 m3/día de relaves. La cuenca del Moquegua sigue siendo destruida, la extracción de agua subterránea ha secado bofedales y pastizales, la fauna ha muerto o migrado. Al disminuir el caudal de los ríos afectó la agricultura, ganadería y el uso doméstico.

Esta expansión de la SPL corresponde a una etapa del proceso de mundialización de la economía de rapiña capitalista que se inicia a fines del siglo XIX y se le conoce como Imperialismo. Se crean las bases para un incesante saqueo del mundo natural. La responsabilidad de los gobiernos y políticos, de las empresas subcontratistas y profesionistas peruanos subordinados a la trasnacional es enorme. En 1996, ante las demandas por contaminación y daños a la agricultura y a la salud contra la SPL, de pobladores de Ilo, Tacna y Mollendo, el Presidente Fujimori promulga el DL Nº 26631 cuya finalidad es proteger a la SPL de cualquier acción legal de la sociedad ante la contaminación. En su artículo 2 la ley señala que quien cuenta con programas de adecuación ambiental no se le puede iniciar acción penal y que quien decide la procedencia es el ejecutivo. Mientras tanto quienes luchaban contra esa empresa (ONGs, Municipalidad) callan y olvidan y prefieren hablar de de concertación y triunfos, cuando el ecocidio continua con mayor intensidad. Hace medio siglo, Ilo era una pequeña caleta de pescadores donde todos, los menos de 3,000 habitantes, nos conocíamos. Nuestro mundo estaba entre hijos de pescadores, comerciantes, trabajadores urbanos y agricultores. Estábamos orgullosos de nuestro mundo, de los peces extraídos de un mar limpio y bravío, aceitunas de olivos coloniales irrigados por un río que tenía agua casi todo el año y que traía hermosos camarones y lisas. Del mar consumíamos los mariscos, corvinas y lenguados como en pocos lugares del país. Intercambiábamos con Moquegua y los valles cercanos de Tacna los nutritivos complementos alimenticios agropecuarios que allí se producían como las paltas de Moquegua, las papas de Carumas, los panes de Omate y las uvas de los valles de Omate, Locumba, Cinto. Presenciábamos el pastoreo de ganado en las lomas de Ilo y en las vecindades de lo que hoy es la fundición. Pescábamos debajo del muelle y en pequeñas lanchas; y, en verano disfrutábamos de nuestras cercanas, limpias, hermosas y libres playas. En fin vivíamos una complementaridad y equilibrio ecológicos a nivel regional que fueron rotos por la SPCC, desde el 12 de octubre de 1960, hace 55 años. Sin embargo, hay que decirlo, en aquellos primeros años todos compartíamos y asociábamos la idea de progreso a la llegada de la SPCC.

Nuestra ignorancia de lo que es el capitalismo nos creó ilusiones. Ahora "teníamos" un hermoso espigón, otro pequeño pueblo: Ciudad Nueva con casas de concreto, un centro comercial, el club de obreros y un cine al aire libre; una fundición con dos impresionantes chimeneas. Nos asombrábamos de la zona exclusiva donde vivían los "gringos" con jardines y todas las comodidades. Crecieron los primeros negocios y se crearon nuevos: farmacias, heladerías, ferreterías, panaderías, cines, tiendas de prendas de vestir, talleres de servicios, bares y billares, estación de radio. Hasta que aparecieron los problemas. Al llegar a Ilo en unas vacaciones, después de meses de ausencia estudiando en Arequipa, nos enteramos que a los agricultores del valle los estaban indemnizando por su mala cosecha de aceituna, con miles de dólares. Creíamos que era un hecho casual. En otra oportunidad nos encontramos sin agua de uso doméstico, por supuestos problemas con los pozos, y que la SPCC donaba agua a los habitantes del puerto en carros cisterna. La gente opinaba ¡que sería de Ilo sin esta empresa que generosamente nos obsequia agua!. Cada vez teníamos menos playas para disfrutar en verano pues iban desapareciendo por las escorias y relaves, que se juntaban con la aguas servidas de una población en crecimiento e incluso una de las más bellas fue ocupada por un nuevo cuartel, a la sazón construido para proteger a la empresa de los obreros en rebeldía. Para entonces ya comíamos aceituna quemada por los gases de la fundición, la vida encarecía, las lomas estaban en extinción, los peces y mariscos eran mas escasos, contaminados, caros y menos sabrosos que antes. Ocurría el mismo fenómeno que con el abastecimiento de los antes exquisitos productos regionales. A fines de los años 60 la depredación marina por las numerosas empresas extractoras e industriales pesqueras habían agotado algunas especies marinas. Las huelgas y los conflictos sociales iban in crescendo (promediando 30 años -1960-1990- se calcula en 43 días/año de paralización laboral por huelgas de los trabajadores de la SPCC). Las montañas de mineral de Toquepala parecían agotarse –lo que decía la empresa-y se imponía comenzar con el yacimiento de Cuajone.

