Necesitamos hacer un balance de los doce años de gobierno K. Veamos porqué:

TRAMA POLÍTICA Y POTENCIA SOCIAL

Balance y perspectivas del gobierno “progresista”

14 de enero de 2014

Por Raúl Prada Alcoreza 

¿Se puede abordar el tema distinguiendo clasificatoriamente lo positivo y negativo? ¿Así como se aborda la metodología conocida del FODA, diferenciando fortalezas, debilidades y potencialidades? El balance político no es necesariamente de planificación institucional; aunque ésta tenga que ver, de alguna manera, en algún lugar, con el balance político. Tampoco, mucho menos, con la disquisición de lo positivo y negativo de un gobierno.(…)

Límites del Estado y transición

El Estado-nación es el Estado moderno. Bolivia es este Estado-nación, desde la independencia. Hablar de Estado aparente, para distinguir la condición de más Estado de la condición de menos Estado, no es otra cosa que diferenciar, si se quiere, grados y formas del mismo Estado. En todo caso, lo aparente, la condición de aparente, es el mismo Estado. El Estado como tal, como sujeto, como unidad, como entidad trascendente, no existe; lo que existe es el campo institucional, el campo burocrático, el campo político, el campo social, el campo escolar, que reinventan la institución imaginaria del Estado.

Una tesis sugerente es la que define el Estado como campo de luchas. Como si distintas formas de Estado se disputaran la hegemonía, la definición del perfil. Esta tesis es ilustrativa; empero, de ahí a creer que una de las formas de Estado es la que va a liberar al pueblo, a la sociedad, a los pueblos indígenas, no es más que “ideología”. Pueden, algunas formas de Estado, mejorar las condiciones sociales, mejorar las condiciones de las relaciones de intercambio del país con el sistema-mundo capitalista; empero, de ninguna manera puede quebrar los límites del Estado, la estructura nuclear del Estado; no puede modificar la función estatal. El Estado, como campo institucional, como campo burocrático, como campo político, no puede sino reproducir su mapa institucional, que no es otra cosa que la reproducción de los diagramas de fuerzas, de las relaciones de dominación y de las estructuras de poder, inscritas en el programa de esta fabulosa maquinaria. El problema en las sociedades periféricas, en los Estado-nación subalternos, es que están, en el marco del orden mundial, en el contexto del sistema-mundo capitalista, para administrar la transferencia de recursos naturales a los centros y potencias emergentes del sistema-mundo. Aún cuando sean más progresistas los gobiernos de los Estado-nación, no pueden romper los límites impuestos por la dependencia. Para hacerlo, están obligados a trastrocar no sólo los perfiles de los términos de intercambio, sino las mismas estructuras y la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Este trastrocamiento no puede efectuarse en las condiciones de Estado-nación. Se requiere de una transición política que vaya más allá del Estado-nación.

La potencia social, desplegada en la movilización prolongada, no pudo atravesar los umbrales del Estado-nación. El gobierno progresista preservó el Estado-nación como defensa; usó el Estado para efectuar reformas, logró mejorar los términos de las relaciones de intercambio, al nacionalizar los hidrocarburos, a su modo. Empero, al ser una forma “progresista” del Estado-nación, no podía cumplir con la Constitución, que establece tres condiciones de transición: las condiciones de plurinacional, comunitaria y autonómica. En términos de transformaciones institucionales, esto equivale a la destrucción del Estado-nación y a la construcción del Estado plurinacional. El gobierno progresista hizo lo que estaba en su “instinto” político, preservar el Estado-nación, optando por el camino de las reformas.

Esta es la contradicción del gobierno progresista con la Constitución. Para los movimientos sociales, la Constitución es un ideal plasmado, que debe realizarse. Para el gobierno la Constitución es un texto de propaganda. Esta es la contradicción del gobierno con los movimientos sociales, por lo menos con los movimientos sociales efectivos, que se dieron desde el 2000 hasta el 2005. Estas dos contradicciones son como generadoras, por así decirlo, del resto de contradicciones, que se dan proliferantemente en las dos gestiones de gobierno.

