Capítulo 5 del libro "20 Mitos y realidades del fracking"
¿Tenemos una YPF nacional?
8 de agosto de 2015
8 de agosto de 2015
Por Observatorio Petrolero Sur, Maristella Svampa y Pablo Bertinat (Contrahemonía Web)
¿Tenemos una YPF nacional? ¿Fue una estatización? ¿Por qué la
asociación con las grandes empresas trasnacionales? ¿Es la soberanía
hidrocarburífera asimilable a la soberanía energética?
¿Tenemos una YPF nacional?
El 16 de abril de 2012 la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner anunciaba por cadena nacional la
expropiación del 51% de las acciones de Repsol-YPF a la compañía española
Repsol. “Somos el único país de Latinoamérica y casi del mundo que no maneja
sus recursos naturales”, afirmaba entonces. A menos de un mes del anuncio, el 3
de mayo de 2012, el Congreso de la Nación aprobó por mayoría, y sin
modificaciones, el proyecto del Ejecutivo, que se convirtió en la Ley de
Soberanía Hidrocarburífera Nº 26.741. Si bien el resto del paquete accionario
está en manos de privados de diferente procedencia [1], el control de la
empresa lo tiene el Estado nacional. Entonces, ¿es YPF una empresa nacional?
Sí, lo es mayoritariamente, pero no es una empresa pública.
YPF-modelo 2012 poco tiene que ver con aquella
empresa estatal en torno a la que florecieron las economías regionales. Las
diferencias quedaron claras desde el comienzo (Plataforma 2012, 2012). Pese a
las consignas militantes que pronto hablarían de la “nacionalización”, ya en el
anuncio de la expropiación parcial la presidenta Cristina
Fernández había subrayado: “No es un modelo de estatización,
que quede claro, es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de
un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad
anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada”. Dicha
conformación apuntaría a la confluencia de dos lógicas: una privada, preocupada
por la maximización de la renta y la ganancia, y una pública, que pretende el
desarrollo y bienestar nacional. En este sentido se dirigen los elogios de
Miguel Galuccio [2], titular de YPF, a la decisión de la mandataria. “Quiero
reconocer el valor, el coraje y la visión de la señora presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, en lanzar un nuevo modelo de empresa en Argentina donde
se trata de alinear los intereses de los accionistas con el interés del Estado
nacional y con el manejo de una compañía netamente profesionalizada. Yo creo
que este es el modelo que hoy se puede llevar adelante en este país”, valoró el
CEO durante su discurso en la reunión del Consejo de las Américas realizada en
Buenos Aires en 2013.
En realidad, la conformación como empresa
mixta permitió que se llevaran adelante políticas que confunden intereses
empresariales y estatales. YPF no sólo actuaría como puente en la, por momentos,
dificultosa relación Estado/compañías, sino que también compartiría la ruta con
los privados en base a diferentes objetivos: impulsaría programas de subsidios
y mejoras de precios en boca de pozo –como el Plan Gas [3]– y aumentaría
sostenidamente los precios de los combustibles. YPF, el Estado empresario,
tendría entonces un rol protagónico en tanto coordinador del sector,
beneficiario de una parte de la renta y mediador entre los múltiples intereses
–principalmente trasnacionales– y distintos niveles estatales, pero también
capitales nacionales, locales y demandas comunitarias. Este nuevo rol también
se verificó en la compra de activos como el que se concretó en febrero de 2014,
cuando adquirió la totalidad de la empresa Apache –que en 2013 ostentaba el quinto
lugar en la producción de gas del país– lo que permitió que la nacionalizada YPF
alcanzara a la francesa
Total [4] en el podio de la producción gasífera nacional (La
Nación, 12/02/2014).
Por otra parte, el interés manifestado por YPF
en el desarrollo de yacimientos no convencionales de gas en países vecinos como
Bolivia, Paraguay, Uruguay, no sólo se explica desde una perspectiva de
negocios sino también como una apuesta que apunta a incidir en el mercado
regional de combustibles. A partir del desarrollo masivo de estos reservorios
se procura garantizar la oferta y, en caso de ser necesario para Argentina, a
acceder al gas a un precio menor del que implicaría importar GNL a través de
buques metaneros (OPSur, 14/04/2014).
