Santa Fe: datos duros
de una realidad represiva
Esa costumbre
(policial) de matar
25 de septiembre de 2015
Por Fabián Chiaramello (Cooperativa de Comunicación La Brújula)
La provincia sigue engrosando sus estadísticas de abusos y casos
de gatillo fácil. En apenas cuatro meses, se registraron 187 casos de tortura
por parte de efectivos de distintas fuerzas. En el año hubo más muertos por las
balas policiales que los cometidos en robos.
Entre el 18 de diciembre de 2014 y el 4 de abril de 2015, se
registraron 187 casos de tortura por parte de las fuerzas policiales en la
provincia de Santa Fe. El dato sale del último informe del Registro Provincial de Torturas,
Malos Tratos, Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Abuso Policial y Malas
Prácticas del sistema Judicial, presentado en julio pasado. Según el
relevamiento, 108 casos se circunscriben a Rosario. Es decir, casi un 60 por
ciento del total. Completan la lista Santa Fe (34), Venado Tuerto (20),
Reconquista (16) y Rafaela (9).
El informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal
(SPPDP) revela un dato determinante: la mayor parte de las víctimas de abusos y
malos tratos son jóvenes y sólo finalizaron la escuela primaria en su formación
educativa. El grupo de edad comprende desde 19 a 29 años, en su mayoría
hombres (169), mientras que se registraron 10 casos en mujeres y 8 no
aclarados.
El 72 por ciento de los abusos policiales ocurrieron en la vía
pública y un 18 en las comisarías. El informe destaca que el 58 por ciento de
los casos se dio en un sólo lugar, mientras que otro 40 afirma haber sido
víctima en más de un sitio. Los tipos de agresiones son tres: físicas, psicológicas yafectaciones. El trabajo
aclara que en un mismo hecho pueden confluir varias vejaciones. La mayor
cantidad corresponde a violencia física: las más reiteradas son los golpes y
golpizas, pero también aparecen balas de goma, asfixia, submarino seco, picana,
puntazos, entre otras. Las amenazas constantes y maltratos a familiares son las
principales agresiones psicológicas; mientras que el armado de causas es la
principal de las afectaciones.
El Registro Provincial aclara que sólo el 14 por ciento de los
torturadores poseían placa o algún tipo de identificación y sólo un 16 por
ciento de las víctimas pudo identificarlos de otro modo. Del porcentaje
identificado, el 45 corresponde al personal de las comisarías y el 22 al
Comando radioeléctrico. Entre estas dos fuerzas concentran casi la totalidad de
los casos, pero también están mencionadas la Policía de Acción Táctica (PAT),
Infantería, Policía motorizada, Gendarmería y las Tropas de Operaciones
Especiales (TOE), entre otras.
Otro dato que refleja la realidad de las víctimas de torturas es
que el 38 por ciento de los casos registrados no fueron judicializados. Esto se
debe, principalmente, por temor a represalias y por miedo a que empeore la
situación de los que se encuentran detenidos.
El informe del SPPDP demuestra la vulnerabilidad de un sector de
los jóvenes santafesinos que son abusados por distintas fuerzas represivas
estatales. No sólo son víctimas cuando sufren torturas, sino también cuando son
abandonados, cuando se encuentran desprotegidos y sin las garantías mínimas
para denunciar. En ese contexto, sumado a otros factores, muchos de estos casos
no son denunciados ni informados.
En un artículo publicado recientemente en Rosario/12 se confirmó a través de una voz oficial lo que víctimas, vecinos, organizaciones sociales y hasta funcionarios públicos venían denunciando: las detenciones por “portación de rostro”. Entrevistado por Martín Stoianovich, Ariel Sánchez, el regente de zona sur del Instituto de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, admitió que “hay ciertas características físicas que se repiten” en las detenciones. En nombre de la prevención de delitos, declaró: “Yo no soy antropólogo, pero sí ocurre que cuando uno tiene una gimnasia de trabajar mucho tiempo en la calle, a veces se da cuenta de que hay ciertas características físicas que se repiten. Cuando uno detecta ciertos rasgos por formas de vestir o algo por el estilo, podemos cometer el error de estigmatizar”.
