Semillas,
corporaciones y
un proyecto cuestionado
10 de junio de 2015
Por
Darío Aranda (La Vaca)
El Gobierno anunció hace quince días la firma
de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular el cobro de regalías de
la empresa Monsanto. Medida consensuada con la Asociación de Semilleros de
Argentinas (ASA), que nuclea a las grandes empresas del sector. Pero esta semana
explicó que no habrá decreto y, en base al mismo texto, se redactó un proyecto
de ley que será enviado al Congreso Nacional. Desde 2012, el Gobierno intenta
aprobar una nueva legislación de semillas, muy resistida por organizaciones
sociales, campesinas y académicas. “Es un acto más del Gobierno hecho a la
medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica,
social, ambiental y alimentaria de Argentina”, denunciaron una veintena de
organizaciones sociales, campesinas y cátedras universitarias.
Monsanto
La Presidenta viajó a Estados Unidos en junio
de 2012 a una reunión del Consejo de las Américas, donde se reúne el
establishment económico de ese país. Anunció en transmisión en directo la
instalación de la mayor planta de maíz transgénico de Monsanto en Malvinas
Argentinas (Córdoba). “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos
anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban
muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de
eventos biotecnológicos”.
Como parte de la misma política, dos meses
después, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva soja transgénica de la
empresa. Anunciada como una “nueva generación”, llamada “RR2 Intacta”, que es
resistente al herbicida glifosato y también sería resistente a insectos.
El 21 de agosto de 2012, la gacetilla de prensa
del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de
Monsanto, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”.
La gacetilla oficial hacía propia la publicidad de Monsanto y resaltaba las
supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a
una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”. El ministro de Agricultura,
Norberto Yauhar, celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos
por una segunda generación de soja. La biotecnología es una herramienta para el
crecimiento sustentable”.
El Estado no hizo estudios propios para
certificar la bondades de la nueva semilla y los expedientes de aprobación son
confidenciales.
En paralelo, Monsanto comenzó a firmar
contratos con productores para que éstos acepten el pago de “regalías
extendidas” por la “tecnología” que llevaría la nueva semilla. Hecho no
contemplado por la actual ley de semillas. Implica el pago, luego de la cosecha,
de doce dólares por tonelada de soja.
El Gobierno dejó hacer
El marzo de 2015, las cuatro entidades de la
Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro) emitieron
un comunicado en repudio a la actitud de la multinacional. “La empresa Monsanto
pretende incluir unilateralmente una cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva
en los contratos de compra-venta de soja, por la cual los compradores
(acopiadores, exportadores, industrias transformadoras) podrían retener un
importe en concepto de regalías, alterando reglas, usos y costumbres del
comercio de granos”, denuncia el escrito de las entidades rurales más cercanas
al agronegocios.
Aclaran que están de acuerdo en el pago de “la
tecnología y las mejoras genéticas”, pero consideran que el sistema impulsado
por Monsanto es “inaceptable”, violatorio de la Ley de Semillas (20.247) y lo
define como “inconsulto, engorroso, inaplicable, incontrolable y podría avanzar
sobre los derechos de los productores”.
Ley-Decreto-Ley
En 2012 el Gobierno intentó avanzar con una
nueva ley de semillas. Mantuvo reuniones con la poderosa ASA (Asociación
Semilleros Argentinos), referentes de la Mesa de Enlace y sectores del
agronegocios como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Nunca
se convocó a los movimientos campesinos, organizaciones sociales ni a sectores
de la academia críticos al avance empresario sobre el agro.
Federación Agraria filtró uno de los borrador
de proyecto de ley y arreciaron las críticas de sectores campesinos y
organizaciones sociales. Se la bautizó “ley Monsanto). Incluso desde sectores
del mismo Gobierno (el Movimiento Evita) actuaron para frenar el proyecto.
