Un representante wichi
y otro mapuche fueron encarcelados por sus reclamos
Las raíces tras las
rejas
14 de junio de 2016
Por Darío Aranda (Página 12)
El referente wichí Agustín Santillán, en
Formosa, y el mapuche Facundo Jones
Huala, en Chubut, fueron detenidos, acusados de múltiples causas armadas que
nunca les habían sido informadas. Denuncian persecución política.
Dos referentes indígenas fueron encarcelados en una semana en
Argentina. Se trata del wichí Agustín Santillán, en Formosa, que reclamaba
educación y alimentos para las comunidades originarias y, cuando fue apresado,
se le informó la existencia de 16 causas penales. La criminalización también
alcanzó al mapuche Facundo Jones
Huala, en Chubut, con un megaoperativo en un campo reclamado por la multinacional Benetton.
En ambos casos, las comunidades denunciaron que se trata de
“persecución política”. El relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre
Racismo, Mutuma Ruteere, describió como “terrible” la situación de los pueblos
indígenas en Argentina.
Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, la
zona más alejada de la capital provincial (casi en el límite con Salta) y de
las más pobres del país. Territorio del pueblo wichí donde petroleras extraen
recursos naturales y ganaderos avanzan sobre tierras indígenas. Agustín Santillán
era maestro bilingüe. Fue echado en 2011 cuando comenzó a reclamar por la
educación de los niños. “Estaba marcado”, suele explicar Santillán.
Desde hace años es una de las pocas voces críticas del oeste
provincial. Denuncia el robo de tierras, el hacinamiento en ciudades, la falta
de salud y educación, y los desmanejos de los punteros políticos. En los
últimos años comenzó una articulación social con otros líderes indígenas (como
Israel Alegre y Félix Díaz) y se sumó a la organización provincial Qopiwini
(que reúne a los cuatro pueblos indígenas de Formosa). En 2014 mostró fotos
(vía Facebook) de las escuelas ranchos. Y se viralizaron en las redes. El mismo
año apareció en televisión con detalles de cómo es la vida en el oeste
formoseño.
“Persiguen a los dirigentes sociales, a los que no estamos con el
Gobierno. Ellos nos dicen ‘cabecillas’, pero sólo queremos que cumplan nuestros
derechos. Nos persiguen. Y tenemos miedo que nos pase algo”, señaló Santillán
vía Internet. El intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza,
escribió en Facebook: “¿Para ser prócer hay que matar indios? Siiii. Y sobre
todo si se llama Agustín”.
El 30 de mayo, Santillán fue parte de un grupo de wichí que pidió
por mejoras en las escuelas indígenas, nombramiento de maestros bilingües (como
insta la ley) y alimentos para los comedores ante la delegación zonal de
Educación.
La policía lo apresó y trasladó hasta la Alcaldía en Las Lomitas
(centro provincial). El juez Marcelo López Picabea notificó que cuenta con 16
causas judiciales (nunca le habían sido notificadas, desde robo hasta incendio,
pasando por cortes de rutas y ocupación lugares públicos).
“Sabemos que el método de armar causas penales a referentes
sociales es utilizado por el sistema político de Formosa para desactivar a los
dirigentes que luchan ante las deficiencias e injusticias del modelo actual. La
situación contra Santillán es una muestra clara de criminalización de la
protesta”, afirmaron desde la Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos
Indígenas (Adepi), que interviene en la defensa de Santillán. La organización
advirtió sobre la seguridad del referente wichí en prisión.
En 2014, un hecho similar sucedió con la familia Tejada
(cinco hermanos), también del oeste, que se oponían a la avanzada sobre sus
territorios y denunciaban a los punteros del gobierno de Gildo Insfrán. Fueron
acusados de robo y amenazas (en su propio territorio) y estuvieron casi un año
en prisión.
En Chubut está ubicada la estancia Leleque ,
propiedad de la
multinacional Benetton (que tiene un millón de hectáreas en
la Patagonia). En marzo 2015 se produjo una recuperación territorial mapuche en
la estancia Leleque
de la compañía
Benetton , impulsada por la comunidad mapuche Lof en
Resistencia del Departamento Cushamen. Se instalaron en una parte del predio,
denunciaron el despojo pasado y reivindicaron la vuelta al territorio (incluso
contemplada en la normativa internacional).
Tuvieron intentos de desalojos y acciones de espionaje ilegal (que
incluyeron a asambleístas contra la minería de Esquel). El 27 de mayo la
policía ejecutó un operativo con decenas efectivos, incluidas las fuerzas
especiales antimotines y gendarmería nacional. Muchos efectivos para una
pequeña comunidad, en su mayoría mujeres y niños.
Detuvieron a siete integrantes de la comunidad y obligaron a estar
en la intemperie (con temperaturas bajo cero) a mujeres y niños. Al día
siguiente, el juez Martín Zacchino liberó a seis personas y confirmó la prisión
para Facundo Jones Huala (acusado de
“atentados” en Chile). Lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria
de Esquel.
Jones Huala habló desde la cárcel con la FM comunitaria Kalewche
de Esquel, donde afirmó que se trata de “un preso político”, rechazó las
acusaciones y denunció el accionar del Poder Judicial, policial y político en
favor de Benetton. “Estamos con la moral alta porque nuestra lucha es digna y
justa. La represión y prisión son la respuesta del Estado a nuestra lucha”.
Destacó que la recuperación se mantiene (Benetton pidió el desalojo) y afirmó
que la lucha mapuche seguirá hasta que se reconozcan los crímenes del Estado y
se devuelvan los territorios a los pueblos originarios.
El relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre Racismo,
Discriminación Racial y Xenofobia, Mutuma Ruteere, estuvo en mayo en Argentina
y visitó comunidades de Formosa. Describió la situación indígena como
“terrible”. Afirmó que “en ciertas áreas del país los pueblos indígenas viven
en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios
básicos”. Y advirtió que “lo más alarmante es la tendencia a reprimir la
movilización de los grupos originarios en reclamo de sus derechos”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-301623-2016-06-13.html
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