¿Por qué la asociación con las grandes
empresas trasnacionales?
A partir de la expropiación en un contexto de
crisis energética y de la mano del discurso hegemónico impulsado por Estados
Unidos, la nueva fiebre “eldoradista” no tardaría en desatarse en la Argentina. El
gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sobre todo en las patagónicas
Neuquén, Río Negro y Chubut, avanzaron sobre la frontera hidrocarburífera a
través de la exploración y explotación de hidrocarburos mediante la cuestionada
técnica del fracking.
El desarrollo masivo de no convencionales
implica la asociación de trasnacionales que además del know-how adquirido en
sus operaciones en otros lugares del mundo, poseen la capacidad financiera
necesaria para llevar adelante estos mega emprendimientos. En este sentido, además
de las grandes operadoras, como ExxonMobil y Chevron, las empresas de servicios
se encuentran entre las principales beneficiarias –como Halliburton y
Schlumberger– que participan del negocio y facturan más allá del rendimiento de
los diferentes yacimientos.
Esta apuesta quedó explicitada en el Plan
Estratégico de YPF 2013-2017, que definió tres etapas: la primera, de “Alto
Impacto” (2012-2013), donde se buscaría revertir la tendencia negativa en los
niveles de extracción; la segunda, el “Crecimiento”, y posteriormente, como
objetivo de largo plazo, el llamado “Nuevo Paradigma”, que apunta al desarrollo
masivo de no convencionales para convertir a Argentina en exportador neto de
energía (YPF, 2012). En este Plan también figura la nueva cartografía de los no
convencionales, que incluyen al menos seis cuencas. La mayor, ya en producción,
es la Cuenca Neuquina ,
donde se encuentran varias formaciones: Vaca Muerta (shale oil/gas); Los
Molles (shale gas); Agrio (shale oil); Lajas (tight gas) y
Mulichinco (tight oil/gas). Además del territorio neuquino, esta cuenca
incluye parte del sur de Mendoza y el Alto Valle de Río Negro. Las otras
cuencas son: Chaco Paraná (shale oil), que abarca toda la Mesopotamia y gran
parte del noroeste, así como el sur del Brasil, Paraguay y oriente de Bolivia;
Cuenca Cuyana, que contempla las formaciones Cacheuta (shale oil) y
Potrerillos (tight oil), básicamente en Mendoza; Cuenca de Tarija,
formación Los Monos (shale gas), que incluye el noroeste de Argentina y
sur de Bolivia; Cuenca del Golfo San Jorge, en Chubut y Santa Cruz, con las
formaciones Aguada Bandera y D-129; y Cuenca Austral-Magallanes, que tiene
Magnas Verdes. Hay una séptima, Claromecó, en el sur de la provincia de Buenos
Aires, presentada como cuenca de frontera, donde el interés estaría en gas
asociado a mantos de carbón (OPSur, 07/03/2014; Svampa y Viale, 2014).
Más allá de ese documento, atravesado por el
exitismo fundacional, hasta el momento no se produjo la prevista
reconfiguración del mapa extractivista: YPF-modelo 2012 se enfocó en la Cuenca Neuquina y
en Golfo San Jorge, donde el conocimiento del subsuelo y la infraestructura
instalada optimiza el escenario de explotación y permite una rápida puesta de
la producción en el mercado [5].
Este desarrollo no convencional se sustancia
de la mano de acuerdos entre YPF-modelo 2012 y compañías trasnacionales. En
este sentido, el firmado con Chevron para la explotación de la formación de
Vaca Muerta, puso en tensión el relato que confundía la expropiación parcial
con estatización. Como la petrolera de bandera mantuvo el modelo de sociedad
anónima, a diferencia de su antecesora sociedad del Estado, no se vio obligada
a dar detalles del convenio firmado.
