PRONUNCIAMIENTO DE PLATAFORMA 2012
LLAMADO A LA SOCIEDAD Y A LA REFLEXION A LOS /LAS
LEGISLADORES/AS ARGENTINO/AS:
FRENTE A LA INMINENTE APROBACION DE
LA LEY DE
HIDROCARBUROS Y ENTREGA DEL PATRIMONIO NACIONAL
27 de Octubre de 2014
Ante la inminente aprobación por parte del Parlamento Nacional de
la Ley de Hidrocarburos, desde Plataforma 2012 queremos expresar nuestro rechazo a
dicha ley, la cual consolida la entrega de nuestros bienes naturales, por la
vía del despojo y el saqueo económico. Invocamos el derecho a
la información y a la participación de la sociedad en el debate de una ley tan
importante, que condiciona nuestro futuro como nación, rechazando de plano el
trámite antidemocrático que impulsa el oficialismo. Llamamos a
la reflexión a los y las diputada/os nacionales, quienes tienen este miércoles
29 de octubre una oportunidad histórica de rechazar esta ley y exigir que se
abra un amplio debate democrático sobre el tema, para así evitar ser cómplices del despojo a los bienes públicos
que esta ley representa.
Como ha sido ampliamente publicitado, Argentina es uno de los
países que cuenta con mayor potencial de gas y crudo de esquistos junto a EEUU
y China. Desde la sanción de la denominada ley de Soberanía
Hidrocarburífera, en mayo de 2012, con la cual el Estado tomó el control del
51% de las acciones de YPF, el gobierno publicitaba que su objetivo era el
autoabastecimiento que se obtendría, entre otras medidas, con la explotación
masiva de yacimientos no convencionales.
En mayo de 2012, desde Plataforma 2012 elaboramos un primer documento crítico
sobre el tema. 1 Entre otras cuestiones, allí
sostenemos que esa ley no
proponía cambio alguno del marco regulatorio ni avanzaba hacia la
nacionalización de los hidrocarburos; que no se trataba de una verdadera
estatización de la empresa y que, de
este modo, no se resolvían las cuestiones centrales de la crisis energ&ea
cute;tica de una matriz productiva basada en hidrocarburos. Con esa ley el problema energético continúa reduciéndose al
abastecimiento de hidrocarburos al tiempo que siguen desestimándose otras
posibilidades con respecto a las energías limpias y renovables como así también
dentro del limitado universo de los combustibles fósiles.
También señalamos que en esa ley no existía ninguna disposición
sobre los pasivos ambientales producidos por el accionar de Repsol y sus
socios. Y que si estos pasivos ambientales sólo eran usados para reducir el
precio a pagar por la expropiación de las acciones de la multinacional, los
daños terminarían siendo trasladados colectivamente a la sociedad. Asimismo , cuestionamos que el gobierno apostara a la vía de la explotación
de los hidrocarburos no convencionales, a través de la fractura hidráulica o
fracking, en tanto se trata de una metodología muy controversial por sus impactos ambientales, socio-sanitarios
y territoriales.
Insistiendo con nuestra preocupación en estos temas, en julio de
2013 nos pronunciamos críticamente sobre el bochornoso convenio entre YPF y
Chevron,2 denunciando la falta de conocimiento
público de sus contenidos y el preocupante escenario creado para la destrucción del ambiente y el
sacrificio de nuestros territorios a partir de lo poco que trascendió del
mismo. Realizamos incluso
un llamamiento a los legisladores neuquinos del oficialismo nacional y
provincial, quienes el 31 de agosto del pasado año –en un escenario de
represión y sin conocer la totalidad de las cláusulas-, aprobaron el convenio
firmado entre YPF y Chevron.
