El Congreso
argentino creará Comisión bicameral
para investigar la Deuda:
¿Iniciativa
auspiciosa o un nuevo saludo por la galería?
Junto al gran número de organizaciones
y movimientos populares argentinos que desde hace dos meses nos venimos
articulando en la Asamblea
por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio
Nacional y los Bienes Comunes (de
aquí en más laAsamblea), desde Diálogo
2000 – Jubileo Sur Argentina rechazamos
por la indignante y contradictoria “Ley de Pago Soberano”, aprobada por el
Congreso Nacional el pasado 10 de septiembre.[1]
Entre sus
despropósitos, resaltamos en particular la declaración de “interés público” el
pago de una deuda que sabemos ilegítima y fraudulenta, mientras la misma ley
además crea una Comisión parlamentaria con el fin declarado de investigar sus
irregularidades.
Sin duda alguna, la
decisión de la bancada oficialista de Senadores de incorporar a la redacción de
citada ley, la creación de una Comisión
Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y
del Pago de la Deuda
Exterior de la Nación, fue tan trasnochada como los
detalles que presenta la misma. Entre
ellos, amén de la flagrante contradicción entre disponer como si fuese
“soberano”, el pago de una deuda cuyas “irregularidades” sólo después plantea
investigar, la incoherencia de una “Comisión Permanente” que hará su “Informe
Final” sobre casi 40 años de endeudamiento público en apenas 180 días.
No sería
descabellado llegar rápidamente a la conclusión de que ni el Congreso, ni el
gobierno, tiene intención alguna de investigar a fondo la deuda que brega tanto
por pagar. Sobre todo, sabiendo que es el mismo Congreso, y el mismo
gobierno, que como sus antecesores, han sistemáticamente negado cualquier
posibilidad de investigar los orígenes, evolución, usos y consecuencias de la
deuda que sin embargo, reconoce como ilegítima.
Sabiendo que la ley
además incorpora el pretexto de investigar la operación política-financiera de
los llamados “fondos buitre”, cuesta creer que en el actual escenario
político-económico, pudiera producir esta nueva Comisión, algún resultado
verosímil y útil para la defensa de los derechos del pueblo argentino, su
patrimonio nacional y bienes comunes. De hecho, cabe la duda si el
Congreso se animará mismo a establecer la Comisión y dotarla del poder y los
recursos necesarios para cumplir con la ley que acaban de aprobar.
Sin embargo,
no podemos perder de vista que la decisión que refleja el texto de la Ley
26.984, en lo que respecto a la creación de la Comisión
Investigadora Parlamentaria (CIP), es una primera e importante
respuesta oficial a los reclamos de más de 30 años de lucha popular por no
pagar una deuda que no debemos.
Luego del intento
inicial del Presidente Alfonsín y su primer Ministro de Economía Bernardo
Grinspún, de separar la deuda ilegítima de la potencialmente legítima –
iniciativa interrumpida por orden del FMI -, constituye
un reconocimiento de parte del poder político de nuestro país del hecho que
resolver el problema de la ilegitimidad de la deuda es central a la defensa de
la patria y la recuperación de nuestra soberanía. Que las injustas e
inaceptables pretensiones y acciones de los llamados “fondos buitre”,
constituyen apenas un emergente más del injusto e inaceptable sistema de
endeudamiento que desde los tiempos de la dictadura, ejerce y profundiza su
dominación y saqueo sobre nuestro pueblo y país.
Sobre todo,
considerando que mucho más allá de lo que buscan aquellos “buitres malos” – los
que no aceptaron ingresar a la “fiesta de los pagos seriales”, o lo que años
antes, prefirieron llevar su tajo en forma de bonos con tasas de interés
usurarias y condiciones esclavizantes y no en patrimonio concreto durante la
“fiesta de las privatizaciones” - la misma deuda continua creciendo y se sigue
obligando al pueblo a servirla con un costo humano y de bienes comunes
violatorio de todos nuestros derechos.
