"Estamos viendo, pero con una diferencia muy importante. El movimiento de la APPO del 2006 estuvo concentrado sobre todo en la ciudad de Oaxaca y ahora las protestas y la organización están en varias regiones, como hemos visto, y eso difícil el proceso de represión. Después de los hechos de Nochixtlán siguen habiendo más de veinte bloqueos en el estado…"

CNTE, reformas y represión después de Nochixtlán: una entrevista con Luis Hernández Navarro

23 de junio de 2016

El domingo 19 de junio hubo una matanza en Nochixtlán, en la mixteca oaxaqueña, la policía federal arremetió en contra de grupos de manifestantes, pobladores y docentes de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) y finalmente resultaron muertas 10 personas. El 22 de junio se reabrió una mesa de diálogo entre la Coordinadora y la Secretaría de Gobernación. Entrevista con Luis Hernández Navarro, Director de la Sección Opinión del diario La Jornada (México) 

Por Desinformemonos

¿Tiene que haber una matanza para que pueda abrirse un diálogo en México?

Hay que dar el contexto. Había pasado un año sin diálogo entre la Coordinadora y el Gobierno Federal. El último que se había realizado fue el 4 de junio del año 2015, en donde varios de los más importantes dirigentes sindicales fueron trasladados en un avión militar a la Ciudad de México y sostuvieron una reunión en el campo militar número 1 con el Secretario de Gobernación. Lo que éste señaló es que ellos tenían que aceptar sus puntos, si no iba a ir la policía federal al Estado de Oaxaca. Estaban en puerta las elecciones intermedias parlamentarias de 2015.

Desde entonces, no había habido un diálogo formal, incluso los acuerdos que se habían tomado en el anterior fueron incumplidos por el gobierno. Entonces viene una ofensiva más o menos generalizada del gobierno contra los maestros que se resistían a la reforma educativa. En Oaxaca se intervino el Instituto de Educación Estatal, se congelaron las cuentas sindicales de los dirigentes y sus cuentas personales incluso, las cuentas del sindicato. Se dejó de pagar a los comisionados sindicales y después fue escalando para detener a distintos dirigentes. Primero el regional y luego el seccional, al punto de que hoy en día están presos en penales de alta seguridad ocho dirigentes, incluyendo al Secretario General, el de Organización y el de Finanzas.

De hecho, la reciente detención del Secretario General, Rubén Núñez, y el de Organización de Oaxaca, Francisco Villalobos, en el marco de la ofensiva de la Coordinadora iniciada el pasado 15 de mayo con un paro indefinido es lo que provoca un conjunto de bloqueos en prácticamente todo el estado pero de manera muy relevante en la región del Istmo. Bloqueos que llegan incluso a impedir el abasto de gasolina desde la refinería de Salina Cruz.
Viernes 17 en la noche más o menos comienzan los operativos de desalojo primero en el Istmo, y se van escalonando a lo largo del sábado. Allí no hay bajas graves, hay una actitud relativamente flexible de los padres de familia y de los maestros que bloquean las vías. Cuando pasa la policía hay refriegas, bombas molotov, enfrentamientos pero se repliegan y luego vuelven a instalar esos retenes.

Sin embargo, en Nochixtlán, entre Tlaxiaco y Huajuapan en la mixteca, la situación fue diferente. Nochixtlán es un municipio indígena, fue muy importante en los siglos XVIII y XIX y su nombre significa el “lugar de la grana, de la cochinilla”, con la cual se elaboraba el tinte rojo y buena parte de la riqueza oaxaqueña vienen de allí, de la explotación de ese tinte. Ese día era de mercado, lo que significa un día de plaza en que bajan más de dos mil vendedores y compradores, se hace trueque y es una jornada clave en la economía local.

Había un plantón de maestros que se había instalado desde antes y habían hecho bloqueos muy duros, pues como pueblo los mixtecos son muy aguerridos y combativos. En el primer operativo de desalojo de la policía la gente resistió pero se replegó. Era todavía relativamente temprano pero los policías terminaron agrediendo a la gente del municipio que estaba allí en el mercado y entonces los pobladores y los del mercado fueron rodeados e increpados. Se comenzaron a sonar las campanas en su defensa, para convocar a la gente a salir a las calles, se tiraron cohetones y la policía respondió disparando con el saldo que tenemos: es un saldo de 11 muertos, uno de estos no es de esta región sino que resultó muerto en otro desalojo en Piedras, cerca de la ciudad de Oaxaca.

Tras la refriega, había heridos de las comunidades y la policía dio la instrucción de no permitir que fueran atendidos en los centros médicos. El presidente municipal, un cacique priista, impidió que se usará la ambulancia que se había comprado con los recursos de los migrantes de Nochixtlán a su comunidad. La gente acabó prendiéndole fuego al palacio municipal y algún rancho de uno de los familiares más cercanos del presidente municipal que acabó huyendo.
El gobierno trató de negar los hechos. Primero dijo que los policías no iban armados, pero después por las evidencias de fotografías y grabaciones, y por la misma prensa internacional, tuvo que retroceder y decir que quien realizó los disparos habían sido grupos de francotiradores y encapuchados y esto no es cierto, no hay ningún testimonio de que así sea. Todos los muertos son del lado del pueblo y no hay nada más allí que ocultar.

A partir de ese momento siguieron los desalojos y otros bloqueos, por ejemplo en Hacienda Blanca o en Piedras, y siguió una situación de tensión, pero el escándalo que esto suscito obligó efectivamente al gobierno a tener que dar marcha atrás y a negociar, a abrir un diálogo.

Sobre el diálogo que empieza el 22 de junio, entre la Comisión Nacional Única de Negociación, establecida por la Asamblea Nacional de la CNTE, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ¿cómo ves las posibilidades o márgenes de maniobra de la CNTE dentro de este diálogo que, según las palabras del Secretario de Educación Aurelio Nuño, va a ser sobre cuestiones políticas y no sobre la reforma educativa?

Sentar al gobierno a negociar ya es un triunfo porque tenía un año negándose e negociar. El punto de partida son los acuerdos que ya se tenían establecidos desde el 4 de junio de 2015. Eso seguramente va a aparecer allí. La CNTE lo que está planteando es que se tiene que discutir el proyecto educativo del país, el Secretario de Educación puede decir lo que quiere pero no puede condicionar de qué se va a tratar el diálogo, ¿no?

O sea, en esa mesa la Coordinadora va a plantear sus puntos de vistas, cuyos ejes van a ser varios: 

• primero, el problema de la represión, de los presos políticos, de pedir justicia para los asesinados y la reintegración de los maestros despedidos, y luego otro que tendrá que ser encontrar un corredor de salida para la discusión sobre la transformación de la educación en México. Esta resistencia de la Coordinadora tiene tres años y medio y no han podido frenarla. Comenzó en 2013, aunque la CNTE nació en 1979 y tiene una larga tradición de lucha, y en los últimos tres años y medio hubo paros nacionales, protestas, foros, pues hay una permanencia de la protesta con la que tienen que tratar finalmente. El gobierno apostó durante un año a debilitarla y los resultados están a la vista, no está debilitada.

Últimamente la CNTE han ido ganando incluso más legitimidad nacional y, en parte internacional, y a partir de mayo ha retomado la iniciativa y cierto protagonismo y mayor aprobación de la opinión pública, pese al cerco mediático. Ha habido cierta presencia y legitimación “cíclica” a partir del plantón del 2013 en el zocalo de la capital, pero hay momentos de mayor presencia mediática y fuerza negociadora.

Sí, ha habido protestas, después de lo que señalas, del desalojo del plantón del 2013, prácticamente todas las semanas en todo el país. Son protestas de distintos tipos, algunas son masivas y otras no, pero estamos hablando de movilizaciones generalizadas, aun con sus flujos y contraflujos, y son de alcance nacional por más que en los medios internacionales no se les quiera voltear a ver.

Considerando la carta de solidaridad a la CNTE, que también firmaste, y a los apoyos a los maestros por parte del EZLN, el CNI, el obispo de Saltillo Raúl Vera, Padre Solalinde, entre distintas organizaciones y grupos, ¿crees posible el desarrollo de un movimiento nacional más amplio de oposición y la opción de revertir la reforma educativa?