La potencia social, mejor dicho, la composición lograda por la potencia social, tal como se plasmó, de acuerdo al alcance de su irradiación, al no atravesar los umbrales del Estado-nación, fue capturada por este mismo Estado. Sus fuerzas sirvieron para reproducir la nueva forma de Estado-nación. Una forma populista investida con simbología indígena. Se puede decir, con cierta aproximación, que la composición histórico-política plasmada de la potencia social, las fuerzas de los movimientos sociales, fueron capturadas por su propio “producto”. Fueron capturadas por el Estado-nación, por mediación, de un gobierno progresista, que también fue un “producto” de los movimientos sociales, aunque también lo haya sido del mayoritario voto electoral.

Ciertamente, la potencia social no desaparece, aunque parte de sus fuerzas sean capturadas y sirvan para la reproducción del poder. La potencia social sigue generando su energía vital, sólo que ahora se encuentra en otra parte, generando resistencias a la política económica del gobierno, que optó por el modelo extractivista. Generando alteratividades minuciosas, detalladas, en la filigrana del campo politico y del campo social. Desplegando nuevas fuerzas, todavía no articuladas, en la consecución de alternativas. Resistiendo desde lo comunitario, lo común, a la expropiación privada y pública. ¿Cuándo se dará lugar una nueva articulación, un nuevo bloque popular, aprendiendo de esta experiencia dramática, que repite la trama política? No lo sabemos. Lo que se sabe, no se puede perder de vista, es que las tareas del momento corresponden a articular las nuevas resistencias, buscando una nueva composición de la potencia social, capaz de atravesar los umbrales del Estado-nación.

Las gestiones de gobierno

En el polo del poder, el gobierno es la acción política del Estado. El gobierno es la ejecución, es el ejercicio de poder como institucionalidad concentrada. El gobierno es la administración y la conducción de la nave del Estado. Es el lugar donde se definen las políticas públicas. Se toman las decisiones sobre la coyuntura y el periodo; se enfrentan los problemas, los conflictos, de una u otra manera. Aunque la política económica se encuentra condicionada por el sistema financiero internacional, de todas maneras, el gobierno, puede definir márgenes de maniobra o entregarse de brazos llenos a las determinaciones del sistema financiero mundial. Hablamos no del gobierno de sí mismo, no del gobierno del hogar, tampoco del gobierno de la ciudad, sino del gobierno del país, del gobierno del Estado.

La primera gestión de Evo Morales Ayma se hizo cargo de un Estado en crisis. Seis años de luchas sociales desnudaron la crisis múltiple del Estado-nación. El gobierno, resultado de una victoria electoral contundente, al asumir el lugar vacío del ejercicio institucional del poder, se vio ante el dilema inicial. ¿Qué hacer? ¿Qué clase de gestión efectuar? ¿Administrar el Estado? ¿Efectuar cambios radicales, desde el inicio? Seguramente la decisión ha sido difícil, incluso si no había mucha “conciencia” respecto a la implicación de las opciones. De todas maneras, la cúpula adivinaba lo que se jugaba, desde las primeras decisiones de gobierno. Sabemos que la opción se inclino por el realismo político. Se entiende que había más argumentos a favor de esta alternativa; se corría menos riesgos y se ganaba tiempo.

Esa primera decisión ya muestra la psicología de los gobernantes. Hombres cautos, excluyendo de antemano toda audacia. La audacia quedó para el discurso, no para la acción. En un ambiente de alta legitimidad social, con movimientos sociales que salían victoriosos de una lucha de seis años, contando con una movilización que ya había ventilado la autogestión, que había mostrado vigorosos movimientos, capaces de sitiar y tomar ciudades, la cautela de los gobernantes, es un síntoma de debilidad, no de firmeza. Seguramente el temor de gobernar sin tener experiencia en la administración pública influyó también en la decisión.

Digan lo que digan al respecto los voceros, sobre todo el ideólogo del gobierno, no se puede ocultar esta primera ambigüedad. Todo lo que se pueda decir a favor del realismo político, se lo hace argumentando a favor de esta tesis; pero, no explica, de ninguna manera, el por qué se optó por continuar con un forma de administración liberal, continuando la gestión institucional del Estado, en un momento favorable de correlación de fuerzas. Este primer paso, direcciona los siguientes.

