Félix
Díaz: “Insfrán lo que quiere es
Justificar
el despojo que le ha hecho a la comunidad”.
28 de mayo de 2014
En
Enredando las mañanas del viernes 23 de mayo entrevistamos al qarache de la comunidad Qom , Félix
Díaz, para que nos cuente sus impresiones sobre la reapertura de la causa
judicial en su contra que acaba de realizar el juez Santos Gabriel Garzón de
Clorinda (Formosa). En la misma se lo acusa de usurpación de tierras y robo de
armas por los hechos del 23 de noviembre de 2010. También hablamos de la
actualidad de las comunidades del Norte argentino y el futuro de los pueblos
originarios.
Por RNMA
Enredando
las mañanas: ¿Cómo recibiste la noticia y con que argumento el juez reabrió la
causa?
Félix
Díaz: El juez
Garzón en el año 2012 nos liberó con una resolución y luego el fiscal de la
ciudad de Clorinda, el doctor Cabral, apeló lo dictaminado por el juez. Este
entendió que los indígenas fueron víctimas de la represión y no habían cometido
ningún delito. La apelación del fiscal llega a la Cámara, ahí revierten y rechazan
la resolución de Garzón. A partir de ahí se cambió la carátula de la causa
penal. Hace una semana me informó el abogado de la causa, Federico Efrón y la doctora Marina Morales
Ríos de Formosa, ellos fueron notificados que nuevamente la Cámara de Apelaciones
volvió a retomarla causa y que me procesan por hurto de armas, usurpación,
abuso a la mujer policía y otras causas que se van sumando sobre esta
situación. La persecución que hace la justicia formoseña con mi persona, no sólo
por el hecho de reclamar y defender el derecho de los pueblos indígenas.
ELM: ¿A
qué atribuís que se reabra la causa judicial?
FD: No es judicial, es más
bien política, porque sabemos que el gobernador Gildo Insfrán, maneja todo lo
que tiene que ver con lo judicial, tiene muchos hombres dentro de la justicia
para poder perjudicar o silenciar la voz de los que reclaman. Usar la justicia
para decir que se ajusta a ley, lo que pretende hacer como nosotros tenemos la
causa en la Corte
Suprema por el relevamiento territorial, que seguimos en
conflicto, entonces para poder entretenernos con la decisión de la justicia, la
Cámara le devuelve la causa al juzgado número 2 de Clorinda a cargo del doctor
Santos Gabriel Garzón, quien tiene que investigar nuevamente este hecho de la
mañana del 23 de noviembre de 2010.
ELM:
Lamentablemente no nos sorprende. ¿Cómo lo tomaste a nivel personal?
FD: Es una situación muy
lamentable, porque creíamos que se iba a investigar a fondo y resolver el tema
de origen del conflicto porque no se investiga el origen, hubo resistencia
porque las comunidades indígenas reclamaban las tierras, eso no se pregunta,
solamente se está atacando la cuestión de la responsabilidad de la fuerza
policial para poder intervenir. Cuando empezamos a reclamar al Estado nacional
y provincial la devolución del territorio que fue despojado en el 2007 por
parte de Insfrán cediéndole a la familia Elia , estando en vigencia la emergencia
territorial y eso no se puede hacer, pero gobierno formoseño lo decidió así,
usa la famosa cuestión de autonomía provincial. Entendemos que Insfrán lo que
quiere es justificar el despojo que le ha hecho a la comunidad QOM para
decir que se basa en lo legal y estamos tratando de recuperar esas tierras que
están en manos del gobernador, la Universidad de Formosa ya se retiró del
territorio QOM, pero las tierras siguen en manos de Insfrán, tratan de
justificar el despojo utilizando a la justicia para decir que yo soy el que no
respeta los derechos constitucionales. Esto es lamentable que la nación y la
provincia avalan lo que hace el gobernador, acá estuvieron autoridades
nacionales, como el doctor Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos, el
ministerio de Desarrollo Social, el presidente del Inadi, estuvieron en mi casa
y hoy tengo una causa penal por usurpación. Estas tierras que estamos ocupando,
habitando son propiedad de la comunidad, a través de varios decretos nacionales
que fueron ratificados por la provincia de Formosa, entonces no pueden decir
que los usurpadores somos nosotros, los Elia, la Universidad, Parque Nacional,
ellos son usurpadores, están invadiendo territorio indígena que ancestralmente
han vivido nuestros padres en este lugar.
