"Tenemos a favor, si se puede decir que tenemos algo a favor, que el impacto del fracking lo podemos mostrar hoy, no tenemos que hacer futurismo, lo mostramos con lo que ha quedado en los distintos pueblos donde ha avanzado el petróleo".

“La seguridad jurídica es privar a 

los Pueblos Indígenas de garantías que les corresponden”

28/09/2014

 

Por  OPSur 

Jorge Nahuel, referente de la zonal Xawunko de la Confederación Mapuche de Neuquén, repasa en diálogo con el OPSur los impactos y conflictos que han causado los últimos veinte años de explotación hidrocarburífera y lo que ha significado el nuevo avance de la frontera petrolera a partir de la explotación de yacimientos no convencionales. La falta de reconocimiento jurídico, la no regularización de sus tierras y la ausencia de aplicación del derecho a la consulta son, a su juicio, los tres pilares de la privación de garantías que viven las comunidades en desmedro de la industria petrolera. “Hay una política de absoluta impunidad y la principal víctima de esa situación son los Pueblos Indígenas”, sostiene el dirigente mapuche.

Del relevamiento que hizo el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en 2012 se desprende que aproximadamente 20 comunidades atraviesan conflictos por la concesión de sus territorios para la exploración y explotación de hidrocarburos o por los impactos que esta actividad. Da la impresión de que en otros momentos la conflictividad estaba más vinculada con la apropiación de tierras por parte de particulares y que en los últimos años ese lugar lo ocupan los proyectos extractivos.

JN: Sí, claro. El primer problema que tenemos los Pueblos Indígenas es con las extractivas, después hay problemas con vecinos, con terratenientes, municipios, empresas o la forestación. El problema principal es con las extractivas, sobre todo porque exige un campo desocupado, libre, y la petrolera entra y necesita que esa tierra sea desocupada, por lo tanto va generando una política de desplazamiento a las buenas o a las malas.

La cuestión de los Pueblos Indígenas y la industria extractiva es un problema global, porque la [frontera] extractiva avanza de manera completamente impune, amparada en las políticas que los Estados han asumido. No hay estrategia de defensa de la soberanía ni tampoco una estrategia para garantizar la seguridad y el ambiente para las generaciones futuras. En el campo indígena hay una normativa excepcional en cuanto a reconocimiento de derechos, pero todos esos avances son letra muerta al lado de la impunidad con que estos grupos económicos, que sostienen el extractivismo, establecen las reglas del juego. Y nos encontramos con este panorama actual, donde de pronto se entrega una concesión sobre un área que está ocupada por comunidades indígenas, pero como previamente a esa comunidad se la despojó de todo lo que sea reconocimiento, no tiene garantías territoriales: no tiene título de propiedad, no tiene personería jurídica, y está siendo cuestionada hasta su propia existencia cultural.

En este caso, el responsable fundamental es el Gobierno Provincial. ¿Por qué el provincial y no nacional? Porque el provincial es el que tiene la competencia, la facultad para reconocer personerías jurídicas, regularizar la tierra y aplicar el Derecho a la Consulta, que son los tres ejes del conflicto. El Gobierno Nacional, por supuesto, tiene la responsabilidad de estar promoviendo un modelo global de explotación y de híper producción, cueste lo que cueste.

-El reconocimiento, las personerías jurídicas, son reivindicaciones permanentes; incluso el relevamiento que ordena la Ley 26.160, que en Neuquén todavía el gobierno debate si aplica o no la norma. 

JN: La Ley de Relevamiento Territorial no es una mensura de la tierra, ni la titularización de la tierra, es un paso previo, que es relevar la demanda que los Pueblos Indígenas están planteando desde siempre. Con la realización del relevamiento quedaba claro qué es lo que quieren los Pueblos Indígenas. Sin embargo, se aprobó en el 2006 y recién en 2014 se implementa, pero con un condicionamiento tremendo, porque es una ley que tiene como eje la participación y la consulta, dos principios fundamentales en la normativa indígena. Y ni la consulta ni la participación están garantizadas en la realización del relevamiento, las decisiones políticas las toman Nación y Provincia, y recién en el aspecto técnico hay participación indígena. Es una ley que nació bien pero que se está aplicando de una manera totalmente restrictiva y hoy avanza a pasos muy lentos. El otro condicionamiento que tuvo la ejecución de la ley es que solamente se van a relevar las comunidades que tienen personería jurídica.