Ciertamente no se puede explicar la primera gestión de gobierno sólo a partir de las estructuras de poder heredadas, haciendo abstracción de los individuos que conforman el gobierno. Como tampoco se puede explicar de manera inversa, sólo atendiendo a los perfiles individuales de los gobernantes. Ambas perspectivas pecan de sesgo; la primera, porque convierte en al gobierno en la ejecución antelada de lo establecido en las estructuras de poder; la segunda, porque convierte al gobierno en una comedia de conspiraciones banales. Aunque la primera perspectiva tenga, sin lugar a dudas, más peso, sea más consistente analíticamente, no se puede obviar la incidencia de las personas influyentes. En este sentido, vamos a intentar interpretar la secuencia de la primera gestión a partir del la visualización del periodo desde ambas perspectivas.

Evo Morales Ayma es el caudillo, el mito, la convocatoria del mito. El constructo del imaginario colectivo. El símbolo carnal del gobierno, convertido por la propaganda gubernamental en el símbolo del “proceso de cambio”. De máximo dirigente de la Federación del Trópico de Cochabamba pasó a ser el primer presidente indígena de la Republica de Bolivia, después del Estado plurinacional de Bolivia, que de plurinacional sólo tiene el nombre. Las decisiones políticas las toma el presidente, en primera o en última instancia. Su carácter imperativo, su carisma, influyen mucho en el comportamiento de su gabinete, incluyendo al mismo vicepresidente. Es difícil hablar de él como un estratega, más es la espontaneidad, muchas veces improvisada, y la intuición, algunas veces equivocada, acaecida erróneamente cada vez más seguido en el segundo periodo de su gestión. Como en todo caudillo, su imagen atrayente no es perdurable, se desgasta; es mantenida con desesperación con publicidad y propaganda, como si estos medios restituyeran el ánimo de la gente.

La persona de más influencia en el gobierno, después del propio presidente, es Álvaro García Linera. Por su formación política y académica, por venir de la experiencia de una organización que se propuso la guerrilla como medio para resolver la cuestión del poder[5], por venir de un colectivo de interpelación radical, de investigación y activista[6], tenía plena “consciencia” de lo que estaba en juego en la decisión inicial del gobierno. El vicepresidente se convirtió de radical en el ideólogo del realismo político. Es muy probable que haya sido él quien más haya influenciado en la inclinación por la decisión inicial, fuera de ser el responsable de la argumentación y justificación de la opción tomada. Vamos a dejar las conjeturas sobre por qué lo hizo, por qué se convirtió en un “pragmático”, pues esto nos llevaría a la especulación. A partir de este momento, el vicepresidente asume el rol de ideólogo del gobierno, pretendiendo también ser el teórico del “proceso”, que es otra cuestión. Sus discursos, sus libros, publicados por la Vicepresidencia, sus intervenciones, son la más clara expresión de una ideología “pragmática”, que persigue sostener la justificación del decurso de un gobierno, que optó, desde un principio por el reformismo y no por la transformación.

Los ministros fueron un resultado de la composición de las fuerzas, aunque el presidente sea el que tome la primera y la última palabra al respecto. No se puede decir que había una pugna de tendencias, como el apresuramiento de los medios de comunicación hicieron entender, recurriendo a esquemas acostumbrados. En un ambiente confuso, donde había primero que orientarse, es difícil hablar de pugna de tendencias. Menos decir que había una tendencia “alvarista” y otra tendencia “evista”. Estas hipótesis hablan de la carencia del periodismo y de los medios de comunicación. El consenso sobre el realismo político fue compartido por todos.

Los celos individuales y mezquinos que pudiera haber habido no pueden tomarse en cuenta para explicar el decurso de este gobierno popular. Eso queda en los pasillos y nada más. La autoridad del presidente era indiscutible; se acataba por consenso compartido o por decisión del presidente. La relación de los hombres más influyentes con el presidente ciertamente no es la misma, hay variedad y jerarquías. Empero, todos, sin excepción, anteponían, en primer lugar, su voluntad para satisfacer las demandas del presidente. No había, entonces tendencias, lo que había es una adecuación de todos en el escenario institucional. Además de la necesidad de aprendizaje y ganar experiencia.