Al comenzar los años 70 los mineros de Cuajone dirigidos por un sector de la izquierda emprendieron una lucha de varios meses y pocos años después se desatan los combates contra la contaminación ambiental encabezada por otro sector de izquierda, que después cogobernará con Alejandro Toledo, inclusive integrándose en el mismo partido: Perú Posible. Más tarde apoyarán a Alan García y a Ollanta Humala. En 1976-77, cuando entraron en valor Cuajone y el oleoducto, Perú ya atravesaba una fuerte crisis de endeudamiento y de balanza de pagos. El gobierno militar había cambiado de signo y desmontaba las reformas para preparar su salida. Ese nuevo contexto tiro al tacho los planes iniciales. En síntesis, no se puede cometer el error de los años 70 ni tampoco creer que los precios bajos son un bache de corto plazo y que el modelo “está bien”. O que basta con una “buena política macro” que reactive la economía. Esa es condición necesaria, pero no suficiente. No es cierto que el crecimiento deba ser el único objetivo. En esos años, con una tecnología inmensamente superior, con menos costos y trabajadores, acumulando reservas estratégicas pretendían acabar con el yacimiento en menos años. El naciente capitalismo era aislado, salvaje y autoritario: los derechos humanos siempre estuvieron ausentes y los reclamos eran enfrentados con violencia, los trabajadores morían con cirrosis y enfermedades afines.

La democracia nunca logró realizarse, porque entre otros factores la SPCC era superior a cualquier poder interno y distorsionaba toda la vida política. Tuvieron que transcurrir muchos años para tener conciencia del mundo en que vivíamos., Fuimos explicándonos la realidad. Entendimos que la destrucción ecológica y la degradación del medio ambiente era uno de los productos del capitalismo en la minería, que la compulsión por la reproducción ampliada de capital al servicio de una acumulación cuyo centro es exterior a la región y al país solo empobrece y desangra. Dedujimos que al capitalismo era imperialista y no le interesa el agotamiento de inmensos recursos no renovables, ni el irreversible daño a los supuestamente renovables o afectar seriamente la fauna y la flora. Comprendimos también que ciertos metales y minerales como el cobre, el zinc, el hierro, plata, el molibdeno y el renio (que se usa en naves espaciales) entre otros provenían de estos yacimientos, y que constituyeron el factor crítico en el impulso económico industrial de la postguerra, que algunos de ellos son estratégicos en la producción moderna industrial y particularmente en la industria bélica, y también que esas inversiones dieron inmensas ganancias a los inversionistas. A tal punto que entre 1960-1969 la principal socia ASARCO (asociada al Grupo Morgan) recibió de la SPCC el 50% de sus ganancias totales y otra de las socias la Phelps Dodge (Dupon Chemical Bank) percibió el 22% de los beneficios globales. Finalmente es sumamente relevante la dimensión geopolítica de la inversión en materias primas, asociada a las relaciones internacionales de poder, a las alianzas y rivalidades entre las grandes potencias. Tal el caso de Estados Unidos-Inglaterra en los albores del imperialismo. La guerra del Pacífico es un triste ejemplo para los pueblos peruano y particularmente boliviano por no haber entendido la importancia geopolítica y estratégica de las materias primas. No así para el Estado, al que nunca le importó el interés nacional. Revisamos la historia y nos encontramos con que no menos importante es la historia precolonial o prehispánica respecto al "equilibriio geopolítico" interespacial de posesión y disfrute territorial. La coherencia de territorio, recursos, población, cultura, lengua, y de las relaciones económico-sociales y políticas, autodeterminadas e irrepetibles de crecimiento y prosperidad. La simétrica diferenciación étnica, movilidad y consolidación territorial entre oriente y occidente andinos teniendo como eje el centro montañoso. La ancestral y milenaria elaboración colectiva de la explotación simultánea y combinada de pisos ecológicos, de ligazón y complementaridad ecológica, y de la cooperación como relación social básica, la reciprocidad en el intercambio, fueron rotas por la conquista y después por la colonización y mas aun por la independencia criolla.

