Ante la reforma de la Ley de Hidrocarburos
29 de septiembre de 2014
Observatorio Petrolero Sur (OPSur)
Mañana comenzará a tratarse en el Congreso de la Nación el
proyecto de reforma de la Ley 17.319 de Hidrocarburos que impulsan el Gobierno
Nacional y la
Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos
(Ofephi). En resumidas cuentas, el objetivo es dinamizar el mercado
hidrocarburífero a través de la estandarización de la legislación y los
contratos para atraer la inversión externa. Una receta que marca continuidades
con otras políticas iniciadas en la década de los ’90, sostenidas en los años
siguientes, y con las reformas promovidas por el Departamento de Estado de
EE.UU. en Este de Europa para
viabilizar la explotación de yacimientos de gas y petróleo de esquistos.
Uno de los cambios más profundos que propone el proyecto llega
bajo el discurso de la
competitividad, una palabra muy de moda en las olas neoliberales de los
años ’90. Es bajo este paradigma que, de aprobarse la reforma tal cual llegó al
Congreso, los Estados
provinciales y el nacional quedarán impedidos de crear áreas de reserva y adjudicarlas a las empresas que
controlan (GyP, YPF, Pampetrol, etc.); también se pone fin al sistema de
acarreo -que permitía asociarse a proyectos sin realizar una inversión inicial
de capital. De esta manera, a dichas empresas se les exigen los mismos
requisitos que a las privadas, lo que implica en la práctica profundizar las
asimetrías frente a las grandes compañías. Por otro lado, la aprobación e
implementación de reforma de la Ley de Hidrocarburos con Enarsa significaría
firmar su defunción ya que las áreas offshore que controla serán revertidas a
Secretaría de Energía de Nación para nuevas licitaciones “competitivas”.
Es decir, no sólo no se descarta de plano la transferencia
del dominio de los hidrocarburos y control de la industria por parte del Estado
Nacional, con participación de las provincias, sino que allana aún más el
camino al sector privado. Si bien la iniciativa recibió algunas críticas de
representantes de empresas transnacionales, que reprochan que sólo YPF
participara de la discusión, el proyecto
responde a las demandas del sector que,
hasta el momento, dosificó al extremo las inversiones a la espera de mayores
beneficios. El texto en ciernes mantiene el modelo de concesiones y, en ese
aspecto, sólo modifica los plazos de los períodos de exploración y explotación,
según se trate de bloques convencionales, offshore o no convencionales; con respecto al último tipo
de yacimientos, se le asigna un tipo de concesión particular y, en sintonía con
las modificaciones que introdujo el acuerdo YPF-Chevron, se le confiere un
plazo de explotación inicial de 35 años. Por otra parte, quita el tope a la
cantidad de áreas adjudicadas por empresa –cinco por concesionario-,
“sincerando” una situación de abierta irregularidad en la que se encontraban
las principales compañías y, en definitiva, legalizando
los procesos de concentración oligopólica. Asimismo, en otro guiño al
sector, se pone un techo a las
regalías (hasta 18%) y,
reduce del 50% al 25% la tasa de acumulación del canon que la
concesionara paga en caso de prórroga durante etapa de exploración.
Por otra parte, este proyecto pone de manifiesto la
volatilidad de los discursos que pronosticaban, en el corto plazo, lograr la
soberanía hidrocarburífera y el autoabastecimiento a partir de la explotación
masiva de Vaca Muerta y otras formaciones de esquistos. En un nuevo intento de
incrementar los niveles de extracción de gas y petróleo, el Estado renuncia a otra porción
de la renta petrolera, al poner un techo, e incluso permite reducir, el
cobro de regalías, esta vez, a fin de estimular los proyectos de recuperación
terciaria y el desarrollo de yacimientos offshore y de crudos ultra pesados -el
nuevo actor no convencional cuyo potencial conocido al momento se sitúa en la
provincia de Mendoza, cercana al Área Protegida de Llancanelo.