En relación a la medida más importante de las dos gestiones de gobierno, que es la nacionalización de los hidrocarburos, se puede decir que el hombre de influencia en la formulación del Decreto “Héroes del Chaco” fue Andrés Solíz Rada. Sobre todo por su formación en la izquierda nacional, viniendo de un grupo político de características marxistas nacionalistas, que tenía como estrategia y convicción política la defensa de los recursos naturales, la recuperación soberana de los mismos a través de las nacionalizaciones[7]. El ministro de la nacionalización salió del gabinete, cuando se tuvo que tomar nuevas decisiones “pragmáticas”, en relación a PETROBAS. En una coyuntura cuando se comenzó a ceder ante esta empresa trasnacional del país vecino, el ministro nacionalizador estaba demás.

Un paso dado condujo a otros. Del no cobro, como corresponde, a PETROBRAS, por el excedente calorífero del gas húmedo, se llegó a contratos de operaciones desnacionalizadores, entregando el control técnico de la producción de hidrocarburos a las empresas trasnacionales. La ventaja del gobierno, al nacionalizar fue mejorar los términos de las relaciones de intercambio, mejorar notoriamente los ingresos del Estado, por concepto de la explotación de los hidrocarburos. Este incremento repercutió en la disponibilidad del Tesoro y de las instituciones involucradas en el reparto. El problema es que esta mejora no puede ser el fin de una nacionalización, que debería continuar dando pasos urgentes hacia la industrialización. Sin embargo, el gobierno prácticamente se contentó con este logro. Las plantas separadoras no pueden considerarse como el inicio de la industrialización, son sencillamente plantas separadoras de la composición de los hidrocarburos.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente fue la otra medida crucial de la primera gestión del gobierno. Esta convocatoria fue planteada, en primer lugar por las organizaciones indígenas, CIDOB y CONAMAQ, apoyadas por el Pacto de Unidad, que incluye a las tres organizaciones campesinas, CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB. Aunque una versión de los dirigentes de las juntas de vecinos de El Alto dicen que la convocatoria a la Asamblea Constituyente no estaba incluida en la Agenda de Octubre, la verdad es que la Agenda de los movimientos sociales del país si la incluyeron. Por lo tanto, llegar a la Asamblea Constituyente recogía el anhelo de las mayorías por fundar o refundar el Estado.

No vamos a entrar al detalle de la dramática historia de la Asamblea Constituyente. Nos remitimos a los textos que han tratado el tema[8]. Lo que interesa, en este balance, es anotar que cuando por fin se promulga la Constitución Política del Estado (2009), la segunda gestión de gobierno no la cumple. No aplica la Constitución. Prefiere continuar por el camino optado en la primera gestión, el camino de las reformas, ocultando la distancia de sus políticas con la Constitución con una abrumadora propaganda. ¿Por qué ocurre esto?

Hipótesis

La Constitución es lo que constituye normativamente, legalmente, jurídicamente; es la composición jurídica y política de un Estado. Son los cimientos jurídicos y políticos, si se puede hablar así, del Estado. El que se haya elaborado una nueva Constitución, después de la de 1826, considerando todas sus reformas constitucionales, es la manifestación clara y la voluntad determinante de construir un Estado en transición sobre nuevas bases. La principal inquietud constituyente tiene que ver con la colonialidad, la herencia colonial, el haber dejado de lado a las naciones y pueblos nativos al momento de la primera Constitución. En la república no se incluyeron a las mayorías nativas. Ahora se trataba que las mayorías plasmen su voluntad en la Constitución y en la construcción del nuevo Estado.

El Estado que establece la Constitución de 2009 es un Estado plurinacional comunitario y autonómico, integrado por la interculturalidad, en la perspectiva del sumak Kausay/sumaj qamaña[9]. Para construir este Estado plurinacional se tiene que demoler lo que sostiene al Estado-nación y al Estado-nación mismo: la institucionalidad moderna, homogénea, única. Un Estado plurinacional se construye sobre el pluralismo institucional. Frente a este requerimiento, el gobierno progresista retrocedió, “consciente” o “inconscientemente”. Vaya a saber cuántos del gobierno entendían la significación histórica y política del Estado plurinacional, las implicaciones y consecuencias de asumirlo y construirlo. Lo cierto es que prefirieron desgañitarse en la publicidad y propaganda de que ya somos un Estado plurinacional, como arte de magia de la promulgación de la Constitución. Era muy cómodo cambiar el vestido a la misma persona, que cambiar de persona, que dejar nacer a otra persona. Como dijimos en otros escritos, el gobierno progresista cayó en el mal de la época: la inclinación desesperada por la simulación[10].