ELM:
¿Cuál es la situación del relevamiento territorial que mencionabas con
conflicto?
FD: El relevamiento territorial
se ha hecho el año pasado, finalizó en noviembre, donde el gobierno formoseño
ha ratificado el despojo mediante el uso de la asociación civil que está en sus
manos a nombre de un indígena que se llama Cristino Sanabria, es el que avala
toda la irregularidad que afecta a la totalidad de la comunidad. Ese
relevamiento no lo hemos firmado, la cartografía, la carpeta técnica, pero si
lo firmó Sanabria, nos dejaron afuera del título oficial de la provincia, esto
habilita a la justicia a poder perseguirme, dicen que estoy usurpando tierras
que no son de nuestra comunidad. Da vía libre a la justicia para decir que soy
el que está violando derechos privados, esta estrategia jurídica es perfecta
para poder justificar el despojo territorial, nosotros somos veinte familias
que estamos afectadas, posiblemente si la Corte avala el informe de la
provincia, del Instituto nacional de asuntos indígenas, el relevamiento
territorial si es que se oficializa, vamos a ser despojados pese a que hemos
vivido históricamente en estas tierras, es muy preocupante la situación porque
hay una convivencia entre los poderes del Estado hacia la justicia para
justificar el despojo de los territorios que es donde están los recursos
naturales, para poder usar el desarrollo de la provincia y de la nación y
nosotros somos un estorbo para el Estado, cuando se habla de economía, somos
los guardianes protectores de los recursos naturales, sin que nadie nos pague
para cuidar el agua, el monte, todo lo que hay en la madre tierra, sabemos que
es parte de nosotros.
ELM:
Cambiando de tema, el año pasado a través de la Alameda, recibieron maquinarias
textiles que habian sido expropiadas en un allanamiento a un taller
clandestino, ¿están utilizándolas?
FD: Las mujeres están con
ese tema y tienen dificultades, muchas veces el deseo de querer desarrollar a
través de sus capacidades, hoy se encuentra limitado por falta de materia prima
y el manejo técnico de las máquinas, que para nosotros son muy útiles. Ya se
han hecho montones de ropas para beneficiar a chicos que han quedado huérfanos
o familias carenciadas. El objetivo es poder seguir aportando un granito de
arena para sustentar la búsqueda de la autonomía y creo que se ha hecho un
trabajo enorme a través de la Alameda, que sigue acompañando a la comunidad,
pero como es un fundación que no puede abarcar todo el país, sin embargo nos
están dando una mano muy importante, con sus técnicos, que vienen a reparar las
máquinas, cambiar agujas, todas las cuestiones técnicas, muy necesarias para
que sigan funcionando como corresponde.
ELM: Muy
claro. ¿No sé si queres agregar algo más?
FD: Los que habitamos la
zona norte, vamos a tener un encuentro los días 30 y 31 de mayo en Las Lomitas,
nos autoconvocamos para una autocapacitacion de derechos indígenas, en la cual
estamos trabajando a pulmón, para que nuestros hermanos conozcan sus derechos y
defiendan su territorio, los derechos humanos y de sus comunidades. Están
convocados los pueblos Wichis, Nivaclé, Qom, Pilagá, además los hermanos del
Chaco van a estar participando de este evento tan importante. Va ser la primera
vez que podamos reunirnos entre todos los pueblos y decidir el destino que
vamos a trazar, porque se aproxima la campaña electoral, donde nos hacen
dividir, pelear por cuestiones partidarias y no queremos que siga pasando,
queremos plantarnos basados en nuestros derechos que no se pueden negociar, no
se pueden manipular, porque son adquiridos a través de la Constitución Nacional ,
las provinciales y tenemos que conocer esas herramientas para defendernos.
Luego del
saludo finalizaba la charla con el qarache de la comunidad Qom La
Primavera, quien nos dejaba la invitación para el 30 y 31 del corriente en la localidad Las Lomitas , Formosa, en la ruta Nacional 8,
tierra donde fue masacrado el pueblo originario Pilagá,
en el año 1947 (recomendamos el documental Octubre Pilaga que dejamos al final
de la nota).
