Documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia
para el 24 de marzo 2014
Compañeros
y compañeras:
Hoy,
a 38 años del 24 de marzo de 1976, estamos en esta plaza para
repudiar el golpe genocida más brutal en la historia de nuestro
pueblo.
Como todos
los años esta es la cita con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Nuestra
cita es con la Memoria que no se deja domesticar, con la memoria que que no
estafa, con la memoria que rinde homenaje a nuestros 30000 compañeros detenidos
desaparecidos y a sus sueños y se compromete con las luchas obreras y populares
del presente.
Este 24 de
marzo nos encuentra luchando contra la impunidad de los genocidas, contra las
impunidades del presente, contra la represión y la criminalización de la
protesta, contra el ajuste a los trabajadores y el saqueo del país.
Por eso en
este acto denunciamos que el genocida Milani, fue nombrado Jefe del
Ejército por la presidenta de la
Nación. No nos olvidamos de los soldados conscriptos que
desaparecieron bajo su mando, ni olvidamos las torturas sufridas y denunciadas
por aquellos que fueron secuestrados y después torturados por el entonces
teniente Milani, que era en aquellos años tan joven como el famoso
genocida Astiz. Porque el genocidio por el que exigimos castigo cubrió todo
nuestro país y los crímenes cometidos en la provincia de La Rioja fueron los
mismos que se cometieron en todo el país.
En este
acto, reivindicando la lucha de los 30000 detenidos desaparecidos,
repudiamos el discurso del 1 de marzo de la presidenta Cristina
Fernández , en el que llamó a reglamentar el derecho a
manifestarse, agredió a los maestros en conflicto y festejó el fallo aberrante
que basado en testimonios arrancados bajo tortura condenó a cuatro trabajadores
de Las Heras a cadena perpetua.
El
discurso de Cristina Fernández se presenta como un serio avance
sobre las libertades democráticas de nuestro pueblo y anuncia mayor
criminalización de las luchas con la vista puesta en hacer pasar el ajuste. Por
eso Milani, por eso Berni, por eso perpetua para los trabajadores
de Las Heras, por eso la ley antiterrorista, por eso el proyecto equis y por
eso luchadores populares presos y procesados.
Compañeros
y compañeras:
Como cada
24 de marzo, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de
nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el
hambre.
Repudiamos
la brutal represión, racional y planificada contra nuestro
pueblo, que tiene un nombre preciso: genocidio. Genocidio que
impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes ,
niños, para sembrar el terror y que tuvo como objetivo
aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía
conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó
destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el
pueblo.
Repudiamos
los campos de concentración, la desaparición, el
asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la
tortura y el robo de niños, que destruyó miles de familias.
Denunciamos
también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse
antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el
accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el
país.
Estamos
aquí para repudiar a los grupos del poder económico
que planificaron y financiaron el golpe a favor de una
política que los beneficiara a costa de la
miseria sistemática para nuestro pueblo.
Denunciamos
también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que
entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes
Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los
jueces que los ampararon, a los políticos que los
avalaron y a los grandes medios
de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Por todos
y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de
los atropellos que sufrió nuestro pueblo: ¡ denunciamos y
exigimos justicia!!
El camino
iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la
resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades
que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en
las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable,
de conseguir castigo a los genocidas.
Nuestro
pueblo luchó incansablemente contra las infames leyes de impunidad de
Alfonsín y el indulto de Menem. La rebelión popular del 19 y
20 de diciembre del 2001, golpeó al régimen político que
amparaba la impunidad y posibilitó la anulación de estas
leyes y la reapertura de las causas.
Hoy, a 10
años de la reapertura de las causas, hemos logrado que se realicen juicios en
diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 468 represores
condenados, 61 absueltos y 6 de ellos muertos antes de escuchar sentencia.
Esto
quiere decir que sólo alrededor del 30% del total de los 2.100 procesados desde
2003 fue llevado a juicio. Tomando como dato los 600 Centros Clandestinos de
Detención y Exterminio que funcionaron en todo el país durante la dictadura,
sólo 468 están condenados.