El movimiento magisterial en lo particular, los maestros más en lo general, y la educación pública están bajo ataque, no desde ahora, sino por lo menos desde el año 2010 en el cual la organización empresarial Mexicanos Primero, que dirige ahora Claudio X. González, emprendió una ofensiva en toda la línea, en medios de comunicación y con la elaboración de una película que se llama “De panzazo”, que es una copia de otra película que hizo la derecha estadounidense y se llama “Waiting for Superman”. Hay una ofensiva de estigmatización salvaje en contra del magisterio, en la que participan medios y agentes estatales, entre otros. Y esto limitó mucho las expresiones de solidaridad y apoyo hacia los maestros. Creo que hoy esta situación comienza a revertirse y el movimiento magisterial encuentra aliados fuera de su órbita natural. Decir “aliados” naturales del movimiento significa hablar los padres de familia en lugares como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán en donde los maestros son los intelectuales orgánicos de las comunidades y aldeas rurales. Esta convergencia social o alianza nunca se ha puesto en duda, y no tiene necesariamente una expresión con siglas partidaria. También participan allí movimientos sociales, etcétera. Pero ha tenido enormes dificultades este movimiento magisterial para saltar más allá de ese ámbito de los sectores “subalternos”, vamos a decirlo así, y ha logrado hoy construir relaciones más importantes con sectores intelectuales, académicos y de otro tipo.

Hasta donde vaya a dar una alianza de este tipo está por verse. En este país ese tipo de convergencias han mostrado ser muy frágiles, digamos. Pero lo que hoy se ha logrado es muy importante. ¿Se va a lograr construir una gran convergencia nacional que tenga en el magisterio su columna vertebral? Creo que no. Intermitentemente la CNTE lo ha intentado prácticamente desde su nacimiento. En 1983-84 convocó a un Frente nacional contra la austeridad y la carestía y creó el Comité de defensa popular tratando de enfrentar los primeros ciclos de reformas neoliberales, convocando a un paro cívico, y no tuvo suerte. Desde entonces ha intentado construir un gran frente nacional, eso está en su visión del mundo y de hacer política. Pero se ha topado con problemas por la naturaleza misma de su movimiento y también de los otros movimientos.

¿Qué comentarías acerca del respaldo que recientemente dio Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, a la CNTE?

Es un hecho novedoso. La CNTE desde su nacimiento se declaró como una fuerza independiente, claramente diferenciada del Estado, de las Iglesias y de todos los partidos políticos y como tal no realiza compromiso electoral alguno. No está atravesada por la dinámica electoral, sin embargo, en las pasadas elecciones del Estado de Oaxaca hubo una orientación de la Sección 22 de la CNTE de votar en contra de los partidos del Pacto por México, que votaron la Reforma Educativa (PRI, VERDE; PAN, PRD), y apoyar, sin decirlo explícitamente, a Morena y López Obrador, que se habían opuesto a las políticas neoliberales. En ese contexto varias corrientes del movimiento magisterial oaxaqueño hicieron una alianza electoral con Morena para los comicios del 5 de junio de 2016. En otros estados de la República también se dieron estos tipos de compromisos y Andrés Manuel lo ha expresado públicamente, pero son compromisos que se hacen a título individual o como corriente y no como movimiento magisterial como tal.

¿Puedes resumir la diferencia entre la CNTE (Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación) y el SNTE (Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación) y los puntos más polémicos de la reforma “educativa”?

La CNTE (con C) forma parte del SNTE (con S), es una tendencia sindical dentro del sindicato que busca su democratización. Desde su nacimiento la Coordinadora ha tenido tres grandes objetivos: democratizar al sindicato, la educación y el país. Sin embargo, como corriente actúa dentro de un sindicato corporativo como es el SNTE, el cual tiene en su liderazgo estrechos vínculos con el poder. La CNTE controla una parte del sindicato y no éste como tal, pero esta diferenciada de sus líderes institucionales. Es una tendencia de clase en el interior del sindicato, en la que los maestros se reivindican como trabajadores de la educación y no como clase media.

La “reforma educativa” es realmente una reforma laboral y administrativa, no tiene contenidos pedagógicos sustantivos, no aborda los grandes problemas nacionales. ¿Cuáles son? Por un lado el rezago educativo, esto quiere decir que por ley es obligatorio que las personas mayores de 15 años hayan cursado 10 años de educación básica. Solamente los han cursado el 60% de la población, o sea 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no terminaron la escuela secundaria. Casi 7 millones de mexicanos mayores de 15 años viven en el analfabetismo, mientras que hay países con muchos menos recursos que México como Bolivia, Cuba o Venezuela, que han sido declarados territorios libres de analfabetismo por la UNESCO (ONU). Entonces este problema no se trata, como tampoco se trata del problema de la inequidad educativa. La mayoría de los recursos se concentran en los grandes centros urbanos de tal manera que el 40% de las escuelas en México son escuelas que se llaman “unitarias”. Esto quiere decir que en el mismo salón de clases el mismo maestro atiende de manera simultánea a niños de primero, segundo y tercer año. Y en estas escuelas no hay generalmente baños o agua potable, mobiliario, receptividad, etcétera. Hay una enorme inequidad y la reforma no aborda este aspecto. Este problema de inequidad expresa otro más profundo que es el de las grandes diferencias socioeconómicas y culturales que tiene el país. Esto no es realmente incorporado por esta reforma.

Entonces, ¿qué objetivos formales tiene la reforma? Dos. Uno, dicen, es recuperar la rectoría de la educación por parte del Estado. Hasta hora, se dice, la educación ha estado en manos del sindicato, del SNTE y de la CNTE, y se trata de que el Estado la recupere. Segundo, dicen, es impulsar una educación de calidad. Mas a la hora de definir “calidad” no la saben definir. En el artículo tercero de la Constitución y en las leyes reglamentarias hay definiciones distintas y se vuelve un verdadero galimatías. Es un concepto que viene del mundo empresarial y no de la pedagogía, pero bueno es un concepto que está de moda.

¿Cuál es el instrumento para recuperar esa calidad y la rectoría, según lo que plantean en la reforma?

La evaluación a los maestros. Una evaluación que, dicen los empresarios, debe de tener consecuencias, y es entendida como una medición a partir de un examen estándar para todo el país, lo mismo para las regiones ricas y pobres, de opción múltiple, es decir, que se trata de llenar bolitas. No se trata de una evaluación para ver qué funciona y qué no funciona y resolverlo, sino para sancionar y vigilar a los maestros.

Además, primero, hay que decir que en los hechos esta reforma lo que hace es crear un régimen laboral de excepción para los maestros acabando con la permanencia en el empleo. Tú antes, cuando ganabas tu plaza, sabías que, a excepción de que cometieras una falta grave, podías seguir trabajando como maestro hasta que te jubilaras. Eso se acabó a partir de ahora.

Segundo. La educación básica en México es una obligación del Estado. El Estado había creado un sistema de formación de maestros para impartir esa educación y era el “normalismo”, con la formación para maestros en las escuelas normales, un término que viene de la revolución francesa en la que se trataba de formar al hombre nuevo. Bueno el normalismo tenía la prerrogativa de que quienes iban a dar clases eran maestros egresados de sus aulas, o sea tenía conocimientos de didáctica, de la realidad con la que iban a trabajar y todo eso. Hoy eso se acaba con la reforma y cualquier persona, un contador, un dentista o un veterinario por ejemplo, puede pasar a dar clases de primaria, y es una condena de muerte del normalismo.

Tercero. La reforma avanza en la privatización de la educación pública en el sentido de que bajo el concepto de la autonomía escolar se traslada a las escuelas la responsabilidad de conseguir recursos para su funcionamiento, abriendo el paso, entonces, para que en México empiecen a instalarse escuelas chárter o escuelas por concertación. De tal manera que si la educación pública según la Constitución debe ser gratuita, hoy esa gratuidad está en entredicho, y eso explica por qué hay apoyo de muchos padres de familia a los maestros.
Prácticamente ya hay un sistema de cuotas.

Sí, si los padres no pueden pagar, finalmente son sancionados, pueden sacar a sus hijos, y ya sucede en los hechos aunque formalmente no se reconozca. Los padres tienen que pagar cuotas para el mantenimiento de las instalaciones, o para pagar la luz, de manera cada vez más creciente. Es como un sistema de cuotas escondido porque dicen que no es así pero bajo el concepto de autonomía escolar se avanza en esa dirección.

¿Por qué ahora es más fácil despedir a los maestros? Por ejemplo con tres faltas injustificadas…

La regla según la cual se podía ser despedido tras tres faltas injustificadas ya existía antes, pero más bien lo nuevo es que el maestro tiene una espada de Damocles sobre su cabeza, por buen maestro que sea. Porque se tiene que estar evaluando permanentemente y si no pasa ese examen estandarizado, que evalúa de la misma manera a un maestro que da clases en la montaña de Guerrero y a uno de una zona de clase media de una ciudad como Monterrey, es removido de su empleo.

¿Entonces, no es que los maestros no quieren ser evaluados, como se dice comúnmente y en parte de la prensa?