El sistema colonial cambió la ecología continental en contra del indio y a favor de los pocos blancos, de la costa y los recursos naturales. La historia continúa y aparece en los años 80 una violencia política insurgente que solo se puede inteligir bajo el prisma de un feroz rechazo a la perpetuación de relaciones coloniales, de la colonialidad del saber y del poder, cuando no al capitalismo cuya historia en gran medida equivale a colonialismo y violencia. A fines de los 80 comienza la política neoliberal con Alan García y desde el 90 se generaliza con Fujimori que privatiza las mejores empresas del país. La trasnacional norteamericana: la Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) con una concepción depredadora, expoliadora, racista y omnipotente ha deteriorado el medio ambiente del sur peruano, y ahora continua haciéndolo la empresa mexicana asociada a los mismos capitales de antes, sin mas restricción que la hoy débil lucha popular. Hace 20 años fue la izquierda a la que se agregó la presión de la ONG Labor y algunas instituciones como la Municipalidad del puerto de Ilo, que en los últimos años terminaron posternados ante el neoliberalismo de Fujimori y Toledo. Estos Gobiernos no solo no ha aplicado la legislación nacional existente: principalmente el Decreto Ley Nº 17752 "ley general de aguas" y el Código del medio ambiente y los recursos naturales promulgado el 7 de septiembre de 1990; menos aun acuerdos internacionales como el Protocolo para la Protección del Pacífico Sur contra la Contaminación, proveniente de Fuentes Terrestres, o la Resolución del Tribunal Internacional del Agua firmada en Amsterdam el 18 de febrero de 1992, que directamente acusa a la empresa de violentar las leyes para no regular las actividades de trasnacionales. Y es que hay profundos motivos para no hacerlo. (…)
LA MULTINACIONAL SPCC Y EL INFIERNO AMBIENTAL: EL PORQUÉ DEL RECHAZO A TÍA MARÍA
La contaminación del medio ambiente, entendida como el deterioro de las condiciones que permitan una vida material, social y económica saludable, digna y próspera para todos hoy y después, al afectar la ecósfera sostenible. Un aspecto central es la introducción en el ambiente de sustancias o formas de energía que alteren negativamente las relaciones sociales ecosistémicas y los procesos ecológicos esenciales, la diversidad genética, y el aprovechamiento sostenido de especies; que tengan efectos nocivos, que pongan en peligro la salud del hombre y el desarrollo integral de sectores y actividades humanas, dañe el patrimonio nacional y deterioren el equilibrio y conservación de ecosistemas y recursos naturales en general. La SPCC durante 59 años ha contaminado el medio ambiente provocando descargas, emanaciones y vertimentos contaminantes (gases, escorias y relaves) en la atmósfera, suelo, subsuelo y aguas causando perjuicios y alteraciones graves en la vida humana, flora, fauna y en los recursos hidrobiológicos. 
