El espejismo de la consulta indígena:
Hidroeléctrica afectará comunidades y
lugares sagrados mapuche.
29 de julio de 2015
29 de julio de 2015
"Son 3 los tipos
de alteraciones significativas que tendrá el proyecto en las comunidades, y que
salieron a la luz durante el proceso de evaluación ambiental: una en su
dimensión antropológica; otra en su dimensión de bienestar social básico; y la
última vinculada a “la proximidad de población protegida”, en especial porque
la futura casa de máquina del proyecto, se encuentra a unos 300 metros de distancia
al nguillatuwe."
La aprobación del 14 de
julio recién pasado al proyecto Añihuerraqui, que busca construir una central
de pasada en la cordillera de La Araucanía, contó, como pocos otros, con el
proceso de consulta destinado a resolver los conflictos con pueblos
originarios, siguiendo las obligaciones del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el
mecanismo no logró impedir que GTD Negocios S.A., en alianza con Enhol de
España, consiguiera luz verde, y pasó por alto los impactos significativos a
lugares sagrados para los afectados.
Por Víctor Guillou Vásquez
En la cordillerana
localidad de Currarehue, a pocos
kilómetros de la frontera con Argentina, un proyecto hidroeléctrico logró obtener hace poco más de
10 días la aprobación de los organismos estatales competentes para construir
una central hidroeléctrica de paso, y que, como pocos otros proyectos
energéticos, cumplió con los procedimientos necesarios para contar con la
visión de las comunidades indígenas afectadas. Sin embargo, y aunque dichas comunidades
no entregaron su consentimiento por completo, el proyecto de generación sigue
adelante a contrapelo del sentir local.
Se trata del proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui, de propiedad de la empresa GTD Negocios
S.A., que junto a la trasnacional española Enhol, invertirán cerca de 22 mil
millones de dólares en la construcción de dos centrales de paso que, sin
regulación de caudal, generarán cerca de 9MW, en el estero del mismo nombre del
proyecto.
El plan que ya llevaba
varios años de gestiones, incorporó en su tramitación ambiental el proceso de
consulta indígena, esto por la resistencia de varias de las comunidades
mapuches ubicadas en las cercanías, y que desarrollan relevantes actividades
religiosas en el río Añihuerraqui.
Al menos dos de ellas
son afectadas directamente en este sentido. Se trata de la comunidad Camilo Coñoequir, que durante las
negociaciones con GTD en 2010, se dividió a la hora de entregar su respaldo al
proyecto, creándose también la comunidad Camilo
Coñoequir Lloftunekul, la cual agrupa a cerca de 30 familias
y que participan directamente en la principal ceremonia religiosa mapuche,
denominada nguilltaún.
La construcción
de la central hidroeléctrica afectará directamente alnguilltuwe, lugar donde se lleva a cabo la
ceremonia, y que es considerado como un lugar sagrado para los afectados..
A ambas comunidades se
le suman otro par que, ubicadas al otro lado del río, no se ven directamente
afectadas por el área de influencia del proyecto, pero igualmente participaron
del proceso de consulta, sumándose al grupo contrario al desarrollo del
proyecto.
La oposición al
proyecto se fundamenta en que ninguna de las medidas de mitigación, reparación
y/o compensación, respecto de las significantes afectaciones al medio humano y
en especial respecto de las afectaciones a sus manifestaciones espirituales y
derechos religiosos son “improcedentes y no han sido acordadas con la comunidad
ni con sus autoridades tradicionales, en particular con el Logko”, consagra el documento
de que entregó la Resolución Calificación Ambiental (RCA) favorableal proyecto.
Dichos antecedentes
constan en el expediente de evaluación ambiental del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) y dejan de manifiesto que, incluso cumpliéndose con
el proceso de consulta indígena, las comunidades afectadas no lograron frenar
el desarrollo del proyecto.
Son 3 los tipos de
alteraciones significativas que tendrá el proyecto en las comunidades, y que
salieron a la luz durante el proceso de evaluación ambiental: una en su
dimensión antropológica; otra en su dimensión de bienestar social básico; y la
última vinculada a “la proximidad de población protegida”, en especial porque
la futura casa de máquina del proyecto, se encuentra a unos 300 metros de distancia
al nguillatuwe.
Ante la constatación
de dichos efectos, el SEA ordenó la realización del proceso de consulta en
noviembre de 2013.
La construcción de la
central hidroeléctrica afectará directamente alnguilltuwe, lugar donde se lleva a cabo la
ceremonia, y que es considerado como un lugar sagrado para los afectados.
