Radiografía de la violencia institucional en Jujuy
4 de agosto de 2015
4 de agosto de 2015
Por Cecilia Litvin (Red Eco Alternativo)
El caso de Juan Martín “Sonrisas” Gómez, un joven hallado muerto
en la casa de un funcionario policial en San Pedro, se convirtió en un
disparador para la denuncia de otros hechos similares ocurridos en la provincia
del norte del país, lo que llevó a la conformación de la Mesa Coordinadora
contra la
Violencia Institucional a fines de 2013. Desde entonces, este
organismo trabaja para visibilizar y dar solución a esta problemática que
cuenta con la complicidad judicial y la inacción del poder político.
El caso paradigmático de violencia policial en
Jujuy fue el de Juan Martín “Sonrisa” Gómez, hallado muerto en la casa de un funcionario
policial el 17 de junio de 2012. “Previo a esto, Sonrisa había denunciado una
persecución permanente y torturas por parte de la policía de San Pedro; luego
de su muerte su padre siguió estas denuncias públicas por medios nacionales y locales, denunció que la
persecución contra su hijo era por negarse a ser parte de una red delictiva
organizada por la propia policía de San Pedro. Lamentablemente, la última
decisión del fiscal actuante (José Alfredo) Blanco fue el archivo de las
actuaciones sin esclarecer el hecho y sin que se hayan resuelto las denuncias
por las torturas a Juan Martín. Nosotros hicimos una denuncia por ineficacia en
la investigación, porque a más de 3 años de su muerte el hecho no fue
esclarecido, también tuvieron intervención con presentaciones legales de Amicus
Curiae la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el CELS, que han
acompañado esto como un hecho paradigmático porque también creo que es una
situación que se repite en otros lugares y con las mismas características”, expresó
Mon.
Desde la Mesa denunciaron públicamente la
complicidad del Poder Judicial al negarse a investigar esta y otras causas de
violencia institucional: “ciertamente hay una connivencia entre las
corporaciones judiciales y las policiales, y eso es grave porque permite la
reproducción de estas prácticas, vemos como un punto central el tema de la
impunidad que genera la no investigación. Hasta el día de hoy no han habilitado
la participación del padre de Sonrisa como querellante para impulsar y presentar
pruebas, para controlar incluso las pruebas que se proponían desde la
fiscalía”, agregó Mon.
Ahora es el juez Jorge Samán quien debe
resolver si hace lugar o no al archivo de la causa. Para ello
contaba con cinco días desde la determinación del fiscal, plazo que se
encuentra vencido. Mon explicó que en caso de no hacer lugar al archivo se debe
pasar la causa a otro fiscal para que prosiga con la investigación, y adelantó
que si el magistrado confirma la decisión de Blanco la Mesa seguirá con las
vías correspondientes, incluso a nivel internacional: “creemos que la impunidad
de estos hechos permite que se sigan reproduciendo y que se habilite a la
policía a actuar de esa manera”.
“Se trata de una red delictiva que capta casi
siempre a chicos que están en situación de vulnerabilidad –continuó–, porque
tienen cercanía con la droga, porque no pueden salir de su círculo, de sus
esferas, y que son captados por la policía para ser parte de estas redes
delictivas que ellos mismos organizan. Sorprende además que las personas que
son denunciadas no sean removidas, ni expulsadas de la fuerza, sino que son
ascendidas, o a lo sumo los mandan a otro lugar, como un modo de correrlos de
la situación; pensamos que claramente estas personas no pueden seguir estando
en un lugar donde tienen el monopolio del uso de la fuerza y cometen estas
atrocidades. Obviamente estamos convencidos que son prácticas heredadas de la
dictadura porque los procedimientos que utilizan, las torturas, el ahogamiento,
los interrogatorios en la madrugada, las golpizas en los traslados, tienen una
reproducción muy clara de los funcionamientos y actuaciones de la dictadura
cívico militar”.
La difusión del caso de Sonrisa permitió que
otras familias y víctimas se animen a denunciar hechos similares: “si no se
visibiliza es muy difícil cambiar, porque siguen estando en ese lugar de
impunidad y del miedo que generan, y esto hace que se naturalicen estas
prácticas y que sea muy difícil cambiar porque no se logra la sanción social de
esas acciones”, señaló Mon a Red Eco.
La mayoría de las denuncias recibidas por la
Mesa provienen de la zona de San Pedro, pero este accionar policial puede
encontrarse en toda la provincia: “en Tilcara se hacían razzias fuera de los
bailes, había como ciertos grupos marcados, es un pueblo muy chiquito y hay una
estigmatización muy fuerte en estas detenciones, hayan estado o no implicados
en algún hecho los detenidos son los mismos de siempre. Se produjeron también
hechos gravísimos de gatillo fácil como el que ocurrió en Libertador General
San Martín en 2013, donde dos chicos de 16 años que venían en una moto
empezaron a ser perseguidos por la policía, que decía que eran sospechosos de
haber robado celulares, y fueron ejecutados de dos tiros. En San Salvador hemos
tenido comentarios respecto a lo que es la comisaría de menores, que están en
situaciones de detención inhumanas. Nos han llegado denuncias de razzias, de
entrar y llevarse a chicos detenidos; en algunas madrugadas cuando hay razzias
muy fuertes, desde la Mesa acompañamos a los detenidos para hacer un control de
la situación, esto hace que la policía se sienta observada y controlada en su
actuar. Estos son hechos que salen en las noticias cuando suceden pero luego
pierden vigencia. Desde la Mesa intentamos que siga vigente la discusión sobre
la violencia institucional, sobre todo porque debajo hay una red de
delincuencia y corrupción de las mismas fuerzas que hay que empezar a
desbaratar”, relató Marcela Mon.
