Un balance de los
gobiernos del Partido de los Trabajadores
El voto a Dilma no es un cheque en blanco
29 de Octubre de 2014
29 de Octubre de 2014
Por Juan Luís Berterretche (Rebelión)
Se estuvo a un tris de que el país quedara sin intermediarios, en
manos del capital financiero internacional. Después del ‘sufrido’ triunfo de
Dilma -con grave retroceso en la integración del nuevo Congreso- es la hora de
una profunda crítica y autocrítica de la política “petista”. Hay que abandonar
la estrategia del lulismo*
y sumar fuerzas con la marea popular que reclama cambios profundos. La
continuidad de la actual política gubernamental del PT es un peligro para la
población brasileña organizada en una galaxia de movimientos sociales
combativos que buscan restaurar el horizonte utópico. Es con ellos y sus luchas
que se debe imaginar y concebir el futuro.
Graves errores del
“lulismo”
El Mensalão que implicaba un abandono explícito de
la ética política en beneficio de la “gobernabilidad” burguesa fue el primer
grave síntoma de pérdida de rumbo en la orientación de un partido originado
entre los trabajadores y demás movimientos populares.
El “lulismo” pensó que
como los partidos patronales lo hacían con normalidad era una práctica que
podían adoptar y entonces armaron un esquema de votos comprados en el Congreso
que les explotó en las manos. Se engañaron especulando que, como Fernando
Henrique Cardoso (Partido Social Demócrata Brasileiro - PSDB) compró los votos
para su reelección y los gobiernos del Distrito Federal o Minas Geraes
funcionaban con esquemas similares y lo hicieron con total impunidad, el
gobierno del PT podía usufructuar de ese pacto político inter-burgués y no ser
punido. El escándalo que armó la burguesía y las penas que les aplicó la
justicia, que con regularidad ignora los delitos de la élite política, demostró
que el pacto no era abierto a los “advenedizos” con origen en los movimientos
sociales. Y así pagaron un costo inmenso en descrédito social y político ante
todos aquellos que rechazan la corrupción institucional.
De ese primero gran
revés, el PT no sacó las conclusiones obvias que sacaría un partido con
claridad sobre la lucha de clases: para impulsar un programa de cambios, lo
básico es apoyarse en la movilización de masas e imponer medidas
gubernamentales favorables a los trabajadores y el pueblo, con el sostén de
centenares de miles o millones exigiéndolo en las calles.
Un acierto parcial
desaprovechado
Según el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Brasil redujo radicalmente la pobreza
extrema y el hambre durante los gobiernos del PT. Estos pasaron de castigar al
25,5% de la población en 1990, para un 3,5% en 2012. La importante mejora para
los desposeídos fue consecuencia directa de los planes asistenciales (Bolsa
Familia, Fome Cero, etc.) en la primera presidencia de Lula que continuó en los
tres gobiernos del PT. Pero este acierto inicial de aprobar limitados planes
asistenciales para los millones de excluidos que tenía el país, algo que
debería inscribirse en una estrategia mayor de conquista política de las masas
subyugadas y despreciadas por los gobiernos burgueses, fue pergeñado como una
maniobra de votos cautivos y de ampliación del mercado interno capitalista.
Esos cuarenta millones de sub-proletarios que el asistencialismo “lulista” sacó
de la extrema miseria y exclusión para sumarlos al proletariado con acceso a la
educación, fueron considerados como masa de maniobra del “clientelismo
electoral” y del consumo despolitizado, cuando el “petismo” intentó
denominarlos con el título perverso de “nueva clase media” brasileña.
El PT estaba demasiado
ocupado en administrar la institucionalidad burguesa y enviciado con sus
hábitos: sus militantes y cuadros durante los tres gobiernos petistas
abandonaron la educación política de las bases y su propia formación en
contacto con los trabajadores, desaprovechando esa oportunidad única de
crecimiento sólido, consciente y decidido de millones de obreros, empleados y
activistas sociales que quedaron huérfanos de formación política. Por suerte
esa no fue una pérdida definitiva, porque esos nuevos integrantes del
proletariado se sumaron a la clase con combatividad y fueron haciendo su
experiencia a través de muchas luchas victoriosas, en muchos casos contra los
propios sindicatos y centrales burocratizadas.
Esto explica también
que hayan sido los estados del nordeste y el norte, donde los planes
asistenciales tuvieron mayor predominio, donde se gestó el triunfo de Dilma en
el primer turno de la elección 2014. Y esa fidelidad de los pobres se obtuvo
con una pequeña inversión si la comparamos con lo que al mismo tiempo
recibieron de los gobiernos del PT, los bancos y los rentistas de la deuda
pública. Según datos
del Presupuesto Federal para 2013- en nueve días de pago de la deuda pública se
supera el monto previsto para un año entero del programa “Bolsa Familia” que
atiende cerca de 13,5 millones de hogares.
Continuó la sangría de
una deuda fraudulenta /1.
Como los gobiernos
anteriores, los de Lula y Dilma Rousseff aunque tomaron una actitud pública
prescindente de los organismos financieros imperialistas, se subordinaron a las
recomendaciones del FMI y el Consenso de Washington en la elaboración del
presupuesto, priorizando el “superávit primario” que pone en primer lugar el
pago de la deuda pública en detrimento de las necesidades de las áreas
sociales.
La única diferencia
con los gobiernos anteriores del PSDB es una alteración apenas aparente: antes
había predominio en el pago de la deuda externa y hoy la mayor parte de los
gastos es con la denominada “deuda pública”, que a pesar del nombre también
tiene como beneficiarios a bancos e inversionistas extranjeros. Es una nueva
careta de la antigua deuda externa y continúa sustrayendo recursos de los más
pobres (por medio de tributos incidentes sobre el consumo y sobre los salarios)
para privilegiar a los rentistas y especuladores.
La deuda pública es
hoy un mero instrumento del mercado financiero. En lugar de servir como medio
de obtención de recursos para financiar al Estado e incrementar las condiciones
de vida de los brasileños, se tornó un mecanismo de substracción de crecientes
volúmenes de recursos públicos, inviabilizando destinar verbas para las áreas
sociales y provocando el empeoramiento de las condiciones de vida de la
sociedad en general en cuanto favorece al sector financiero.
Por el actual sistema
de lanzamiento de títulos de deuda pública, apenas doce bancos pueden
adquirirlos del Tesoro Nacional. Esos bancos llamadosdealers solo compran títulos cuando la tasa de
interés alcanza el nivel que ellos desean. Con esto, Brasil continúa a pagar
intereses de usura. Y ningún “economista” del capital financiero relaciona la
inflación en aumento, al pago de la deuda pública. Su solución siempre es
aumentar la desocupación para presionar el salario a la baja y reducir el
consumo de la población.
El esquema fraudulento
de la Deuda funciona por medio de diversos mecanismos que generan deudas, la
mayoría de las veces sin cualquier contrapartida, promoviendo su continuo
crecimiento. El sistema cuenta con privilegios legales, políticos, económicos y
con apoyo permanente de los grandes medios .