No, ellos dicen que la evaluación es necesaria. Evalúan a sus alumnos todo el tiempo y los maestros ya son evaluados en lo que era el sistema de carrera magisterial que existía hasta ahora y que se quitó con la reforma. Pero lo que dicen es que hace falta una evaluación para ver lo que no funciona y solucionarlo, para ver lo que está bien y entonces aplicarlo. Una evaluación en la que se tienen que incorporar a sus pares, entonces a otros maestros que saben cómo es su trabajo, y a los padres. La evaluación tiene que ser contextualizada: un maestro que tiene que caminar tres horas para llegar a su escuela porque no hay medios de transporte no puede ser evaluado de la misma manera que un maestro que tiene su coche para ir a la escuela. Evaluación sí, pero no punitiva.

¿La CNTE como corriente o movimiento tiene una propuesta articulada sobre todos estos aspectos?

Sí, la puedes encontrar en la web en un documento llamado “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos” y se presentó a la Secretaría de Educación y a Gobernación ya desde 2013 y éstas nunca le hicieron caso.

También en 2006 hubo masacres y represiones de un gran movimiento magisterial y popular, que dio origen a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) durante el mandato del gobernador priista Ulises Ruiz. En 2010 surgió una alianza entre el entonces neogobernador Gabino Cué, postulado por PRD, PAN, PT y Convergencia, y el magisterio oaxaqueño para dar otro rumbo a la educación por lo menos en ese estado. ¿Qué semejanzas ves con el 2006 y qué pasó con la alianza y el experimento educativo de Oaxaca?

La ofensiva contra los maestros que empezó desde 2010 a nivel nacional no se vivió tanto en Oaxaca. Allí hubo una convergencia entre Cué y el movimiento magisterial que se rompió, pues hubo hasta amenazas contra el gobernador de meterlo a la cárcel por parte del gobierno federal y hace un año se rompió de manera definitiva la alianza con el magisterio, pues Gabino traicionó los compromisos que había hecho con los maestros y dio marcha atrás. Entonces se dio la posibilidad de que lo que había sucedido en 2006 en Oaxaca se reprodujera y creo que es lo que estamos viendo, pero con una diferencia muy importante. El movimiento de la APPO del 2006 estuvo concentrado sobre todo en la ciudad de Oaxaca y ahora las protestas y la organización están en varias regiones, como hemos visto, y eso difícil el proceso de represión. Después de los hechos de Nochixtlán siguen habiendo más de veinte bloqueos en el estado…

A parte de la agrupación Mexicanos Primero, ¿hay otros think tanks y agencias, incluso no mexicanas, comprometidas con el apoyo ideológico y material a la reforma educativa?

Es doble. Por un lado está la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que ha impulsado una agenda de reformas educativas en todo el mundo, no sólo en México, y en todos los países desarrollados también. Desde Brasil a Chile y Grecia, etcétera, hay una política con líneas generales de transformaciones generales de la educación que coinciden con lo que vemos aquí. La OCDE está dirigida por un mexicano, el ex ministro de hacienda José Ángel Gurría, un personaje con siniestra trayectoria en México.

Pero no podemos olvidar que la reforma educativa en México es una copia de la reforma educativa en Estados Unidos que fue promovida con donaciones de multimillonarios como Wharton, Bill Gates y demás, pues ha habido mucho dinero allá para impulsar esta reforma y muchas de las líneas de acción en México son una copia directa de eso. Ya mencioné la película “De Panzazo” en México para luchar contra la educación pública, los maestros y los sindicatos que copió la estadounidense “Waiting for Superman”…

La acusación común contra el magisterio es que son corruptos, venden o heredan las plazas, los líderes se enriquecen y manipulan las bases. Y justo ahora, durante el conflicto, meten a prisión a varios líderes con acusaciones dudosas ligadas a ilícitos económicos. ¿Hay cierta tendencia o timing del poder judicial al respecto?

Es algo muy interesante. Porque se les acusa de vender plaza o enriquecerse, etcétera, en la opinión pública pero no hay ninguna denuncia penal por eso. Las denuncias penales son por otras cosas. Por ejemplo, al secretario general de la CNTE, Núñez, se le acusa de lavado de dinero y las pruebas del lavado serían dos básicamente. El dinero de las cuotas sindicales que los maestros dan. El gobierno intervino las cuentas del sindicato y las congeló y entonces los maestros organizaron una cooperación extraordinaria para tener recursos. Ese dinero de los maestros serían los “recursos de procedencia ilícita”.

Y la segunda sería por un acuerdo establecido desde hace muchos años en todo el sindicato nacional en el cual se hacen convenios con empresas que venden seguros de vida o enciclopedias, por ejemplo. Los maestros los contratan en lo individual, no es el sindicato que los contrata. Se les descuenta por vía de la Secretaría de la Educación Pública, se hace un convenio que no firma el sindicato, sino la secretaría estatal, el maestro, el Instituto Estatal de Educación Pública y la empresa. Funciona en todo el país, es anterior a la llegada de Rubén Núñez como secretario de la CNTE y a él lo acusan de manejar eso, aunque en realidad ese dinero no pasa por sus manos, hay una comisión que se encarga del manejo de ese tipo de convenios. A Villalobos y a otros les acusan de haber robado libros de texto y es interesante porque es una acusación de 2014 y la hace una facción rival del sindicato que dice que en una casa había como mil cajas de libros de texto gratuitos. En cada caja hay como 40-50 libros. La pregunta es ¿qué hacen allí? Se supone que Villalobos y otros se robaron libros de una casa en que no tenían que estar esos libros de textos gratuitos. Ésas son las acusaciones.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12295

Debemos entender “la actual crisis económica como el límite del propio capitalismo rentista venezolano para sostener procesos de inclusión y elevación del nivel de vida de la clase trabajadora, mientras paralelamente la burguesía mantiene tasas de ganancias elevadas y no como el fracaso de una experiencia socialista que no ha sido tal todavía”.

Coyuntura Política en Venezuela

Crisis, Tendencias y el Desafío de 

la Independencia de Clase

21 de junio de 2016

Por Víctor Vallejos y Juan Williams (Rebelión)

El presente artículo, constituye un humilde intento de aportar a un balance crítico del proceso de cambio en Venezuela y su situación política actual. No pretende ser un documento exhaustivo y reconocemos que presenta limitaciones teóricas. Nuestro análisis parte de una mirada abiertamente militante, que echa raíces y se reconoce en el comunismo libertario. Gran parte de estas reflexiones, surgen a partir de una serie de entrevistas a militantes y organizaciones sociales y políticas venezolanas, las cuales fueron realizadas en Caracas y en el Estado de Lara, durante el mes de febrero de este año.

En los últimos 17 años, Venezuela ha experimentado un proceso de transformación social de avanzada para el contexto internacional que, junto con situar nuevamente al socialismo como horizonte a conquistar, ha permitido la politización y el desarrollo de un extenso movimiento popular -de raíces históricas profundas que exceden ampliamente a la irrupción de Chávez en el año 1992- apostando además, a una integración latinoamericana que aunque se ha dado principalmente por “arriba” -entre Estados y gobiernos- logró instalar en lo discursivo la necesidad de formar un polo revolucionario desde América Latina y de romper con la hegemonía de los Estados Unidos en la región.

No obstante, como todo proceso real, el venezolano también ha estado atravesado por múltiples contradicciones. Si bien el gobierno bolivariano logró impulsar una política redistributiva que permitió destinar parte significativa de la renta petrolera hacia la mejora en las condiciones de vida de amplias capas de la población, en estos 17 años no se han dado pasos claros hacia la superación bajo perspectiva socialista del modelo rentista petrolero¹. El ejecutivo ha quedado atrapado entre políticas que han apuntado a un capitalismo de estado² y la conformación de alianzas con sectores de la burguesía “productivista”, estrategias que han fracasado en su objetivo de diversificar la matriz productiva del país y que le han costado caro al movimiento popular en términos de la pérdida de su autonomía frente al empresariado y al Estado.

El carácter del Estado en Venezuela tampoco se ha modificado de manera sustancial. En un primer momento, el chavismo logró desplazar del centro del poder político -mas no del poder económico- a la vieja oligarquía tributaria del pacto de punto fijo³, avanzando además, en la institucionalización de espacios de participación abiertos al protagonismo popular, lo que en un contexto de avanzada del pueblo movilizado, permitió vislumbrar la posibilidad de ir superando las lógicas de la democracia representativa tradicional. No obstante, en la medida que el campo popular cedía terreno⁴como fuerza movilizadora y autoorganizada, se terminó consolidando una estructura estatal burocrática, clientelar y permeable al surgimiento de sectores identificados con el chavismo, o ligados en forma oportunista a este, los cuales usurparon la riqueza colectiva y se enquistaron en posiciones de poder en pos de la defensa de sus propios intereses de clase⁵.