YPF subraya esta decisión y desmiente las
desviaciones estatalistas: “YPF no es una empresa estatal, sino que, como lo
dice la Ley, es una sociedad anónima. Por esa razón es que la negociación con
Chevron se llevó adelante cumpliendo con todas las obligaciones que surgen
tanto de la Ley de Sociedades Comerciales como las que surgen de los
reguladores y sus accionistas, por ser una empresa que cotiza en la Bolsa de
Buenos Aires y en la de
Nueva York ” (YPF, 2013). Esta argumentación se corresponde
con el artículo 15 de la Ley 26.741 que precisa que no le serán “aplicables
legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración,
gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o
los Estados provinciales tengan participación”. Es decir, esta figura las exime
de rendir cuentas frente a la ciudadanía. Arguyendo dicha legalidad, YPF-modelo
2012, pudo sortear cualquier control público y mantener ocultas las cláusulas
del convenio firmado con Chevron (Svampa y Viale, 2013).
Ese convenio fue viabilizado por la
Legislatura neuquina en la sesión del 28 de agosto de 2013, mientras en las
afueras del recinto la represión policial, que se extendió por casi siete
horas, impidió que una movilización de cinco mil personas expusiera su
oposición con respecto a lo que allí se discutía. Sordos a este reclamo, la
mayoría de legisladores aceptaron el acuerdo entre la provincia e YPF por el
cual al área Loma Campana se le incorporó una fracción de Loma la Lata-Sierra Barrosa
para la explotación de no convencionales (enmarcada en el Decreto 929/13
firmado poco antes por el gobierno nacional). En esa área, que coincide con el
territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe, se materializó el acuerdo
entre YPF y Chevron para realizar los pozos de shale oil. La comunidad no fue
consultada, a pesar que lo establece la Constitución y el convenio 169 de la
OIT.
¿Es la soberanía hidrocarburífera asimilable a
la soberanía energética?
En los 20 años transcurridos desde que se
iniciara el proceso privatizador, YPF y su contexto se modificaron
notablemente. Si bien la actual “petrolera de bandera” sigue siendo –como antes
de la privatización– la principal productora de hidrocarburos del país, en 2013
sólo extrajo el 37% del petróleo y el 25% del gas. Es decir, que más de un 60%
de la producción nacional está en mano de compañías privadas. A excepción de la
parcialmente expropiada, las firmas que dominan el mercado son
predominantemente de capital extranjero, entre ellas, Pan American Energy [6],
Total, Petrobras, Sinopec y Chevron.
Al observar estos números, y utilizando el
parámetro gubernamental que concibe a la soberanía hidrocarburífera como la
gestión estatal de los combustibles fósiles, a fin de garantizar el
autoabastecimiento y dinamizar la economía a través de la generación de saldos
exportables, se constata cuán lejos está Argentina de haber recuperado dicha
soberanía. Incluso el objetivo de arrastrar a todo el sector hidrocarburífero a
partir del control de YPF también está lejos de lograrse, ya que los niveles de
extracción de gas y petróleo continúan en caída y sólo la petrolera nacional ha
mostrado voluntad de realizar importantes inversiones para revertir el
escenario (Página 12, 14/04/2014). Los cuestionamientos, sin embargo, son
mayores al considerar las alianzas que la empresa nacionalizada ha concretado o
pretende concretar con trasnacionales para avanzar en el desarrollo no
convencional.
Pero desde otra óptica, en la que la soberanía
es entendida como el accionar del pueblo, también podría indicarse que la
dirección de YPF lejos está de ser una conducción soberana, en tanto dista de
reflejar la participación popular y no respeta –ni siquiera consulta– las
decisiones de quienes viven en los territorios afectados.
Sin embargo, más allá del cuestionamiento a la
estrecha noción de soberanía en la que podría entenderse a YPF, en ningún
momento desde los despachos oficiales se planteó una perspectiva que tomara en
cuenta la soberanía energética. Es decir, una mirada que abrevara en otras
alternativas, que apuntara a la necesaria diversificación de la matriz energética
argentina, dependiente casi en un 90% de los combustibles fósiles, y que
tuviera en cuenta la necesaria incorporación de la eficiencia energética. Esta
nueva vorágine hidrocarburífera frenó incluso el desarrollo de nuevas fuentes
complementarias sustentables [7].
Notas
Fuentes consultadas
Libro completo: 20
Mitos y realidades del fracking. Observatorio Petrolero Sur. [Descargar].
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