Declaración ante el proyecto
de ley del saqueo petrolero
23/10/2014
¡Por la defensa y recuperación de nuestros bienes comunes!
¡La energía y el agua son derechos humanos inalienables!
El Gobierno nacional ha enviado al Parlamento un proyecto de
ley que modifica sustancialmente la legislación vigente en materia de hidrocarburos
en la Argentina, que cuenta con media sanción del Senado y que se está tratando
en Diputados.
Queremos alertar a toda la población sobre un nuevo
retroceso, que este proyecto pretende consagrar, en materia de soberanía sobre
los bienes que, como los hidrocarburos y la energía en general, no deben
considerarse mercancías sino bienes comunes, además de recursos estratégicos.
Queremos denunciar que el proyecto supone la masiva
utilización de la fractura hidráulica (fracking) como método para la extracción
de los recursos no convencionales, lo que comportará serias consecuencias
medioambientales y pondrá en riesgo cierto el uso del agua- nuestro bien
común más preciado- para la vida de nuestras comunidades. Asimismo, el uso
indiscriminado de distintos agentes químicos de alta toxicidad en los procesos
de fractura hidráulica, la degradación irreparable del suelo y la ocurrencia de
sismos, son otras de las consecuencias indeseables que comportará el uso masivo
de este método de producción.
Pero además, para que esto pueda ponerse en marcha, el
proyecto garantiza todas las condiciones favorables a las grandes empresas
trasnacionales del petróleo y el gas, mediante la generalización de incentivos
impositivos y fiscales que se habían otorgado por Decreto en julio de 2013
luego del acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de un proyecto piloto
en Loma La Lata
Norte- Loma Campana, en la formación Vaca Muerta ,
que ya tiene más de un año de vigencia y que contiene inaceptables cláusulas
secretas, anomalía que ha sido debidamente denunciada por distintas
organizaciones luego de la confirmación del mencionado proyecto.
Creemos que,
en función de garantizar, de cualquier manera, la seguridad jurídica de los
grandes actores empresariales del sector, se profundiza y perpetúa la entrega
de la soberanía sobre nuestros bienes comunes, a cambio de falsas promesas de
horizontes promisorios, que afirman que la Argentina podría ser una nueva
“Arabia Saudita”, modelo que no ha sido debatido por nuestra comunidad y que de
ninguna manera es ejemplo de bienestar ni de justicia social.
·
El proyecto
promueve, a su vez, la creación de la nueva figura jurídica de concesión de
hidrocarburos no convencionales y se permiten extensiones y prórrogas de esas
concesiones en las que las empresas operadoras podrán estar por hasta 30 o 35
años, con la posibilidad de obtener prórrogas por otros diez años, lo cual, en
realidad, implica que las mismas se extiendan en forma indefinida, consagrando
derechos a perpetuidad a favor de las grandes empresas del sector.
·
Habilita la
explotación a gran escala de la plataforma continental y de los nuevos
proyectos no convencionales y de crudos pesados, permitiendo que las empresas
puedan obtener utilidades que oscilan entre el 20% y el 60% en función de la característica
de los proyectos extractivos y libre disponibilidad de divisas sobre el
porcentaje de recursos que se destinen a la exportación. Estas
inaceptables concesiones, son aún más graves a la luz de la perpetuación de la
crisis energética en la Argentina, que se manifiesta en la pérdida del
autoabastecimiento y en la necesidad de importar energía por valores que hoy
rondan los 15.000 millones de dólares.
·
Prevé la
posibilidad de extender y unificar áreas concesionadas para la explotación de
recursos convencionales con otras en las que podrían existir recursos no
convencionales, lo que constituye un peligroso incentivo para que las empresas
beneficiadas por esas concesiones emprendan un tipo de explotación
depredatoria, con nulas o escasas capacidades de control sobre su accionar
productivo, como ya ha quedado demostrado durante el proceso desregulador
menemista de los ’90, y la continuidad del saqueo a través de la vergonzosa
extensión de las concesiones de Loma La Lata durante el gobierno de la Alianza
y la no menos aberrante extensión del plazo de las concesiones en el yacimiento
Cerro Dragón, Chubut, en 2007.
Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a
favor de las empresas nacionales y/o provinciales en las que el Estado tenga
participación bajo cualquiera de las formas jurídicas existentes debilitando
tanto el control público de la actividad hidrocarburífera, como la adecuada
regulación normativa, ambiental y económica.
No contempla
en absoluto los derechos de las 14 provincias consumidoras e industrializadoras
de los bienes hidrocarburíferos, en las que vive nada menos que el 85% de la
población total del país, lo cual es la exacta contracara de un acuerdo espurio
entre el Estado nacional y las dirigencias políticas de las diez provincias
productoras, que omite consideraciones elementales que todo país federal
debería plantear en términos de una equitativa, racional y sostenible
explotación y distribución de los beneficios de la riqueza generada en nuestra
Nación.
Asimismo,
se ha lesionado gravemente el derecho de acceso a la información por parte de
nuestro pueblo, lo que se condice con el intento de aprobar este proyecto a
través de un vergonzoso trámite exprés, hecho que debe ser denunciado sin
ningún tipo de dudas.
En definitiva, el trasfondo de esta propuesta, tiene como
protagonistas al Gobierno central, los gobiernos de las provincias
hidrocarburíferas y a las grandes empresas del sector, en una puja creciente
por obtener mayores porciones en el potencial reparto de la renta que se
generaría con el desarrollo masivo de estos proyectos, lo cual no es otra cosa
que la consagración cortoplacista del saqueo y la depredación sobre nuestros
bienes comunes, reproduciendo, de esa manera, la dependencia y subdesarrollo de
la Argentina, como ha quedado patente con el sistema de la deuda eterna que ha
empobrecido y expoliado a nuestro pueblo.
Una vez más, estamos ante la estratégica decisión de
pararnos firmemente ante la profundización de un esquema de desarrollo de la
actividad hidrocarburífera, que incentivará el carácter extractivista mediante
el uso masivo de la técnica del fracking y dejará la política hidrocarburífera
en manos de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y de sus
socias locales, alejando las posibilidades de orientar una política energética
nacional que, a través del control estratégico de una YPF 100% estatal, permita
recobrar la renta para volcarla a un desarrollo productivo sostenible y
democrático.
Pensamos y
creemos que tenemos un objetivo compartido, que es el de recuperar lo nuestro
mediante la nacionalización del petróleo y el gas, entre otras medidas, y
desandar un camino que nos lleve a una progresiva diversificación de la matriz
energética y a un creciente entorno favorable para una integración regional
energética basada en políticas de acceso universal a la energía y en criterios
de sostenibilidad y aumento de nuestro margen de maniobra soberano.
Asimismo,
estamos convencidos que la lógica capitalista basada en explotar la naturaleza
para exportar materias primas hacia mercados globales, es insostenible en los
planos económico, social y ambiental. Por lo tanto, resulta clave que tanto los
gobiernos, los trabajadores de la energía organizados y los movimientos
sociales asuman el desafío de generar modos de desarrollo que se orienten a la
preservación intergeneracional y uso racional e igualitario de nuestros bienes
comunes.
En tal
sentido, sostenemos firmemente que la energía es un bien social y un derecho
humano de carácter esencial para el bienestar de la población y el abordaje del
debate en torno a las formas en las que la energía se genera y los objetivos
con los que se la distribuye y utiliza, es una cuestión que nos atañe como
pueblo y en cuya resolución se juega nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Convocatoria multisectorial
en defensa de la soberanía sobre nuestros bienes comunes
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/10/23/declaracion-ante-el-proyecto-de-ley-del-saqueo-petrolero/
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