Por otra parte, la muerte de Chávez sacó a la luz otro de los problemas que arrastra el proceso venezolano. La pérdida de claridad estratégica y de iniciativa política que se evidencia desde ese momento refleja la ausencia de una dirección colectiva, posibilidad ahogada en un primer momento por el liderazgo apabullante ejercido por Chávez, elemento constantemente reforzado en el marco de una cultura política caudillista, característica arraigada en la historia del país caribeño⁶.

1.1. La situación económica

Como mencionábamos previamente, el rentismo petrolero es uno de los principales rasgos de la economía venezolana. Esto es, que Venezuela capta del mercado internacional una cantidad enorme de valor no producido en el propio país. La venta del petróleo supera holgadamente el 90% de las exportaciones del país, constituyendo la principal entrada de divisas en dólares. Esta condición monoexportadora ha sido así desde hace muchísimo tiempo antes del chavismo y fue determinando el sesgo parasitario de su burguesía⁷, la cual ha dependido de manera directa del traspaso de parte de la renta petrolera bajo la forma de subsidios para la importación y producción.

Uno de los grandes logros del gobierno bolivariano fue haber nacionalizado realmente la producción petrolera y redistribuir los excedentes a amplias capas de la clase trabajadora⁸, excluida hasta ese momento de tales recursos. Esto permitió la aplicación de fuertes políticas sociales que elevaron el nivel de vida y la dignidad del pueblo trabajador.

No obstante, esto no implicó desplazar la condición hegemónica de la burguesía sobre la economía del país, al punto de mantener prácticamente intacta la preeminencia del sector privado en este ámbito⁹. De hecho, el mismo proyecto bolivariano, le asigna al empresariado “nacionalista y productivo” un rol importante dentro del proceso de cambio¹⁰.

Por otro lado, el alto precio del petróleo durante la década de los 2000, permitió aumentar la acumulación de parte importante de la burguesía venezolana al mismo tiempo en que se aumentaba fuertemente el gasto social. Esta repartición de la renta tanto para la burguesía como para la clase trabajadora -llamada equilibrio distributivo entre las clases por el economista uruguayo Rodrigo Alonso¹¹-, es la que se volvió insostenible desde que comenzó a bajar el precio internacional del petróleo, sobre todo a partir del año 2012. La creciente demanda interna -dependiente de las importaciones y, por lo tanto, de divisas- y los cada vez menores ingresos en dólares al país provocados por la baja del precio internacional del petróleo, son la base material del ciclo inflacionario del país. Por su parte, el ‘bachaqueo’, el acaparamiento y el contrabando constituyen fenómenos secundarios que agravan la inflación, pero que en primer lugar están incentivados por ella al volverse más rentables estas prácticas¹².

En tal sentido, la actual crisis económica debe ser entendida como el límite del propio capitalismo rentista venezolano para sostener procesos de inclusión y elevación del nivel de vida de la clase trabajadora, mientras paralelamente la burguesía mantiene tasas de ganancias elevadas y no como el fracaso de una experiencia socialista que no ha sido tal todavía¹³. De hecho, las discusiones frente a las posibles salidas apuntan todas a la necesidad de cortar este equilibrio distributivo entre las clases, ya sea haciendo pagar a la clase trabajadora o a la burguesía el costo de la crisis. Por una parte, hay quienes apuestan por las típicas medidas de ajuste neoliberal (reducir el gasto social, liberación de precios, precarización laboral, etc.). Y por otra, se plantea un avance en sentido expropiador (control del comercio exterior, nacionalización de la banca y de empresas estratégicas, aumento de la carga impositiva a la burguesía y sobre todo fin a sus subvenciones). Esto, con mayor o menor énfasis en el control popular de tales medidas, pero siendo el gobierno y otros poderes del Estado quienes deberían protagonizar las intervenciones.

En todo el espectro de fuerzas en disputa, existe plena conciencia del catastrófico costo político que traería la aplicación de las medidas de ajuste. Además, ya sea si se descargan los costos de la crisis a la clase trabajadora o la burguesía, se asume que el nivel de conflictividad entre las clases necesariamente aumentará. Estos últimos años, el aumento de la deuda pública y la emisión de bonos soberanos han suplido la carencia de entrada de divisas, pero esto solo ha permitido ganar tiempo¹⁴; tiempo que también se está agotando.

1.2. La situación política:

La derrota del chavismo en las elecciones de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre fue contundente e inesperada en su magnitud. Aunque la compleja situación económica hacía prever que el resultado no sería favorable para el PSUV, ni en la derecha se imaginaban que ganarían con tanta holgura la mayoría de la Asamblea Nacional. No obstante, al mirar los resultados con atención, si bien se profundiza la tendencia del oficialismo a perder apoyo electoral, esto tampoco se ha traducido en un crecimiento significativo de la oposición. Si se compara la elección del 6 de diciembre del 2015 con la elección presidencial del 2013, el chavismo perdió cerca de 2 millones de votos (un 26,2%), pero la derecha sólo creció en 343.434, es decir un 4,6%. Si a esto le agregamos el alto porcentaje de votos nulos¹⁵ (4.77%, casi el triple de votos nulos que en la elección parlamentaria anterior), la tesis del “voto castigo” como expresión de sectores chavistas descontentos con la conducción del gobierno, adquiere sentido.¹⁶

Este descontento con el gobierno, manifestado en las votaciones no se explica exclusivamente por la escasez de productos básicos o la inflación. Venezuela vivió una crisis económica comparable en el periodo comprendido entre el golpe de abril del 2002 y el paro petrolero de fines de ese mismo año, el cual se extendió hasta principios del 2003. Si bien aquella situación fue más breve, en ese momento la devaluación de la divisa y la contracción de la economía fueron enormes¹⁷ y aun así la población mantenía un apoyo fuerte al gobierno, representado en la consigna “con hambre y sin empleo con Chávez me resteo”. De hecho, fue justo un momento en que la movilización popular en respuesta al golpe permitió radicalizar el proceso, tomar control de empresas estratégicas y ganar terreno en distintas instituciones. Justo lo opuesto que ha ocurrido ahora, cuando luego de una nueva arremetida violenta por parte de la derecha expresada en las “guarimbas” del 2014, se impulsaron una serie de mesas de diálogo que llevaron a que el gobierno cediera y se abriera a poner a disposición del empresariado venezolano, recursos adicionales en dólares¹⁸y mayores facilidades para sus importaciones y exportaciones; todo ello supuestamente para fortalecer la capacidad productiva del país. Esta tendencia se ha ido profundizando y como botón de muestra tenemos la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva compuesto principalmente por empresarios y la nominación como vicepresidente de economía productiva al ex presidente del gremio empresarial Fedeindustria Miguel Pérez Abad, quien estará al mando del Ministerio de Economía Productiva¹⁹.

La derrota electoral del oficialismo no sólo le abrió la posibilidad a la derecha de desmantelar las políticas redistributivas del gobierno bolivariano,²⁰sino también, le permitió volver a plantear abiertamente la salida de Maduro antes que termine su mandato. Si a esto le sumamos la pérdida de liderazgo de Maduro al interior del oficialismo y la ineficacia de las medidas impulsadas desde su gobierno para superar la crisis económica, se configura un escenario en donde amplios sectores coinciden en la posibilidad cierta de que el PSUV con Maduro a la cabeza, pierda el ejecutivo en el corto plazo.

En ese contexto, parte considerable del PSUV y del gobierno están impulsando una política de acercamiento y negociación con sectores del empresariado “productivo”, buscando profundizar una alianza con este sector de la burguesía como herramienta que les permita superar la crisis económica y estabilizar la situación política. Esto, intentando agudizar las supuestas contradicciones entre esta burguesía “productivista” y su par “parasitario”.

Al mismo tiempo, los sectores más lúcidos de la derecha, acarician la posibilidad de una transición pacífica y negociada, que les permita recuperar el ejecutivo evitando mayores niveles de conflictividad y agudización de las contradicciones de clases, apostando a que las primeras medidas de ajuste económico típicamente neoliberales comiencen a impulsarse durante el gobierno de Maduro. Esto, por la incapacidad de la oposición de derecha de superar sus divisiones internas y recuperar el liderazgo político que mantuvo en otras décadas. Al decir del profesor Roberto López Sánchez: “Un eventual ascenso de la derecha pro-imperialista tendría escenarios de ingobernabilidad muy superiores a los que haya podido afrontar el chavismo en estos años²¹”.

La priorización de la alianza con la burguesía arrastra consigo el deterioro en la correlación de fuerzas para el campo popular, lo que se expresa además, en la agudización de las contradicciones entre sectores de avanzada de la clase trabajadora y el gobierno bolivariano. Como botón de muestra podemos mencionar el conflicto que protagonizan los trabajadores de la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) “Proletarios Unidos” en conjunto con la comuna Pío Tamayo en la ciudad de Barquisimeto, Estado de Lara.