Tiene además el soporte del FMI y el Banco Mundial -que en realidad son
instrumentos del imperialismo estadounidense- que imponen medidas favoreciendo
la actuación de ese sistema extractivo de riqueza..
El Presupuesto Federal
programado para el año 2013 es buen un indicador de las prioridades
gubernamentales. Casi la mitad de este presupuesto, -exactos 42%- estuvo
destinado al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública brasileña.
De los 2,4 billones (millones de millones) de reales, 900 mil millones (unos
400 mil millones de U$S) se gastarían en el pago de intereses y amortizaciones
de la deuda, en cuanto estaban previstos por ejemplo, 71,7 miles de millones
para Educación y 87,7 para la Salud o sea una doceava parte y un décimo
respectivamente del monto reservado para el pago de la deuda pública. Para la
reforma agraria se dispondría de 5 mil millones, es decir 180 veces menos. En
esas cifras del presupuesto federal se resumen las prioridades económicas a las
que se subordinaron los gobiernos del PT.
Al final, el costo de
la deuda pública es transferido para la sociedad, en particular para los más
pobres, tanto por medio del pago de elevados impuestos que inciden sobre todo
lo que consumen, así como tarifas abusivas de los servicios esenciales, y por
la ausencia o insuficiencia de servicios públicos a que tienen derecho: salud,
educación, asistencia social, previdencia y entregando patrimonio público
mediante las privatizaciones y la explotación ilimitada de riquezas naturales,
con irreparables daños ambientales, ecológicos y sociales. El costo social es
inmenso.
El sistema deuda y la propia Deuda debieron
ser auditados para eliminar toda la deuda ilegítima y terminar con la sangría,
poniendo la deuda al servicio de las necesidades populares. Sin embargo el PT
desperdició tres gobiernos sin avanzar nada al respecto. Sólo en el último
ejercicio hubo intentos tímidos de reducir la tasa selic que se toma como base
para las tasas de la deuda pública. Pero se volvió a los aumentos de la selic y
hoy está en el 11% lo que la coloca en el lugar de las más altas del mundo.
Sistema tributario
refuerza desigualdad /2
Si bien es en la
injusta propiedad de la tierra donde están concentradas la mayor parte de las
causas de la desigualdad social en Brasil, el sistema tributario que rige el
país incide directamente en la persistencia de las desigualdades de renta e
impide que esta situación cambie. La carga tributaria brasileña recae sobre los
más pobres y los asalariados del país, por medio de tributos indirectos y
acumulativos que castigan al consumo popular. Mientras existe una baja
tributación sobre la renta y el patrimonio de la élite capitalista.
Más de la mitad de la
recaudación se trata de impuestos sobre los bienes y servicios, de esta forma
los pobres y asalariados aportan el 71,38% del total de impuestos
contribuciones y tasas recaudados por el fondo público en Brasil. Pero la
regresividad del sistema es peor aún. Los elevados tributos sobre los productos
que componen la cesta básica imprescindible del sustento humano, castigan con
preferencia a los más pobres y en especial a negros y negras. Por tanto la
tributación actúa como un factor directo de profundizar la desigualdad racial y
de género. Pesquisas recientes demuestran que de todo el espectro social, son
las mujeres negras las más perjudicadas por los impuestos. Y que son ellas las
que pagan, proporcionalmente y en relación a sus rendimientos, mucho más
tributos que los hombres blancos.
En ese sentido Brasil
va a contramano de los países mal llamados “desarrollados” donde la tributación
sobre el patrimonio y las rentas de capital responden por cerca de 2/3 de la
recaudación tributaria. Es entonces el sistema tributario regresivo uno de los
principales responsables de que un país considerado la séptima economía mundial
este en el 79 lugar de la tabla mundial de índice de desarrollo humano (IDH).
Entre las principales
medidas tributarias implementadas tanto por los gobiernos de PSDB como del PT
que agravaron la injusticia del sistema impositivo en Brasil tenemos:
1 - la exención de
impuestos a la renta de lucros y dividendos distribuidos a socios capitalistas,
incluidas las remesas para el exterior, aplicada por el gobierno de Fernando
Henrique Cardoso para favorecer a las corporaciones tanto nacionales como
extranjeras e impulsar la libre circulación de capitales.
2 - La reducción del
impuesto a la renta en las operaciones de la bolsa de valores y la exención de
impuestos a la renta de los títulos de deuda pública brasileña implementada en
los gobiernos de Lula.
3 - las exoneraciones
tributarias, que implican poner en peligro el financiamiento de las políticas
sociales, aplicadas durante el gobierno de Dilma Rousseff. La última, la medida
provisoria 651/14 aprobada el 14 de octubre por la cámara de diputados -en
acuerdo del PT con el Partido del Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)- que
otorga “incentivos tributarios” a un amplio espectro de empresas, reduciendo
drásticamente de 20% a 1 y 2% la retención jubilatoria que aporta la patronal
para el pago de jubilaciones a los trabajadores, aprobando renegociar deudas
empresariales y reduciendo la tributación del mercado de acciones. Con la
coartada de revitalizar la economía en medio de la crisis mundial. Pero en realidad
una nueva guiñada a los empresarios entre el primer turno y el segundo de las
elecciones nacionales /3.
Para el profesor
Evilasio Salvador de la Universidad de Brasilia y autor del estudio en que
basamos este subtítulo: “es
necesario revocar las medidas expuestas tomadas después de 1996, para construir
un sistema tributario que actúe en el sentido de la redistribución de la renta
y la riqueza del país y para incidir positivamente sobre las desigualdades
sociales”. Y centrar la
tributación sobre el patrimonio y la renta de los contribuyentes, colocando el
impuesto a la renta del capital como el tributo directo principal. Para centrar
el sistema tributario en el aporte de acuerdo a la capacidad económica del
contribuyente. Eliminando los impuestos sobre el consumo imprescindible de la
población, como el impuesto al valor agregado, con el cual Arminio Fraga
amenazó sustituir todos los demás impuestos para llevar al extremo la
desigualdad social del sistema impositivo y reducir el ingreso de los asalariados,
sin actuar contra el salario mínimo o los convenios obrero-patronales.
Dilma: “En la segunda
mitad del año habrá un festival de licitaciones”/4
Desde el primer
gobierno de Lula hubo una presión sobre los capitalistas para desarrollar un
proceso acelerado de fusiones empresariales y de adaptación productiva para
globalizarlas. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) /5 se transformó en el financiador con
préstamos a largo plazo para hacer posible esa expansión global de las empresas
como Petrobras u otras transnacionales privadas de capital mayoritario
brasileño como las cuatro grandes constructoras que dominan el mercado del
país, y los bancos de capital nacional.