-Según la Confederación Mapuche, en Neuquén hoy existen sesenta y cuatro comunidades, ¿la provincia cuántas reconoce?

JN: Cincuenta, porque hace 14 años que no entrega personerías jurídicas, hay catorce comunidades que están reclamando su personería jurídica. Una cosa que no tiene lógica desde ningún punto de vista, porque no se puede negar una personería jurídica; es como que nace una persona y se le niega su DNI. No depende del Estado, “se lo doy o no se lo doy”, es una obligación registrar a las comunidades. Y no lo hace porque es parte de las reglas del juego que impone este tipo de modelo. Se necesita garantizar seguridad jurídica a las concesiones que están entregando, y ellos entienden que la seguridad jurídica es privar a los Pueblos Indígenas de las garantías que les corresponden. La movilización indígena está demostrando que es todo lo contrario, que en la medida en que no se nos reconozcan esos derechos, no van a  poder ejecutar en paz su planes.

En el marco de estos conflictos, el gobierno y las empresas señalan a la Confederación y a vos como fabricantes de comunidades.

JN: No es una novedad ese descalificativo, porque lo han aplicado con Kaxipayíñ, lo aplicaron con Logko Puran lo aplicaron con Huenctru Trawel Leufú. (1) Exactamente los mismos argumentos: “vienen de otro lugar”, “no son originarios”, “están inventados”, “genéticamente no son mapuches”. Porque ellos empiezan a promover eso: “que demuestren que son de raza mapuche”, “deben acreditar su origen étnico”. Una cuestión que tiene un carácter racista y discriminador, a esta altura de la historia no corresponde que un organismo público te exija que acredites tu origen étnico. En el ‘94 cabían esos argumentos, porque el Convenio 169 no estaba ratificado, no existía la Constitución Provincial, no existía la Declaración Universal [de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la ONU], no existía el relevamiento territorial.

Hay una impunidad y un abuso de poder sin límites en la provincia, porque ni siquiera han actualizado sus argumentos. Incluso hay un fallo de la Corte Suprema del 10 de diciembre [de 2013], que ganó la Confederación contra el gobierno de Neuquén, porque Sobisch había sacado un decreto [1184/02] para fundamentar estos argumentos: “Hay que condicionarlo en cuanto a la cantidad de familias para reconocer una comunidad. Tienen que demostrar una continuidad centenaria en el espacio. Tienen que acreditar su origen étnico”. Todo eso lo escribió Sobisch en un decreto, motivo de juicio que llegó a la Corte Suprema y falló que ninguno de esos argumentos era válido y que ese decreto era inconstitucional (2). Cuando salió el fallo de la Corte, dijimos: “Bueno, acá se acabaron todos los argumentos, nunca más van a volver a decir eso”. Y ahora nos llega la respuesta del pedido de personería de Campo Maripe donde repiten exactamente todos los términos del decreto de Sobisch. O sea, hay una actitud decidida a negar, negar, negar, y judicializar. Porque saben que un proceso judicial lleva diez, veinte años; el fallo de la Corte llevó once años de proceso.

Ellos apuestan a judicializar porque eso hace que pateen la pelota para adelante, y nosotros apelamos a la resolución política, que el Estado de Neuquén se comprometa a no violar más las leyes y a reconocer lo que tiene que reconocer. No es una tarea sencilla porque el gobierno de Neuquén lleva 50 años en esta política.

-Varios puesteros nos plantearon que las relaciones con las empresas controladas por el Estado -YPF y GyP- eran mucho más complicadas que con el resto. Y pensábamos en  esto que planteas con respecto al racismo del Estado, porque, de lo contrario, no se entiende el desprecio al campesino, al indígena, que hace que entren a los campos como si nada y no quieran ni pedir permiso. ¿Ustedes creen que se da de esa manera?