Para el gobierno, cuyo contenido “ideológico” es el nacionalismo, cuya composición redefine populistamente el perfil reformista, cuya retorica izquierdista repite el discurso de un anti-imperialismo del siglo pasado, es inaplicable la Constitución, pues su aplicación implica la destrucción del Estado-nación. En otras palabras, dejar de ser gobierno bajo los códigos liberales y la gestión pública institucionalizada. Ser otra clase de “gobierno”, como establece la Constitución, en el marco del sistema de gobierno de la democracia participativa y pluralista, era también la desaparición de los privilegios, de las jerarquías, de la burocracia. Después de conquistar el poder, lo menos que quería era perderlo. Al optar por conservar el poder, en vez de destruirlo, decidió por el camino de la reproducción del Estado-nación, optó por la misma trama de todas las “revoluciones”, que cambian el mundo; empero, se hunden en sus contradicciones.

Segunda gestión

La primera gestión de gobierno tuvo como referente la Agenda de Octubre, la segunda gestión de Gobierno tiene como referente la Constitución. En la primera gestión se cumple parcialmente la Agenda de Octubre; en la segunda gestión no se cumple con la Constitución. Este decurso nos muestra que el gobierno progresista se aleja cada vez más de los objetivos plasmados por los movimientos sociales, las naciones y pueblos indígenas. El gobierno llega a situarse en una posición contrastante en el decurso del “proceso de cambio”, se coloca como contra-proceso[11].

Dos son los conflictos que sitúan el lugar de alejamiento del gobierno, su distanciamiento respecto de la Constitución; uno es el conflicto del llamado “gasolinazo”; el otro es el conflicto del TIPNIS. El conflicto del “gasolinazo” devela la relación concomitante del gobierno con las empresas trasnacionales de los hidrocarburos. El pedido conocido de estas empresas era de que no invertirían en exploración, tampoco lo hicieron en la producción de carburantes, si no se modifican los precios congelados del mercado interno; lo que equivale a revisar la Constitución. El gobierno, con el argumento de la insostenible subvención a los carburantes llega a subir los precios en un incremento insostenible para el pueblo, alcanzando subidas hasta de un 80% y más. El levantamiento popular contra la medida del gobierno lo obligó a retroceder. En otro texto dijimos, parafraseando a Sergio Almaraz Paz, que el gobierno había cruzado la línea, sin darse cuenta, se encontraba del otro lado de la vereda enfrentando a su pueblo[12].

El conflicto del TIPNIS fue más grave. Retomando la misma figura, el gobierno cruzó una segunda línea, esta vez con plena “consciencia” nacionalista, ahora se encuentra del lado de la vereda del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, enfrentándose a las naciones y pueblos indígenas, enfrentándose a las comunidades indígenas. No vamos a narrar aquí el dramático conflicto del TIPNIS; nos remitimos a los textos que han tratado, de manera más pormenorizada el conflicto[13]. En este balance nos interesa apuntar este hito en la conmensuración del desplazamiento del gobierno, alejándose cada vez más de la Constitución y de los objetivos del “proceso de cambio”.

El camino sinuoso de las reformas

Tres bonos marcan la política social del gobierno; el Bono Juancito Pinto, La Renta Dignidad, El Bono Juan Azurduy. El primero, como un estipendio provisional para los estudiantes de primaria, con el objeto de evitar la deserción escolar; el segundo, como un bono a los adultos mayores; el tercero, como una atención a las madres embarazadas, con el objetivo de incidir en los altos niveles de mortalidad materno infantil. Tres bonos, cuyas características son de alcance coyuntural. Para lograr efectos estratégicos se requiere inversión logística, de largo plazo, que impacte estructuralmente en las condiciones y causas de los problemas que se quieren atender.

Tres logros económicos distinguen la política económica del gobierno; la acumulación de las reservas internacionales, la estabilidad económica y el mantenido crecimiento económico.

En el campo político ha mantenido su hegemonía y preponderancia desde las elecciones de 2005. Con las elecciones del 2008 ha logrado controlar los 2/3 del Congreso; con esta mayoría plena tenía las manos libres para cumplir con la Constitución.

