ACUEDUCTOS
¿OTRA GRAN ESTAFA AL PUEBLO
ENTRERRIANO?
En un proceso de velocidad y
ocultamiento sorprendentes, el gobierno provincial intenta sancionar una ley
que le permitirá endeudar a nuestra provincia por más de 430 millones de
dólares, para manejarlos luego de manera irregular y discrecional, poniendo
como garantía de ese crédito los recursos que se reciben de la coparticipación
federal de impuestos.
¿Se tratará de un nuevo intento de una
gigantesca estafa a todos los entrerrianos, similar a la que el mismo
gobernador procuró realizar a comienzos de su actual gestión, cuando a los
pocos días de asumir los legisladores con abrumadora mayoría oficialista les
impuso otra ley que entregaba por 99 años la totalidad de las tierras fiscales
(incluyendo todo el delta entrerriano) a una sociedad anónima a constituirse,
con un regalo adicional de 50 millones de dólares (que la provincia tomaría de
una nueva deuda a garantizar con fondos de la coparticipación federal)?.
Casualmente, en ambos casos se justifica el
intento de engaño con el argumento de lograr una mayor producción agraria en la
provincia, en especial de arroz y otros productos exportables, sin ningún
estudio previo que lo avale y sin considerar la evaluación del impacto
ambiental de las obras propuestas.
En qué consiste esta nueva y millonaria trampa
Se trata de un proyecto de ley que autoriza
al poder ejecutivo a endeudar a la provincia con bancos chinos por más de 430
millones de dólares más intereses, y a contratar con una corporación de ese
país obras para dos acueductos, de manera directa y sin licitación.
El crédito será garantizado con los fondos
que la provincia recibe de la coparticipación federal de impuestos (con el
riesgo de que se desfinancien otros gastos esenciales como la salud y la
educación).
Pero también se contempla en un plazo máximo
de seis meses la creación de nuevos tributos que tendrán como destino la
amortización de la deuda y el futuro pago de los intereses que devengue la
misma, lo que anticipa una mayor presión tributaria sobre los contribuyentes
entrerrianos.
En el Anexo que acompaña el proyecto figuran
las posibles cláusulas y condiciones que regirían el convenio (la “Hoja de condiciones”), que
pueden ser modificadas de manera unilateral por el ICBC (Banco Chino de
Industria y Comercio), y que incluyen un interés anual del 4,5% más la tasa Libor , siendo la
legislación de Inglaterra la ley aplicable en caso de diferencias que puedan
surgir. El plazo que fija la constructora china para mantener su oferta es que
se acepte el crédito antes del día 28 de febrero de 2015.
Estas disposiciones implican de manera
resumida que se pretende endeudar al Estado provincial por una suma
multimillonaria, y con cuyo monto el Poder Ejecutivo hará la contratación directa
de la obra de los dos acueductos, omitiendo el proceso licitatorio obligado que
establece la Ley de Obra Pública.
Pero además no se brinda información respecto
de los detalles de las obras a construir, habiendo negado su acceso ante el
pedido de los propios productores de la zona y de reiteradas presentaciones de
una organización ambiental. También se menciona en los fundamentos del proyecto
la firma de un Memorandum de Entendimiento que el Ejecutivo provincial acordó
con la corporación china en enero del 2014, pero tampoco se conocen los
términos del mismo.
Esto significa que a ojos cerrados se
autoriza tomar deuda a la provincia por más de 430 millones de dólares más
intereses, sin tener la mínima información respecto de la aplicación de tales fondos.
Sólo se tiene la certeza de que los mismos serán administrados de manera
irregular, sin convocatoria a licitación, por el propio Ejecutivo.
Pero aunque a la sociedad entrerriana se le
niega el derecho a conocer los términos del acuerdo, y no pueda tener la
garantía del uso adecuado de esos fondos, sí queda obligada a pagar el crédito
que se tome (amortización e intereses) para lo cual se pone como garantía de
ese pago los recursos que provengan de la coparticipación federal de impuestos
(que es la principal fuente de financiación del tesoro provincial). Y
adicionalmente, deberá pagar también con nuevos tributos que impondrá el
Ejecutivo, y que según el articulado los creará en un plazo de seis meses.
Agravando lo ya comentado respecto de esta potencial
estafa a los intereses de nuestra provincia, se acepta renunciar implícitamente
a nuestra soberanía aceptando de manera repudiable la legislación inglesa,
poniendo a la provincia como un mero sujeto privado que deberá dirimir
cualquier diferencia que surja en el marco de las leyes del imperio británico.