En un artículo publicado recientemente en Rosario/12 se confirmó a través de una voz oficial lo que víctimas, vecinos, organizaciones sociales y hasta funcionarios públicos venían denunciando: las detenciones por “portación de rostro”. Entrevistado por Martín Stoianovich, Ariel Sánchez, el regente de zona sur del Instituto de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, admitió que “hay ciertas características físicas que se repiten” en las detenciones. En nombre de la prevención de delitos, declaró: “Yo no soy antropólogo, pero sí ocurre que cuando uno tiene una gimnasia de trabajar mucho tiempo en la calle, a veces se da cuenta de que hay ciertas características físicas que se repiten. Cuando uno detecta ciertos rasgos por formas de vestir o algo por el estilo, podemos cometer el error de estigmatizar”.
Sánchez admite la estigmatización y los abusos que deben sufrir
cientos de jóvenes de los barrios más pobres de la ciudad en nombre de la
“prevención” y la “seguridad”, al mismo tiempo que reivindica dicho accionar.
Muchas de las víctimas de los operativos y de las detenciones arbitrarias de
las fuerzas policiales son los que siguen engrosando las estadísticas de
torturas en la provincia de la bota.
Gatillo fácil
El año arrancó con la peor noticia: el asesinato de un pibe que estaba lavando su auto en la puerta de su casa cuando agentes del Comando Radioléctrico y de la recién estrenada Policía de Acción Táctica (PAT) avanzaban a los tiros persiguiendo a otro joven que había cometido un delito. Tres disparos recibió Jonathan Herrera, mientras intentaba refugiarse de la balacera, la primer semana de enero. Los agentes de la PAT declararon en su momento que lo habían confundido con un presunto cómplice de la persona perseguida. Un “accidente” que costó una vida de 23 años.
El año arrancó con la peor noticia: el asesinato de un pibe que estaba lavando su auto en la puerta de su casa cuando agentes del Comando Radioléctrico y de la recién estrenada Policía de Acción Táctica (PAT) avanzaban a los tiros persiguiendo a otro joven que había cometido un delito. Tres disparos recibió Jonathan Herrera, mientras intentaba refugiarse de la balacera, la primer semana de enero. Los agentes de la PAT declararon en su momento que lo habían confundido con un presunto cómplice de la persona perseguida. Un “accidente” que costó una vida de 23 años.
El último caso registrado es el de Roberto Arrieta. El joven se
trasladaba en moto, junto a su novia, cuando fue embestido por un móvil de la
policía; luego de discutir con algunos efectivos, se dirigió a la comisaría de
Puerto General San Martín a realizar la denuncia. En la seccional, uno de los policías le
disparó a muy corta distancia “con un arma antitumulto”, según informó Karina Bartocci, fiscal a cargo de la oficina de
Violencia y Corrupción Institucional. El tiro fue directo al pecho. Roberto
cumplía 22 años el 6 de septiembre, el mismo día que fue asesinado.
En el medio de estos dos hechos se cuentan más de una decena de
jóvenes asesinados por agentes policiales. Muchos de ellos son presentados a
los medios y a la Justicia como
“enfrentamientos” o “accidentes”; eso ocurrió con las primeras versiones de los
casos nombrados arriba. Sin embargo, la realidad es otra: la mayoría de los
jóvenes asesinados no tenía relación con algún hecho delictivo y, otras veces,
cuando sí hubo un delito, el accionar policial fue desmedido.
En 2014 se registraron 15 casos de gatillo fácil en Rosario. En
una reciente publicación, el Gobierno provincial reconoció que ascienden a 16
los homicidios cometidos por policías durante los primeros ocho meses del año.
Algunos de esos jóvenes, además de Herrera y Arrieta, son Alexis Oscar Rosales,
Nelson Gastón Fuentes, Jonathan Berloti, Dante Fiori, Carlos Godoy, Maxi miliano Zamudio, Facundo
Rivas, Lucas Matías Segovia, Ezequiel Marcelo Fiori, Marcelo Joaquín Cañete y
Elías Martínez. Todos pibes de las barriadas populares. A la infame lista puede
sumarse también el nombre de Gerardo Escobar, ya que en el caso se encuentran
implicados varios policías.