La EPSDC “Proletarios Unidos”, surge a partir de la iniciativa de los trabajadores de la cervecería de capitales brasileños Brhama, quienes frente al abandono injustificado de la empresa por parte de sus anteriores dueños, deciden no aceptar el finiquito que les ofrecían y optan por ocupar la fábrica bajo la perspectiva de hacerla producir en forma autogestionada. A partir de ese momento, los trabajadores se ven obligados a resistir y enfrentarse no solo a los antiguos dueños de dicha fábrica, sino también, a la gobernación de derechas de Lara y a los funcionarios que dentro del gobierno socavan y obstaculizan la posibilidad de que el proyecto de “Proletarios Unidos” se consolide. En ese proceso, los trabajadores se articulan con los comuneros de “Pío Tamayo”, quienes también han sido protagonistas de una interesante experiencia de construcción de poder popular de carácter territorial y productivo.

No obstante, pese al enorme potencial que evidencia el esfuerzo de los trabajadores de la ex Brhama y la comuna de Pío Tamayo, el gobierno se ha abierto a la posibilidad del traspaso de la fábrica al grupo Cisneros, propiedad de uno de los más grandes empresarios de Venezuela, miembro de la Barrick Gold Corporation²². Lo anterior se basa en el supuesto de que una alianza con este grupo económico exponente de la burguesía “industrial”, le permitiría al gobierno mermar el poder económico de Lorenzo Mendoza, presidente de empresas Polar, grupo que actualmente hegemoniza el mercado de las cervezas y de la alimentación en Venezuela.

Esta situación es homologable a la que experimentan otras empresas que intentan ser autogestionadas por sus trabajadores en alianza con organizaciones populares articuladas en las Comunas. En la misma ciudad de Barquisimeto, empresas de propiedad social directa comunal como Beneagro y Alfareros del Grez, han visto obstaculizado su desarrollo no sólo a causa del boicot empresarial, sino también, producto de las lógicas burocráticas del Estado venezolano y la política de alianza del gobierno con sectores de la burguesía. 

1.3. El ‘Factor Pueblo’²³: la clase trabajadora como motor de cualquier transformación

No cabe duda que el proceso Bolivariano, con sus contradicciones incluidas, ha permitido la politización de amplias capas de la población además del desarrollo de verdaderas experiencias de poder popular. Con estas últimas nos referimos a las comunas²⁴, a las empresas bajo control obrero, a expresiones de autoconstrucción en los barrios, entre otros espacios tanto urbanos como rurales²⁵. Lamentablemente, estas genuinas organizaciones de la clase trabajadora distan mucho de ser hegemónicas en el país caribeño. Más bien, se trata de organizaciones que han debido sortear y sobreponerse a la promoción de relaciones clientelares que han sido facilitadas por la entrega de ingentes recursos económicos desde el gobierno. De hecho, a lo largo de los años, estas relaciones fueron apaciguando la iniciativa política de muchas otras expresiones de clase.

Creemos que es la fuerza del pueblo trabajador -factor decisivo para impulsar hacia un sentido revolucionario la actual crisis- la que se ha perdido de vista desde miradas superficiales que entienden que el futuro del proceso se juega exclusiva o principalmente en el ámbito gubernamental o en las instituciones del Estado.

Como lo relata López Sánchez²⁶, por lo menos desde mediados del siglo XX y en términos generales, la izquierda venezolana ha adolecido de la capacidad de acoplarse a los tiempos propios del desarrollo de la clase trabajadora. Esto se ha expresado en que se ha privilegiado la construcción de relaciones instrumentales con la clase trabajadora, relegándola al mero apoyo electoral o al seguimiento de incursiones de carácter vanguardista y foquista, es decir, como masa de maniobra²⁷.

No obstante, si observamos la historia venezolana reciente, fue la respuesta más o menos espontánea del pueblo trabajador la que cambió las correlaciones de fuerza para detener el golpe de abril del 2002, abriendo con ello un escenario distinto tanto para Venezuela como para el continente. En este caso, ni los golpistas ni el propio gobierno bolivariano consideraron que el pueblo trabajador sería quien finalmente inclinaría la balanza hacia la profundización del proceso de cambio. Asimismo, fue la participación de ese mismo pueblo y la capacidad operativa de los trabajadores de PDVSA los que permitieron reanudar la producción en el contexto del golpe petrolero de 2002-2003 a pesar de la incredulidad de los gerentes golpistas²⁸. Para ese momento la conducción chavista ya tenía prevista una respuesta organizada al golpe, la cual pudo apoyarse en el respaldo popular, siendo particularmente llamativo el rol que cumplieron los círculos bolivarianos.

Justamente, luego de la coyuntura de 2002-2003, es cuando se desató con mayor fuerza la autoorganización de la clase trabajadora, bajo formas diversas y enormemente masivas y donde la juventud y la mujer adquirieron un nuevo protagonismo. Este proceso tuvo su auge y un progresivo declive después del 2006-2007. Se trate de las masivas redes de medios comunitarios agrupados en ANMCLA²⁹, de la renovación sindical que supuso la creación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) frente a la descompuesta CVT (Confederación de Trabajadores de Venezuela) o la creación de los Consejos Comunales como formas de auto-administración territorial; todos debieron enfrentarse al problema de la independencia frente al gobierno. Ello suscitó los quiebres de algunas de estas organizaciones (como ANMCLA), la desaparición y el virtual reemplazo de otras (como la UNT por la Confederación Bolivariana Socialista de los Trabajadores, CBST) o de la aceptación clientelar de otras (como la mayoría de los Consejos Comunales, que al día de hoy son principalmente herramientas para percibir renta). La no resolución de este problema desde una perspectiva de independencia de clase es la raíz de lo que algunos identifican como el declive de este proceso auto-organizativo.

Al día de hoy la clase trabajadora de Venezuela todavía cuenta con múltiples y variadas organizaciones con importante capacidad de lucha y combate. Una de las más interesantes es la articulación entre organizaciones comunales con control efectivo del territorio, las cuales representan auténticas expresiones de poder popular. Sin embargo, es claro que estas y otras organizaciones se encuentran a la defensiva³⁰. Lo más preocupante es que en los posibles escenarios futuros se encontrarán todavía más asediadas.

1.4. Tendencias actuales

Por el momento, es claro que las medidas impulsadas por el gobierno de Maduro no han logrado abrir un camino que permita la superación de la crisis económica³¹ en curso, afectando con ello a millones de miembros de la clase trabajadora venezolana incluidas sus capas más acomodadas. Son ellos y ellas quienes sufren cotidianamente la devaluación de sus salarios, la escasez de medicinas y la dificultad para conseguir alimentos y artículos de primera necesidad.

Por su parte, el bloque opositor empuja una estrategia marcada por un delicado equilibrio entre una posición de fuerza en las calles -con marcados tintes fascistas³²- que obligue a Maduro a salir del ejecutivo y, una tardía apuesta por un referéndum revocatorio en el marco de la constitución bolivariana. Este eventual referéndum debiese ejecutarse durante el 2016 para que se convoque a nuevas elecciones y la derecha pueda retomar el poder político por la vía electoral.

A nivel internacional, esta estrategia se articula con el rol que juegan los Estados Unidos y las derechas de otras latitudes. La constante infiltración de paramilitares colombianos con el objetivo de aumentar los niveles de violencia y generar una situación de caos es una de sus apuestas más peligrosas si consideramos además los constantes llamados a la aplicación de la carta democrática de la OEA³³. Sumados, ambos elementos amenazan con la posibilidad de una intervención militar extranjera. Esto no quiere decir que la intervención necesariamente vaya a ocurrir, pero la amenaza constituye en sí misma un elemento de presión.

En ese contexto, desde el gobierno de Maduro se ha ido profundizando la política de alianza con sectores del empresariado ‘industrial’, a la vez que ha ido adquiriendo rasgos cada vez más autoritarios expresados en el fortalecimiento de los lazos con la cúpula del ejército y en los intentos por retrasar³⁴ la realización del referéndum revocatorio.³⁵ Por su parte, es un verdadero secreto a voces el acercamiento de personajes importantes de gobierno a sectores de la oposición política para hablar sobre la transición pacífica.

Evidentemente, esta situación favorece la tendencia del gobierno a perder apoyo popular, a que parte importante de su militancia ‘se abra’³⁶ y a que sectores críticos intenten capitalizar el descontento. En esta senda, organizaciones expulsadas de facto del PSUV como Marea Socialista han podido aglutinar parte del desencanto. No obstante, en lo programático no se distinguen significativamente de las tendencias críticas internas del propio PSUV, pues acentúan más la necesidad de las auditorías, el ataque a la corrupción, etc. pero a nuestro juicio, no apuntan a las dimensiones estructurales de la actual crisis. Por lo demás, dadas sus dimensiones y su nivel real de inserción dentro de las organizaciones de la clase trabajadora, tampoco constituyen por sí solos una alternativa real a la situación política.

