PATRIA O DEUDA: ¡El único acreedor es el pueblo!
El presupuesto 2015 presentado por
el Ejecutivo al Congreso, que ahora cuenta con media sanción de la Cámara de
Diputados, ciertamente muestra el crecimiento acelerado de los recursos
destinados al pago de intereses sobre la deuda, y el aumento del
endeudamiento público en sí.
Sin incluir pago alguno a los fondos
llamados “buitre” y “holdouts”, el Presupuesto 2015 ajusta hacia abajo los
recursos dedicados a la política social y laboral, mientras eleva (a cifras
equivalentes a un “Hospital del Bicentenario” por día) lo que proyecta pagar
para servir a una deuda ilegítima e ilegal. Al mismo tiempo, el gobierno apura
la sanción de leyes nefastas como la de Hidrocarburos ,
la de Semillas
y la del nuevo Código Civil y Comercial, y realiza convenios secretos como los
de Chevron y con China, que hacen una vil entrega del patrimonio y los bienes
naturales de todo el pueblo argentino, y de la jurisdicción judicial, a cambio
de una mera promesa de divisas para pagar deuda a corto plazo, y la certeza de
mayor endeudamiento y peores condiciones a mediano y largo plazo.
Desde la Asamblea
por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del
Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes (de aquí en más la Asamblea ),
rechazamos estas políticas de ajuste y entrega y denunciamos lo ilícito de
seguir pagando una deuda que ha sido condenada por fraudulenta y arbitraria. En
vez de preocuparse por imponer al pueblo argentino la condición de “pagador
serial” de lo que no debe, reclamamos al Congreso y al gobierno que suspendan
todo pago de deuda hasta no quedar establecida su legitimidad y licitud.
Reclamamos asimismo la inmediata
puesta en funcionamiento efectivo de la Comisión Bicameral
Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago
de la Deuda Exterior
de la Nación, creada por la Ley 26.984 hace ya un mes. En ocasión del
tratamiento de esta ley, señalamos la flagrante contradicción y violación de
nuestros derechos humanos y populares, de la hipócritamente llamada “Ley de
Pago Soberano”.[1] Entre otros despropósitos, primero
declara de “interés público” el pago de una deuda que ha sido condenada en sede
judicial argentina; luego establece nuevas modalidades de pago de la misma; y
sólo después, crea una Comisión parlamentaria con el fin anunciado de
investigar las irregularidades que pudiera tener.
Resulta claro que ni el Congreso
(salvo pocas y honrosas excepciones), ni menos el gobierno, tienen intención
alguna de investigar a fondo la deuda que bregan tanto por pagar. Sobre
todo, sabiendo que es el mismo Congreso, y el mismo gobierno que, como sus
antecesores, desde el año 2000 se han sistemáticamente negado investigar la
deuda, desobedeciendo e ignorando durante más de 14 años el fallo plenamente
vigente y nunca apelado del Juez Ballestero en la célebre Causa Olmos ,
y permitiendo al Poder judicial un nivel de inacción y omisión tan grave como
las decisiones estrafalarias del juez neoyorquino tan criticado. Buitres,
cuervos y caranchos anidan tanto los tribunales extranjeros como en los
propios, así como los ratoncitos amaestrados.
Sin embargo, la decisión de crear,
aún para la tribuna, una Comisión
Investigadora Parlamentaria (CIP),
constituye un reconocimiento de parte del poder político de la imposibilidad de
continuar negando y tapando la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda; no se puede
seguir engañando todo el tiempo a todo el pueblo en cuestiones que son
evidentes y centrales en la defensa de la patria, la recuperación de nuestra
soberanía y el cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza.
Por lo tanto, y teniendo presente
todo su contexto, como Asamblea reclamamos no sólo la inmediata
puesta en funcionamiento efectivo de la Comisión ,
sino también que se dote a la misma del poder, recursos y personal necesarios e
idóneos para lograr de una vez que se establezca la Verdad del sistema de
endeudamiento público, se consolide la Memoria pública al respecto, y se haga
Justicia.
Verdad, Memoria y Justicia ya son patrimonio de la cultura política y sentido común de nuestro
pueblo en relación al terrorismo de estado de la pasada dictadura. Verdad,
Memoria y Justicia deben también establecerse respecto del sometimiento
económico vía endeudamiento y saqueo de los bienes comunes, contracara
inescindible del mismo terrorismo dictatorial. Con esta mirada debe encarar su
acción la Comisión Investigadora
Parlamentaria (CIP).