No está en nuestro
poder, descifrar las estrategias con las cuales el oficialismo buscará
encausar, o no, el trabajo de la CIP. Ciertamente las circunstancias y
antecedentes de la decisión nos obligan, en el mejor de los casos, a un sano
grado de escepticismo. Sin embargo, creemos que la decisión parlamentaria nos
pone ante un escenario de lucha nuevo. Nos plantea el desafío de poner en
movimiento lo que sabemos y lo que pensamos al respecto de la ilegitimidad y la
ilicitud de la deuda pública, sus impactos y consecuencias para nuestro pueblo
y país y, por sobre todo, las alternativas que sin lugar a dudas existen para
detener este sistema de dependencia y dominación y lograr que sean reparadas
las deudas sociales, ecológicas, históricas y democráticas que el mismo sigue
generando y profundizando.
Al respecto,
nuestro objetivo debe ser no sólo influenciar el trabajo y los resultados de la
CIP y poder responder con fuerza a sus previsibles deficiencias, sino además y
prioritariamente, aprovechar las circunstancias para ampliar y fortalecer la
movilización social y política por el no pago de lo que no debemos, la
sanción de los responsables de los crímenes y violaciones cometidos por el
sistema de endeudamiento y la restitución y reparación de lo que hemos sido
obligados a pagar indebidamente. Por sobre todo, el objetivo de avanzar
iniciativas y medidas concretas para revertir la sangría de la deuda con el
convencimiento de que Hacer Patria significa, entre otras cosas hoy, no pagar
deuda ilegítima y no sólo declararlo de interés público sino lograr el pago de
la única deuda cierta – la deuda con el pueblo y la naturaleza: Memoria, Verdad y Justicia.
Por lo que
proponemos responder desde nuestra Asamblea, buscando la misma contundencia de
aquel CONADEP de hace 30 años, y del ¡NUNCA MÁS! que contribuyó a consolidar.
1- Proponemos entonces crear una COMISIÓN
NACIONAL SOBRE LA DEUDA
PÚBLICA (CONADEP II), o bien una COMISIÓN SOCIAL INVESTIGADORA DE LA DEUDA PÚBLICA
(COSIDEP), que desde la amplitud y la diversidad de nuestro pueblo
“acreedor”, junto además a personas portadoras de experiencia y/o
reconocimiento público que puedan respaldar nuestra lucha, puede dar voz y
fuerza a nuestra participación como sociedad, en relación a los objetivos
propuestos para la CIP y más allá. Referentes de diversos sectores de la
población y regiones del país cuyos derechos han sido violentados por acción
del sistema de endeudamiento; referentes de los derechos humanos, de la ética y
los valores; conocedores del derecho, de la economía, de la historia;
referentes no identificad@s con la deuda y luchador@s reconocid@s del no pago;
tal vez referentes desde otros países vecinos, que viven la misma problemática
de la Deuda y han avanzado de diversas maneras en su combate. Un conjunto cuya
voz podrá llegar más allá de nuestra Asamblea, avanzando en la sistematización,
actualización y devolución a nuestra sociedad así como también a la CIP y demás
estamentos institucionales, de una nueva mirada e iniciativas de acción frente
a la Ilegitimidad e Ilegalidad de la Deuda y sus implicancias para el
Patrimonio Nacional y nuestros Bienes Comunes.
2- La misma tendrá la tarea de conformarse rápidamente y estructurar
sus objetivos, alcances y metodología, a fin no solo de organizar su propio
trabajo sino además, poder plantear ante la naciente CIP – y/o en
su defecto el propio Congreso y gobierno – las expectativas, criterios y
metodología que se consideren pertinentes. Teniendo presente el plazo
(¿inicial?) de 180 días, que nos lleve no tan casualmente, a vísperas del
próximo 24 de marzo. La Asamblea tendría que asegurar el apoyo necesario para
el trabajo efectivo de la Comisión Social
de Auditoría, a partir del
establecimiento de un conjunto de equipos de trabajo sobre los diversos ejes
que la misma pueda identificar como prioritarios.
3- Al respecto, hay dos aspectos que revisten particular importancia.
Primero, el de superar la
limitación aparente con respecto al objeto de investigación de la Comisión Parlamentaria ,
que no debe ceñirse a la deuda externa pública sino incluir la totalidad de la
deuda pública al encontrarse
indivisiblemente relacionadas sus diversas componentes (externa, interna,
nacional, provincial y municipal, contingente, etc). Y segundo, la ausencia de
referencia explícita, en la ley aprobada, a la necesaria investigación de los usos, impactos
y consecuencias no sólo
económico-financieras, sino sociales, ecológicas, culturales, de género,
democráticas, etc. de la deuda generada y el sistema de deuda en su
conjunto.