La mayor parte de la izquierda -bases de apoyo del PSUV, como quienes se sitúan fuera de su órbita- se mantiene en una llamativa pasividad respecto a estas peligrosas tendencias en desarrollo. Parte importante de ellas, una generación completa de jóvenes, se resignan a asumir la posibilidad de perder el gobierno después de 17 años. Otra parte, minoritaria, asume estas posibilidades. Pero sus mayores preocupaciones se centran en la posibilidad de una eventual victoria electoral en un futuro post Maduro, para lo cual sobrevaloran los resguardos democráticos de la institucionalidad burguesa y la capacidad futura que tendrá el aparato electoral del PSUV luego de una derrota que no sólo será electoral, sino que afectará directamente a las organizaciones de lucha en el terreno económico y social. Por último, existen tendencias aún más minoritarias que las anteriores que asumen las consecuencias de un posible escenario de retroceso y que ello pondrá a la clase trabajadora a la defensiva, en una situación de resistencia. Lamentablemente, en ellas predominan estrategias más militaristas que de desarrollo en el plano social, no asumiendo con todas sus implicancias las desastrosas experiencias de los años 60’ y 70’. En general, se observa una preocupante inercia por parte de los sectores honestamente revolucionarios del contexto venezolano, los cuales parecieran estar a la espera de un nuevo caudillo o liderazgo al cual seguir, en lugar de asumir la responsabilidad de renovar la discusión estratégica y programática.

1.5. Reflexiones finales

Desde hace años, diversas organizaciones de izquierda en Chile hemos abordado una serie de discusiones en torno a las estrategias que nos permitan abrir un camino hacia la superación del capitalismo y sus especificidades neoliberales, teniendo como horizonte el socialismo. En esas discusiones, las referencias a los gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina han sido inevitables. Pero lamentablemente, muchas veces estas experiencias se evalúan desde miradas superficiales y acríticas.

En un momento político a nivel latinoamericano, marcado por el estancamiento, retroceso o crisis abierta de estos procesos y sus expresiones gubernamentales que -con matices- se plantearon en oposición a la hegemonía neoliberal predominante en los 90’, debemos revisar en profundidad estas experiencias, de manera de ir esclareciendo nuestros propios problemas que se abren a la hora de emprender un camino de transformación profunda.

Al respecto, mirando la experiencia venezolana, hay varios elementos que nos parecen pertinentes mencionar.

En primer lugar, la política de alianzas policlasista impulsada por el gobierno, donde se le asigna un papel relevante a sectores de la burguesía ‘industrial’, parece un error si lo que se persigue es un proyecto postcapitalista. Recordemos que este sector es prácticamente insignificante en una economía de carácter rentista como la venezolana. Además, es evidente que esta alianza en conjunto con los vínculos que se han establecido con otros países de mayor poderío industrial y sus respectivas burguesías, tampoco le ha permitido a Venezuela diversificar su matriz productiva, en base a un componente industrial propio que le permita a su economía superar dicho carácter rentista petrolero.

Al contrario, dicha alianza ha tendido a debilitar a la clase trabajadora venezolana y sus experiencias de autogestión directa de la producción, lo que incluso ha dado pie para que se agudicen contradicciones objetivas entre el movimiento popular venezolano y el gobierno bolivariano.

Pero estas contradicciones no sólo se dan en el plano económico-productivo. Uno de los aspectos que más nos llama la atención, es el abismo que se produce entre un aparato estatal que en el plano institucional, abre enorme posibilidades para el protagonismo popular en la gestión de los asuntos públicos, pero que en la práctica, no sólo se encuentra cooptado por una burocracia altamente corrupta que se ha ido constituyendo en una nueva fracción de la clase dominante (la “boliburguesía”), sino que también, ahoga y desnaturaliza experiencias de construcción de poder popular de avanzada, que terminan cediendo al peso de la burocracia o apaciguándose bajo las lógicas clientelares del gobierno.

En la misma línea, la ausencia de un liderazgo colectivo, que permita superar aquella conducción apabullante que representó Hugo Chávez, nos parece un elemento central que explica en parte la desorientación y pérdida de claridad estratégica en la que se encuentra el movimiento popular venezolano y la izquierda revolucionaria. La discusión sobre los instrumentos políticos que permitan canalizar dicha conducción colectiva se vuelve cada vez más relevante bajo estas circunstancias. Si bien, compañeras y compañeros valiosos, tanto dentro como fuera del PSUV han ido planteando en los últimos años estos elementos, dichos esfuerzos hasta el momento aún no se han logrado cristalizar.

Finalmente, si bien insistimos en que la izquierda debe mantener una mirada crítica frente a éste u otros procesos de transformación, no podemos negar que a lo largo de estos 17 años, la clase trabajadora venezolana nos ha dado a los pueblos de Latinoamérica y del mundo entero numerosas lecciones de valentía, convicción y creatividad, por lo que en los actuales y duros momentos que atraviesan nuestros hermanos y hermanas en Venezuela, no podemos perder de vista la necesidad de crear y fortalecer puentes de solidaridad concreta y efectiva entre los pueblos que luchan. 

Víctor Vallejos, Juan Williams

Militantes de Solidaridad - Federación Comunista Libertaria
Mayo-Junio 2016

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213654

“Encontramos que todos los sectores extractivos tienen casos de corrupción, en todos los países y bajo todos los regímenes de propiedad que existen: desde empresas estatales hasta empresas mixtas a empresas extranjeras. Incluso países que están muy bien en cuanto a la transparencia de su funcionamiento interno como Chile y Uruguay tienen casos de corrupción en sectores extractivistas. Lo otro que hemos encontrado es que la corrupción pasa a ser un ingrediente sistémico repetido para los grandes emprendimientos”.

Entrevista con Eduardo Gudynas

"Hay opciones al extractivismo 

para lograr el bienestar y bajar la pobreza"

21 de junio de 2016

Por Jonathan Hurtado (Servindi)

"No hay evidencia económica real que sustente el mito de que yo tengo que ser extractivista para reducir la pobreza", dice Eduardo Gudynas, investigador del CLAES.

A pocas horas de abordar su avión con destino a Montevideo, su ciudad natal, Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), hizo un alto en sus preparativos para conversar con Servindi sobre uno de los temas que más le apasiona: las alternativas al modelo extractivista que impera en la región.

