Derechos torcidos
18 de mayo de 2016
Por Darío Aranda/ lavaca
“En 1492 los pueblos
indígenas eran expulsados de sus territorios. En 2015, también”, señala el
cartel de Amnistía Internacional que empapeló Buenos Aires en octubre pasado. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), el mayor órgano continental en la materia, acaba de
publicar un informe que va en el mismo sentido: confirma que los gobiernos de
América (de derecha a izquierda) violan los derechos humanos de los pueblos
indígenas y lo hacen para avanzar con proyectos extractivos: minería, petróleo,
agronegocios, represas.
En
Argentina hay más de 180 conflictos territoriales.
500
años
“Aquella
violenta marea de codicia, horror y bravura no se abatió sobre estas comarcas
sino al precio del genocidio nativo. Desterrados de su propia tierra,
condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados
hacia las zonas más pobres. Las matanzas de los indígenas que comenzaron con
Colón nunca cesaron”, explica Eduardo Galeano en el histórico libro Las venas abiertas de América Latina, publicado en 1970.
Casi medio siglo
después, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó el
informe Pueblos indígenas,
comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo.
Son 190 páginas con lenguaje técnico-jurídico y diplomático, muy crítico sobre
la situación actual de gobiernos y empresas, y su relación con la violación de
derechos humanos: “La llegada del siglo XXI trajo consigo un aumento significativo
de las extracciones mineras y petroleras en el continente y, más
específicamente, en América Latina y el Caribe. Igualmente, ha aumentado
significativamente la presencia de monocultivos de exportación que cubren
amplios territorios, con altos impactos ambientales, y suman enormes volúmenes
de producción”, señala el informe. Y cita como ejemplo las amplias superficies
con soja, caña de azúcar y palma aceitera.
Y cuestiona: “Junto con la
ampliación e intensificación de actividades de esta naturaleza, la Comisión ha
podido observar que se han producido serios impactos en los derechos humanos de
las poblaciones en donde tienen lugar”. Alerta: “Es reiterada y consistente la
información recibida con relación a impactos negativos ambientales, sociales,
culturales y humanos que generan estas actividades”.
CIDH
Como todo espacio
diplomático, no se caracteriza por definiciones tajantes. A lo largo del
informe sobresalen detalles de legislaciones vigentes, tratados internacionales
de derechos humanos, convenciones internacionales, recomendaciones a los
Estados, pero también definiciones claras: “Con alarmante frecuencia (se
ejecutan) planes y proyectos de carreteras, canales, represas, hidroeléctricas,
puertos, complejos turísticos, parques eólicos o similares que tienen lugar en
afectación a tierras y territorios indígenas y tribales. La tecnología moderna
permite intervenciones en zonas hasta ahora remotas, provocando un
desplazamiento significativo y daños irreparables a la tierra y los recursos
naturales de los pueblos indígenas”.
La Comisión confirma
los “graves impactos sociales y culturales” que acarrean las actividades
extractivas y denuncia que los pueblos indígenas sufren “impactos profundos”.
Detalla: “Afectaciones
en la salud, alteración en las relaciones comunitarias, la calidad de vida,
migraciones, desplazamiento de comunidades, cambios en patrones tradicionales
de economía”. Y asegura que los más afectados son los niños, las mujeres y los
adultos mayores.
Minería
El informe de la CIDH
señala que la minería produce destrucción de ecosistemas donde se ubican las
canteras, afectación del sistema hidrológico, contaminación del agua y
emisiones de polvo, entre otros. Algunos tipos de minería tienden a concentrar
y liberar contaminantes en el medio ambiente. Sostiene que, en la minería a
pequeña escala, es clara la contaminación por mercurio. Y en la minería a gran
escala (por ejemplo, de oro), alerta sobre el uso de cianuro en el proceso de
lixiviación.
“La implementación de
este tipo de proyectos puede suponer una seria contaminación por el vertimiento
de sustancias en el medio ambiente, bosques y ríos tradicionalmente utilizados
por pueblos indígenas. Estas afectaciones pueden llegar a ser devastadoras en
casos de proyectos mineros a gran escala o cuando se otorga un gran número de
concesiones de pequeña escala sobre territorios indígenas”, advierte la CIDH y
señala “efectos nocivos en la salud” de los pueblos indígenas.
Recuerda el informe
que, tras la culminación de la extracción minera, “se carece de planes de
cierre y remediación ambiental adecuados que aseguren la superación de los
pasivos ambientales generados”. Define como “alarmante” la información recibida
sobre la actividad minera en Perú, con más de 8.600 pasivos ambientales en 21
regiones del país.