JN: No podría marcar esa diferencia porque las empresas transnacionales también usan y abusan de esa impunidad que les da el Estado. El derecho a la consulta es un derecho que estamos discutiendo con YPF, porque a YPF le conviene para su Plan de Trabajo, pero el derecho a la consulta es un derecho que tiene que aplicar el Estado. El Estado está obligado, antes de entregar una concesión, a verificar que ese espacio esté libre, y si hay comunidades mapuche tiene que generar un procedimiento de consulta a las autoridades comunitarias. El Estado lo que hace es entregar a la empresa, nacional o trasnacional, el territorio supuestamente libre. Y por eso es que las empresas usan esas ventajas que les da el Estado, y cuando vas a reclamar dicen: “Reclámele al Estado, yo tengo acá mis papeles en orden, apártense”, y te abren una picada. El conflicto es entre el Estado y el Pueblo Mapuche, no hay ninguna duda.

-Funcionarios públicos de Añelo reconocían que a partir de la explotación masiva de no convencionales se reconfiguraba el territorio, cambiaban los términos de la ocupación y uso del suelo, pero subrayaban que la producción campesina, la actividad de los crianceros, iba a permanecer, aunque con algunos cambios. Decían que era posible la convivencia de la explotación petrolera con la ganadería, pero que se perdería la cría animales en el monte y se tendría que pasar a la cría a corral. Por la experiencia en las comunidades, ¿es posible que puedan convivir ambos tipos de producción?

JN: Nosotros decimos que es incompatible un modelo y otro. El modelo de pequeña ganadería que el mapuche sostiene y que es parte de su forma de vida -que no digo que tenga que ser un modelo único, que no se pueda transformar-, con el petróleo no puede convivir, menos aún con el sistema del fracking. Esa ilusión que quieren crear, que es posible que convivan, es la foto de Añelo con los viñedos y los pozos petroleros de fondo. Te muestran esa postal, eso es una farsa, porque si vos afectas lo más elemental para la salud y el ambiente, que es el agua, no hay nada que pueda salvarse del impacto y las consecuencias.

Acá es como el “encuentro de culturas” que te querían mostrar [al conmemorarse] los 500 años [de la llegada de los españoles a América], eso fue un avance y un desplazamiento a sangre y fuego y la industria petrolera ingresa así a los territorios. No ingresa a debatir cómo pueden convivir ambos sistemas, entra y empieza a utilizar el criterio de tierra de nadie, y esa es la realidad que no logran revertir. Hay un objetivo absolutamente económico que es lograr una híper producción y no le importa el precio que se pueda pagar por eso.

-Más que de cara a la Provincia, de cara a la sociedad, ¿es posible plantear el debate sobre la administración de los recursos? ¿Está preparada la sociedad para ese debate?

JN: Primero, el que no está preparado es el Pueblo Mapuche para una estrategia de ese nivel, porque al Pueblo Mapuche lo han condenado a estar en una política de resistencia absoluta las últimas dos décadas, desde que llegó el petróleo a la región. Está dentro del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional, que después se replicó en la Constitución Provincial; la diferencia es que cuando se replica en la Constitución Provincial queda en la parte dogmática, en cambio, en la Constitución Nacional, está como tarea del Congreso elaborar leyes para. La Constitución de Neuquén dice: “Se reconoce la preexistencia del Pueblo Mapuche, se reconoce la personería jurídica, la transferencia del dominio de sus tierras, y se reconoce la participación en la gestión de sus recursos naturales”. Ese “sus” es un principio de propiedad que establece la Constitución, no dice “los recursos naturales del Estado”, porque tiene que ver con un concepto de territorio. Entonces podría ser un principio que nos permita  establecer una estrategia de ser parte de los beneficios económicos que pueda generar esa actividad, pero hoy el Pueblo Mapuche está en un debate donde hay una posición de que hacerse parte de los beneficios de la industria extractiva es hacerse parte de la destrucción que está generando. Por eso hay una actitud cerrada del Pueblo Mapuche a debatir ese principio.