BNDES Participaçoes
(BNDESPAR) contribuyó a crear Brasil Foods (fusión de Sadia con Perdigão) y
Fibria, con US$ 2.400 millones (Aracruz Celulose y Votorantim Celulose e
Papel). También apoyó con US$ 760 millones a la fusión entre JBS y Friboi, la
segunda mayor inversión en private equity en los últimos tres años en Brasil. Con
la posterior adquisición de la estadounidense Pilgrim ’s
Pride, esta empresa se convirtió en la mayor de carne bovina del mundo. BNDES
también ayudó a crear el décimo banco mundial por capitalización de mercado,
producto de la fusión del Banco Itaú y Unibanco. Una “aliado” que apoyó
públicamente, primero la candidatura de Marina Silva y luego cuando ella fue
eliminada de la disputa por la presidencia, la de Aécio Neves
contra Dilma Roussef, en el balotaje.
Como resultado, BNDES
es el mayor accionista de las más grandes corporaciones brasileñas: 17% de
Vale, si incluimos el holding Valepar, 9% de Eletrobras y Brasiliana, 6% de
Telemar, Copel y JBS-Friboi y 4% de Petrobras. Aunque más de 50% de sus
inversiones están en energía, su intervención alcanza a todos los sectores y
tamaños.
Los Programas de
Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) de los dos gobiernos Lula apuntaron a
realizar las obras de infraestructura que permitieran ese crecimiento para
transformar Brasil en una “China latinoamericana”. El PAC I contó con US$
370.000 millones para la realización de 2471 proyectos de infraestructura. El
PAC II anunciado oportunamente antes de iniciarse la campaña electoral de 2010,
destinó US$ 878.000 millones con igual objetivo. Fue una enorme inyección de
capital que favoreció en primer lugar a las constructoras transnacionales de
capital brasileño, pero que se expandió hacia toda la economía interna.
En marzo de 2009 el
gobierno Lula lanzó un programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” con financiamiento hipotecario. La
inversión prevista era de 34 mil millones de R$ (unos 17 mil millones de U$S)
para construir un millón de viviendas. Que se continuó y amplió en el gobierno
Dilma con dos nuevas etapas /6.
Por su parte el 15 de
agosto de 2012 la
presidenta Dilma lanzó el Plano Nacional de Logística (PNL)
para la construcción de autopistas y ferrovías por la forma privatizante de la
“concesión”. Todo el sistema de transporte público en los municipios, estados y
la Unión está estructurado en base a empresas concesionarias o permisionarias,
así como los contratos del Estado con las empresas de energía eléctrica, de
telefonía y telecomunicaciones. De igual forma se privatizaron (o
extranjerizaron) la explotación del subsuelo por las mineras, parte importante
de la explotación petrolera o el sistema privado de radio y TV en manos de
grandes medios retrógrados o de
cadenas de evangélicos y neo-pentecostales. Se trató de un plan privatizador
que favorece en primer lugar a cuatro grandes corporaciones globalizadas de la
construcción y sus subsidiarias.
Menos de un año
después, en la entrevista exclusiva de Luis Nassif (junio 2013) que
citamos en el subtítulo, Dilma detalló: “Serán
licitadas 7.500 km
de autopistas, aeropuertos, ferrovías, la cuenca de Libra, gas en tierra (fracking),
almacenes, líneas de transmisión y generación eléctrica y el TAV (Tren de Alta
Velocidad). Los empresarios internacionales ya acordaron con eso.” Licitaciones y concesiones es la forma
de privatización de obras y servicios públicos que fue adoptando en forma
persistente el gobierno del PT.
Concluido el año 2013
fueron concedidas a las corporaciones 4.250 kilómetros
de autopistas y carreteras en las regiones sudeste, nordeste y centro-oeste,
con lo que el año cerró con 81% de aumento de la red federal de autovías
transferidas a las empresas privadas. En todos los llamamientos de concesiones
de autopistas están previstos, además de la duplicación de todos los trechos,
el servicio de recuperación, manutención, conservación, operación, implantación
de mejorías y ampliación de capacidad. Y el sistema de privatización se rige
por la Ley de Parceria Público Privada (PPP) donde empresas estatales
intervienen de modo minoritario, abriendo camino para las financiaciones del
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
También fueron
concedidos a las empresas privadas dos aeropuertos: el del Galeão en Río de
Janeiro y el de Confins en Belo Horizonte. En el de Río la concesión es por 25
años, en cuanto el de Minas Gerais es por 30 años. Con esto, el Programa de
Inversiones en Logística (PIL) suma cinco concesiones aeroportuarias, ya que
las unidades de Guarulhos y Campinas en São Paulo y el de Brasilia habían sido
rematados en 2012. Es parte de los planes del gobierno que se invierta con la modalidad Parcería
Público Privada (PPP), en la infraestructura de 270
aeropuertos regionales.
De las privatizaciones
no se salvaron ni los bancos estatales. En octubre de 2013 el gobierno Dilma
aumentó la participación de los capitales extranjeros del 20% al 30% en el
Banco do Brasil.
Además de estas
licitaciones hay que agregar el remate de concesiones de puertos, ferrovías,
hidroeléctricas, redes de transmisión de electricidad, etc. Pero sin lugar a
dudas el día más “festivo” del “festival de privatizaciones” fue el 21 de
octubre de 2013 cuando se licitó la cuenca petrolera Libra del pre-sal por la ANP. Libra en la cuenca
de Santos se estima en 15 mil millones de barriles. Lo que implica un billón de
U$S (un millón de millones en español o un trillón en portugués) que irían a
manos -en parte- del cártel petrolero.
En Brasil existe un
mito que identifica a Petrobras con una empresa estatal. En 1997, el gobierno
de Fernando Henrique Cardoso (FHC-PSDB) la transformó en una sociedad anónima
con un 70% de su capital comprado por grandes especuladores extranjeros que
presionaron para tercerizar la mano de obra. En los 16 años siguientes cerca
del 80% de la mano de obra de la empresa, -más de 250 mil funcionarios- fueron
tercerizados en subsidiarias. Al mismo tiempo que privatizaba Petrobras, FHC
eliminó el monopolio estatal sobre la explotación petrolera. Sin monopolio la
exploración de petróleo es hecha a partir de tres tipos de contrato: concesión,
contrato de explotación conjunta con el estado, y contrato de servicios. En el
caso de la licitación de Libra realizada en octubre pasado fue el de
explotación conjunta, por el cual el gobierno recibe una parte del crudo a ser
producido por la corporación concesionaria.
El Banco Central de
Brasil defiende las concesiones -privatizaciones- petroleras como mecanismo de
alcanzar la “estabilidad financiera” y, todo indica, que la presidente Rousseff
utilizó la licitación para garantir la meta fiscal (superávit primario). Por
eso marcó en R$ 15 mil millones el bono que deberían pagar las petroleras que
licitaron Libra para poder entrar en el negocio. En realidad está cambiando
recibir menos lucro durante 25 años para obtener un préstamo al 22% anual de
interés por encima de la
inflación. Un pésimo negocio.