No hubo nueva ley
El 19 de mayo pasado, en un acto público y con
gacetillas oficiales, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de
Agricultura, Carlos Casamiquela, informaron que a la brevedad se firmaría un DNU
(Decreto de Necesidad y Urgencia) que contemplaba el pago de la “tecnología” al
momento de comprar la semilla y no post-cosecha (como estipulaba Monsanto en los
contratos con productores). También creaba un fondo económico para fomentar la
biotecnología “nacional” y un registro para que los pequeños productores puedan
continuar con el “uso propio” (utilizar las semillas obtenidas de la cosecha,
una práctica tan antigua como la agricultura).
Carlos Casamiquela destacó “el consenso
alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, al resaltar que “la
modernización del sistema de pago”.
Los medios cercanos al Gobierno lo presentaron
como una acción para frenar a Monsanto y silenciaron las críticas campesinas.
Los diarios que publicitan el agronegocios fueron en la misma línea, pero
destacaron que ASA (donde están las grandes semilleras) había dado el visto
bueno y que, en definitiva, Monsanto cobraría por su tecnología. La
multinacional explicitó su acuerdo con los dichos del Jefe de Gabinete respecto
a la promoción de la biotecnología y al reconocimiento de la “propiedad
intelectual” de las semillas. Pero adelantó que seguirá adelante con los
contratos con productores y el pago de regalías extendidas.
El 23 de mayo, en Clarín Rural (uno de los
espacios insignia del agronegocios), el jefe del suplemento, Héctor Huergo,
argumentó que la industria semillera “sufre un grave deterioro” por el “uso
propio” (utilización de las semillas obtenidas de la cosecha) y afirmó que
“Monsanto se inmoló” al introducir su nueva soja (“RR2 Intacta”). Huergo, un
gran lobista de las empresas, celebró el anuncio del Gobierno porque “reivindica
la importancia del reconocimiento de la propiedad intelectual”. Pero redobló la
apuesta: “La pregunta que conviene hacerse es que, tratándose de algo tan
trascendente, por qué intentar resolverlo con un DNU en lugar de enviar al
Congreso un proyecto de ley”.
El mismo día, pero desde La Nación Campo, el
editorialista Cristian Mira fue el mismo sentido: “El conflicto revela la
debilidad estructural que tiene el país por no elaborar una ley de semillas que
reemplace a una norma que tiene más de 40 años y demostró su caducidad ante la
transformación tecnológica. La industria de semillas, para continuar con las
inversiones en mejora genética y eventos biotecnológicos, insiste en que
necesita un reconocimiento a la propiedad intelectual de sus materiales. Éste es
el consenso entre empresas nacionales y las multinacionales”.
El 4 de junio, Aníbal Fernández señaló que no
se firmará ningún decreto. Sino que se optó por un proyecto de ley. Un día
después, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, confirmó en el programa
de cable Bichos de Campo que se enviará un proyecto al Congreso. Explicó que
tendrá el mismo contenido que contemplaba el Decreto de Necesidad y Urgencia, y
resaltó que fue “consensuado con todos los actores del sector”.
Delgado, el funcionario de Agricultura más
cercano a las empresas transgénicas, remarcó que “las más altas autoridades
políticas” determinaron que, con el mismo mismo texto del decreto, se opte por
un proyecto de ley. Y señaló que este mes será enviado al Congreso Nacional.
Otro campo
Una veintena de organizaciones nucleadas en la
“Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas” emitieron un comunicado. “No
se atrevan a tocar nuestras semillas”, es el título y denuncia que el
DNU-Proyecto de Ley es “un acto más del gobierno hecho a la medida de las
grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental
y alimentaria de Argentina”.
Entre las organizaciones firmantes figuran la
Red Nacional de Acción Ecologista, Asociación Campesina del Valle de Conlara
(San Luis), Amigos de la Tierra, Abogados Ambientalistas, GRAIN, Frente Popular
Darío Santillán, y las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la Universidad del
Comahue y de Luján. Puntualizan que la semilla de soja transgénica que originó
la disputa es el primer eslabón de una política que busca la “apropiación de los
bienes comunes de la naturaleza” y cuestionan que un derecho básico (el uso de
semillas de la cosecha anterior) se intente legislar como si fuera un privilegio
de unos pocos.