En los demás terrenos son inciertos sus logros, hasta discutibles.

Una nueva reforma educativa definida por la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, con enunciados recogidos de la Constitución; empero, contrastando en la los artículos operativos. Una reforma educativa consensuada corporativamente con el gremio de los maestros; uno de los estamentos más conservadores de la sociedad, inclinados a la demanda economicista, aposentados en el privilegio de contar con trabajo y sueldo garantizados. Una reforma educativa, que como en el resto de la administración estatal, mantiene la misma institucionalidad escolar y educativa, teniendo como núcleo el aula, médula del diagrama disciplinario de la modernidad, no tiene perspectiva de impacto en la tarea de descolonización. Esto a pesar de la retórica del modelo social comunitario productivo.

La movilidad social se ha debido al impacto del incremento presupuestario en los gobiernos, del país, de los departamentos, de los municipios, incluyendo a las universidades. También se puede decir que se ha debido al impacto del crecimiento económico, sin entrar en detalles que representa este indicador estadístico. Nos remitimos a los textos que analizan el tema[14].

El proyecto de industrialización es un soberano fracaso. Las empresas públicas implementadas por el gobierno o no se ponen en marcha, o son deficitarias, o son un reverendo bluff. La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), se ha convertido en una agencia comercializadora; está muy lejos de haber dado un primer paso en la consecución de la soberanía alimentaria. Lo grave es que esta dedicación comercializadora, justificada para evitar la escalonada de precios de los bienes alimentarios, ha comenzado a afectar a la producción del país; por ejemplo, a los pequeños y medianos productores de arroz, quienes no pueden competir con los precios del arroz importado de Paquistán. No hablamos aquí de las empresas estatales ya establecidas desde antes y después de la revolución de 1952; YPFB y COMIBOL.

El programa Evo Cumple ha desatado una escalada sin precedentes de corrupción. No se rinden cuentas, no aparecen las obras, cuando aparecen están muy mal construidas, mostrando papablemente que disminuyeron los costos reales, aunque se mantuvieron los costos ficticios en los presupuestos. Lo peor ocurrió en el programa de vivienda; empresas fantasmas que se llevaron la plata, dejando sin casas a los supuestos beneficiarios. Cuando se terminan de construir las viviendas, aunque sea en parte, suben los costos, y terminan acabados con materiales baratos. Si recientemente ha habido un esmero en corregir este desastre, de ninguna manera compensa el desfalco al erario del país. Sorprende que la Contraloría tenga los ojos vendados ante estos lamentables sucesos conocidos por todos, sobre todos los involucrados, de las zonas y regiones referenciales de los proyectos.

La decantada lucha contra la corrupción ha terminado siendo un instrumento de persecución de los opositores. Un ministerio, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, se encarga de investigar más sobre las corrupciones pasadas, de los anteriores gobiernos, que la expandida corrupción desatada en el presente, el habido en las gestiones del gobierno progresista. Este programa de lucha contra la corrupción y por la transparencia más parece una capa estridente que cubre la efectiva corrupción proliferante.

Lo que notablemente ha avanzado es la construcción de carreteras. Podríamos decir que la vertebración caminera del país ha sido de los proyectos mejor ejecutados, sin descontar los problemas relativos a los acabados de algunos tramos, sin tomar en cuenta la repetida inclinación a los sobreprecios.

En el plano internacional, el principal emblema del gobierno fue la defensa de la madre tierra. Este postulado cayo a los suelos por el doble discurso, como dice James Petras, discurso radical afuera y ortodoxo en la implementación de políticas monetaristas dentro; pero, sobre todo ortodoxo en el modelo extractivista. El último discurso creíble del presidente fue en Copenhague, Cumbre del Clima de Copenhague 2009 (COP15), cuando hablo ante cien mil activistas del mundo, declarando la guerra al capitalismo en defensa de la madre tierra. En Cancún, (COP 16), la posición boliviana quedó solitaria, mientras los aliados del ALBA se apresuraban a aceptar la ilusión y la dependencia del capitalismo verde. El presidente ya no gozaba de credibilidad, sobre todo después del conflicto del TIPNIS.

