Argentina:
“Linchamientos” y “emergencia en seguridad” para legitimar la represión
15-04-2014
CORREPI http://www.correpi.lahaine.org/
En las pasadas semanas hemos sido bombardeados desde los grandes medios masivos de des-información con una nueva y
brutal campaña de “ley y orden”, dirigida de modo inocultable a legitimar la
represión actual, y la que se viene ante el crecimiento de las luchas contra el
creciente ajuste.
A partir del ataque de un grupo de personas
que, en Rosario, mataron a golpes a un joven que, con otro, intentó arrebatar un
bolso a una mujer, se orquestó la difusión de episodios similares en distintos
lugares del país, instalando la idea de que los “linchamientos”, simples
ejecuciones tumultuarias sumarísimas, son la respuesta “natural y
comprensible”, aunque formalmente reprochable, de la pobres personas indefensas
que no tienen respuestas en materia de seguridad de un “estado ausente”. Frente
a eso, naturalmente, la solución propuesta desde todos los sectores de la clase
dominante, más allá de la diversidad de discursos, es “más estado”, o sea, más
represión.
En primer lugar, es necesario recordar que el llamado “fenómeno”
no es nuevo ni extraordinario. Basta con recordar al ingeniero Santos, en 1990,
que persiguió y fusiló a dos pibes de un balazo en la cabeza por un pasacasette.
Y más para acá en el tiempo, durante las asonadas policiales de diciembre, a
los comerciantes que declaraban sin pudores que estaban armados hasta los
dientes para defenderse de supuestos o reales “saqueos”.
En medio de la marea mediática y justificadora,
hubo de todo un poco, cada uno a su estilo, pero confluyendo, todos, hacia un
mayor endurecimiento represivo.
Sergio Massa, sin pelos en la lengua, dijo
que “el que comete un delito tiene que saber que el que las hace, las paga”, en
una indisimulable incitación a la acción de fuerzas de choque de las clases
medias, que hacen recordar las SA o “camisas pardas” hitlerianas. Massa es
parte de los que añoran el reinado de los ’90, los que impusieron que el estado
debía reducirse a su ínfima expresión, sin otro objetivo que imponer sus planes
de hambre, miseria y desocupación; esos son los mismos que hoy se “horrorizan”
ante la supuesta falta de estado.
Por su parte, Cristina Kirchner, a diferencia de su secretario de
seguridad, Sergio Berni, que se alineó con Massa, dijo que “no hay mejor
antídoto contra la violencia que lograr que mucha más gente se sienta incluida.
La inclusión no es algo referido a los pobres o a los negros, la
inclusión…tiene que ver con todos”. CFK, como fiel representante de los intereses
de la burguesía, intenta convencernos que hay que tomar en cuenta todos los
intereses, sólo para insistir en que los explotados asuman como propios los
valores de los explotadores, naturalizando la barbarie de privilegiar el
derecho de la propiedad privada en un país y mundo donde el 80% no es dueño de
casi nada. Y sobran las muestras de que, en una sociedad donde se valora la
propiedad privada por sobre la vida, no hay otra paz posible que la de los
cementerios.
El tercero en disputa, Daniel Scioli,
decidió hacer su agosto con la
cuestión. Con bombos y platillos anunció en conferencia de
prensa el decreto de la “emergencia en materia de seguridad” en la provincia,
argumentando que los delitos en la provincia han adquirido “características
violentas sin precedentes”, y que se debe dar una “respuesta integral desde el
Estado”.
Lo primero es rigurosamente cierto, especialmente cuando se
analizan los delitos que cometen directamente, o que administran y gerencian
los integrantes de las fuerzas de seguridad. El narcotráfico, la trata de
personas, los secuestros extorsivos, los piratas del asfalto, los asaltos tipo
comando, en fin, todo lo que habitualmente englobamos en el concepto de “crimen
organizado”, requiere necesariamente, como lo vemos a diario cuando se
desbarata alguna gran banda, del concurso de policías y otros integrantes del
aparato represivo, que sistemáticamente forman –cuando no dirigen- los
emprendimientos criminales a gran escala y con gran logística. Al mismo tiempo,
como lo sabe cualquiera en un barrio, y como lo admitió hasta la jueza de la corte Carmen Argibay ,
es también la policía la que explota el “crimen del chiquitaje”, reclutando
pibes pauperizados a los que hacen robar para ellos, al tiempo que cobran
“peaje” a los pocos ladrones cuentapropistas que quedan.