En febrero de 1992, la Asociación Civil Labor, la Municipalidad Provincial de Ilo y la Comisión Multisectorial Permanente del Medio Ambiente acusaron a la SPCC ante el Tribunal Internacional del Agua de: 1.- Ser responsable de extraer aguas de alta calidad de las cuencas altoandinas con impactos negativos en las Cuencas de Locumba y Moquegua, afectando la disponibilidad de agua para uso doméstico y agrícola. 2.- De descargar relaves al mar destruyendo el cauce del rio Locumba y la Bahía de Ite, ecosistema que ha perdido su diversidad biológica. Del desastroso impacto del área afectada por acumulación de sólidos, oxidación de metales en la playa, entre otros, con el consiguiente daño a la fauna y flora típica de la zona. 3.-De verter al mar, de la fundición, 2,100 TM/día de escorias que destruyen el habitat marino, deterioran el paisaje natural, provocando el crecimiento de la línea de playa -mar adentro- y desplazando peces y mariscos del área intermareal rocosa. 4.-De emitir gases que contaminan el medio marino adyacente por efecto de la precipitación de lluvia ácida y las partículas en suspensión en el medio marino"; reduciendo la existencia de peces y mariscos y ocasionando problemas de salud en la población. 5.-La destrucción del ecosistema de lomas naturales costeras alrededor de la fundición; desertificando un área de mas de 20 Km. alrededor, y provocando la interrupción de las migraciones temporales estacionarias de ganado de la zona altoandina. 

Como podemos apreciar la destrucción del ecosistema es interrelacionada e integral. La responsabilidad principal esta en la SPCC y en el Estado cómplice, desde los presidentes y los jefes de las fuerzas armadas (depositarios únicos y reales del poder), hasta los funcionarios involucrados. La contraloría General de la República ordenó investigar a no menos de 75 funcionarios involucrados en actos de corrupción por no aplicar las leyes del país durante mas de 30 años21. Con estas acusaciones el Juez debió haber ordenado hace mucho la clausura del establecimiento y prisión para los responsables. Pero Perú es un país donde desde siempre -en especial con Fujimori-Toledo-García y Humala no existen los derechos humanos básicos y menos los derechos de otros seres y la mayoría de las generaciones actuales están excluidas, inutilizadas y olvidadas, y por tanto ni se piensa en las futuras; donde, por último, desde la conquista no hubo equidad y justicia entre naciones y países, privando las de dominio y opresión. En este país no sorprende que el derecho a sobrevivir este en el origen de la propia naturaleza; donde de los conflictos políticos y la violencia política. 

Ahora veamos con más detalle las acusaciones a la SPCC. Al comenzar los años sesenta la SPCC ya controlaba la totalidad de aguas de dos departamentos Moquegua y Tacna, a través del uso efectivo, concesiones, reservas, denuncios. Su futuro estaba en el agua, pero a expensas del futuro regional. En un paisaje semidesértico abandonar 350 Has. en los valles de Cinto y Cambaya, aparte de otras 70 que quedaron sin agua en Cinto. Es un proceso que además determinó la salinización de tierras del valle Locumba al perder las aguas del rio Locumba las de su afluente del rio Cinto. Otras mas se perdieron en fundos adquiridos por la SPCC en Moquegua (valle con 13,000 Has. cultivadas). Las zonas de Higuerani, Mirave y Calumbraya, dejaron de cultivarse por falta de agua. En Ite Sur se perdieron 20 Has. mas al ser adquiridas por la empresa. Tan grave como esto es bloqueo a proyectos como Pasto Grande y Maure. Que finalmente se iauguro permitiendo extender la frontera agrícola en 8,000 Has. y mejorado el riego en 3,500, además de generar 280 MW con varias centrales hidroeléctricas, que hubieran evitado el uso por la SPCC de 15 millones de galones de petróleo residual para cubrir 75 MW de energía. La empresa que durante casi dos décadas (1950-1970) logró tener posesión de tres ríos: Moquegua, Locumba y Alto Tambo, hoy usa en exclusividad 53.6 millones de metros cúbicos año de agua de alta calidad afectando a medio millón de