10 años
de anuladas las leyes, menos de 1 represor condenado por Centro Clandestino de
Detención.
Por eso
afirmamos que la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a
su fin.
Cada día
de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un
día ganado por la impunidad biológica: 320 son los represores que en el
transcurso de estos diez años murieron impunes antes de llegar a la
justicia.
Hay más de
60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el
país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
Las causas
siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales
a ocultar la magnitud del genocidio.
Denunciamos
a los jueces y fiscales cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las
causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de
impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y
no lo hace. Los genocidas que hoy son juzgados son solamente aquellos que
formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por
los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención. El Estado no ha
entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de
Concentración.
Por eso
desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen
juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración,
y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros.
Exigimos
la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y
los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que hasta hoy la política
oficial no abre, y que contienen la información sobre el destino de todos y
cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y
de sus hijos apropiados.
Luchamos
por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o
nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices.
Los
jóvenes que recuperaron su identidad hasta el momento son 110 y la
cantidad de grupos de familia con muestra genética en poder del Banco Nacional
de Datos Genéticos sólo son 246 y estas no alcanzan para la restitución de la
identidad de las restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín por
la dictadura.
La
política oficial continúa siendo que quienes tengan dudas sobre su identidad se
ocupen de buscarla, poniendo nuevamente la carga de la prueba en las víctimas.
El
oficialismo intenta transferir el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)
desde su histórico ámbito en el Hospital Durand, a la órbita del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por lo cual perdería su autonomía.
Este traslado convertirá al Banco Nacional de Datos Genéticos en la plataforma
de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales
privados. Este despojo fue producto de un nuevo acuerdo del gobierno nacional
con el macrismo.
CARCEL
COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDA
APERTURA
y PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.
RESTITUCIÓN
DE LA IDENTIDAD DE
LOS JOVENES APROPIADOS.
Nuestros
compañeros Julio López, secuestrado en el 2006 y Silvia Suppo, asesinada en el
2010 en Santa Fe, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los
genocidas, son símbolos de la continuidad del aparato represivo de la dictadura
y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. Sus causas están
plagadas de encubrimiento e impunidad y demuestran hasta donde llegan las
concesiones del poder político para asegurarse la gobernabilidad sobre las
fuerzas represivas.
En los
juicios contra los genocidas no sólo buscamos la condena, también damos pasos
en la construcción de una memoria que no olvida las luchas e intereses
populares. Por eso los Centros Clandestinos de Detención deben ser
espacios de denuncia de los crímenes contra el pueblo y de
construcción de memoria. Una memoria que recupere la
historia, las luchas, las banderas y sueños por los que lucharon los
30000 compañeros detenidos desaparecidos.
Por el
contrario, el gobierno pretende “resignificar” los ex Centros
Clandestinos de Detención como si se tratara de cualquier
galpón cultural, o usarlos como premio a los que apoyan su proyecto político, o
bien como jugosos emprendimientos inmobiliarios públicos o privados. Esto es lo
que sucede con la ESMA, el Olimpo, el Atlético y el BIM 3 en La Plata. El acuerdo entre el
gobierno nacional y el de Macri en la ciudad de Buenos Aires, con el traspaso a
la nación de los Centros Clandestinos de Detención, concreta el objetivo
del kirchnerismo de hacerse dueño de los sitios de memoria y manipularlos a su
favor.
La famosa
re-significación que se basa en generar proyectos y actividades que dicen
“poner vida donde antes hubo muerte”, no es otra cosa que un intento de
clausurar el proceso de memoria iniciado hace más de 30 años por nuestro
pueblo, de encerrar en una vitrina las luchas de los desaparecidos, de borrar
esa memoria sublevada que apoyó la rebelión popular del 2001, de ocultar las
violaciones actuales a los derechos humanos. Es una pieza más del
rompecabezas que el oficialismo está armando para un nuevo proyecto de reconciliación.
