Represión en Tierra del Fuego:
“Vinieron cantando el himno nacional”
4 de junio de 2016
Luego de 90 días de
acampe, el pasado martes la policía fueguina desalojó la concentración de
estatales frente a la Casa de Gobierno para luego desarmar y quemar las carpas
instaladas. En diálogo con el programa radial La Revancha (FM La Tribu)
Alejandro Gómez, Secretario de Organización del SUTEF (Sindicato Único de
Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego) comentó sobre la represión y
cómo siguen sus reclamos.
Por Ana Schimelman, para La Revancha
-¿Cómo fue el
desalojo y la represión? ¿Cómo está la situación tras el incendio del acampe?
Además de la policía de la
provincia, en la represión participó una banda de civil. No sabemos si era
policía vestida de civil o una patota contratada por el Gobierno. A horas de la
madrugada, como se acostumbra en Tierra del Fuego la represión, la policía se
presentó por dos perímetros del acampe, en uno de ellos cantando el himno
nacional llamativamente al mejor estilo fascista. Esto generó mucha bronca en
los compañeros, pero no reaccionaron violentamente, sino que pidieron una orden
de desalojo a la cual la policía no dio respuesta y empezó a reprimir a los
compañeros violentamente hasta sacarlos de las carpas y generar un perímetro
donde no quede ninguno de los manifestantes. En ese momento dejan ingresar a la
patota vestida de civil que se encarga de desarmar e incendiar las carpas.
-¿Estaba abierto el
diálogo con el Gobierno antes del desalojo o hace bastante que ya no había
reuniones?
Nosotros siempre buscamos el
diálogo por todos los medios .
Buscamos incluso la participación de la Universidad de Tierra del Fuego,
buscamos a un juez laboral que obre como mediador y también a un obispo de la
pastoral social de la
Patagonia. Desde el Gobierno lo único que hubo fue silencio
de radio.
-¿En qué estado
está la aplicación del plan de ajuste impulsado por el Gobierno?
No se detuvo en ningún momento,
sigue implementándose ahora a razón de fuerza y palos. Este plan contempla un
tarifazo por un recargo del 300% de las tarifas de luz, gas y agua. También
genera impuestos inmobiliarios y crea una agencia recaudadora que tiene la
potestad de iniciar un juicio por mercadería que considera no adquirida
debidamente, pudiendo imputarla. Aunque el acusado demuestre que no es así, los
gastos del juicio corren por su cuenta. Otra cosa que tiene el plan es la quita
del 82% móvil para los jubilados y cambia la edad jubilatoria.
-¿Cómo se mantiene
la huelga después de más de 90 días de conflicto? ¿Qué legitimidad tiene en la
población de Tierra del Fuego?
La legitimidad es muy amplia.
Hemos llegado a juntar 22.000 firmas en un petitorio para que la Legislatura
sesione y trate la derogación del paquete de leyes que implicaba el ajuste. Es
el famoso llamado de la voluntad popular. Sin embargo, la Justicia la tiene
durmiendo en un cajón hace más de un mes. El desalojo fue el martes, y al
mediodía se hizo una movilización impresionante con una participación muy
amplia de muchos sectores, gente que repudió el accionar violento del Gobierno.
Ayer hubo una caravana multitudinaria donde se estuvo tocando bocina en la
puerta de Casa de Gobierno. La legitimidad del reclamo es genuina y el espíritu
de lucha sigue intacto.
-El proceso que se
está dando en Tierra del Fuego no está aislado: van creciendo los conflictos en
distintas provincias y en distintos sectores, no solamente el estatal. ¿Por qué
no se logra dar el paso de una medida de fuerza en conjunto que aglutine a
todos sectores en conflicto?
Es un trabajo que no se puede
generar de un día para el otro, pero la idea de unirnos está. En Tierra del
Fuego decimos que esto es un laboratorio de un Gobierno que está intentando
aplicar un ajuste, pero también un laboratorio para la lucha de la clase
obrera: ahí estamos todos unidos, somos 23 gremios que hacen una unión para
frenar este ajuste. Y la realidad es que están ajustando en todo el país.
Unificarnos es un trabajo que está pendiente y se está llevando adelante,
hablamos de por lo menos llegar al nivel de toda la Patagonia, que es la más
perjudicada con el tema de la suba del gas. Entendemos que el Gobierno Nacional
es responsable de todo esto. Nos hemos hecho presentes con organismos de
derechos humanos pidiendo una audiencia al Ministerio del Interior pero todavía
no hemos recibido respuestas. Denunciamos que el Gobierno Nacional, o está de
acuerdo con la violencia que está aplicando el Gobierno de Rosana Bertone, o es
el que la manda a aplicarla, más cuando a lo largo y ancho del país están
pasando cosas parecidas.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12172
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“Agustín Santillán está hoy preso por mostrar la verdad, por defender
nuestros derechos”
4 de junio de 2016
El pasado 30 de mayo fue detenido el dirigente Wichí Agustín Santillán
mientras se encontraba en una manifestación por infraestructura escolar en la Delegación Zonal
del Ministerio de Educación, correspondiente al Departamento Matacos, en la
localidad formoseña de Ingeniero Juárez. Ese mismo día fue traslado a la
Alcaldía de Las Lomitas en donde se encuentra hasta el momento.