personas. Era suficiente hacer un "denuncio", para obtener la concesión, sin importarles las necesidades agrícolas de los agricultores y los potenciales proyectos estatales. Exactamente, como si se tratase de una colonia. Recién en 1970, con la ley 17752 el agua pasa a ser pública y podríamos pensar que acabó el colonialismo. Pero no fué así, el Estado acepta que las actividades de la SPCC son de "utilidad pública" y les otorga la reserva de derecho de las aguas de Pasto Grande, usar el agua de los ríos Torata y Asana para la mina de Cuajone y le autoriza explorar el acuífero Capillune, y poco mas tarde el uso de sus aguas subterráneas. Los conflictos entre los propietarios de fundos del valle de Ilo con la empresa comienzan en 1962. Luego de 28 años después de lamentables confrontaciones entre agentes económicos, pueblos y departamentos por el agua, 3 mil campesinos de Candarave exigieron el cierre de pozos en un codo del río Callazas. Al consumir 1,700 litros de agua por segundo en sus operaciones mineras (principalmente el tratamiento de concentrados, que cada vez es mayor en la medida en que disminuye la ley del mineral) acapara entre el 20 y el 40% del consumo regional. Reduce la cantidad y calidad de las aguas del río Locumba, destruye 21 Km de cuenca del mismo río y del área agrícola adyacente del valle de Ite bajo, y causa la pérdida de 130 Has. de tierras cultivables (ex fundo Sopladera) al verter relaves al cauce del río Locumba, luego de derivar el río por un canal. Destruyó el hermoso y productivo Valle de Cinto (70 Has.) al comprar gran parte del valle para disponer de los ríos Tacalaya y Quebrada Honda y derivar las aguas que irrigan dicho valle y continua concentrando sales en la laguna de Aricota. También es culpable del descenso o nulo drenaje de los flujos subsuperficiales que alimentan la cuenca baja del río Moquegua, provocando el decaimiento agropecuario en los valles de Moquegua e Ilo. En 1976 la SPCC comenzó a explotar cuatro pozos de agua en la Pampa de Titijones -500Lts./seg.- donde nacen los rios Tumilaca y Torata, decayendo el caudal en 986 Lts./seg. Igual hizo en las nacientes del río Callazas en la provincia de Candarave (Tacna) disminuyendo el caudal en 250 Lts./seg. De esta manera provocó también la disminución del caudal del rio Moquegua, Callazas, Torata y Tumilaca. Y es que esta sabia empresa tiene como eje articulador de captación a la Laguna de Suches (vaso colector natural, equidistante de ríos lagunas y aguas subterráneas de las cuencas) usada indiscriminadamente desde 1960. En la cuenca del Río Locumba la SPCC cuenta con cuatro pozos de agua subterránea que alimentan al río Callazas y la propia laguna de Suches, los ríos Tacalaya y Quebrada honda y en la cuenca del río Moquegua pozos del acuífero Capillune, en la pampa de Titijones. Al ocupar las fuentes primarias de agua confunde a los usuarios y evita conflictos directos con la población afectada. Desde allí comienza la tragedia regional. Seca bofedales y pastizales, interrumpe el drenaje natural del agua en la cuenca, provoca la muerte o migración de la fauna y comienza una contaminación sobre todas las aguas con boro, metales pesados como el arsénico. La laguna de Aricota fuente actual del agua de uso doméstico de 100 mil pobladores del puerto de Ilo contiene 3 veces mas arsénico y boro que los permitidos por la ONU, no obstante que los altos costos de su potabilización (30 mil dólares al mes, pagados por el pueblo de Ilo). La agricultura y la población en Sama y Locumba se abastecen de agua con contaminación natural mientras la mina las de mas alta pureza. El Estado respetando la soberanía de la SPCC realiza proyectos de derivación de aguas de Pasto Grande y afianzamiento de Aricota, como consecuencia de la apropiación de la laguna de Suche, invirtiendo millones de dólares. Los Relaves son descargados en el mar desde 1960, hasta 1990 ya habían sido descargados 2'936,000 toneladas métricas de metros cúbicos de relaves, al Océano Pacífico, afectando suelos, aguas y 40 Km2 de mar, desapareciendo todo signo de vida y balnearios. 