“Estos ‘eventos biotecnológicos’ sobre los que
estas empresas reclaman derechos de propiedad son una apropiación de los saberes
ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura”, denuncian y desmienten
que, para el DNU o el proyecto de ley, haya habido “consenso” (como argumentó el
Gobierno): “Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus
pretensiones”.
Exigen la apertura de un debate amplio y
público, en el que se privilegien los intereses de la población por sobre el de
las corporaciones, rechazan los derechos de propiedad intelectual sobre las
semillas, y proponen el fomento de semillas nativas y criollas como base de la
soberanía alimentaria.
También sentaron postura, en comunicados por
separado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento
Campesino Liberación (MCL) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “La
disputa es función social o su subordinación al capital financiero
transnacional”, tituló el MNCI. Cuestionó que no se debata sobre la naturaleza y
la función de las semillas, alertó que “subordinar la agricultura a la
tecnología de las corporaciones no es solo grave para los sectores populares,
sino que condiciona a todos los actores de la producción agropecuaria” y
denunció que “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad
intelectual sobre semillas es retroceder en soberanía”.
Reivindicó que el uso propio de semillas es un
“derecho inalienable” para los campesinos, indígenas y agricultores familiares;
y para ejercerlo “no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser
tratados como excepciones a ninguna normativa”.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT, en
el Frente Popular Darío Santillán) rechazó la posibilidad de un decreto o ley a
medida de Monsanto y recordó que el Gobierno dejó sin presupuesto a la
agricultura familiar (a fines de 2014 había comprometido 1500 millones anuales
pero no fueron asignados). “El Agronegocio puede convivir con algunos subsidios
y acciones simbólicas hacia la agricultura familiar y campesina. Pero nosotros
discutimos y proponemos un modelo distinto de producción agropecuaria,
tecnología, producción y transmisión de conocimiento, utilización y relación con
los bienes naturales, trabajo rural, comercialización, distribución y consumo.
Un modelo de soberanía popular”.
José Luis Livolti, del Movimiento Campesino
Liberación, afirmó que el DNU o el proyecto de ley son la forma de reconocer la
propiedad intelectual de grandes empresas sobre las semillas. “Monsanto está
agradecida”, denunció. Y exigió una convocatoria amplia, “un debate nacional con
todos los actores” sobre dos temas: una ley que proteja las semillas originarias
y criollas, y una “nueva institucionalidad” que ponga en manos del Estado la
comercialización externa de granos y carnes, pilar de un modelo agropecuario
base a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.
El modelo
La soja abarcaba seis millones de hectáreas en
1996, cuando Felipe Solá (secretario de Agricultura de Carlos Menem) autorizó la
primera soja transgénica de Argentina, de la empresa Monsanto, con uso de
glifosato. En 2003 ya había 12 millones de hectáreas con el cultivo. En la
actualidad llega hasta las 22 millones de hectáreas, el 60 por ciento de la
tierra cultivada del país tiene un solo cultivo: soja transgénica.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA),
impulsado por el Gobierno, fue presentado en 2011 por la Presidenta. Propone
aumentar un 60 por ciento la producción granaria (entre otros cultivos, soja y
maíz transgénicos), llegar a 2020 con 160 millones de toneladas de granos. Lo
que implica, según el mismo PEA, incluir al modelo de agronegocios 11 millones
de hectáreas (que hoy están en manos de campesinos e indígenas).
Desde 1996, la Comisión Nacional de
Biotecnología (Conabia) aprobó 31 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón).
El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las
empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta
(siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (cuatro), Bayer (dos) y
Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las semillas aprobadas son
compartidas por dos compañías.
El último transgénico aprobado fue la soja de
la multinacional Dow Agrosciences. No sólo le permite el uso de glifosato, sino
también de los muy cuestionados agroquímicos 2-4D y glufosinato de amonio.
El Gobierno anunció la nueva soja transgénica
el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina.
Fuente
original: http://www.lavaca.org/notas/semillas-corporaciones-y-un-proyecto-cuestionado/Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199810
No hay comentarios:
Publicar un comentario