Los argumentos oficiales a favor de la
operación
Como se mencionara antes, las razones
oficiales esgrimidas para solicitar la aprobación del proyecto de ley se basan
en supuestos beneficios para las producciones del agro entrerriano, el impacto
favorable para mejorar la situación económica de la zona, la ampliación de la
superficie cultivada, la prevista suba de un 10% de la producción agraria
provincial, etc. Se llega a afirmar, incluso, que será tan rentable la obra a
realizar, que permitirá que “recuperemos la inversión, como mínimo al mismo
ritmo que vamos pagando los servicios del crédito tomado” (lo que se contradice
con el texto de la norma, que anticipa la creación de nuevos tributos para la
futura cancelación del crédito) .
Sin embargo, del texto del proyecto no surge
ningún indicio de que esas afirmaciones tengan sustento o se basen en estudios
serios sobre la viabilidad económica y financiera, los costos y rentabilidad de
las potenciales producciones, ni mucho menos de los posibles beneficiarios en
el caso de la realización de las obras.
Lo que no se conoce y se oculta
Es inexplicable que no conste ni en el
proyecto ni como información adicional, detalles de los dos acueductos que se
proponen construir, como tampoco se da información del contrato que se pide
aprobar con las empresas chinas. Además, si lo que dice explícitamente el texto
del articulado ya constituye un grave hecho que implica violaciones a leyes
vigentes y un preocupante apartamiento de principios republicanos básicos
(publicidad de los actos de gobierno), ¿cómo serán las cláusulas y
disposiciones que se buscan imponer a través del ocultamiento de lo que no se
conoce?.
Respecto de los potenciales beneficiados por
la obra, no hay estudios ni información que anticipe de qué manera pueden
llegar a recibir mejoras en su situación los pequeños productores de la zona, o
por qué mecanismos se logrará un aumento sustancial de la producción agraria.
En todo caso, son muchas las dudas acerca de la sustentabilidad económica de
las producciones, ya que en algunos casos se dependerá del riego que se
ofrecería a cambio del pago del servicio, que seguramente se establecerá según
los costos del funcionamiento del sistema de riego, que según se anticipa sería
intensivo en el uso de energía. En este caso se requiere un análisis serio y
profundo de los futuros escenarios de colapso energético ligados al agotamiento
gradual e inexorable de los combustibles fósiles, que llevará en un plazo
relativamente corto a un encarecimiento excepcional e irreversible de los
mismos.
Una reflexión adicional requiere lo relativo
al impacto ambiental que producirá la obra, estudio que no existe a la fecha
(al no existir detalles de los acueductos, de las zonas precisas donde se
construirán, del territorio que se destinará a producir y del estado actual del
mismo). ¿Se piensan realizar nuevos desmontes? ¿No se agravará el grave y
conocido problema de la erosión de la tierra?
¿Se trabajará en nuevos suelos donde no hay garantía de su capacidad
para sostener otras producciones?
Estas son algunas de las muchas dudas que
surgen de la cuestionable actitud del gobierno provincial, que sin consultar a
los productores involucrados ni a organizaciones con diversos conocimientos que
pueden enriquecer el necesario análisis previo, no duda en impulsar una ley que
endeudará a los entrerrianos por más de 430 millones de dólares más los
intereses.
¿Qué motivos lo llevan a negar la información
a los interesados y violar la indispensable publicidad de los actos de
gobierno?
¿Qué razones justifican dar tanta rapidez al
tratamiento legislativo, sin posibilidades de un debate serio y de estudios
previos imprescindibles para decidir?
¿Qué intenciones se ocultan para no convocar
de manera amplia a todos los sectores que pueden y deben aportar a un proyecto
de semejantes características?
Por las razones expuestas, desde nuestro
Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” hacemos un
llamado urgente a la responsabilidad de los legisladores, para que no avalen
con su voto este oscuro proyecto que con su texto abre el camino a posibles
estafas a los intereses de toda la sociedad.
Asimismo, convocamos a la comunidad y sus
múltiples expresiones (medios ,
entidades, organizaciones, partidos, movimientos, gremios, etc) a movilizarse,
exigir el freno del proyecto, informarse, y evitar con su activa participación
que se consumen actos lesivos para todos los entrerrianos.
Luis
Lafferriere
Paraná, 18 de enero de 2015.-
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