Milani, Chevron,
Sbattella
16 de julio de 2013
Por Rolando Astarita.
(…)Pero
no se trata sólo de la participación de Milani durante la dictadura, o el
alzamiento carapintada. Desde 2007 Milani está a cargo (y hoy retiene esta
función) de la Jefatura II
de Inteligencia del Estado Mayor. Allí trabó estrecha relación, según todas las
informaciones disponibles, con la ministra de Defensa Nilda Garré (quien a su
vez está muy cercana al CELS). Recordemos que Nilda Garré ha sido denunciada
por su participación en el llamado Proyecto X. Se trata de una unidad de la Gendarmería Nacional ,
que fue creada para organizar una base de datos de militantes, mediante el
espionaje y la infiltración en organizaciones sociales y políticas. Estos datos
fueron luego utilizados en juicios contra militantes. Las instrucciones
contenidas en el proyecto, elaboradas en 2009, destacan la importancia de
vigilar a todos los que pudieran crear “situaciones de alteración del orden
público”. Según la
abogada Myriam Bregman , defensora de derechos humanos y
militante del PTS, el Proyecto X tiene como objetivo la persecución de
activistas sociales y políticos. El propio comandante de Gendarmería, Héctor
Schenone, reconoció ante la Justicia la existencia del Proyecto. Hoy existe una
causa abierta, que está avanzando (según Bregman). A pesar de esto, la presidenta Kirchner
acaba de decir que el Proyecto X “es inexistente” (discurso del 9 de julio, en
Tucumán). Los organismos de derechos humanos oficialistas, y el progresismo K,
no desmintieron a la
presidenta. En cualquier caso, existen fuertes elementos para
vincular a Milani con un enfoque global de vigilancia y recolección de datos,
que luego son utilizados en la persecución judicial de la militancia. El área de
Inteligencia del Ejército recibió sustanciales incrementos presupuestarios en
los últimos años.
En este análisis debe incorporarse, además, la reforma, de
diciembre de 2011, de la Ley Antiterrorista. Esta reforma derogó la figura
de “asociación ilícita con fines terroristas”, pero elevó al doble las penas de
los delitos que se hubieran cometido con “la finalidad de aterrorizar a la
población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo” (artículo 41). De esta manera se deja abierta la puerta
para que manifestaciones o huelgas sean calificadas como actos terroristas,
como han manifestado muchas organizaciones sociales o políticas de izquierda.
El gobierno se defiende diciendo que la ley establece que no se castigarán las
protestas que se hagan en defensa de derechos humanos y sociales. Sin embargo,
muchos abogados argumentan que las modificaciones introducidas abren el campo
para interpretaciones, y habilitan a la criminalización de la protesta social.
Todo lo anterior debe vincularse también con la decisión del
Gobierno de responder al problema de la seguridad poniendo el acento,
crecientemente, en la represión y la punición. El enfoque tradicional del progresismo,
que hace hincapié en las raíces sociales del problema, pasa ahora a segundo
plano. El ministro de Seguridad de la Nación, de hecho, es Sergio Berni, un
militar en actividad, que goza del favor de la presidenta. Cristina
Kirchner , además, ha acusado a los jueces por ser demasiado
suaves en la aplicación de penas. Un discurso que hasta ahora el progresismo K
consideraba propio de la
derecha. De manera que la designación de Milani, el
ocultamiento de su accionar durante la dictadura, o el levantamiento
carapintada, debe leerse en esta secuencia de hechos. No es trueno en día
sereno.
Chevron
(de nuevo, son sólo negocios)
En notas
anteriores sostuve que la estatización de YPF no debía interpretarse en clave
de “liberación nacional”, sino en términos de negocios entre capitalistas; esto
es, negocios sustentados en la apropiación de plusvalía (ver aquí y aquí).
En esas notas, y contra el discurso oficialista (“estatización de YPF sinónimo
de Patria recuperada”) planteé que se trataba de una renegociación de los
términos de la explotación del negocio.
Pues bien, en el día de ayer, 15 de julio, se conoció el decreto
que crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos. Según el mismo, están alcanzadas por este régimen las empresas
que inviertan 1000 millones de dólares, o más. Las que lo hagan, podrán
comercializar libremente, luego del quinto año, en el mercado externo el 20% de
la producción (resultado de esas inversiones), sin tener que pagar derechos de
exportación. Además, en caso de que la producción nacional no alcance a cubrir
la demanda, y las exportaciones se destinen a cubrir la demanda interna, el
precio no será inferior al precio de exportación, sin retenciones. Las
compañías también tendrán derecho prioritario a obtener divisas a través del
Mercado Único y Libre de Cambio (aceptemos que es un eufemismo) por hasta el
100% del precio obtenido en el mercado interno.