Considerando que se
trata de un pozo de riesgo cero -basta perforar para obtener el crudo- los
sindicatos de petroleros así como la mayoría de los movimientos sociales
identificó la licitación como una política entreguista. Un ingeniero explica:
las licitaciones serían “aceptables” para bloques de búsqueda de petróleo, no
para un campo con las reservas conocidas. Y agregó: “Solo en Irak y en Brasil se licita
petróleo conocido existente en el subsuelo”/8. Pero Irak es una
colonia en vías de desintegración.
Seis días antes de la
licitación los trabajadores de Petrobras y sus subsidiarias entraron en huelga
contra lo que definieron como “la
mayor privatización de la historia de Brasil”. Las movilizaciones contaron con el
apoyo de sindicatos y organizaciones estudiantiles.
En el local del
remate, el Windsor Barra Hotel, en Barra da Tijuca, las policías Civil y
Militar, el Cuerpo de Bomberos y la guardia municipal de Rio de Janeiro,
protegían la
privatización. Y a pedido del gobernador del estado Sérgio
Cabral también intervino el Ejército y la Fuerza Nacional de
Seguridad. El operativo fue coordinado por un general del Comando Militar del
Este.
Para el
coordinador-general de la Federaçión Única de los Petroleros (FUP), João
Antônio de Moraes, "La
entrega de 60% de Libra para las empresas extranjeras es uno de los mayores
crímenes de lesa-patria que ya tuvimos en el país. Un día triste para el pueblo
brasileño" La
licitación, además del 40% correspondiente a Petrobras, se dividió entre la francesa Total
(20%), la
anglo-holandesa Shell (20%) y las chinas CNPC e CNOOC (10%
cada una).
En Brasil la libre
movilidad de capitales, los planes de crecimiento económico y desarrollo infraestructural
con ayuda estatal y el impulso globalizante a las empresas y bancos, es un
excelente ambiente de desenvolvimiento del capital imperialista. Entre el año
2003 de inicio del gobierno del PT y 2011, se concretaron 4724 fusiones y
adquisiciones de empresas en el país. Con una tendencia permanente a aumentar
estas transacciones año a año y con una aceleración que se hace evidente al
comparar el primer trimestre de los dos primeros años de la presidencia Dilma :
en el 1er. trimestre de 2011 fueron 167 y en igual período de 2012 se
realizaron 204 transacciones. Lo que manifiesta un aumento del 22%. Casi el 50%
de estas operaciones implicaron capitales extranjeros (la mayoría de EUA,
Francia, Inglaterra y Alemania) comprando empresas brasileñas. En 2012, el
mayor número de extranjerizaciones de dio en el rubro de informática e
Internet. Otros dos sectores muy procurados por este proceso de
extranjerización de las empresas son las compañías de salud y de educación
privadas /9.
A mitad de 2013 el
gobierno Dilma enfrentó multitudinarias movilizaciones de pobladores y jóvenes
que no llegaron a la fantasiosa “nueva clase media” brasileña y salieron contra
la carestía y el costo del transporte. A estos se sumaron las comunidades de
favelas perjudicadas por la contra-reforma urbana, -bajo el subterfugio de los
mega-eventos deportivos- de corporaciones predatorias de la construcción, que
desalojaron más de 150 mil familias para impulsar una extensa especulación
inmobiliaria. Mientras los verdaderos guetos de explotación de clase y de
discriminación étnica que son las favelas eran ocupados por policías corruptas
de las Unidades de Pacificación Policial (UPP) y militares entrenados en la
represión con la ocupación de Haití.
Los asalariados
rurales y trabajadores sin tierra (MST y Vía Campesina) denunciaron el freno
total a la reforma agraria, el conjunto de los pueblos indígenas se movilizaron
contra el fin de la demarcación de sus tierras y el avance del agro-negocio, la
minería y las corporaciones petroleras sobre su territorio. Quilombolas
resisten el modelo extractivista. Pescadores artesanales y ribereños enfrentan
la contaminación industrial de ríos y costas oceánicas. Diversos sectores
desafían la prepotencia de las mega-hidroeléctricas que los expulsan de sus tierras
y los dejan sin agua, sin vivienda y sin alimentos.
Las grandes
movilizaciones urbanas iniciadas en junio de 2013 duraron poco más de un mes
pero alcanzaron para marcar un cambio radical en la coyuntura política.
“Millones descubrieron el camino de las calles, de las movilizaciones y
auto-movilizaciones y de las demandas. A partir de allí hubo un cruzamiento
entre los trabajadores y los movimientos sociales urbanos, en especial por
vivienda. Hay también un aumento del activismo social que confluye con la
automovilización sindical y el resurgimiento de un movimiento social urbano.
Todo esto provoca un sentimiento social de indignación, huelgas, protestas y
desafíos a los gobiernos y empresas” /10.
Mientras, la
presidenta Dilma no asimiló las enseñanzas obvias de esa
marejada popular, e insistía tozuda con “más de lo mismo”.
Una alianza nefasta
empeora la retrógrada posesión de tierras
Luego del desastre del Mensalão, la opción
inmediata para continuar garantizando la “gobernabilidad” no fue apelar al pueblo
y sus ansias de cambio, sino la búsqueda de alianzas con representantes de
oligarquías regionales, de empresarios y banqueros. O sea aliarse a sectores de
una élite política patrimonialista y corrupta que domina el Congreso desde hace
décadas.
La cúpula
gubernamental pactó entonces con lo peor del Congreso brasileño: el Partido del
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Y con ellos obtuvo el apoyo envenenado
de los “ruralistas”. Hacendados latifundistas usurpadores de tierras fiscales,
indígenas o quilombolas y volcados a la agro-industria. Ganaderos
que desmatan la Amazonia para transformarla en pasturas para sus vaquerías.
Plantadores de granos bio-degradados transgénicos, contaminadores de tierras,
aire y ríos con agro-tóxicos y también eliminadores de bosques naturales y de
la mata ciliar en las riberas de las corrientes y nacientes de agua. Como
resultado hoy tenemos la agonía de grandes ríos como el Sao Francisco -que
atraviesa 8 estados brasileños- por pérdida de caudal, que ya secó en sus nacientes
y amenaza la producción agrícola que depende de su agua y el sustento de los
pescadores ribereños.
El secretario general
del Observatorio del Clima, Carlos Ritti, “destaca la relación directa entre
desmonte, contaminación, mudanza climática y la crisis hídrica que avanza sobre
el país” A la enorme crisis hídrica en S ã o Paulo, que condujo al
racionamiento del agua, -luego de ser ocultada por los grandes medios para que no perjudicara la elección como
gobernador de de Alckmin (PSDB)-, ahora se suma la amenaza de disminución de
los acuíferos en Rio de Janeiro. Con el actual sistema productivo en vigencia
la escasez de agua sólo puede empeorar.