Dos años después de que el gobierno y sus aliados iniciaran este camino en materia energética, los hechos reconfirman
que el déficit energético sigue sin resolverse mientras avanzó la aplicación del fracking en las provincias de Neuquén y Río Negro, pero impulsado
principalmente por YPF: el anunciado aluvión de inversores no se concretó ni
tampoco los niveles de producción resultaron tan promisorios. En breve, otra vez estamos frente a un negociado entre el
Estado y corporaciones privadas multinacionales basado en la explotación de
recursos colectivos y sin ningún beneficio para el pueblo argentino.
El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del
Ejecutivo que busca aprobarse en estos días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los
beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y
acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para
explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevron. Incluso, con la
misma pluma que la legislación minera de la década de los 90, esta norma empeora las condiciones, por diversas
razones, que pasamos a enumerar:
1- Se reducen los
requisitos que, en su momento, por la vía del Decreto Nacional 929/13, se
otorgaron a la empresa
Chevron : este decreto abre la posibilidad de exportar el 20% de la producción o venderla en el mercado interno a
precio internacional y girar las utilidades al exterior a partir del quinto año
de iniciado, en proyectos que demandarán una
inversión de 1000 millones de dólares. La reforma actual contempla los mismos
beneficios para proyectos de 250 millones de dólares, esto es, la cuarta parte
de lo exigido por el controvertido decreto. Estas exenciones son inadmisibles
cuando el país se encuentra e n emergencia energética.
2- En función de garantizar
la seguridad económica de los grandes actores empresariales del sector,
el proyecto de Ley limita el tope del 12 % de regalías a las empresas
concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos.3 Asimismo, se
eliminan trabas a la concentración oligopólica y, en lo que representa una inédita
entrega del patrimonio nacional en la historia del país, por esta la ley se
otorgarán concesiones a las empresas por décadas. Incluso, se habilitan
mecanismos en la explotación de hidrocarburos no convencionales a perpetuidad
pues las concesi ones de áreas a 30 o 35 años pueden prorrogarse por otros diez
años, lo que en realidad implica que pueden extenderse en forma indefinida.
También se propone la explotación a gran escala de los yacimientos de la
plataforma continental, y de los crudos pesados. Asimismo, los proyectos que
soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en
vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las
regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto.
3.- Desnudando sin tapujos la entrega del patrimonio colectivo
que implica este proyecto, se prohíbe expresamente
el establecimiento de nuevas áreas de exploración y explotación de los recursos
hidrocarburíferos, en las cuales las provincias y el estado Nacional tengan
participación, cualquiera
sea su figura jurídica. Es decir, el Estado (nacional y provincial) se
auto-excluye explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera en
sus propios territorios, así como renuncia al control público de la actividad
hidrocarburífera.
4- YPF continúa siendo
sociedad anónima sin control, donde
el Estado no posee el 100% de las acciones pese que pagó 6.000 millones de
dólares por la expropiación de las acciones de Repsol. Este elevado costo para
el Estado argentino se pagó pese a que el propio gobierno había denunciado que
las irregularidades cometidas por Repsol y los pasivos ambientales ocasionados
en territorio argentino, eran motivo para no pagar ninguna indemnización. Las cláusulas de “desistimiento, renuncia e in
5- La ley
pretende “legalizar” la explotación de hidrocarburos no convencionales, clausurando cualquier debate sobre la cuestión de la
técnica del fracking y sus impactos económicos, sociales y ambientales,
respondiendo así a los intereses de las corporaciones nacionales y
multinacionales. Esto es evidente al observar que, luego de la aprobación en la
legislatura neuquina del convenio entre YPF y Chevron, la ofensiva publicitaria
llevada a cabo por el gobierno a favor del llamado “fracking seguro” ha
sido de tal magnitud, que las voces disidentes hoy tienen escasos espacios para
expresar sus posturas. El déficit
energético generado durante este gobierno as í como la intensa campaña comunicacional que busca asociar empresa
nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no
convencionales, han tergiversado la gravedad del problema en cuestión, cerrando
los caminos a un debate democrático sobre el mismo. Lo cierto es que a nivel internacional, sólo hay malos antecedentes
y una gran incertidumbre en estos temas,4 algo que el gobierno argentino y las
corporaciones asociadas al mismo buscan denegar y obturar a través de una
publicidad tramposa y emotiva que apela tanto al nacionalismo como a una visión
cientificista unilateral.