El
gobierno nacional, que se apropió de la ESMA y la usa para innumerables
actividades proselitistas como la presentación del proyecto de YPF, la
realización de congresos de agrupaciones afines, la adjudicación de una
oficina al juez Garzón, hoy pretende reformar el Casino de Oficiales, el único
edificio de este inmenso Centro Clandestino de Detención que no fue modificado
hasta el momento.
Nos
oponemos a este proyecto, porque queremos que nuestro pueblo pueda debatir HOY
lo que allí sucedió y porque queremos que las futuras generaciones puedan
recorrer y conocer ese sitio, saber qué fue el Casino de Oficiales y saber cuál
es la verdadera cara de su enemigo cuando se muestra sin disfraces.
El acuerdo
entre Macri y Cristina le permite al gobierno de la ciudad arrasar con el
Atlético. Con la excusa de hacer el metrobus se perdería la posibilidad de
encontrar el 70 % de las pruebas entre ellas importantes elementos de la salas
de tortura y celdas.
En el
mismo sentido de destrucción de las pruebas y de la memoria
histórica se
pretende lotear el predio de Campomar, donde los vecinos han denunciado la
existencia de un Centro clandestino de Detención.
Por todo
ello decimos:
BASTA DE
BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.
NO A LA MANIPULACIÓN DELA MEMORIA
Compañeros
y compañeras:
Los
trabajadores y el pueblo enfrentamos hoy el ajuste que aplican el
gobierno nacional y los gobiernos provinciales. A la creciente inflación
y la brutal devaluación, que agravaron a niveles insostenibles el aumento
de los precios de la canasta familiar, se suma el aumento del transporte y el
anunciado tarifazo en los servicios públicos. Como si esto fuera poco una
creciente recesión está provocando suspensiones y despidos.
El intento
de que los trabajadores firmen paritarias a la baja, la licuación de los
ingresos de los trabajadores precarizados, de los jubilados y de los que son
beneficiarios de planes sociales, completan este cuadro que está provocando un
grave deterioro de las condiciones de vida del pueblo.
Las
razones de este tremendo ajuste son claras: el gobierno decidió profundizar la
entrega del país y que la crisis la paguen los que menos tienen.
Benefician a las multinacionales y banqueros imperialistas, pagando la
fraudulenta deuda externa, incorporando acuerdos con los fondos buitres y el
Club de Paris, profundizando su pacto con las petroleras como Chevron y Repsol.
Contaminan nuestra aguas y suelos con la megaminería a cielo abierto y los
transgénicos y pesticidas de Monsanto y las multinacionales del agro negocio.
Para
imponer estas medidas contra el pueblo, la presidenta Cristina
Kirchner sinceró en cadena nacional su voluntad de enfrentar
con medidas represivas a los que luchan contra su plan de hambre.
No hay
ajuste, sin impunidad y sin represión!
La
impunidad ha dado en el último año un salto gigantesco. Después de décadas en
las que logramos impedir la promoción de aquellos pocos miembros de las fuerzas
armadas denunciados por haber participado en el genocidio, el gobierno cerró
filas y nombró al genocida Milani como Jefe del ejercito. No importaron las
denuncias hechas hace ya más de 30 años frente a la CONADEP, no importaron los
testimonios de sobrevivientes que lo acusan, ni los de los presos políticos
interrogados por él. Milani es un ejemplo de los miles de represores que
permanecen en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por sus crímenes
durante la dictadura.
En el año
1976 el teniente César Milani revistió como oficial de inteligencia en el
batallón de Ingenieros de Construcción 141, donde funcionaba un centro
clandestino de detención y torturas. Está probado que la función de los
oficiales de inteligencia en los centros clandestinos de detención y Exterminio
era la de obtener información y que la principal herramienta que utilizaban
para obtener era la tortura. Por eso afirmamos que Milani debe ser
encarcelado por genocida y no premiado con un ascenso.
La única
razón que hay para designar como jefe del ejército a un oficial de
inteligencia, represor y torturador de la última dictadura, miembro del
Batallón 601, en un momento en que miles de trabajadores se organizan para
enfrentar el ajuste, es involucrar a las fuerzas armadas en tareas de
inteligencia y represión contra las organizaciones populares.