El punto de partida de su trabajo
debe ser las más de 477 ilicitudes ya comprobadas en el dictamen del Juez
Ballestero en la Causa
Olmos , así como las pruebas acumuladas en las numerosas
investigaciones judiciales argentinas subsecuentes.
Dada su interrelación e
indivisibilidad, es necesario que la Comisión abarque en su investigación la
totalidad de la deuda pública: la deuda interna tanto como la deuda externa; la
deuda del Estado nacional junto a la de los Estados provinciales y municipales;
la deuda del Estado propiamente tal como así también la deuda contingente.
Asimismo, debe aplicar una
definición amplia e integral del concepto de “irregularidades” planteado,
abarcando desde los diversos campos del derecho – nacional, regional e
internacional, de derechos humanos, derecho laboral, derecho ambiental entre
ellos – hasta los criterios de ilegitimidad que desde la ética, la vivencia de
los pueblos y la práctica acumulada en estas últimas décadas sobre todo por los
movimientos del Sur, por superar el yugo colonial del sistema de la deuda, se
han venido consolidando.
Denunciamos por improcedente y
violatorio del derecho ciudadano a la información, la cláusula de
confidencialidad incorporada al texto de la ley 26.984. Reclamamos la plena
transparencia y publicidad de todas las acciones de la Comisión Investigadora y la denuncia penal y civil de los
responsables de generar, pagar y cobrar una deuda ilegítima – no así de quienes
los denuncian.
Reclamamos la necesaria participación
social y ciudadana en la investigación de la Comisión y la elaboración de sus conclusiones.
Para su propia legitimidad y la fuerza necesaria de sus resultados, la Comisión deberá buscar, recibir y escuchar, los
testimonios y aportes desde los diversos sectores de la población y
regiones del país cuyos derechos han sido violentados por acción del sistema de
endeudamiento: entre otros el pueblo trabajador, desempleado, jubilado y/o
pensionado, las mujeres, los pueblos originarios, el campesinado, los y las
jóvenes, la población en situación de calle o sin acceso a una vivienda digna,
las comunidades afectadas por la megaminería, las megarepresas, el agronegocio,
el fracking, la sobrepesca, la especulación inmobiliaria urbana y rural, y
otros megaproyectos estrechamente vinculados al sistema de endeudamiento y
saqueo. Resaltamos que es el Buen Vivir de este pueblo, único acreedor
legítimo de las deudas sociales, ecológicas, económicas, históricas y
democráticas, el marco valorativo y el enfoque conceptual y metodológico que la Comisión Investigadora creada ahora por el Congreso, deberá
enfocar como objetivo principal.
Desde la Asamblea ,
nos comprometemos a contribuir al trabajo de la Comisión
investigadora parlamentaria, compartiendo
los resultados de años de investigación, análisis, denuncia y movilización que
han partido siempre de los tremendos costos que el endeudamiento público siguen
generando para el pueblo argentino, su patrimonio y bienes naturales.
Nos comprometemos además a
monitorear la acción de la Comisión ,
reservando el derecho a adoptar las estrategias pertinentes a fin de evitar el
desaprovechamiento o la manipulación de esta oportunidad histórica. Y nos
comprometemos a seguir multiplicando nuestro llamado al pueblo argentino,
verdadero y único acreedor, a debatir ampliamente las causas, las consecuencias
y las alternativas a este verdadero sistema de dominación y saqueo a
perpetuidad, y a movilizarnos por el no pago de lo que no debemos, la sanción
de los responsables de los crímenes y violaciones cometidos por el sistema de
endeudamiento y la restitución y reparación de lo que hemos sido obligados a
pagar indebidamente.
¡PATRIA ES NO PAGAR DEUDA
ILEGÍTIMA!
¡SUSPENSIÓN DE PAGOS E
INVESTIGACIÓN A FONDO DE LA DEUDA!
¡DEFENDAMOS EL PATRIMONIO NACIONAL
Y LOS BIENES COMUNES!
¡El ÚNICO ACREEDOR ES EL PUEBLO!
-Buenos
Aires, 14 de octubre de 2014
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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
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