El aumento del
desmonte en la Amazonia -una de las razones de las grandes secas en otras
regiones- tiene cifras alarmantes: en el último año evaluado (agosto 2012/julio
2013) el desarbolado en la Amazonia creció casi un 30%. Se trata de 5.891 km2
de florestas arrasadas. Esta destrucción de las matas y selvas naturales
implica la remoción completa de la cobertura forestal. Y esto es obra principal
de los hacendados de los estados de Pará, Mato Grosso y Rondonia. En los años
2011, 2012 y 2013 del gobierno de Dilma Rousseff, se arrasaron 24.650 Km2 de
arboledas. Una superficie mayor que la extensión territorial de El Salvador /11. Y esta destrucción de florestas
continúa hasta la fecha: sólo en setiembre de 2014 el desmonte creció 290% en
relación a igual mes de 2013 /12.
Está identificado con
claridad el responsable principal de este crimen forestal: casi la mitad del
desmonte entre 2004 y 2011 se produjo en propiedades mayores a 500 ha. mientras
sólo el 12% en pequeños campos menores a 100 há. /13 Son los mayores hacendados los que
devastan en mayor medida las florestas.
En la cosecha
2013-2014 de granos de Brasil, la soja transgénica ocupó 30 millones de
hectáreas sembradas (o 300 mil km2) -una superficie del tamaño de Italia-
aumentando un 9% su producción anual, que viene en crecimiento continuo durante
los tres gobiernos del PT. Brasil aporta con el 60% de la superficie sembrada
de soja del total del enclave sojero sudamericano, que incluye también a
Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Y esta situación se extiende a los
demás plantíos de semillas transgénicas: recordemos que en la zafra 2014 la
variedad transgénica del algodón ocupa 65% (710 mil hectáreas) de la producción
total; y en la zafra de 2013 del total de maíz producido en el país, 89,9% era
transgénico. Hoy ya se plantan 18 especies de estos maíces mutantes producidos
por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dow Agrosciences y Dupont. Con un
agravante para los bebedores de cerveza: las marcas Antárctica, Bohemia,
Brahma, Itaipava, Kaiser, Skol y todas aquellas en que consta como ingrediente
“cereales no maltados”, de acuerdo a la legislación brasileña pueden sustituir
hasta el 45% de la malta de cebada por maíz transgénico.
Desde el punto de
vista social y humano, el enclave sojero y transgénico en general es un área de
exclusión de trabajadores rurales, de campesinos, de agricultores familiares,
de indígenas y descendientes de esclavos liberados. Es una política de
deterioro rural que excluye todo lo posible el trabajo humano y exige una
inmensa inversión en “tecnología” agrícola. Más tractores, fumigadoras
terrestres -conocidas popularmente como mosquitos- o aéreas, cosechadoras
computarizadas y drones (usados para controlar la marcha de los plantíos). Y no
se trata de una discriminación y exclusión pacífica. Esta política
pro-ruralistas del PT puso en riesgo de vida a todos esos sectores, que son
agredidos por los “gatillo-fácil” al servicio de los latifundistas.
La violencia rural
está en aumento en el país. Según el informe de la ONG Global Witness /14, antes del mundial de
fútbol, Brasil obtuvo un título: primero en el mundo en muertes de defensores
ambientales. Con 448 asesinatos de ambientalistas entre los 908 casos
registrados en todo el mundo entre 2002 y 2013, Brasil se lleva la “copa” del
crimen ambiental. Para tener una idea de la magnitud del enfrentamiento actual
recordemos que el número supera los muertos y desaparecidos políticos en el
período de veinte años del régimen militar en el mismo país, entre 1964 e 1985.
Tanto el proyecto
productivo como la matriz energética que impulsa el gobierno, han desatado
enfrentamientos con pueblos indígenas, pobladores costeros y pescadores,
pequeños productores rurales y organizaciones sociales que luchan por la tierra. Es durante el
gobierno de Dilma Rousseff que las grandes obras hidroeléctricas y los diques
que retienen agua para la agro-industria o la minería, así como la agresión a
la naturaleza y a los pobladores -tanto rurales como urbanos- que proviene de
los monocultivos y las mineras, han generado variados e intensos
conflictos.
Un caso emblemático
como el de la
Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, construida en el Río
Xingu (Pará) por el consorcio Norte Energía, se arrastra durante más de 20 años
y perjudica los medios de existencia
(alimentación, vivienda, territorio, etc.) de más de 300 mil personas entre
pescadores ribereños, indígenas y quilombolas, por las inundaciones, desvíos de
ríos, destrucción de zonas selváticas y contaminación. Con la complicidad de
gobiernos estaduales y federales fueron facilitados los licenciamientos legales
sin previa consulta a los pobladores afectados. Y existen nuevos proyectos de
mega usinas hidroeléctricas en la Amazonia, como la del río Tapajós que
resisten los indios munduruku porque afectarían sus tierras indígenas de São
Luiz do Tapajós y Boa Fé así como desaparecerían varias aldeas ribereñas del
río.
Esta situación no es
localizada sino que se extiende a todo el país. En el Mapa de Conflictos
envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasil son relatados 343 conflictos
ambientales que tienen impacto en la salud colectiva del país. Las principales
víctimas de estos conflictos son los indígenas en 33,67 % de los casos, en
31,99% son los agricultores familiares y en el 21,55% los quilombolas” /15.
Esta estrategia
“lulista” de alianza con los ruralistas tiene otras variadas consecuencias
además de las sociales y ambientales. Desde 2008, Brasil es el mayor consumidor
de agro-tóxicos del mundo, y se trata de un proceso que aumenta año a año el
costo productivo. En 2013 fueron consumidos en el país mil millones de litros
de “defensivos agrícolas” (eufemismo con que los llaman las corporaciones
químicas), una cuota de 5
litros por habitante. Pero esta cifra no refleja la
realidad de los estados como Mato Grosso donde la soja OGM es la cultura
dominante. Allí, en el municipio de Lucas de Rio Verde se vuelcan anualmente,
en media, 136 litros
de venenos por habitante. En dicha zona en 100% de las muestras de leche
materna analizadas por un grupo de investigadores de la Universidad Federal
de Mato Grosso (UFMT) fue encontrado al menos un tipo de agro-tóxico y en 85%
de los casos fueron encontrados entre 2 y 6 tipos /16. Esto, como es inevitable está creando
problemas de salud pública que aún no se miden en su verdadera magnitud. Pero
que pueden sospecharse mirándose en el espejo de Argentina que inició la
experiencia de semillas bio-degradadas una década antes y ya comprueba un gran
aumento del cáncer y múltiples deformaciones genéticas en los nacimientos, en
las zonas de influencia transgénica.
PT Insiste en una
estrategia errada para el próximo decenio
Las populosas
movilizaciones iniciadas en junio de 2013 abrieron un debate público en el
Partido de los Trabajadores de Brasil. No vamos a hablar de un ala “izquierda”
y otra “derecha” dentro del partido porque ambos términos están desacreditados
para definir corrientes políticas en la actualidad y no implican conceptos
programáticos similares para quienes los siguen utilizando. O sea más que todo
ayudan a la confusión.