Según el informe
realizado por la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos
Interministeriales, del Ministerio de Gobierno, hubo más muertos por las balas
policiales que los cometidos en robos, cifra que asciende a 15 (un 10 por
ciento del total). De los 141 homicidios dolosos registrados hasta el mes de
agosto, una tercera parte está ligada al narcotráfico. Este último dato explica
gran parte de la situación de violencia y de impunidad que se respira en todo
el departamento de Rosario.
Además destaca, casi como un logro, una disminución de un 20 por
ciento de los homicidios en relación al mismo mes de 2014 (176 asesinatos). Es
evidente que esa disminución en la Tasa de Homicidios no se traduce en menos
casos de gatillo fácil y abusos y torturas policiales.
Una provincia represiva
Según el Archivo
de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, elaborado por la Coordinadora Contra
la Represión Policial e Institucional (Correpi), durante todo el período
democrático post-Dictadura fueron asesinadas más de cuatro mil personas. Santa
Fe registra 504 casos, siendo una de las provincias con niveles más altos de
represión estatal.
Según la Correpi -organización que lleva casi veinte años de lucha
contra la represión, por los Derechos Humanos, y trabajando en la elaboración
del más completo archivo de casos-, desde 1983 hasta diciembre de 2014, fueron
asesinadas 4278 personas. El 63 por ciento de los homicidios (2710) ocurrieron
durante toda la gestión kirchnerista (2003-2014). Esto significa que en 11 años
fueron asesinadas más de la mitad de las personas de 31 años de democracia.
Si bien Buenos Aires (provincia y ciudad) concentra el 52 por
ciento de los casos y Santa Fe casi el 12, cuando se compara la incidencia de
la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes, el dato es
alarmante: hasta el año 2013, lideró el ranking siendo la provincia con más muertes por millón de habitantes. Según la
última actualización del informe de Correpi, fue desplazada al segundo lugar
por Tierra del Fuego -esto se explica ya que es la menos poblada del país-,
pero mantiene un índice elevado de 158; mientras que para Buenos Aires es de
125.
A la inocultable situación en la provincia, se sumó la represión
sufrida en Rosario por familiares y organizaciones de derechos humanos que
reclamaban avances en casos de gatillo fácil y otras causas impunes, en junio
pasado. “La gente se estaba manifestando pacíficamente cuando empezó la
represión”, contó en aquel momento Alicia Bernal, presidenta de la Comisión Antirrepresiva
y por los Derechos Humanos (CADH). Entrevistada en La Brújula de la Mañana, explicó que la convocatoria
comenzó con el reclamo por el esclarecimiento del caso de Mercedes Delgado
-militante social del barrio Ludueña, asesinada en 2013- y se fueron sumando
otras causas.
La activista de derechos humanos describió ese momento: “Hubo una
manifestación frente a Tribunales y en la Fiscalía de Homicidios, con mucha
gente, y en un momento, ante la negativa de un fiscal de atender a los
familiares de Dante Fiori (NdR: asesinado por un policía), comenzaron a
quemar cubiertas. Ahí apareció muchísima policía, en todas sus formas, la
motorizada, creo que también había un camión hidrante”. El saldo de la
represión fueron 18 detenidos, entre ellas dos menores de edad y una persona
con discapacidad, “lo cual es terrible”, denunció Bernal. El mensaje fue claro:
el Estado va a seguir garantizando la impunidad, incluso reprimiendo la protesta
social si lo considera necesario.
En declaraciones recientes frente a la prensa -interpelado por los
casos de Roberto Arrieta, Franco Casco y Gerardo Escobar-, el gobernador
santafesino Antonio Bonfatti, reconoció que hay “manzanas podridas” en la policía. Por otro
lado, defendió a los policias “buenos”, que hacen un “gran trabajo” combatiendo
todo tipo de delitos. Lo que no dijo fue que, como sostienen las organizaciones
antirrepresivas y de derechos humanos, es “toda la institución”, que existe un
accionar sistemático en todas las fuerzas represivas y que hay un Estado que
las conduce.
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