Naturalmente,
se sigue discutiendo si con esto será suficiente para que las empresas
inviertan en extracción de petróleo y gas, y hay muchos “detalles” que deberán
ser aclarados (por ejemplo, a qué tipo de cambio cotizarán los dólares que
entren por inversiones). Sin embargo, lo relevante es que todo esto parece
desmentir la tesis-verso de “YPF recuperada, Patria liberada”. El tema aquí no
es el patriotismo, sino son los negocios y la rentabilidad. La
realidad es que la falta de inversiones provocó una caída, en la última década,
del 60% de las reservas de gas y del 20% del petróleo. Desde 2003 la producción
de petróleo cayó 30%, y la de gas 20%. Dado que, además, faltó inversión en
hidroelectricidad, aumentó el consumo de combustibles, con lo cual se agravó el
déficit de la balanza energética (sería de 6000 millones de dólares en 2013).
No sé qué cuento contarán ahora aquellos economistas que afirmaban que,
principio del acelerador mediante, bastaba con fomentar el consumo para que
hubiera inversión (ver la crítica a esta postura aquí y aquí).
Lo cierto es que la acumulación de capital -esto es, la reinversión de
plusvalía- se rige, como en cualquier país capitalista, por el olor de las
ganancias. El acuerdo con Chevron no hace más que ratificarlo. Con respecto a
este último, otro dato significativo para la tesis-verso “YPF recuperada,
Patria liberada”: en los medios ha
trascendido que el acuerdo se pone bajo jurisdicción de tribunales de EEUU.
Sbattella
(o el intríngulis de la acumulación de capital)
José Sbattella es el titular de la Unidad Anti Lavado.
Según informaciones periodísticas, no desmentidas hasta el momento, Sbattella
mantuvo hace poco al menos dos reuniones con funcionarios de cumplimiento de
las normas antilavado de dinero, y técnicos bancarios, para pedirles que no
informaran las operaciones sospechosas que se hicieran con vistas al blanqueo
de capitales que puso en marcha el Gobierno. Aparentemente, los oficiales
antilavado y técnicos, así como los responsables bancarios, se negaron al pedido,
dado que les podría caber responsabilidad penal por no denunciar estas
operaciones.
Ubiquemos esta sed por dinero sucio por parte del Gobierno: en la
última década la economía argentina recibió una gigantesca renta, que puede
calcularse entre los 120.000 y 150.000 millones de dólares, por la mejora de
los términos de intercambio. Pero desde 2005 se fugaron del país más de 80.000
millones de dólares. En varias notas en este blog he planteado que esto
configura una gigantesca transferencia de excedente, que es la clave de la
acumulación y el desarrollo capitalista. En la última década no hubo un proceso
de acumulación estructuralmente sólido, o una transformación cualitativa de la
economía argentina, que es tecnológicamente atrasada y dependiente. Y esto no
se arregla convocando al lavado de dinero. Solo a un irremediable lumpen
burgués se le puede ocurrir semejante “solución”.
Más en
general, este año el desempleo aumentó al 7,9%; otro 8% de la población
económicamente activa está subocupada. En total, 2,7 millones de personas, el
15,9% de la fuerza laboral, están desempleadas o subocupadas. El 35% de los
trabajadores está en la
informalidad. La mitad de los asalariados gana menos de $3500
por mes. Entre un 20 y un 27% de la población (según los cálculos no INDEC),
está en la pobreza. Y
gracias a la no actualización del impuesto a las ganancias, ha desaparecido una
parte significativa del aguinaldo (entre el 45% y 80%) para el 35% de los
asalariados. Las respuestas por parte del gobierno a esta realidad se llaman
Milani, Chevron, Sbattella. Tienen un sentido, y son expresiones de un
contenido esencial. Por supuesto, también está el relato para construir una
gesta heroica (“revolución, liberación”) con el pasado de Milani, con el
Proyecto X o con el lavado de dinero. Es que nunca deberíamos olvidar que el
lumpen burgués parece no tener límites.
Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2013/07/16/milani-chevron-sbattella/
No hay comentarios:
Publicar un comentario