El coronel
Berni, Secretario de Seguridad, fue el elegido para aplicar la
llamada política de "seguridad" y de represión de la protesta y
se presenta ante los medios de
comunicación como vocero cotidiano de esa política tratando de ganar consenso
favorable para su accionar. En el último año hemos conseguido su
procesamiento por haber reprimido un corte en Panamericana y trasladado a
Campo de Mayo, donde funcionó un Centro Clandestino de detención durante la
dictadura, a hombres, mujeres y hasta niños.
Por eso
exigimos:
DESTITUCIÓN
YA Y CASTIGO DEL GENOCIDA MILANI!!
FUERA
BERNI!!!
Así se
corona la denominada “década ganada en derechos humanos”.
Cristina
Fernández designa al genocida Milani, respalda a Berni, criminaliza la protesta
y avala la sentencia a los 9 trabajadores de Las Heras. Cuatro
trabajadores fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, acusados
de la muerte del policía Sayago en el marco de una lucha contra el impuesto al
salario y contra la tercerización, que desencadenó una pueblada en el año 2006.
Esta condena
es el golpe más brutal, hasta el momento, de la criminalización de la protesta.
Durante el
trascurso del juicio y en los alegatos, los abogados defensores de los
trabajadores (amenazados constantemente por este tribunal y sancionados)
demostraron que no existían pruebas contra los trabajadores. En cambio, sí
quedaron demostradas las torturas, los apremios ilegales, las vejaciones y las
amenazas que sufrieron acusados, familiares y testigos, a manos de la
policía provincial durante todo este proceso. Denunciamos al Tribunal Oral de
Caleta Olivia que llevó adelante el juicio y luego condenó usando los
testimonios arrancados bajo torturas.
En el
marco del acuerdo con CHEVRON y con REPSOL, las palabras de la presidenta
aplaudidas de pie por el macrismo, respaldando esta condena, cuando la
sentencia está siendo apelada, agrava la situación de los compañeros.
Casi
inmediatamente después de este discurso fueron detenidos y permanecen presos
seis trabajadores petroleros en la localidad de Las Heras por realizar un
reclamo gremial.
Por eso:
Exigimos
la Absolución de los Trabajadores de Las Heras y la libertad de los delegados y
trabajadores detenidos recientemente.
Denunciamos
que en esta década la existencia de presos políticos ha sido una constante.
Siguen presos los cinco compañeros de Corral de Bustos
detenidos después de una pueblada, los seis trabajadores petroleros de Las
Heras sobre los que acaba de caer el dictamen de prisión preventiva, los dos
trabajadores detenidos en Misiones después de participar en una marcha contra
el ajuste, Fernando Esteche y Raúl Lescano condenados por escrachar a Sobisch
en repudio al asesinato del maestro Fuentealba.
Exigimos la
inmediata libertad de todos los presos políticos!!!!!!!
Desde el
Encuentro Memoria Verdad
y Justicia reivindicamos la lucha de los trabajadores y el pueblo contra
el ajuste y el saqueo. Respaldamos la lucha por tierra y vivienda, contra la
tercerización, por los derechos de los pueblos originarios, en
defensa de la salud y la educación.
Saludamos
la ejemplar lucha de los docentes que recorre la Argentina y marca con claridad la respuesta
necesaria a la política del ajuste , enfrentando la campaña de descalificación
impulsada por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y sectores de la
oposición.
El mismo
camino han tomado los trabajadores estatales, de la salud, de las
empresas automotrices.
Nos
solidarizamos con la
comunidad QOM y los campesinos de Chaco que exigen agua,
asistencia sanitaria y alimentos y que fueron brutalmente reprimidos como parte
del genocidio planificado de los pueblos originarios.
Decimos
basta! a la represión directa y parapolicial contra las comunidades originarias
y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos
agroexportadores protegidos por los gobiernos provinciales y el gobierno
nacional.