Actualmente se depositan 47,000 m3 sólidos/día, esparciéndose en el mar y formando depósitos en la orilla y fondo marino. El área circundante esta totalmente deteriorada, formándose meandros de oxido de cobre en la playa, las partículas sólidas han ocupado 11 Km. y la línea de playa desaparece 50 metros al año. A 19 Km. se encontró moluscos con 48 veces mas cobre que el soportable al consumo humano. Y es que las plantas concentradoras de mineral de la SPCC procesan los metales bajo el sistema de flotación, vertiendo inmensos volúmenes de desechos conteniendo grandes cantidades de partículas de sílice y minerales en suspensión: cobre, plomo, zinc, cadmio, mercurio y aluminio. Pero además reactivos químicos tóxicos del proceso de flotación como el cianuro, arsénico y aceite de pino. Todos ellos viajan 139 Km. en cuantiosas cantidades de agua formando en lo que fue cauce del río Locumba meandros de sales de cobre y de hierro; llegando al mar los metales pesados se dispersan, disminuyen la fotosíntesis, impiden el establecimiento de organismos de fondo y penetran en la cadena alimenticia del ecosistema, pasando por los invertebrados superiores y vertebrados llegan al hombre. De este modo la SPCC provoca una pequeña gran catástrofe ecológica, al acabar toda la zona de afloramiento y de productividad en ríos y mar; destruyendo la cuenca baja del río Locumba (los relaves sedimentados han terminado con tierras de cultivo y la fauna del río). En las Pampas de Ite Bajo, los ganaderos pastan sus animales de carne y leche vendiendo su producción contaminada con metales pesados en Arequipa, Ilo y Tacna. Devastaron la Caleta de Ite, y después decretan la progresiva desaparición de la caleta de Meca Grande Las escorias, provenientes de los hornos reverberos de la fundición de cobre de Ilo, durante 22 años fueron arrojadas en las playas del pueblo de Ilo. Seis Km. al norte de la fundición la línea de playa creció 40 metros desapareciendo como lugar recreativo, junto al hábitat de peces y mariscos. La actividad ictiológica esta siendo desplazada cada vez mas lejos. Esta misma fundición desde hace más de 40 años descarga al medio ambiente gases sulfurosos y partículas finas de metales pesados por cuatro chimeneas, contaminando la atmósfera del valle de Ilo y provocando lluvia ácida sobre suelos y mares, afectando a la población de Ilo, a peces y mariscos y a la agricultura de los valle de Ilo y Tambo. En el verano de 1962 los agricultores del valle de Ilo hacen su primera denuncia; y cuatro años después los propietarios de las haciendas Chucarapi y Pampa Blanca del valle de Tambo, a 80 Km. de la fundición, constatan bajos rendimientos en la caña de azucar. El anhídrido sulfuroso o bióxido de azufre en emisiones calculadas en 1912 TM/día volando a una altura de 50 Mts. a mas de 400 mts. provocando la llamada "lluvia ácida" que se deposita sobre la tierra y el mar circundante a la fundición, afectando tóxicamente a todos los cultivos de las lomas y valle de Ilo, calculados en 50 especies vegetales cultivadas y silvestres. La "bruma fotoquímica" se extiende como niebla a decenas de km. a la redonda, disminuyendo la radiación solar y concentrándose acumulativamente el anhídrido sulfuroso en las plantas. Los efectos fitotóxicos del so2 (anhídrido sulfuroso), de la lluvia ácida que surge de la síntesis del so2 en so4H4 (ácido sulfúrico y sulfatos), va desde la necrosis foliar, reducción de la fotosíntesis, retardo en el crecimiento y reducción de la vitalidad de los cultivos, hasta la acidificación y modificación de la composición de los suelos, el abrasamiento de las plantas, repercutiendo en los rendimientos y los precios. La expansión por los vientos llegan a 300 km. a la redonda, incluyendo alejados valles de Arequipa: Majes y Chala, pasando por la propia ciudad de Arequipa. Los daños mas agudos se presentan en el valle de Ilo, las quemaduras y necrosis foliar fueron avanzando desde las hojas del olivo hasta la caída de la aceituna. Ataca los árboles mas cargados de frutos, las ramas que brotan el primer año y los estacones de propagación, afectando