Es profesor asociado de la Universidad de California, en Davis, EE.UU., y catedrático en Justicia Global y Ambiente de la Universidad de Oslo, en Noruega.
En una sala adornada con telares en un hotel miraflorino, en Lima, Gudynas, 56 años y cabello cano, se encuentra de buen talante, pese a la agenda de tres días que tuvo al ser parte, como profesor, de un curso intensivo sobre extractivismo, modelo económico de desarrollo basado principalmente en la explotación de recursos mineros y petroleros.
"Como la idea del extractivismo es un mito culturalmente arraigado, hay que reconocer que las mayorías, especialmente las grandes ciudades, creen en eso y aspiran a eso", advierte. No obstante, reconoce de inmediato que estas mismas mayorías urbanas hoy están bastante cansadas e insatisfechas con el estilo de vida que se les impone.
Estilo que, explica, se materializa en "alimentos caros y de mala calidad, trasporte pésimo que consume muchas horas y también caro, pérdida de la vida comunitaria del barrio, mayores niveles de violencia, contaminación en la ciudad, en aguas, suelo, aire".
- Una idea instalada en gran parte de las sociedades es que sólo manteniendo el extractivismo se puede vencer a la pobreza, ¿qué de cierto hay en eso?
Es cierto que en los países sudamericanos y muy especialmente en los países andinos se considera que la nación necesariamente debe ser extractivista para poder mantener su economía; y esto refleja ideas y sensibilidades profundamente arraigadas en la cultura. Es más, están tan profundas que son pre-políticas y por eso resulta que expresiones partidarias conservadoras o movimientos partidarios progresistas o de la nueva izquierda todos terminan siendo extractivistas.
Por lo tanto, enfrentamos una dificultad que más que económica o política o comercial, es una limitante cultural. Esta idea está muy arraigada. Entonces, una tarea clave de la discusión post-extractivista es desarmar este mito cultural de un destino inescapable, ineludible, de ser extractivistas, y esto se debe hacer apelando a argumentos en varios planos a la vez.
Un primer plano, que la economía nacional depende de los extractivismos y por lo tanto ese dinero que supuestamente brindaría es una fuente esencial para abordar la reducción de la pobreza. Un examen de las economías de los países sudamericanos muestra que, con la excepción de Venezuela, los aportes de los extractivismos son mucho más bajos de lo que la gente cree. Por ejemplo, en Bolivia, en la época de mayor precio de las materias primas, está en el orden de 20 al 25 por ciento. En la actualidad, en el caso peruano, si uno analiza los reportes de Sunat está en 5 por ciento o menos. ¿Es un sector importante en algunos países? Lo es. Pero está muy lejos de esa idea de que si no hay recaudación extractivista, se derrumba toda una economía nacional. Y de hecho se esconde que en todos nuestros países la principal fuente de tributación de los Estados siguen siendo los impuestos internos.
Por otro lado, siguiendo en el plano económico, muchos emprendimientos extractivistas al final del año no tributan porque apelan a diferentes mecanismos de exoneración tributaria o de declarar pérdidas o de subfacturar y hay muchos ejemplos de esto en América Latina.
En tercer lugar, si hubiera un sistema de tributación normal, equitativo, e igualitario, esto obligaría a que muchos de los extractivismos que operan en nuestros países tendrían que tributar mucho más y, por lo tanto, nuestros gobiernos no tendrían necesidad de aprobar nuevos emprendimientos porque los que estarían funcionando tributarían mucho más.
Continúo, vos me hiciste una pregunta muy compleja. Por el lado de la pobreza, si uno examina los programas de ataque a la pobreza, los más conocidos como los que han tenido lugar en Brasil o en Ecuador o en Bolivia, no es que el dólar que se cobra del extractivismo como impuesto o tributos vaya automáticamente a programas para la reducción de la pobreza. De hecho, un examen reciente que se ha publicado, específicamente analizando el detalle cómo es el flujo del dinero en el presupuesto del gobierno boliviano, muestra que aproximadamente 60 por ciento o más de la inversión del Estado son inversiones en el propio extractivismo, mientras que los sectores de inversión social como educación y saneamiento, en casi todos los casos son menos del 10 por ciento.
Entonces observamos que los gobiernos a veces tienen mucho dinero pero se da la paradoja de que terminan subvencionando al propio extractivismo. ¿Cómo lo subvencionan? Le dan energía barata, le construyen carreteras o promueven la inversión de petroleras o mineras. O en algunos casos ellos mismos establecen empresas estatales que hacen estas operaciones y que sorpresivamente arrojan pérdidas que el propio gobierno tiene que cubrir.
Entonces, un escenario post extractivista no significa prohibir toda la minería, prohibir todos los hidrocarburos, prohibir todos los monocultivos; sino comenzar a utilizar aquellos que sí son necesarios y no tolerar aquellos que generan muy dañino impacto social y ambiental. Y los que seguirán funcionando deberán tributar en serio. Y, además, al tener una menor presión extractivista, hay un ahorro neto de los gobiernos en el dinero que pierden sea para subsidiar extractivismo como para paliar los daños sociales y ambientales de estos extractivismos.
Dicho de otra manera: no hay evidencia económica real que sustente el mito de que yo tengo que ser extractivista para reducir la pobreza.
- ¿Se puede decir que hay un país en la región que esté avanzado o en camino hacia lo que denominan el post-extractivismo? ¿Algún país ha ensayado en serio ese camino?
No. Lo que ha habido son muchas discusiones en varios países, tal vez la más conocida y la más potente fue el intento durante varios años del gobierno de Rafael Correa (de Ecuador) de mantener una moratoria petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, y que eso se debía a reconocer los derechos de la Naturaleza en la Constitución ecuatoriana al salvaguardar pueblos indígenas no contactados y al estatuto de protección ambiental que tiene un área protegida. Entonces, ahí se intentaron mecanismos para hacer esto viable, pero sorpresivamente lo que sucede es que con la caída de los precios de las materias primas, como los gobiernos se quedan sin dinero se vuelven todavía más extractivistas y por eso terminaron autorizando la explotación petrolera en la Amazonía.
- ¿Qué alternativas al desarrollo existen en la región? ¿Qué podría decir de Perú?
El primer paso es recuperar que hay otras opciones para alcanzar el bienestar y reducir la pobreza. El segundo paso es entender que no podemos seguir atados a un mito de exportar minerales que viene de la época de la Colonia. Hay que cambiar. El tercer elemento, me parece que hay que reconocer que Perú es un país riquísimo desde el punto de vista agroforestal. Por lo tanto, una reconversión de la matriz productiva en Perú para tener una menor dependencia al extractivismo implica potenciar el sector agrícola, el sector ganadero y el sector forestal. ¿Cómo repotenciarlo? ¿Cómo diversificarlo? Bueno, por ejemplo: por qué los gobiernos subsidian a los extractivismos, por qué no apoyar económicamente un reconversión y una diversificación agrícola. Entonces los gobiernos tienen recursos para hacer eso.
Cuarto, sería más ventajoso y más estable en el mediano plazo hacerlo en un sendero de producción orgánica o de menor uso de agroquímicos porque haría al país menos dependiente del petróleo y de los agroquímicos que debe en muchos casos importar y de la maquinaria. Quinto, genera mucho más demanda de empleo. La producción agropecuaria genera más necesidad de mano de obra en una escala mucho mayor que el empleo que hay, por ejemplo, en el sector minero. Y sexto, hay que mirar qué pasa en la región porque países muy extractivistas como Venezuela, Colombia y, en una segunda línea, Bolivia, al volcarse tanto al extractivismo e incluso hacía ciertos cultivos de exportación, pierden la diversificación de su canasta de productos de alimentos.
Entonces, se da la paradoja de que tienen que importar parte de sus alimentos. Por lo tanto, yo tengo que ser más extractivista para conseguir divisas para importar alimentos. Esto sería algo imperdonable para el caso peruano porque dada su riqueza agropecuaria y forestal podría llegar a la autosuficiencia alimentaria. Y de nuevo, el componente alimentación es un factor crítico en sacar a gente de la pobreza. Si yo diversifico y potencio el sector agropecuario, genero comida barata y comida accesible y así puedo retirar a muchas familias de debajo de la línea de pobreza.
- ¿Cómo hacer para que el modelo del post-extractivismo tenga respaldo social?
Como la idea del extractivismo es un mito culturalmente arraigado, hay que reconocer que las mayorías, especialmente las grandes ciudades creen en eso y aspiran a eso. Entonces uno podría interpretar que es una tarea titánica, casi imposible, poder desarmar ese imaginario. Pero por otro lado, las mismas mayorías urbanas están bastante cansadas e insatisfechas con el estilo de vida que se les impone: alimentos caros y de mala calidad, trasporte pésimo que consume muchas horas y también caro, pérdida de la vida comunitaria del barrio, mayores niveles de violencia, contaminación en la ciudad, en aguas, suelo, aire, etcétera. Entonces también para ellos, este estilo de desarrollo basado en el consumismo, en el extractivismo es malo y por momentos la gente busca un cambio.
Entonces el debate sobre el post-extractivismo, por un lado necesita poner en evidencia que la fe en que solo es posible ser minero o petrolero está equivocada, que hay por detrás economías alternativas donde el país podría funcionar de otra manera, pero por otro lado necesita aportar estrategias y acciones bastante concretas para que la opinión pública vea que son posibles estas alternativas y no signifique un salto al vacío. Esto es lo que obliga a reconocer que el post-extractivismo es un proceso de transiciones, es ir dando pasos poco a poco y donde cada paso demuestre que es posible una alternativa y que vale la pena intentar dar un segundo paso.
- Otra creencia que se ha instalado al menos en el Perú, es que la pobreza en las zonas donde se hace minería es responsabilidad del Estado y no tanto de las empresas que operan allí. ¿Qué podría decir al respecto?
Es responsabilidad del Estado. Yo creo que también hay que hacer un análisis riguroso y tener bien clara las implicaciones de algunos debates frente al sector empresarial extractivista. Hay en algunas comunidades y en algunos países donde la gente está tan cansada de la ineficiencia del Estado que busca una negociación directa con la empresa y obtener un beneficio directo con la empresa. Y de hecho incluso hay comunidades locales que dicen que el problema del extractivismo en el fondo es que la compensación económica que recibe la comunidad local es insuficiente, pero no pone en discusión el extractivismo en sí mismo, sino lo que pone en debate es: ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto es la proporción que yo voy a obtener de las regalías?
Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque cualquiera de esas estrategias por vías indirectas contribuye a debilitar todavía más al Estado. Y el que regula, el que controla, el que expresa las aspiraciones de controlar, encausar y orientar las estrategias de desarrollo, la economía, las condiciones de derechos humanos, de calidad de vida, etcétera, siempre al final del día es el Estado. Entonces, cuando una comunidad cree que hizo un gran éxito en obtener un convenio directo con una empresa salteándose al Estado, de verdad debilitó al Estado y dejó todavía peor parada a la próxima comunidad que el día de mañana tenga que iniciar su propia negociación porque no va tener quién lo apoye. Las comunidades siempre van a ser más pequeñas que las empresas.
Entonces, las tareas de las comunidades junto con muchos actores sociales es reconstruir el Estado y potenciarlo. Negar al Estado puede significar entrar a un callejón sin salida que va dejar todavía más indefensas a las comunidades locales.
Y a las empresas les conviene muchas veces negociar directamente con la comunidad local porque la pueden manipular mejor. Y en otros países hay muchos casos donde la empresa termina negociando con algunos dirigentes locales. Entonces se genera una desigualdad dentro de la propia comunidad donde hay dirigentes que sacan beneficios del acuerdo con la empresa pero no el resto de los comunarios.
- Un tema que quisiera resaltar es el debilitamiento de los movimientos sociales en la región o el divisionismo que se genera desde los propios Estados y las empresas. En el Perú teníamos organizaciones fuertes como Conacami, hoy esta organización prácticamente ya no existe. Lo que existen son movimientos fuertes locales pero aún no articulados ¿Cómo actuar ante esta realidad?
Yo lo que creo es que los extractivismos tienen dos grandes tipos de consecuencias. Por un lado tienen las consecuencias de los impactos locales, sociales, ambientales, territoriales y económicos, que son los más evidentes y sobre los que más se discuten. En paralelo, están lo que se llaman “efectos derrame" del extractivismo que son medidas para promover uno u otro proyecto extractivista, yo hago cambios en las políticas públicas o en las estrategias de desarrollo. Entonces van más allá de un proyecto en particular y cuando se hace este cambio afecta a todo el país y a todos los sectores y entre los “efectos derrame”, a mi modo de ver, son mucho más graves y agudos e importantes y más difíciles de lidiar que los impactos ambientales, locales del extractivismo. Y pasan en gran medida desapercibidos. Te menciono dos ejemplos. Uno de estos ejemplos es lo que tú me acabas de preguntar: uno de los efectos derrame del extractivismo es promover la idea de que los impactos sociales y ambientales son todos compensables en dinero. Entonces eso cala también profundamente en las comunidades locales y éstas asumen un modo de razonar, de pensar y de sentir en que pueden compensar o reclamar indemnizaciones en dinero. Entonces se vuelve en un instrumento para mercantilizar la vida social y a la naturaleza.
Y otro "efecto derrame" de enorme importancia es el debilitamiento del marco de los derechos humanos porque el extractivismo se impone en todos los países con un creciente nivel de violencia donde hay violaciones de derechos humanos que a veces pasan desapercibidas y la gente no le da importancia, como no cumplir la normativa de derecho de acceso a la información o no cumplir la obligación del derecho de las comunidades locales a ser consultadas, y estas son violaciones de derechos humanos. Y llegan a extremos aún más agudos que son el asesinato de líderes locales o la muerte de manifestantes en una refriega con la policía. Entonces el "efecto derrame" es que para las mayorías urbanas y para el sistema político pasa a ser tolerable que se estén violando los derechos humanos alrededor del extractivismo en todo el país de manera constante.