Nos
solidarizamos también con los docentes del Chaco y Santiago del Estero, con los
docentes y trabajadores estatales de Misiones, con los trabajadores de Kronberg
y los municipales de Jujuy, que en su lucha contra el ajuste fueron brutalmente
reprimidos .
Denunciamos
la represión de la gendarmería y otras fuerzas de seguridad a la Jornada por la
Absolución de los trabajadores de Las Heras, el 27 de febrero en Panamericana y
en Liniers.
Nos
solidarizamos con el pueblo de Malvinas Argentinas en su lucha contra el pulpo
imperialista MONSANTO.
Apoyamos
la lucha por vivienda y urbanización de la Villa 20 en los terrenos de Cruz y
Pola. Desde esta plaza damos todo nuestro apoyo al legítimo reclamo de tierra y
vivienda. Repudiamos el dictamen de la cámara del jueves 20 y la amenaza de
desalojo de Berni y Macri, a quienes hacemos responsables por la vida de cada
uno de los ocupantes.
El
discurso de la presidenta atacando los cortes y las movilizaciones, aplaudido
de pie por la bancada del PRO, da el sostén político a estas represiones.
Intentan ahora sumar, en nombre de la “convivencia” , nuevos proyectos de ley
que buscan regimentar y criminalizar la protesta, o directamente atacar el
derecho a huelga, como el intento del vicegobernador de la Provincia de Buenos
Aires, Gabriel Mariotto, avalado por Scioli de prohibir los paros docentes. Lo
mismo sucede con el gobernador De la Sota en Córdoba.
La tan
mentada reforma del Código Penal deja intacto el artículo 194 del código actual
que define como delito los cortes de ruta, y que es utilizado cotidianamente en
todo el país para procesar luchadores.
El número
de procesados por luchar aumenta con cada conflicto, mientras permanecen
impunes los responsables de crímenes contra el pueblo, como el escandaloso caso
de De la Rua.
De cada
lucha surgen nuevos dirigentes y militantes procesados. Las causas abiertas en
todo el país suman ya más de 5000.
La ley
antiterrorista es el instrumento legal con el que se amenaza a todos los que se
movilizan por sus derechos.
Denunciamos
la infiltración y el espionaje sobre las organizaciones y militantes obreros y
populares a través del proyecto X de la Gendarmería, del accionar de la SIDE y
de todos los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad.
Denunciamos
la persecución a los trabajadores por parte de burocracias sindicales,
asociadas a las patronales y a las patotas, que cuentan con el aval oficial.
Este es el caso de la patota de la UOCRA, dirigida por el ex agente del
Batallón 601 Gerardo Martínez.
Exigimos
el cierre de las causas y anulación de las
condenas a los más de 5000 luchadores populares procesados y
la sanción inmediata del proyecto de ley contra la
criminalización de la protesta!!
Exigimos
la derogación de la ley antiterrorista y la anulación de toda la legislación
represiva.
Basta de
infiltración y espionaje a las organizaciones populares.
José
Pedraza y los principales autores del crimen de Mariano Ferreyra fueron
condenados en primera instancia. Esta condena fue arrancada gracias a la
enorme movilización popular .
Advertimos
sobre las maniobras operadas desde el poder político para atenuar las condenas
y hasta absolver a Pedraza y los suyos para preservar el régimen mafioso y
fraudulento que el gobierno K montó para la administración de los ferrocarriles
junto a los empresarios Roggio-Romero-Cirigliano y la burocracia sindical.
Exigimos: Perpetua a Pedraza, castigo a todos los responsables
políticos, empresarios y sindicales del crimen de Mariano Ferreyra!
Exigimos
Castigo a todos los responsables políticos y materiales del asesinato de
luchadores populares!!
A 20 años
del atentado a la AMIA seguimos exigiendo justicia. Repudiamos ese ataque
criminal y nos solidarizamos una vez más con las víctimas. Como lo venimos
denunciando de año en año, el gobierno de los Kirchner lleva ya 11 años
promoviendo políticas que, en nombre del esclarecimiento del atentado, nos
condujeron deliberadamente y terminaron en la impunidad reinante.