Aunque durante el
proceso de observaciones se insistió en la importancia que tienen tanto las
autoridades ancestrales como sus instituciones y ceremonias, la normativa
aplicada durante el proceso de consulta no permitió el veto de la comunidad,
aún cuando el artículo 25° de la Declaración de la ONU sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas, complementario al Convenio 169 que creó la consulta,
considera que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su
propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros
y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra
forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con
las generaciones venideras”.
Para Hernando Silva, coordinador Jurídico del
Observatorio Ciudadano y asesor técnico de las comunidades, el caso de la central Añihuerraqui
constituye una “farra” por parte del Estado en validar a la consulta indígena
como mecanismo que permita una protección efectiva de las comunidades.
“La gente decidió
hacer uso de las vías institucionales. Se hizo el proceso de consulta que, a
nuestro entender, fue bastante decente y se hizo en consideración con los
estándares internacionales, con un diálogo fluido, pero no se llega a un
acuerdo. No existe forma de mitigar el daño que se genera a las comunidades, en
el ámbito cultural, por la instalación del proyecto”, dijo el jurista a eldesconcierto.cl.
Silva explica que
durante el proceso de consulta, se hizo evidente que “el Estado se ampara en la
legislación interna, y afirma que un proceso de consulta no significa un
derecho a veto, y que la finalidad es llegar a un consentimiento, como lo
establece el convenio 169″, indicó.
Silva, como asesor de
las comunidades, asegura que “la hidroeléctrica es incompatible con la forma de
ver el mundo desde la religiosidad de las comunidades, y también con su forma
de desarrollarse, al cual tienen derecho de acuerdo al artículo 7 del convenio 169” , pero que en el proceso
de consulta y evaluación ambiental “operan finalmente criterios técnicos” y no
políticos.
“Las evaluaciones de
impacto ambiental no consideran como debiese hacerse las afectaciones al medio
humano. Incluso, un criterio bien desgraciado que usó el SEA era reconocer que
había una medida de mitigación que no había logrado acuerdo, que era la
afectación al patrimonio cultural, pero dicen que hay 45 en las que sí se pudo
llegar a acuerdo con las comunidades. Por una no se puede avanzar en el
proyecto, pero esa una es clave. Esto deja de manera explícita la falta de
lectura intercultural que existe desde el servicio hacia las afectaciones al
medio humano y patrimonio cultural de los pueblos indígenas”, reclama Silva.
Por su parte, el werkén
de la
comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, Simón Crisótomo,
aseguró a eldesconcierto.cl.
que la sensación tras la consulta indígena y posterior aprobación del proyecto,
es “de impotencia, de sentirse utilizado por estos organismos del Estado,
porque la veíamos como una esperanza y que de una vez por todas se iba aplicar
esto de buena manera”.
Crisóstomo hizo sus
descargos ante el, para ellos, fallido proceso de consulta, y afirmó que
esperaron “cuatro año para que se llevara a cabo la consulta el año pasado, y
que a orillas de nuestro río ceremonial, el mismos que va a ser intervenido, se
firmara el proceso de consulta, porque nosotros pensábamos que lo habíamos
hecho bien”, explicó.
El werkén, una de las
autoridades de la comunidad mapuche, aseguró que durante la consulta “dejamos
de manifiesto que no dábamos el consentimiento absoluto debido a los impactos
significativos que tiene tanto en el territorio como en las comunidades”, con
lo que confiaban que proyecto finalmente no debía aprobarse.
El comunero relató
incluso cómo los ejecutivos de GTD ofrecieron a las comunidades ser partícipes
de las utilidades generadas por el proyecto. “Ello se tiraban flores diciendo
que eran la primera empresa en Chile que cumplía con todo, y que eran de las
pocas que estaban dispuestas a dejar parte de las utilidades en las
comunidades, que no es algo que pase con frecuencia. Creo que los funcionarios
de gobierno le compraron ese discurso y terminaron aprobando el proyecto”,
reflexionó el werkén.
El representante de las comunidades afectadas
adelantó que “recurriremos a todas las instancias posibles” en orden a frenar
el proyecto, y que “probablemente de aquí a dos semanas vamos a presentar un
recurso de protección, buscando todas las alternativas de apelación e incluso
recurriendo a instancias internacionales, por el proceso indebido de la
consulta indígena y que nuevamente no se respeta”, indicó.
Finalmente, el werkén desestimó cualquier
posibilidad de aceptar la entrega de una parte de las utilidades por parte de
la empresa. “No vamos a aceptar dineros, reparaciones o compensaciones, porque
para nosotros, el agua y el recurso, la tierra y la importancia de los bosques
para nuestra comunidad no tiene precio”, concluyó Crisóstomo.
Publicado por MapuExpress
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_espejismo_de_la_consulta_indigena_Hidroelectrica_afectara_comunidades_y_lugares_sagrados_mapuche
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