Por Agencia Periodística Timbó
En un comunicado de prensa
emitido por la
Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos Indígenas
(ADEPI), se afirma que el equipo presentó, ante el Juzgado de la Tercera
Circunscripción Judicial , el pedido de excarcelación del
acusado por las 16 causas en las que se lo imputa. El abogado Daniel Cabrera
patrocinará al dirigente Indígena.
Israel Alegre, dirigente Qom y
vocero de QOPIWINI (Organización que representa al Pueblo Qom, Pilagá, Wichí y
Nivaclé de la provincia de Formosa), manifestó: “Es una persecución política por
parte del gobierno. El gobierno de la provincia de Formosa está preocupado por
los procesos de organización que están llevando adelante los Pueblos Indígenas.
Agustín Santillán siempre luchó por los Derechos Humanos de su pueblo. Siempre
denunció la problemática de la Educación, de la Salud, de la vivienda, de la
falta de trabajo”.
En el mismo sentido, Valentín
Suarez, cacique Qom de la
Comunidad Riacho de Oro y miembro de QOPIWINI, destacó: “Nosotros enviamos nuestra
solidaridad hacía Agustín Santillán porque es injusto lo que le está
ocurriendo. Está reclamando lo justo. La provincia brilla por su ausencia en
temas delicados como la salud o la educación. Desde la provincia siempre se habla de
la calidad educativa pero todos sabemos que las designaciones son a dedo y el
sistema no tiene planificación. En el Departamento Matacos faltan escuelas y en
las comunidades, algunas de las que existen, fueron construidas por la propia
comunidad”.
Desde ADEPI sostienen que las
16 causas donde está imputado Agustín Santillán estaban inactivas, incluso
cuatro no tienen expediente y hay ausencia de pruebas. Son muy pocas las causas
donde sólo está imputado Santillán, en la mayoría están involucradas varias
personas.
El comunicado de prensa emitido
por la organización que brega por los Derechos Indígenas finaliza diciendo: “Sabemos que el método de armar
causas penales a referentes sociales es utilizado por el sistema político de la
provincia de Formosa para desactivar a los dirigentes que luchan ante las
deficiencias e injusticias del modelo actual”.
Desde Ingeniero Juárez, Martín
Díaz del pueblo Wichí, sostuvo: “Es
una persecución política. Nosotros estamos amenazados. Rogamos a Dios que salga
con vida. Les pedimos a todos que nos apoyen. Buscamos todas las estrategias.
Queremos que todos nuestros amigos escuchen y actúen para defender a un hermano
que injustamente fue encarcelado. Que está hoy preso por mostrar la verdad, por
defender nuestros derechos”.
Además, Martín Díaz, entre
lágrimas, dijo: “Al hermano lo
están persiguiendo. Pueden venir a decirnos ahora que tiene muchas causas. Pero
todos sabemos que él tiene una causa; una causa justa que es la de defender los
derechos de nuestros pueblos. Nosotros sentimos un dolor grande en el corazón.
Es un hermano que hace mucho trabajo para la comunidad. Él siempre muestra todo
nuestro sufrimiento”.
LOS PASOS DEL
DIRIGENTE
Hace una semana, el Relator
Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las Formas
Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y formas Conexas de
Intolerancia, Sr. Mutuma Ruteere, luego de visitar la provincia, advirtió que
es terrible la situación de los pueblos originarios en algunas regiones y que
se requiere de atención inmediata. En el pre informe advirtió: “Viven en condiciones de
pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos. Estas
comunidades ven vulnerado su derecho a disponer de agua potable, vivienda
digna, una atención sanitaria de calidad, oportunidades de empleo y una
educación adecuada”.
Sobre las gestiones diarias que
realizan dirigentes de los cuatro Pueblos Indígenas, Valentín Suárez consideró: ”Cuando el Indígena reclama
por las vías correspondientes, nunca hay respuestas. Por eso a veces hay que
tomar otras medidas y los gobiernos persiguen a los luchadores. Todos sabemos
que no nos van a devolver la sangre del pasado, pero pueden generar las
condiciones para que podamos vivir bien”.
“El gobierno habla
de calidad educativa pero para nosotros no existe. En las escuelas no hay
personal de servicio, hay muy pocos maestros indígenas, a veces nos encontramos
con que no hay ni siquiera cocina en los comedores. No es justo. Vemos y
sentimos una profunda persecución a los dirigentes. Queremos que el Estado
reflexione, que ellos evalúen que todavía están en deuda con los Pueblos
Indígenas”, concluyó Suárez.
Finalmente, Alegre recalcó: “La provincia de Formosa le
armó las causas a Santillán. Le fabricaron causas para que no se conozca la
verdad y las dificultades en Ingeniero Juárez. El gobierno sigue viviendo de
las costillas de los Indígenas. El racismo se nota muy fuerte en nuestra
provincia. Nos duele mucho vivir esta injusticia. Sentimos que no hay
democracia y que tampoco hay una real independencia de los poderes”.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12171
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