Nosotros ese principio lo queremos hacer valer para poder condicionar o ponerle un límite a tanta destrucción. Y lo utilizamos como argumento, pero para decirles: “paren, porque esto no es lo que el Pueblo Mapuche quiere y necesita para su futuro”.  Una de las consecuencias más graves que ha generado la industria petrolera es que, a través de la cuestión material, ha quebrado la vida comunitaria, porque si perdés todos esos valores comunitarios que te dan identidad, basados en el buen vivir, en el küme felen, desapareces como cultura. Vos podés medir el impacto ambiental, podés hacer un estudio técnico, generar políticas de remediación de ese espacio, pero el daño cultural es de carácter irreparable. La sociedad tiene que lograr medir esas consecuencias, porque también un estigma que le quieren instalar a la comunidad mapuche, cuando la ven con un vehículo nuevo, con una casa nueva, es “de qué se quejan si los beneficios también han llegado a ellos”. Vos no podés medir los beneficios a partir de esa lógica capitalista del bienestar material. Lo que se reivindica como derecho es poder reconstruir la vida cultural mapuche, que ya sin el petróleo está intervenida por la política del Estado; el petróleo viene a profundizar y acelerar los procesos de destrucción comunitarios. Vaca Muerta va a atravesar alrededor de veinte comunidades. Estamos hablando de Campo Maripe pero en ese conflicto estamos dibujando el futuro que nos espera, el futuro inmediato. Si logran quebrar a Campo Maripe, en todos los sentidos: cultural y material, ese es el futuro inmediato que nos espera para las otras veinte comunidades que están atravesadas por Vaca Muerta.

-En estos veinte años, si bien hay constantes, ¿ha cambiado la estrategia en la avanzada del Estado y de las empresas sobre las comunidades? Por ejemplo, ¿se va reemplazando la represión abierta por la apertura de canales de diálogo mediados por ONGs?

JN: La estrategia de Provincia no ha cambiado en lo absoluto, parten de que lo que hay que hacer acá es negar, negar y negar, y reprimir jurídicamente. La Provincia hoy está embarcada en una disputa de poder sobre esos recursos [no convencionales] y los mapuches pasan a ser una cuestión secundaria, está tan enfrascada y tan cegada por esa disputa que no alcanza a entender que hay un actor del cual no van a poder liberarse, que son las comunidades.

De parte del Estado Nacional ha habido un poco más de apertura en esa política, lo que busca es ingresar por otros medios donde se puedan consensuar algunos pasos a dar, de hecho logramos con YPF acordar un protocolo de consulta en la comunidad de Kaxipayiñ. Pero no es mucho más lo que se puede avanzar con la petrolera, porque actúa en base a un campo que le abre la Provincia. Lo que le planteamos a YPF es que hoy es una empresa con mayoría de acciones del Estado Nacional. El eje del discurso oficial es poner los Derechos Humanos por sobre todas las cosas, por lo tanto debería dar un ejemplo de respeto a los Derechos Humanos. Sin embargo, todavía no han dado muestras de que estén dispuestos a asumir ese rol.

En medio de esos actores -Nación, Provincia, Pueblo Mapuche- también opera toda una serie de movimientos sociales, políticos, ONGs, que están involucrándose en lo que implica convivir con esta industria, y con esos sectores el Pueblo Mapuche tiene un mecanismo de relación permanente. Buscamos coordinar y fortalecernos, porque ahí está la sociedad neuquina, la sociedad argentina, movilizándose también por este tema.

La referencia a las ONG estaba dirigida a su rol en las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que ha tomado mucha relevancia en estos años. Una parte de la renta petrolera va a llegar al Estado a través de fondos de RSE cuya administración compartirá con fundaciones, como es el caso de la Fundación YPF, y es en estas políticas que intervienen una serie de ONG que no tienen nada que ver con la movilización social sino con la mediación. Hace veinte años la RSE no tenía la importancia que tiene ahora. ¿Cómo está jugando eso? A través de las políticas de RSE, del puente que se establece entre las empresas y las comunidades, ¿se pueden plantear otras discusiones más allá de aportes materiales?