Afirma que la minería
genera “un intenso ritmo de deforestación y contaminación de suelos y aguas”.
Hidrocarburos
La
Comisión señala que la explotación de hidrocarburos implica la apertura de
trochas y la contaminación por derrames o pérdidas en la extracción. “La CIDH
ha recibido información sobre derrames en la selva amazónica (Ecuador) debido a
la rotura de oleoductos o tuberías generando, entre otros efectos, la presencia
de cadmio en el agua. Se ha documentado ampliamente que la exposición al
petróleo y a los compuestos químicos vinculados al mismo petróleo provoca
efectos nocivos para la salud y la vida del ser humano”.
También advierte que
la explotación petrolera genera a su vez subproductos y desechos tóxicos en
todas las etapas de las operaciones: perforaciones de exploración, producción,
transporte y refinación. Todo esto produce hechos de contaminación y afectación
de derechos indígenas.
Agronegocios
La
producción extensiva de palma africana, caña de azúcar y soja provoca “impactos
desproporcionados” dice la
CIDH. Cita ejemplos de Honduras y Perú. “Los monocultivos
tienen también efectos ambientales agudos como la pérdida de la biodiversidad y
la seguridad alimentaria, el aumento del uso de agroquímicos, el avance de la
frontera agrícola sobre áreas naturales, entre otros”.
La Comisión cuestiona
la “autorización del uso de semillas transgénicas, acción estatal que desconoce
las formas propias del manejo y gestión de los territorios indígenas”. Recuerda
que se autorizaron semillas transgénicas de soja, maíz y algodón en contra de
la decisión de los pueblos indígenas de contar con un territorio libre de
transgénicos. Precisa que los transgénicos “afectan las prioridades de
desarrollo” de los pueblos indígenas en torno al uso propio de las semillas
originarias y perjudicando su seguridad alimentaria.
Entre
las principales consecuencias, la CIDH denuncia el “poco apoyo económico a la agricultura
indígena o campesina, la negación de la soberanía alimentaria, la
desarticulación de prácticas e instituciones de cooperación comunitaria, el
despojo de tierras”. También explica que los estados fomentan conflictos
intracomunitarios para debilitar la organización indígena, y permiten -por
acción u omisión- la migración forzosa y la contaminación de flora, fauna,
suelo y agua.
Otra relación de
causas y efectos: “Dicho tipo de agricultura propone el monocultivo a partir de
semillas transgénicas que exigen altas cantidades de agrotóxicos. Se produciría
la aspersión de sustancias tóxicas en comunidades adyacentes a los cultivos,
afectando su salud y contaminando el medioambiente”. Destaca que así se
contaminan las fuentes de aguas de campesinos y comunidades originarias.
Y afirma que las
semillas representan, para los pueblos indígenas “recursos vitales para su
subsistencia”. Cuestiona que, mediante el patentamiento de transgénicos, se
prohíba el uso propio y la libre circulación de semillas criollas.
El informe señala que
el agronegocio y los monocultivos “amenazan la soberanía y seguridad alimentaria”.
Y sostiene que los pueblos indígenas deben tener acceso a fuentes de
alimentación en base a sus propias actividades de subsistencia, tales como la
caza, la pesca y la
agricultura. Denuncia que las actividades extractivas “tienen
un impacto en el derecho a la alimentación de tales pueblos y puede colocar en
riesgo su existencia misma”.
Represas
Las grandes obras
hidroeléctricas tuvieron su auge en la segunda mitad del siglo XX y suelen
publicitarse como “energías limpias”. Pero desde hace décadas acarrean
cuestionamientos sociales y ambientales.
La CIDH precisa que
las represas en tierras indígenas acumulan denuncias por interrumpir el cauce
natural de los ríos e impactan en las formas propias que tienen las comunidades
de utilizar sus aguas, generalmente para la agricultura y sus cosechas. Y
vincula a las represas con los datos sobre aumento de enfermedades. “En el caso
de la construcción de represas se ha informado sobre el aumento de enfermedades
como dengue, malaria, diarrea y problemas de la piel”, precisa el informe.
Derechos
Los pueblos
originarios del continente tienen frondosa legislación que protege sus derechos y territorios,
pero esas leyes no se cumplen por el accionar de los Estados, empresas
extractivas y, fundamentalmente, el propio Poder Judicial.