Una de las pocas causas que han avanzado es la
que abarca la detención de dos chicos, también en San Pedro, que fueron
fuertemente golpeados: “se armó una causa y se está investigando; hay siete
policías imputados por vejaciones y apremios ilegales, tuvieron ya la audiencia
de indagatoria pero se abstuvieron de declarar, no es fácil llegar a estas
instancias. Por lo que me han dicho siguen en sus funciones. Se pidieron
informes como para iniciar sumarios administrativos”, agregó Mon.
Reacción del poder político
Una de las primeras propuestas que realizó la Mesa Coordinadora
fue la de reunirse con los poderes del Estado para poner en conocimiento esta
problemática y ver qué respuestas obtenían respecto a la implementación de
políticas públicas que abordaran el tema de manera integral. Fue así que se
reunieron con el fiscal general de la provincia: “queríamos que se le diera
prioridad porque estamos hablando de violaciones a derechos humanos
fundamentales de las personas, de las que el Estado es responsable porque tiene
que garantizar el respeto por esos derechos y no justamente vulnerarlos”,
explicó Mon. A partir de este encuentro se firmó un acta de compromiso para
darle prioridad a la problemática y el Tribunal Superior de Justicia jujeño
elaboró un expediente administrativo donde se recopila la información de las
distintas causas denunciadas: “también se solicitó informes a los fiscales de
San Pedro para que vayan comentando la situación y el avance de las causas,
pero los fiscales siempre decían lo mismo, y el Tribunal Superior decía que
trajeran el próximo informe al mes siguiente, nunca hubo ningún criterio de
investigación. Después de tres o cuatro veces que se pidieron informes se mandó
a archivar la causa”, expresó Mon.
“En la reunión con el secretario de Seguridad
provincial, él dijo que ponía las manos en el fuego porque la policía de Jujuy
no hacía nada de eso que denunciábamos. Nosotros le presentamos un documento
detallado de las denuncias que había en la Secretaría de Derechos Humanos de la
provincia, propusimos una mesa de trabajo porque entendíamos que desde Seguridad
se podía tener intervención en armar los sumarios, en hacer un seguimiento de
los policías implicados en violencia institucional porque permitía empezar a
modificar dentro de la fuerza estos comportamientos, que tengan sanciones desde
el Estado. También hablamos de trabajar algunas líneas de formación en derechos
humanos que tuvieran que ver con la policía. Obviamente
nada de esto sucedió. Volvimos a pedir una nueva reunión para ver los avances
que había pero no nos volvieron a dar audiencia”, detalló la integrante de la Mesa Coordinadora. En
cuanto a la Secretaría de Derechos Humanos provincial, señaló: “tiene
conocimiento de los hechos, intentamos articular con algunos asesores legales,
pero en medio de todo esto está siempre la situación de que excede la esfera de
su competencia, también propusimos una mesa de trabajo para poder hablar de
protocolos de actuación con la policía, pero también ha quedado en la nada”.
Habeas
En relación a la situación específica en San
Pedro, se han presentado dos habeas corpus. El primero fue en mayo de 2013 a través de organismos
de derechos humanos jujeños en favor de 45 personas por hostigamientos y
torturas, amenazas, restricciones a la circulación, detenciones reiteradas
sobre las mismas víctimas efectuadas por las fuerzas de seguridad de esa
localidad. Se hizo lugar y en su sentencia el juez constató la existencia de
estos procedimientos policiales. La segunda presentación se efectuó en mayo de 2015 a través de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en favor de 30 jóvenes de San
Pedro: “también se hizo lugar, en base a los hechos que se denunciaban en ese
habeas se reconocieron estas conductas ilícitas de la policía y también se hizo
hincapié en que este abuso generalizado de la policía recaía sobre personas que
tenían las mismas características, eran jóvenes socialmente vulnerables. Estos
habeas corpus dejan plasmada desde la justicia la práctica generalizada ilegal,
es decir que no lo decimos sólo nosotros sino que hubo reconocimiento de parte
de la justicia de estos hechos. La cuestión es qué políticas públicas para la
erradicación de la violencia institucional están dispuestos a implementar, esa
también es una línea de propuesta que tenemos desde la Mesa. El tema de la
policía y la violencia institucional sigue siendo complejo al momento de poder
presentarlo como una cuestión de políticas públicas, incluso pese a los
problemas que hubo con los levantamientos de la policía en toda la provincia
que tomaron una actitud de autonomía y abuso claramente contra el poder
político, lo que está claro es que generan corporaciones autónomas que se
desprenden de las leyes y las directivas políticas entonces claramente los
cuerpos de policía son un tema a rever en su formación y en su actuar”,
finalizó Marcela Mon.
Fuente original: http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/16492-radiografia-de-la-violencia-estatal-en-jujuy
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201705
Fuente original: http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/16492-radiografia-de-la-violencia-estatal-en-jujuy
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201705
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