JN: Es difícil, porque esos mecanismos que va estableciendo el capitalismo, que llegan atrás de la extractiva, se van convirtiendo en mecanismos para la extorsión a las comunidades. Tenés una relación con YPF como concesionario del territorio comunitario, pero después tenés alrededor de 70 empresas de servicios, y cada una tiene un mecanismo de extorsión con la comunidad para quebrar las voluntades, para permitir un trabajo en libertad, para que no haya medidas de fuerzas. Es ese mecanismo financiero: “yo te ayudo, colaboro con vos. Mi deber es que de lo que yo gano dejarte una contribución al desarrollo”. Es un mecanismo de extorsión permanente que rodea la familia mapuche. ¿Por qué? Porque es parte de esta carencia de una política pública hacia el Pueblo Mapuche, no hay un acuerdo estratégico entre los mapuche y el Estado para ver cómo se va a respetar la forma de vida o el derecho de la comunidad. Y como no hay una política, cada empresa establece su propia política de cómo se relaciona con la comunidad y qué le va a ofrecer, incluso hasta tienen sus agentes sociales que van, ingresan y les llevan propuestas. Y ante una situación de carencia material, de vulnerabilidad, hasta son bienvenidos; porque llegan a cubrirle necesidades básicas que el Estado debería estarle cubriendo.

Es un laburo silencioso de ir minando la voluntad y la resistencia de las comunidades todos los días. Hay comunidades que tienen claro y que no van a aceptar que con esos servicios le vayan a planificar la vida ni le vayan a comprar la voluntad de la lucha mayor. Pero hay otras comunidades que no, que están a pan y agua y que reciben felices la contribución de aquel que les hace un pozo, de aquel que les abre un camino, que le hace una posta sanitaria, un salón comunitario; recibe con alegría esa contribución. La lucha por la resistencia está interferida por todo ese tipo de intervenciones que son invisibles, tan disimuladas que nadie las ve, pero es parte de una industria criminal que se ramifica en nombre de todas esas empresas de servicios que están todos los días, que entran y salen del territorio.

-Después de veinte años de conflictos permanentes generados por la concesión de territorio mapuche para la actividad petrolera, ¿qué enseñanzas dejó esa resistencia para enfrentar hoy la promoción de los no convencionales?

JN: Tenemos en contra todo, los medios de comunicación, que están totalmente comprados por esta industria, con un mensaje permanente a la población que no hay otra forma de salir de la crisis; pero no tenemos que bajar los brazos. Nos sentimos fortalecidos porque estamos coordinando con distintas fuerzas esta resistencia y ya no es una lucha del Pueblo Mapuche contra el fracking, la lucha no es en adhesión al Pueblo Mapuche, es una lucha con el Pueblo Mapuche. Hoy los neuquinos entienden que el conflicto es global, por lo tanto hay que consolidar ese mecanismo de coordinación, de frentes comunes que hay que hacer para enfrentar semejante monstruo que arrasa con todo. Tenemos a favor, si se puede decir que tenemos algo a favor, que el impacto del fracking lo podemos mostrar hoy, no tenemos que hacer futurismo, lo mostramos con lo que ha quedado en los distintos pueblos donde ha avanzado el petróleo. De eso sí tenemos mucho para contar, y es un elemento para potenciar la resistencia. Estamos enfrentándonos a este monstruo porque sabemos lo que va a pasar. No lo imaginamos, lo sabemos, y eso es lo que hay que hacer a través de todos los medios.

Notas:
1. Las referencias a la ‘fabricación’ de las comunidades Kaxipayíñ y Logko Puran datan de mediados/fines de la década del ’90, mientras que las de Huenctru Trawel Leufú son de mediados de la década pasada.
2. Para más detalles del caso ver http://odhpi.org/2013/12/corte-suprema-fallo-a-favor-del-pueblo-mapuche-y-contra-el-gobierno-de-neuquen/

La entrevista forma parte de la cobertura Añelo corazón de Vaca Muerta, que tuvo financiamiento de FRL con fondos del BMZ.

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/09/28/seguridad-juridica-es-privar-a-los-pueblos-indigenas-de-garantias-que-les-corresponden/