“Los Estados no pueden
otorgar concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales que
se encuentran en los territorios que no han sido delimitados, demarcados o
titulados, sin consulta efectiva y sin el consentimiento informado de los
pueblos indígenas”, destaca la Comisión. Refiere al “derecho a la consulta” y al
“consentimiento libre, previo e informado” que debe tener toda acción que
pudiera afectar a los pueblos indígenas, derecho vigente en distintas leyes
nacionales y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
“Los Estados tienen
una obligación específica de consultar, y garantizar su participación
efectiva”, reitera la CIDH, y resulta taxativa con respecto a los pueblos
originarios: si no se cumple el consentimiento, habrá violación de sus derechos
humanos.
La
Comisión considera que la implementación efectiva del derecho a la consulta y
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y tribales
“sigue siendo una tarea incompleta en la mayor parte de los Estados del
continente”.
En
Argentina existen más de 25 millones de hectáreas con cultivos transgénicos,
800 proyectos mineros en estudio (una decena en explotación) y amplias regiones
con extracción petrolera (Vaca Muerta está en tierras de 27 comunidades
indígenas), pero nunca se aplicó el derecho al consentimiento de las
comunidades.
La CIDH
resume: “Los Estados reconocen el derecho a la consulta en el plano normativo,
pero no lo aplican en la práctica”.
Violencia
La
Comisión afirma que cada vez que las comunidades indígenas se organizan y
resisten el avance de proyecto extractivos sobrevienen “actos de hostigamiento,
amenazas y agresiones”. Se repiten persecuciones penales en contra de
autoridades, líderes y miembros de comunidades; presiones, secuestros y
asesinatos. El extractivismo vulnera “el derecho a la vida” de miembros de
pueblos indígenas. “La CIDH observa con preocupación que se han presentado
asesinatos de líderes, lideresas o miembros de estos pueblos y comunidades en
contextos de oposición a proyectos de esta naturaleza”.
El
marzo último fue asesinada Berta Cáceres, líder indígena de Honduras, referente
en la lucha contra las megarrepresas. Se sumó a la larga lista de indígenas y
campesinos asesinados por defender el territorio.
La CIDH afirma que en
la mayoría de los casos no se llega a determinar a los responsables. Y focaliza
cuáles son las causas: “Existe una grave situación de impunidad en el
continente con respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas en el
contexto de proyectos de extracción. No debe perderse de vista que determinadas
empresas o grupos empresariales suelen ser agentes económicos influyentes,
sobre todo en economías altamente dependientes de las actividades que estas
empresas realizan y carecen de voluntad política para asegurar un debido acceso
a la justicia”, plantea el informe.
Dos casos emblemáticos
de Argentina son el diaguita Javier Chocobar, quien fue asesinado en 2009 en
Tucumán, y el qom Roberto López muerto por balas policiales en 2010, en Formosa.
No hay detenidos y aún no hubo juicio.
Argentina
La ONG de derechos
humanos Amnistía Internacional realizó en 2015 un mapa de conflictos indígenas.
Detectó en dicha investigación un piso de 183 casos. “Son sólo un número
representativo de los conflictos presentes en Argentina en los que comunidades
indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos
(municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras,
petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder
Judicial que desoyen las normativas vigentes”, explica Amnistía en el sitio web
territorioindigena.com.ar, donde se pueden chequear y sumar nuevos casos.
El mapa es una
herramienta colaborativa de diversas organizaciones, abierta, de actualización
periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.
Participaron el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Asociación de
Abogados de Derecho Indígena (AADI), la Defensoría del Pueblo de la Nación, la ONG Abogados de
Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), la Fundación Servicio
de Paz y Justicia (Serpaj) y el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la
Tierra (Gajat).
“La población indígena
en Argentina fue sistemáticamente negada y excluida a lo largo de la historia del
país. Durante la época de la colonización, y especialmente con la serie de
campañas militares llevadas a cabo, se produjo el exterminio de una gran parte
de los pueblos indígenas, perpetrando un literal genocidio. Por la usurpación
de sus territorios a partir del siglo XIX y el despojo de sus tierras y
recursos, los indígenas fueron condenados a vivir en situaciones de extrema
pobreza, lo que derivó en otras formas de exclusión social”, señala Amnistía
Internacional.
Y, en
línea similar a la CIDH, informa: “Existe en Argentina una significativa
distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y
tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. La
Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que
siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión. Tal
como graficó Félix Díaz, autoridad de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh,
en un mensaje que interpela a toda la sociedad: ‘Los derechos humanos aún no
llegaron a los pueblos indígenas’”.
Ganadores
Con otro estilo,
Eduardo Galeano lo había resumido en 1970: “El subdesarrollo de América Latina
proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo”.
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