Quienes dentro del
Partido no estaban conformes con la orientación gubernamental señalaron la
agitación social multitudinaria de 2013 como un síntoma general de descontento
de los sectores populares y empezaron a hacer críticas públicas tanto al
gobierno Dilma como a los parlamentarios oficialistas y aliados al PT en el
Congreso. Era un sector desplazado del poder que poco se expresó en forma
conjunta durante los dos ejercicios de Lula /17.
En el año transcurrido
desde las primeras protestas de 2013, los petistas discrepantes con la
orientación política oficial, encontraron una situación favorable a sus
críticas que se han ido endureciendo y en la actualidad abarcan innumerables
aspectos. Que la presidencia la ejerza una persona sin tradición petista como
Dilma, favorece el ánimo de discrepancia. No es lo mismo que enfrentar a Lula.
Las críticas van desde la política ambiental o de derechos humanos, a las
deficiencias en salud, enseñanza y transporte urbano, o la abierta represión en
las ciudades y en especial en las favelas; el aumento y endurecimiento del
aparato represivo; la alianza parlamentaria con los ruralistas y la política
económica centrada en la exportación de commodities -dos aspectos complementarios- y
el retroceso en la soberanía económica con la licitación del yacimiento de
Libra en el pre-sal y el aumento permanente de una deuda pública cuyo servicio
en mayo de 2014 ya había consumido el 54% del gasto federal /18.
Esta situación de
duras y variadas críticas y la campaña electoral que se abrió luego de la Copa
mundial de fútbol obligó a la dirección del PT y la intelectualidad del
gobierno a asumir el debate y exponer su caracterización sobre la situación
actual. Pero la primicia es que ahora despliega una estrategia de economía
política oficialista para desarrollar en el próximo decenio.
Esta estrategia fue
esbozada en un editorial de Carta Maior del 25 de junio de 2014 /19 en el que se sugiere que proviene de
Lula da Silva con apoyo de la economista petista Maria da Conceição Tavares /20.
El texto presenta
dicha estrategia como un programa que se contrapone al de los sectores
“conservadores” del país. Según él, el país está en una“encrucijada de
desarrollo económico”, y para superar ésta, la oposición económica al gobierno (liderada por el
Partido Social Demócrata Brasileño PSDB) está proponiendo realizar un ajuste
fiscal-similar al de los países metropolitanos- y a través del desempleo masivo
y la reducción del salario consecuente intentaría alcanzar una tasa de
explotación compatible con las necesidades de competitividad que impone el
mercado mundial en este momento.
Ante esto, se afirma
que la “continuidad del
proyecto progresista” exige
una “inflexión de densidad” que no puede ser “subestimada”. Y que el“enorme esfuerzo
político” a realizar debe apoyarse en tres puntos: “organización popular, democracia
participativa y salto tecnológico sistémico que irradie la productividad
necesaria para atender la demanda por derechos y calidad de vida”. Pero en este trípode la “productividad” es el“lubricante estratégico” que el programa petista contrapone a
la rebaja salarial y el desempleo.
Y allí se introduce el
plazo necesario para desarrollar esta estrategia: “Brasil precisa de más una
década para que madure el pre-sal y los BRICS se consoliden como un polo
alternativo a la truculenta hegemonía del capital financiero mundial”
Y los tres sectores
elegidos para apuntalar un nuevo empuje del desarrollo brasileño son: la
agropecuaria (centrada en los monocultivos transgénicos y la ganadería
extensiva), el petróleo (priorizando el pre-sal) y la aeronáutica. Los
dos primeros se trata de una continuación de los planes que se vienen
desarrollando y el tercero ya tiene un impulso importante que le ha permitido
competir con aeronaves de 100 pasajeros en escala internacional, pero la
estrategia señala que le ha faltado un apoyo económico del estado más decidido.
Respecto al pre-sal y
luego de la fuerte resistencia sindical y el descontento de los defensores de
la soberanía a la licitación de la cuenca de Libra, como parte de esta nueva
estrategia hace pocas semanas el gobierno le entregó a Petrobras cuatro áreas
concentradas en el campo de Franco (ahora Búzios) que tienen entre 10 y 15 mil
millones de barriles de petróleo recuperables. Franco es un 25% mayor en
reservas que Libra.
Es interesante
remarcar que cuando el texto argumenta a favor de la productividad tecnológica,
se da como ejemplo el desarrollo de EUA basado en el armamentismo. Por eso
algunos observadores llaman la atención sobre un proyecto poco publicitado de
cooperación bilateral Brasil-Israel de tecnología que incluye a la industria
armamentista.
Organizaciones internacionales
denuncian la Cooperación Bilateral Brasil-Israel en
Investigación y Desarrollo Industrial y afirman que “este tipo de
cooperación con Israel no solo directa o indirectamente legitima políticas
israelitas actuales sino que también contribuye con la prolongación de la
ocupación y legitima la colonización y el apartheid israelita aplicado a los
palestinos.” Se denuncia
también que esta cooperación ya está“apoyando empresas o entidades que
funcionan en territorios palestinos ocupados, actividades israelitas ilegales
en ellos, o actividades (pesquisa, producción, comercio) que benefician actos
ilegales de Israel en territorios ocupados, incluyendo la construcción del Muro
y el desarrollo de nuevos asentamientos” y
se remarca que ““esto está en clara contradicción con el compromiso de
Brasil con la creación de un estado palestino en las fronteras de 1967 y el
derecho palestino a la autodeterminación” /21.
Pero quizá lo más
cuestionado de la estrategia “petista” para el próximo decenio sea la
continuidad de un programa productivo y de exportación basado en el
agro-negocio de monocultivos transgénicos, algo rechazado por todos los
sectores de la agro-ecología, los ambientalistas, los indígenas y los
quilombolas y otros amplios sectores que lo consideran una gran amenaza para la
salud pública.
Estrategia petista
errada obtiene integración retrógrada del Congreso
La clara y abierta
opción a favor del agro-negocio en los tres gobiernos del PT y que se proyecta
también para el próximo decenio, tuvo como consecuencia política directa un
crecimiento espectacular de la bancada ruralista del agro-negocio en el
Congreso. Los números cantan.
En Brasil el grupo
"ruralista”, que representa al agro-negocio en el Congreso es la mayor
bancada en el legislativo. El impulso a los monocultivos agrícolas de commodities brindado por los gobiernos del PT ha
favorecido su crecimiento en el período 2003-2014. Hasta 2003 el lobby contaba
con 89 parlamentarios; en el segundo ejercicio del presidente Lula ya había
alcanzado los 120 legisladores y en el ejercicio de Dilma Rousseff tuvo 160
representantes. Es decir, durante los dos primeros gobiernos petistas casi
duplicó su fuerza.
Pero en las elecciones
de 2014 dio un salto mayor aún. Los grandes terratenientes del campo y sus
políticos afines reunidos en el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) son a
partir de 2015 la mayor bancada del Congreso. Ha crecido un 33% sumando 273
asientos entre diputados y senadores. En la Cámara de los Diputados junto a
otros 131 parlamentarios vinculados al agro-negocio, conseguirían una mayoría
de 257 representantes del sector ruralista, frente a los 256 no ruralistas. O
sea controlan más de la mitad de los diputados federales. Entre sus prioridades
está la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC-215) que
haría que la demarcación de las tierras indígenas (TI) saliera del ámbito de la
Funai (Fundación Nacional del Indio) y pasara a manos del Legislativo para
impedir que se aprobaran nuevas demarcaciones territoriales de pueblos originarios.