Hace pocos
días, la
presidenta Kirchner le pidió a los "opositores"
políticos, los mismos que fundaron y sostuvieron tantos años de impunidad y
encubrimiento, que le acercaran nuevas propuestas para renovar la misma
política de impunidad y seguir acusando a una supuesta conexión internacional
sin tener mayores pruebas. Así buscan sacarse de encima la responsabilidad
criminal y encubridora que el propio Estado nacional ya reconoció por decreto.
Para
superar la impunidad y hacer justicia:
Exigimos
que se abran los archivos secretos vinculados al crimen de la AMIA y la
formación de una Comisión Investigadora Independiente.
Denunciamos
las reformas al Código Civil propuestas por el kirchnerismo. Eliminan la
responsabilidad del Estado en las acciones realizadas por empresas privadas que
tercerizan servicios, deja desprotegidos a millones de usuarios y
trabajadores, consagrando la impunidad de funcionarios y ministros. Además,
atacan gravemente los derechos conquistados por la lucha de las mujeres y su
pelea por un aborto legal, seguro y gratuito.
La lucha
de los familiares de la Masacre de Cromagnon, logró el justo castigo de algunos
de los altos responsables de la
tragedia. A diez años de la masacre seguimos denunciando la
impunidad de la mayoría de los funcionarios y empresarios responsables de la
muerte de 194 jóvenes.
Exigimos
juicio y cárcel a todos los responsables y cómplices.
Justicia
por los pibes de Cromagnon.
El 18 de
marzo a dos años de la tragedia de Once, comenzó el juicio a los responsables.
Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y sus familiares.
Dolorosamente denunciamos este crimen contra el pueblo largamente anunciado,
producto de la política de transporte privatista del gobierno nacional,
de los grandes negociados con TBA, los Cirigliano y la burocracia
sindical.
Exigimos
Justicia por las 52 Víctimas de la tragedia de Once.
Denunciamos
la criminalización de la pobreza y la discriminación de las barriadas y de los
más humildes, que se cobra cotidianamente la vida de numerosos jóvenes. La represión,
el encierro y el control por parte de diferentes fuerzas de seguridad aumenta
el número de víctimas por gatillo fácil, desapariciones, trata de personas,
drogas y armado de causas falsas. Desde 1983 hay más de 4000 muertes por
gatillo fácil y más de 200 desapariciones. La década ganada lleva cobradas más
de 2300 vidas.
Con la
excusa de combatir la llamada inseguridad, se pretende bajar nuevamente la edad
de imputabilidad, impulsar las policías comunales y reforzar el aparato
represivo. El gobierno y sectores de la oposición discuten cuánto y cómo
penalizar pero ocultan el problema de fondo. Denunciamos que la causa
fundamental se encuentra en la participación y complicidad del aparato
policial, judicial y político en relación al narcotráfico y el delito
organizado.
El “mano
dura ” Granados ha reintegrado a la bonaerense a los ocho policías que
participaron en la desaparición de Luciano
Arruga. El juez que lo habilitó es el mismo que, con un fallo
administrativo, pretende terminar con el paro docente en la provincia de
Buenos Aires. El señor juez es un ex comisario inspector retirado de la
Provincia y miembro jerárquico de la división de Asuntos Jurídicos de la Policía Bonaerense
de los años de la dictadura, cuando la dirigía el genocida Camps.
La impunidad
de ayer y de hoy se presenta así con toda su brutalidad.
Exigimos
la aparición con vida de Luciano
Arruga y el castigo de todos los responsables. Basta de
gatillo fácil, basta de asesinar a los pobres y los
jóvenes!!!
Compañeras
y compañeros:
La
dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con
la lucha de nuestro pueblo por conquistar un país con pan, trabajo, tierra,
salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas,
por una juventud con futuro.
Por
nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por el país que
soñaron y soñamos, por una Argentina sin
opresión y sin explotación, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
decimos Presente!!
30.000
compañeros detenidos desaparecidos Presente!!!
Fuente:
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83898-argentina-documento-del-encuentro-memoria-verdad-y-justicia-24-de-marzo-2014.html
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