Es más, yo creo que el drama mayor de los extractivimos está en marcha en estos momentos con las comunidades campesinas y especialmente los pueblos indígenas, que es que esta forma de creer que todo es mercantilizable está penetrando todavía más profundamente en sus comunidades, las divide, divide familias, divide grupos locales y por lo tanto está erosionando, alterando las propias cosmovisiones indígenas y a veces uno lo entiende, porque uno encuentra una comunidad indígena que ha estado sometida a la pobreza desde hace siglos, familias 30, 40 años viviendo en condiciones muy duras, y llega un ofrecimiento de dinero de una empresa petrolera y uno puede comprender que en esa necesidad lo acepta el jefe de la familia, pero también comprendo como se da en muchos casos que hay otros líderes comunarios, especialmente mujeres, en varios países andinos, que dicen que no, que la calidad de vida o la calidad del agua no puede ser transferible al dinero y además ese dinero es acotado y de todas maneras vamos a perder o nuestras tierras de cultivo o nuestro acceso al agua. Entonces a este nivel es donde están avanzando los efectos más graves y perniciosos de los extractivismos y no siempre son visibles.

Para algunos grupos indígenas es como el ataque final sobre lo último que les quedaba porque ya habían perdido sus territorios originales, viven en territorios más pequeños, están empobrecidos, pero lo que les quedaba eran sus propias cosmovisiones y entonces es una avalancha de enorme dinero que mueve el extractivismo y que los golpea y no siempre pueden lidiar con eso y el Estado y el resto de la población que los tendría que amparar y proteger no lo hace.

- ¿Y cómo se le hace frente a todo eso?
La primera tarea es poner en evidencia el problema, que yo creo que pasa desapercibido. La segunda tarea, me parece, que hay que reconocer esta diversidad en la postura de pueblos indígenas y campesinos; o sea, no todo un pueblo indígena va estar a favor o en contra del extractivismo, hay opiniones diversas dentro de ellos y hay que aceptar eso y hay que poder dialogar con eso. Y tercero, se necesita una tarea de coordinación, de acompañamiento entre distintos movimientos sociales, con pueblos indígenas y que a la vez los pueblos indígenas que acepten la ayuda, el diálogo y que lo promuevan con otros que no son indígenas pero que igual están comprometidos en la protección de sus territorios o de la naturaleza. La tarea aquí es desmercantilizar la vida social y la naturaleza.
- En ese sentido, ¿nuevamente no sería un obstáculo el tema de la debilidad de los movimientos sociales?
Yo creo que se han debilitado algunas organizaciones, pero hay otras organizaciones u otros grupos en otros sitios que están muy fuertes. Por ejemplo, la división de organizaciones indígenas en Bolivia, por un lado es doloroso, genera mucha incertidumbre política que no muchos analistas o intelectuales no indígenas logran entender fuera de Bolivia. Porque hay dos federaciones indígenas del altiplano y dos federaciones indígenas de las tierras bajas, pero por otro lado hay que reconocer que eso deja en evidencia la realidad, que allí existen dos tendencias con las cuales hay que discutir.
- Finalmente, usted en una presentación hace algunos días dijo que se encuentran elaborando un trabajo sobre corrupción y extractivismo, ¿podría adelantarnos algunos de sus hallazgos?
Encontramos que todos los sectores extractivos tienen casos de corrupción, en todos los países y bajo todos los regímenes de propiedad que existen: desde empresas estatales hasta empresas mixtas a empresas extranjeras. Incluso países que están muy bien en cuanto a la transparencia de su funcionamiento interno como Chile y Uruguay tienen casos de corrupción en sectores extractivistas. Lo otro que hemos encontrado es que la corrupción pasa a ser un ingrediente sistémico repetido para los grandes emprendimientos, porque en algunos casos necesitan de algún mecanismo de corrupción para obtener algún permiso ambiental, para tener una concesión territorial, para el manejo de la prensa, para conseguir un favor del poder judicial frente a algún acto indebido que hizo algún funcionario o su personal de seguridad.
Hay otros casos de corrupción que involucran la participación de las fuerzas de seguridad como hay ejemplos de Colombia y de Perú. Hay casos de corrupción vinculados al extractivismo donde hay mal manejo de la información, reporteros de prensa que realmente trabajan para la empresa extractivista y siembran información falsa.

Y hay corrupción, de nuevo en un "efecto derrame", que cala dentro de los grupos locales. Por ejemplo, el caso aquí de la corrupción de las lentejas con el proyecto Tía María, que más allá de lo que resuelva el Poder Judicial en última instancia, revela que eso permea a las comunidades locales, las fractura, las deja mal paradas. Y otra cosa que encontramos es que, por ejemplo, en el caso de Brasil y en el caso de Chile, la corrupción está muy asociada no solo a la vieja idea que se tiene del enriquecimiento de una o más personas, sino que la corrupción pasó a ser un elemento importante para el financiamiento de los partidos políticos. Entonces se hacían emprendimientos extractivos o se los alentaba, o incluso obras asociadas a emprendimientos extractivos como las represas en Brasil que no eran necesarios pero que eran un buen motivo para tener gente empleada y por otro lado eran un buen motivo para poder cobrar los sobornos, comisiones, etcétera, una parte sustantiva del cual iba a las propias arcas partidarias y que eran usados para las campañas políticas. Entonces se genera una vinculación de necesidad de los dos lados, del emprendimiento extractivo para poder avanzar y del poder estatal-político porque ahí tiene una fuente de financiamiento para poder financiar al partido, a las campañas y perpetuarse en el gobierno. 

http://www.servindi.org/actualidad-entrevistas/20/06/2016/hay-opciones-al-extractivismo-para-lograr-el-bienestar-y-bajar-la

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213625