Entre otros retrocesos, porque está pendiente la explotación minera en TI y ya
se están invadiendo reservas forestales e indígenas con la construcción de
mega-hidroeléctricas, lo que en conjunto representa una auténtica amenaza de
exterminio étnico y mayor degradación ambiental /22.
Otra ofensiva de la
bancada ruralista es contra la criminalización del trabajo esclavo. Es sabido
que los principales bolsones de trabajo esclavo en el campo están en las
grandes extensiones terratenientes. Y existe en las autoridades una cierta
actitud benévola al respecto. Un equipo de fiscalización del Ministerio de
Trabajo y Empleo (MTE) en una operación en la hacienda Taiaçu II
-en el nordeste de Mato Grosso- liberó un grupo de trabajadores en condición de
esclavitud. Esto no sería novedad si el dueño no fuera hermano de la senadora Kátia Abreu ,
la Presidente de la Confederación de la Agricultura y la Pecuaria de Brasil
(CNA) y líder de los ruralistas en el senado /23.
Aunque los grandes
hacendados son los principales responsables del trabajo esclavo o forzado
rural, no se manifiestan públicamente a favor de dicha forma de explotación. La
táctica utilizada en el Congreso para impedir que se aplique la ley de
expropiación de las haciendas donde se identifica un bolsón de trabajo con las
características de esclavitud, es cambiar los términos de la ley donde se
determina qué debe ser considerado como trabajo esclavo, para que formulaciones
confusas o de variada interpretación impidan la aplicación del dictamen de
expropiación. Este sería otro retroceso social, que la bancada ruralista puede
aprobar en un parlamento donde ahora tiene mayoría.
Y al crecimiento de la
bancada ruralista se suman otros segmentos conservadores como militares,
policías e incluso algún representante de las “milicias” conocidos como la
“bancada de la bala” que se prevé puede llegar al 30% del total de
parlamentarios, lo que pone en evidencia la amenaza de reducción para 16 años
de la mayoría penal y da nuevo impulso al genocidio actual de adolescentes negros.
O los evangélicos medievalistas defensores de la homofobia y condenadores del
aborto y los derechos de género. etc. Lo que hizo afirmar al director delDepartamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Antônio Augusto Queiroz:
“este nuevo Congreso es seguramente el más conservador desde 1964” . Es decir comparable al
que “convivió” con la pasada dictadura militar.
Al mismo tiempo, el Diap informó
que el número de diputados ligados a causas sociales cayó drásticamente, aunque
los números totales todavía están siendo calculados. Lo que significa que la
descriminalización del aborto, la unión de personas del mismo sexo o la
legalización de la marihuana tienen pocas chances de ser abordados y aprobados
en este Congreso que tomará pose en febrero de 2015 /24.
Otra retracción
significativa fue la cantidad de diputados electos para integrar el frente
parlamentario sindical en el Congreso: esta bancada se redujo casi a la mitad,
de 83 legisladores bajó para 47. Para poder comparar digamos que antes del primer
gobierno Lula había 44 sindicalistas como diputados en la cámara y después de
tres ejercicios del PT y de haber tenido 83 legisladores, a partir de 2015 el
sindicalismo tendrá sólo tres parlamentarios más que bajo el último gobierno de
FHC (PSDB).
Para Queiroz el motivo
de la reducción de la bancada de sindicalistas deviene de la decisión de los
partidos de dar prioridad a los candidatos con acceso a financiación
empresarial o de la máquina pública, mientras los militantes perdieron espacio
frente al predominio del electoralismo sin contenido programático. Para el PT
es el resultado de priorizar la politiquería de la institucionalidad y las
alianzas con la burguesía, frente a la organización y las luchas de los
movimientos sociales.
Como contrapartida la
bancada empresarial tendrá cerca de 190 miembros. Y con seguridad, como no hay
en el horizonte la expectativa de que el gobierno haga nuevas exoneraciones de
los aportes patronales o dar incentivos fiscales y crediticios como hizo hasta
ahora para favorecer la conciliación de clases, la tendencia es que la patronal
presionará para que se vote en el Congreso -entre otras cosas- el proyecto de
tercerización del trabajo en las empresas que impone la precarización -para
reducir los costos salariales- y el que obliga a prevalecer la legislación
sobre lo que es negociado entre patrones y trabajadores. Esto por ejemplo
tiraría abajo las conquistas en salario mínimo de varios estados como Paraná,
Santa Catarina o Rio Grande del Sur, que están por encima del salario mínimo
nacional y que, entonces, es el único que regiría. Esta relación de fuerzas
descarta también el proyecto de reducción de la jornada de trabajo que, con
poco entusiasmo hasta ahora, han planteado las centrales sindicales/25.
Para completar el panorama
de este congreso retrógrado tenemos que según Queiroz "algunas conquistas como
garantía de los derechos humanos pueden ser anuladas o mismo retroceder con la
elección de un parlamento extremamente conservador” Como los pocos avances en derechos
de género ya que la representación femenina sólo alcanza poco menos del 10% del
total del parlamento. O respecto a conquistas como las cuotas para negros en la
Universidad y en los empleos públicos, en un Congreso cuyo 80% de los
legisladores son blancos y dentro de ese espectro el conservadorismo es amplia
mayoría. Considerando que la población de negros y “pardos” en Brasil
representa el 52% de los habitantes, el Legislativo no refleja una vez más la
composición étnica de la sociedad e indica que la denuncia de los
afro-descendientes de que en el país el racismo es institucional, se confirma.
Para terminar de medir
la dimensión del revés político que significó la elección del Congreso en el
primer turno, sepamos que a partir de 2015, el PT perdió 18 parlamentarios
bajando su bancada de 88 para 70. Mientras el PSDB aumentó 10 bancas, subiendo
de 44 para 54.
Rectificación de rumbo
Concluyendo, todo lo
planteado es clara evidencia de que la estrategia política petista para quienes
esperaban un cambio radical de la sociedad, fue una completa decepción. Aún en
términos de reducción de la desigualdad social en el país, los efectos son
bastante pobres. Es necesario entonces hacer un balance de esta política para
ubicar sus mecanismos equivocados y encarar el resultado fallido aún de sus
limitados objetivos que no iban más allá de reducir muy parcialmente los peores
aspectos de la explotación y discriminación capitalista.