Como dijimos en otros textos, las políticas, los programas, las alianzas de integración continental, son más una ocupación burocrática, de encuentros altisonantes de presidentes y cancilleres, con efectos comunicativos; empero, ocurre, paradójicamente, que esta pose integracionista contrasta con efectivas realizaciones hacia la integración de la Patria Grande. Es como calmar la consciencias con escenarios grandilocuentes, mientras nuestros pueblos padecen la separación[15].

Como podemos ver, el camino de las reformas, escogido por el gobierno, es sinuoso y contradictorio. No se puede decir, de ninguna manera, que no ha mejorado ciertas condiciones de vida de las mayorías, sobre todo de los sectores organizados y corporativizados. Sin embargo, no hace otra cosa que repetir, en menor escala, y de una manera inacabada, la experiencia del Estado de Bienestar. Sus políticas están muy lejos de lo que exige la perspectiva del sumak kausay/sumaj qamaña. Ya lo dijimos, no es el camino de la Constitución, sino se trata de un recorrido contrastante.

Una pregunta es pertinente: ¿Estaba en manos de los gobernantes hacer algo distinto? Se puede decir que dentro de determinados márgenes sí; pero, el problema son los márgenes de los que no podía salir. Su límite ineludible. Al optar por el camino de las reformas y no por las transformaciones estructurales e institucionales, se embarcó en la trama política ya tejida e inscrita en la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Los márgenes de lo posible en los ciclos del capitalismo excluyen transformaciones que puedan afectar las estructuras de poder y la reproducción ampliada de capital. Todo lo demás, al interior de estos márgenes, puede estar permitido, incluso si se logra en pugna con las políticas vigentes del orden mundial y del sistema financiero internacional. Lo que está permitido es la querella por los términos de relaciones de intercambio; de ninguna manera, el cuestionamiento a las estructuras de poder definidos.

En parte, se puede decir, que asistimos a la reiteración del drama de las “revoluciones”, particularmente de los gobiernos reformistas, ahora llamados progresistas. En principio pueden tener buenas intensiones, creer en la certeza de su realismo político, encaminarse en reformas de impacto; empero, en la medida que forma parte de una maquinaria chirriante, acoplada, del Estado, cuyas lógicas inherentes escapan a los ocupantes de turno; ellos terminan convertidos en engranajes de esta instrumentalidad estatal. Los márgenes de maniobra dejan de ser tales, se convierten en los márgenes de lo ilícito en el marco de lo lícito. Los individuos terminan optando por salidas privadas. Quizás nunca lleguen a saber en qué momento dieron el primer traspié que los arrastró a la vorágine de la estafa. Enmascarados, llenos de escudos, tienden a usar retoricas con pretensiones de radicalismo, creyendo, en el fondo, que lo que hacen, puede estar permitido, mientras se siga sosteniendo la lealtad al “proceso”, compartiendo una figura desvencijada del “proceso”, como fatalidad o como finalidad.

Conclusiones

1. No se sale de la trama política, inscrita como formato, si no se teje otra trama.

2. Para que las composiciones de las dinámicas moleculares de la potencia social, para que las fuerzas constituidas por la potencia social, no sean capturadas por las redes institucionales del poder, es menester la desmesura y la proliferación abundante de las líneas de fuga.

3. La organizaciones sociales no son, de por sí una garantía, para resistir a la atracción del poder, del polo ficticio del poder, que se alimenta de potencia social. Es menester que la movilización pueda atravesar los límites de las representaciones, que son otras prácticas, delegadas, de las formas polimorfas de poder.

4. Para mantener la permanente creación de la potencia social, es menester mantener abierta, de manera permanente, la capacidad inventiva, la flexibilidad de las composiciones y organizaciones sociales, haciendo recaer el condicionamiento en la facultad dinámica y participativa, no en los efectos molares, estadísticos, orgánicos e institucionales.

5. El polo ficticio del poder, las instituciones imaginarias, deben ser absorbidas por el polo “real”, la potencia social. Esto puede ocurrir en transiciones continuas emancipadoras y liberadoras.

6. La caída de la potencia social, de las fuerzas y composiciones de la potencia social, de la movilización prolongada boliviana, en las redes institucionales del Estado-nación, se debió a que las anteriores condiciones de posibilidad no se cumplieron.