El argumento de la “necesidad de dar una
respuesta integral desde el estado”, en total sintonía con el repetido cliché
del “estado ausente” alegado por los justificadores de los linchamientos,
muestra en forma más que transparente que, lejos de preocuparse porque los
bonaerenses vivan seguros, lo que
aqueja al gobernador es la necesidad de posicionarse electoralmente con miras
al recambio 2015, y eligió el nicho de la “inseguridad” para instalarse como
“el que da respuestas”.
Las medidas concretas anunciadas nada tienen
que ver con el proclamado fin de “aplicar todo el peso de un Estado presente a
los asesinos y a los delincuentes”, sino que incrementarán la situación de
riesgo en la que ya se encuentran todos los que viven y transitan los barrios
de la provincia de Buenos Aires, en los que la policía aterroriza a diario a
los hijos de los trabajadores con el gatillo fácil en las calles y la tortura
en las comisarías. Lo que se prometen son más armas ($600 millones para “equipamiento”);
reclutamiento de 5.000 retirados que recibirán un “incentivo económico” por
volver al servicio (que pudieron dejar por edad, pero también por otras causas
menos “presentables”); un nuevo status de “integración a la red de prevención”
de los más de 40.000 empleados de agencias de seguridad privada (la mayoría ex
policías y de otros fuerzas, exonerados por graves delitos, como CORREPI ha
demostrado en causas como las de Sergio Durán y Damián Salcedo, cuyos
torturadores y asesinos, aun condenados, trabajan en “seguridad privada”); más
patrullaje, etc.
Todo eso apunta más al control y al disciplinamiento social que a
la prevención del delito.
Sostenemos que el estado está hoy más presente que nunca desde
1983 en materia represiva. Durante la gestión kirchnerista, con la
militarización de los barrios a través de gendarmería, prefectura y las
policías, se produjeron 2.400 fusilamientos de gatillo fácil sobre un total de
4.100 desde 1983; hubo 67 desapariciones forzadas; creció exponencialmente la
población carcelaria, con el 80% de los presos sin condena. La represión a los
conflictos obreros eclosionó, con miles de causas judiciales contra luchadores,
la condena a perpetua de los trabajadores de Las Heras, 21 asesinados en
movilizaciones y protestas, presos políticos como los de Corral de Bustos y
Quebracho, la sanción de siete leyes antiterroristas y la sustitución de la
tradición de asilo político por la compulsiva extradición de refugiados como
los campesinos paraguayos.
La “ausencia” del estado para garantizar demandas básicas como la
vivienda, salud y educación no es otra cosa que la expresión de los intereses
de clase que se defienden desde el estado capitalista.
No se trata de un padre ausente, que se va y
nos abandona. En forma más o menos visible, liberando la zona o saturándola de
fuerzas de seguridad, con medidas reaccionarias o “progres”, siempre se
gobierna desde el interés de clase.
Es indudable que el delito –insistimos, del
que es parte inseparable el aparato represivo estatal- afecta mayormente a ese
80% de los trabajadores que sufren, siempre más que los ricos, la desposesión
de la poca propiedad que tienen, mucho más cuando ésta es violenta.
Nadie puede justificar esas conductas, pero de
nada sirve juzgarlas desde un sistema violento en sí mismo, que nos despoja de
la dignidad humana. Ante el robo violento de los ladrones seriales de los
bancos, como el llamado “corralito”, la respuesta no fue el derecho penal, sino
la “asistencia”. Sin más voluntad que la estatal, salieron al rescate con la
recaudación de impuestos de todos (y que, en general, el 20% poseedor, intenta
evadir). El robo de una cartera, en cambio, justifica una muerte.
Buscarle la salida práctica a la doble moral,
al doble estándar de los delitos, a la esquizofrenia de incentivar el consumo y
negárselo a las amplias mayorías, es como buscar la cuadratura del círculo.
Nuestro esfuerzo está puesto en ayudar a construir las herramientas
emancipadoras para liberarnos del sistema y toda su podredumbre.
correpi@fibertel.com.ar
Fuente: http://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2014/04/15/argentina-linchamientos-y-emergencia-en-seguridad-para-legitimar-la-represion/
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