4- Asimismo, la Comisión “nuestra” tendrá
la tarea de enorme
relevancia de profundizar y
proyectar, hacia la sociedad como también la CIP, los criterios de
“irregularidad” con los cuales evaluamos y condenamos las deudas generadas.
Evidentemente no compartimos una mirada exclusivamente jurídico-positivista,
sino la posibilidad de ensanchar las bases de comprensión de la “ilegitimidad”
de la deuda, amén de sus muchos tramos netamente ilícitos. Faltará sumar
desde las diversas ramas del derecho, incluyendo pero tampoco limitado al
derecho internacional público y privado, el derecho de los derechos humanos, el
campo aún incipiente del derecho de la naturaleza, el derecho al agua, los
derechos laborales, de las mujeres, de las niñas y niños, etc., así como
también desde otras disciplinas y perspectivas como puedan ser la filosofía, la
ética, una lectura multicultural de las deudas, etc. Central en este sentido
será también la necesaria refutación
del discurso hegemónico que vira hacia el planteo que “la deuda es ilegítima,
pero ya no hay nada que hacer al respecto”, y la más tradicional “hay
que honrar las deudas.”
5- La Comisión
Social Investigadora tendrá además la
tarea de jerarquizar,
visibilizar y respaldar a quienes entendemos como los verdaderos acreedores – fortaleciendo la lucha por el NO
PAGO, SANCIÓN y REPARACIONES en relación a los conflictos, demandas y luchas
sectoriales y contribuyendo en la construcción de nuevas articulaciones y
coordinaciones entre sí. A través de la integración misma de referentes
de los diversos sectores “acreedores” – como sean, entre otros, las personas
jubiladas y pensionadas, la juventud, trabajadores, las mujeres, estudiantes,
la población villera y/o sin techo, pueblos originarios, comunidades afectadas
por la minería, la expansión de la frontera sojera transgénica, la energía
fósil, las megarepresas y otros exponentes centrales del modelo productivo
generado mediante la dominación de la deuda – así como la eventual realización
de Audiencias públicas
regionales y sectoriales, una creativa y sostenida iniciativa comunicacional y otros mecanismos para recabar y
devolver, sus denuncias, pruebas, testimonios y propuestas.
6- Aprender de y compartir con los movimientos frente a la deuda en
nuestra América, el Sur y el mundo entero. Desde la
Argentina, y a partir de las décadas de lucha por el NO pago de lo que NO
debemos, es mucho lo que se ha aportado al fortalecimiento y continuidad en el
tiempo, de los movimientos en toda la región y el mundo. La existencia hoy de
redes y programas como Jubileo Sur, el Programa de Deuda Ilegítima de la Federación Luterana
Mundial , la Campaña Sur-Norte sobre Deuda Ilegítima, la Red
de Auditorías Ciudadanas de la Deuda, el Comité por la Abolición de la Deuda
del Tercer Mundo, etc., son resultado y testimonio de lo mismo.
Hoy en día, desde
muchos rincones del planeta se mira con gran expectativa, la reacción de los
movimientos populares argentinos ante la situación de endeudamiento que
continúa oprimiendo y saqueando y el intento de algunos de reducirlo a un
conflicto con los llamados fondos buitre. Mientras sin duda hay quienes han
comprado el discurso oficial – y ven en el gobierno argentino a un gran
luchador contra la injusticia de los fondos buitre, el FMI, la deuda en sí –
hay muchos más dispuestos a seguirnos acompañando y respaldando, contribuyendo
desde sus propias experiencias y logros en el fortalecimiento mutuo de nuestras
luchas. Sin ir más lejos, la propia Semana de Acción Global contra la
Deuda, del 8 al 15 de octubre, pueda
ser una valiosa caja de resonancia de nuestras demandas y propuestas.
Las propuestas aquí
esbozadas son una primera aproximación para la consideración de la
Asamblea. Su intención es contribuir a nuestro debate y toma de
decisiones, y no para la difusión más amplia en este momento o forma.
-Beverly Keene,
por Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
Buenos Aires, 25
de septiembre 2014
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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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