Seguridad jurídica para el inversor
No sólo se incorporan ventajas otorgadas a las petroleras
a través de los decretos 927 y 929 de 2013 -como la reducción y/o eliminación de
aranceles aduaneros a la importación de bienes e insumos estratégicos para el
desarrollo de proyectos y la libre disponibilidad sobre un porcentaje de la
producción, que permite vender a precio internacional y liquidar las utilidades
obtenidas en casa matriz- sino
que además reduce los requisitos para acceder a ellas y las amplía. En
adelante pueden acceder los proyectos de inversión superiores a 250 millones de
dólares -el decreto 929 establecía un piso de mil millones de dólares-, y en el
caso de offshore, habilita la exportación de hasta el 60% de lo extraído
-mientras que para el resto de los proyectos el tope es el 20%. Las ventajas
que otorgarían a estos proyectos –que posibilitaría a las empresas una rápida
maximización de las ganancias y recuperación de la inversión- revela las expectativas que el Gobierno deposita en una
acelerada puesta en
explotación de la plataforma continentalante la falta de resultados en Vaca
Muerta.
Asimismo, para hacer frente al lento despegue de los no
convencionales, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del
plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción
de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la
finalización de la etapa piloto. Salvo YPF y Chevron en Loma Campana, el resto
de las compañías con proyectos en Vaca Muerta -como Shell, Total, ExxonMobil y
Petrobras- han perforado pero no iniciado la explotación en gran escala por lo
que serían tentadas con esta reforma.
Además de transformar en ley los decretos 927 y 929,
firmados pocos días antes de concretarse el convenio con Chevron, el proyecto consolida a la Responsabilidad
Social Empresaria como
mecanismo de intervención en el espacio público, gestión del conflicto social y
satisfacción de demandas populares en las regiones petroleras; un elemento que asomó con mucha fuerza
en el acuerdo firmado entre la provincia de Neuquén e YPF para la explotación de esquistos en
Loma Campana. De esta manera se dota a las petroleras de una herramienta para
la construcción de consensos y se quita al Estado y las poblaciones el poder de
decisión sobre los destinos de la
renta. Por último, otra forma de transferencia de renta, o de
“otorgar beneficios”, que contempla la reforma es el compromiso del Estado Nacional de
financiar obras infraestructuraestratégicas para el desarrollo de los
proyectos. Esto podría implicar al país un incremento de la deuda externa, como
sucede actualmente con los créditos del BID para transformar a Añelo en base de
operaciones para la explotación de Vaca Muerta.
Autoabastecimiento, en sentido amplio
En suma, estos movimientos llevan a status de ley nacional
elementos presentes en contratos y decretos que sustentaron el avance de los no
convencionales de manera caótica y en un vacío jurídico significativo. Como
se decía al principio y en elanálisis de los primeros borradores puestos en discusión,
el proyecto apunta a la uniformización del marco jurídico –administrativo
(pliego licitatorio modelo), ambiental y fiscal- en pos de la competitividad
global más que en función de necesidades y ajustado a procesos de decisión
interno. En este sentido, el debate, la legislación y la dinámica territorial
hidrocarburífera continúa siendo marcado a fuego por las urgencias y
necesidades del sector privado y, en menor medida, de la población. La maximización de utilidades para
los inversores no sólo se obtiene a partir de transferencias económicas sino
también con la negación al pueblo de derechos que “entorpezcan” el ágil
funcionamiento de la
industria. Un ejemplo de esto puede ser la no aplicación del
derecho indígena, que está totalmente ausente en este proyecto de reforma de la ley. En esta línea, YPF
juega su rol ambiguo. Por un lado, opera y presiona por una reforma que la
beneficie en tanto “empresa de los argentinos”. Por otro, niega acceso a
información clave, como los acuerdos que firma con otras compañías, por ser una
“empresa privada orientada a generar valor para sus accionistas”.
El autoabastecimiento continúa siendo una consigna que no
se discute -no importa para qué fin se persigue este objetivo-, sólo se sabe a
quién le adjudicaron la responsabilidad de cumplirlo, que paradójicamente es el
mismo sector corporativo que nos llevó a esta situación.
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/09/29/loteo-con-beneficios/
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