la productividad. Si en la campaña 1966-1967 fueron 400 quintales de aceitunas perdidas en la de 1984-1985 aumentaron a 8,998. En las nueve primeras campañas desde 1967 hasta 1976 los gases ingresaron al valle 8.3 veces por campaña. En 1976 se amplió la fundición para procesar el cobre de Cuajone, ahora eran 4 chimeneas, y el promedio de ingresos fue de 44.4 veces. Mientras que la SPCC indemnizó a los agricultores con 230,000 dólares en 25 años.22 La SPCC esta destruyendo el valle de Ilo y a la población del puerto. Esta empresa construyó un pozo de agua en el corazón del valle que terminó con parte del mismo y con el agua potable. De otro lado, por el propio sistema de trabajo en la fundición -para no hablar de los mineros que respiran reactivos químicos y polvo tóxico- los trabajadores están expuestos al so2 y a partículas de metales pesados. La población del puerto de Ilo viene sufriendo altas concentraciones de SO2 en la atmósfera e incluso metales pesados. Faltan estudios exhaustivos y cuidadosos de la incidencia de los humos en la salud de la población. No obstante hay evidencias dramáticas como la suspensión de actividades físicas en centros escolares cuando los accesos de tos en los niños es generalizado. Algunos indicadores como el análisis del número de consultas, asociadas a ya conocidos efectos nocivos del so2, en hospitales públicos y privados, y en consultorios privados, muestran una alta tasa de problemas respiratorios. Igualmente las principales causas de mortalidad en los 10 años están asociadas a tumores, a la circulación sanguínea, al aparato respiratorio y a los órganos hematopoyéicos. En un pueblo desnutrido con un alto porcentaje de enfermedades respiratorias (rinitis, faringitis, traqueitis, fibrosis pumonar, bronquitis crónica y asmatiforme, crisis asmática) las consecuencias son fatales, principalmente para la población con enfermedades crónicas y para los niños y ancianos. Le siguen en porcentaje de consultas las enfermedades digestivas, a la piel, tuberculosis y cáncer. La SPCC-SPL nunca pagó un dólar por daños a la salud. 

Haciendo un resumen global de los efectos de la actividad de la SPCC, tenemos: AGUA: Interrupción de nacientes de rios, desaparición de ojos de agua, descenso del nivel de aguas subterráneas y depresión del nivel freático de acuíferos, disminución de la calidad de agua, envenenamiento de aguas de consumo humano y conflictos entre poblaciones por la distribución del agua. RELAVES: utilización de cauces de ríos, cambios geomorfológicos y contaminación con metales pesados tóxicos del medio ambiente marino, crecimiento de playas de relaves y acumulación de relaves en el fondo marino. ESCORIAS: modificación geomorfológica del litoral , crecimiento de línea de playa y desplazamiento del habitat natural de peces y mariscos y disolución de escorias por efectos de lluvia ácida. Todo ello provoca el deterioro de ecosistemas de las pampas altoandinas, de los valles interandinos y costeros, en su flora y fauna típicas; cambios geomorfológicos y detrimento del ecosistema marino; disminución de la productividad marina y desaparición del habitat del camarón y la liza entre otras especies. En la dimensión físico-química, las consecuencias biológicas son la contaminación de metales pesados tóxicos de los habitat marinos y del ambiente por emanación de gases y lluvia ácida. Los daños a la salud pública por el consumo de productos agropecuarios y marinos intoxicados y por el incremento de enfermedades respiratorias, circulatorias, cancerígenas de las vías urinarias. En lo socio-económico se reduce la pesca artesanal, disminuyen las exportaciones de mariscos, reducción de suelos en producción en valles y lomas, de la productividad y rendimientos agropecuarios, alto costo de vida, interrupción de circuitos económicos y culturales entre pisos ecológicos, desaparición de playas y lugares recreativos para la población regional y el turismo, migraciones campesinas y de víctimas del SO2.(...) 


Fuente: http://www.rebelion.org/docs/199032.pdf

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