6- El proyecto de ley no
contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios que habitan los
territorios explotados y por explotarse, tal como establece el convenio 169 de
la OIT, incluido en nuestra Carta Magna y las Constituciones provinciales. Vaca
Muerta, por ejemplo, está lejos de ser un territorio vacío como pretenden las
autoridades provinciales y nacionales, pues en él se asientan más de veinte
comunidades mapuches que hoy reclaman su derecho a ser consultadas y que
seguramente serán afectadas por el avance de la explotación del yacimiento. Asimismo, es repudiable la estigmatización de los grupos defensores de los derechos
ambientales y de las organizaciones indígenas (quienes han sido tratados en N
euquén incluso por el gobernador y la vicegobernadora, como “terroristas
ambientales”). Por último, hay que destacar el encapsulamiento de los
conflictos en el nivel local y el silenciamiento de los accidentes: sólo en los
últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen, Río Negro;
la pérdida de dos pastillas radioactivas en pozos de Neuquén y una grave fuga
de gas en un pozo de shale gas en Loma Campana, el corazón de Vaca
Muerta.
7.- El proyecto de ley no
posee ninguna disposición ambiental a pesar de que el Congreso
Nacional tiene, a través del art. 41 de la Constitución Nacional ,
la potestad de establecer normas de presupuestos mínimos de protección
ambiental.
En nuestro país, las poblaciones ya comenzaron a organizarse y
manifestar fuertes resistencias al avance de la explotación de los
hidrocarburos no convencionales. Esto explica que, entre diciembre de 2012 y octubre de 2014, se sancionaron unas
cuarenta ordenanzas municipales que prohíben el fracking en distintas
localidades del país, que incluyen 6 provincias, con Entre Ríos y Buenos Aires
a la cabeza, seguidas de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén. Pero al igual que sucede en otros ámbitos, la lucha es local y
muy asimétrica, por lo que las grandes ciudades y gran parte de la población
viven ajenas y desconectadas de esta problemática nacional y global. Esto explica en gran medida la escasa movilización
de la sociedad argentina en las grandes urbes, ante una ley tan importante y de
consecuencias tan graves para el futuro de los argentinos, cuyo impacto se hará sentir por décadas, cuando en otros
países proyectos de esta naturaleza han abierto hondos conflictos y
movilizaciones en la sociedad, propiciando un verdadero debate democrático.
Por estos y otros motivos, desde Plataforma 2012 rechazamos la pretensión de aprobar este nuevo avance en una política
energética, que consolida la entrega de nuestros bienes naturales, no resuelve
el déficit y las deficiencias de la matriz energética, profundiza la
concentración económica y abre espacios para negociados de todo tipo a costa de
nuestro territorio y del bienestar de la población. Frente a ello, sostenemos la necesidad de trazar una estrategia
de desarrollo energético al servicio de los intereses del país, de la salud y
el bienestar de su población que necesariamente implica cambios profundos para
lograr un d esarrollo económico verdaderamente sustentable.5
Por lo expuesto, instamos a los
diputados/as a rechazar esta ley que el gobierno pretende aprobar de forma
antidemocrática, que compromete nuestra
soberanía y condiciona nuestro futuro. Exigimos la apertura de
un debate amplio y plural, que asegure la representación de todos los sectores
sociales. Asimismo, nos solidarizamos con los pueblos originarios, las
organizaciones sociales, asambleas y vecinos que hoy luchan en defensa de la
vida, el ambiente y el territorio en nuestro país.
Plataforma 2012, Grupo Promotor:
Osvaldo Acerbo, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor
Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto
Gargarella, Adriana Genta, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén
Lo Vuolo, Gabriela Massuh, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Ana Sarchione, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco
Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.
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