Pero en muchos
aspectos como el ambiental
o de derechos democráticos de las etnias postergadas, la situación empeoró. Así
como en los derechos de género, pues si bien la ley María da Penha
contra la violencia doméstica, fue un gran avance, en contrapartida el rechazo
a la descriminalización del aborto en el Congreso bajo la presidencia Dlma
significó una derrota importante a lo que se suma un crecimiento de la bancada
evangélica y sus ideas atrasadas contrarias a los derechos femeninos. En
términos de libertades individuales, con la persecución y represión a las
protestas ciudadanas durante la Copa del mundo y el aumento del armamento a las
policías militares se instauró una verdadera prohibición de la movilización
callejera y del libre uso de los espacios públicos urbanos.
Una cifra nos completa
el retrato de la democracia brasileña: en sus prisiones se hacinan más de
550.000 detenidos, lo que ubica al país en el 4º lugar en el mundo por su
población carcelaria, después de las “democracias” de EEUU, China y Rusia.
También en Brasil la política de penalidad punitiva contra los pobres y los
negros -que son la mayoría de los detenidos- encubierta bajo el embuste de la
“lucha contra la droga” sigue haciendo desastres.
Y en términos de
representación democrática de la sociedad en las instituciones gubernamentales
la “estrategia lulista” fue un verdadero fracaso cuya instantánea destacada es
un congreso retrógrado.
Es cierto que el
progresismo no tuvo nunca el objetivo de construir el socialismo en Brasil,
sino aliviar algunos aspectos de la explotación y discriminación capitalista.
Pero también en su restringido proyecto los resultados son infortunados. La
pésima integración de la cámara y el senado para la nueva legislatura es
consecuencia directa de los errores estratégicos del Partido de los
Trabajadores y sus gobiernos, con el desliz final de una presidencia Dilma que
se alejó de los movimientos y el pueblo que con sus luchas condujeron al PT al
gobierno.
Dilma: sin cheque en
blanco de sus votantes
Aún así, las
organizaciones de la agricultura orgánica familiar dieron su apoyo a la
candidatura de Dilma temerosos de perder los pocos beneficios que les otorgó el
“lulismo”, pero haciendo críticas severas a la orientación productiva de los
gobiernos del PT.
Igual actitud tomaron
las organizaciones representativas del movimiento negro. 21 entidades del Movimento Negro Unificado (MNU) destacaron en su declaración
el actual “exterminio
selectivo de la juventud negra” exigiendo “acciones decisivas a fin de
extirpar las causas y efectos de ese fenómeno nefasto en nuestra sociedad”: También exigen la “titulación de las tierras
quilombolas”...”en las áreas urbanas y rurales
del país” /27.
Y existen
organizaciones de negros que se colocan en una oposición mucho más crítica que
el MNU y definen claramente el racismo brasileño como institucional, social y
judicial y a la masacre de jóvenes negros la caracterizan de genocidio. El 22
de agosto de 2014 se realizó en múltiples ciudades de Brasil una marcha contra
el genocidio del pueblo negro. Es imposible ignorar que en São Paulo, por
ejemplo, dos de cada tres jóvenes entre 15 y 19 años muertos por la policía
militar son negros mientras el 79% de los policías envueltos en estas muertes
son blancos /28. Y un joven negro morador del Distrito
Federal (sede del gobierno) tiene 4 veces más chances de morir por causas
violentas que otro de la misma edad que no sea negro. Esta es la situación en
todas las grandes ciudades de Brasil con pocas variaciones. La posición de la Coordinación Nacional
de Entidades Negras (CONEN)
junto a apoyar la reelección de Dilma, afirma: “A pesar de los avances durante los
gobiernos Lula-Dilma, continuamos viviendo en un país donde las desigualdades
raciales, sociales, regionales, de clase, de género y generacionales, todavía
son inmensas”.
Tanto los movimientos
agrícolas populares, como las entidades de afro-descendientes y la gran mayoría
de los movimientos sociales no le dieron el voto a la candidata petista como un
cheque en blanco. Señalaron con claridad las rémoras de su gobierno, exigiendo
una rectificación de rumbo.
Hay que nombrar sin
eufemismos la estrategia petista
Hay que ponerle nombre
e identificar con claridad esta política fallida que desarma al pueblo en sus
reclamos. Teniendo en cuenta que todos estos movimientos sociales hoy
opositores, eran parte de los aliados incondicionales del PT desde su
surgimiento, lo que han logrado los gobiernos del PT y en especial el de Dilma
es un verdadero record. Es el descalabro de una visión burocrática y estrecha
de la democracia, que se niega a aprender las enseñanzas que le dicta un pueblo
movilizado. Es la derrota de una concepción de “progreso” y “desarrollo” que
acepta los postulados del capitalismo, de que el crecimiento económico
permanente debe ignorar la degradación de los territorios y las consecuencias
sobre sus habitantes. Es el inaceptable retraso social a que se condenó a los
explotados y discriminados de las favelas. Es el fracaso del llamado
“progresismo” brasileño, al gobernar junto con los capitalistas aceptando los
límites que ellos imponen. Es en fin, el fiasco terminante de una estrategia
suicida de conciliación y colaboración de clases.
Es el momento en que
ese complejo y poderoso sistema de movimientos sociales que tiene Brasil en la
actualidad, cree un ámbito común para coordinar sus demandas y sus luchas e
imponer sus posiciones, descartando y superando las evidentes ineptitudes que
el PT ha mostrado con su integración a la institucionalidad. Es
esa inquietud masiva de resistencias y protestas la capaz de torcer el rumbo y
empezar a imponer cambios sociales y populares, radicales e irreversibles.
* André Singer: Os sentidos do lulismo: reforma
gradual e pacto conservador. Companhia
das Letras, San Pablo, 2012, p. 13-29. Usamos los términos “lulista” o
“lulismo” en el sentido que le da Singer en el libro mencionado: como un
proceso político liderado por Lula da Silva, que tuvo grandes consecuencias
sociales y económicas. Para el intelectual y ex-vocero de la Presidencia de la República André Singer ,
esta transformación en la sociología electoral del PT se relaciona con un
cambio fundamental en el electorado y abre un ciclo político amplio. Singer
hace un paralelismo de lo ocurrido en Estados Unidos en el gobierno de Franklin
Delano Roosevelt en 1932, con Brasil en 2002, una típica elección de
alternancia devino en una nueva mayoría. En el contexto de un nuevo ciclo
marcado por una agenda asistencialista de “lucha contra la pobreza”, el lulismo
sería el encuentro de Lula, en tanto líder, con una fracción de clase, el
subproletariado. Mediante el empleo formal, el sub-proletariado alcanza la
condición proletaria y así el lulismo constituye la ruptura real de la
articulación anterior, al separar al subproletariado de la burguesía, y abre
posibilidades inéditas a partir de esta novedad histórica, con lo que crea un
“nuevo bloque de poder”. De acuerdo con Singer, ese subproletariado como
fracción de clase, a pesar de ser mayoritario, enfrenta dificultades para crear
sus propias organizaciones. Sin embargo, emerge con fuerza en la política con
el gobierno de Lula y, por su tamaño, se torna decisivo en las elecciones,
sobre todo en el Nordeste. Hecho comprobado fehacientemente en el primer turno
de la elección de 2014.
Notas
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191337
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