Audio
completo
Fuente:
http://www.anred.org/spip.php?article7806
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A 45 días de
la declaración de emergencia de seguridad:
Se agrava la
situación de
los derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires
Por: AGENCIA WALSH
Ante los anuncios
realizados por el Gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad,
Alejandro Granados, en relación al resultado de la Emergencia de Seguridad en
sus primeros 45 días, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos
Aires expresa.
La información oficial no hace más que confirmar que la orientación de las políticas anunciadas insisten en un esquema de control territorial que delega la seguridad pública en la policía bonaerense. De este modo se insiste en un modelo que ha demostrado una completa ineficiencia en el abordaje del delito y la profundización de las violaciones a los DERECHOS HUMANOS de toda la población y fundamentalmente de los sectores pobres.
Confirmando que el discurso bélico, de guerra contra el delito, se ha transformado en acción, el comunicado oficial expresa entre los resultados que se efectuaron “164 enfrentamientos con 35 delincuentes abatidos”. Sin eufemismos el gobierno provincial asume que en su concepto de la seguridad y la “paz social” tiene entre los resultados positivos esperables la muerte de los enemigos, que ya no son personas muertas, sino delincuentes abatidos en enfrentamientos. Una simple proyección de lo informado, nos indica que en un año de emergencia morirían en los denominados enfrentamientos más de 290 personas. Lo que para el ejecutivo parece ser un dato esperable y positivo, sólo nos habla de un escenario de mayor violencia que no disminuye sino que aumenta las muertes en la provincia de Buenos Aires.
La información oficial no hace más que confirmar que la orientación de las políticas anunciadas insisten en un esquema de control territorial que delega la seguridad pública en la policía bonaerense. De este modo se insiste en un modelo que ha demostrado una completa ineficiencia en el abordaje del delito y la profundización de las violaciones a los DERECHOS HUMANOS de toda la población y fundamentalmente de los sectores pobres.
Confirmando que el discurso bélico, de guerra contra el delito, se ha transformado en acción, el comunicado oficial expresa entre los resultados que se efectuaron “164 enfrentamientos con 35 delincuentes abatidos”. Sin eufemismos el gobierno provincial asume que en su concepto de la seguridad y la “paz social” tiene entre los resultados positivos esperables la muerte de los enemigos, que ya no son personas muertas, sino delincuentes abatidos en enfrentamientos. Una simple proyección de lo informado, nos indica que en un año de emergencia morirían en los denominados enfrentamientos más de 290 personas. Lo que para el ejecutivo parece ser un dato esperable y positivo, sólo nos habla de un escenario de mayor violencia que no disminuye sino que aumenta las muertes en la provincia de Buenos Aires.
Preocupa
también que el anuncio de la realización de “18.000 procedimientos preventivos
y proactivos” coincida con lo recientemente denunciado por la CPM. Nos referimos a la
proliferación de detenciones, cacheos y secuestros en el marco de
procedimientos policiales sin orden judicial. Tal como expresáramos, sabemos
por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por
parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la
condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento
para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de
personas.
Otro motivo de preocupación es el anuncio de 13.000 delitos esclarecidos. Esto es parte de una concepción de la función policial completamente apartada del rol constitucional. La función policial no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos aportando, en el mejor de los casos, elementos de prueba que, legalmente obtenidos, contribuyan a que el poder judicial determine en el marco de un proceso la existencia o no de un delito y la imputación, condena o absolución de una persona. De manera tal que lo expresado refuerza la profundización del esquema de delegación judicial en la policía, y como contrapartida, la falta de avance en la implementación de la policía judicial.
La presentación de cifras realizadas en el marco del balance de la emergencia en materia de seguridad, expresa una gran subestimación hacia la opinión pública. Como señalamos en el último Informe Anual, a partir del año 2013 el Ministerio de Seguridad dejó de publicar datos relacionados con los delitos. Hasta la fecha, los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad son de diciembre de 2012. Sin embargo, a la hora de evaluar los primeros 45 días de la emergencia, se presentan datos comparativos entre los años 2014 y 2013, sin precisar la metodología ni las instancias oficiales que han elaborado esas cifras.
Otro motivo de preocupación es el anuncio de 13.000 delitos esclarecidos. Esto es parte de una concepción de la función policial completamente apartada del rol constitucional. La función policial no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos aportando, en el mejor de los casos, elementos de prueba que, legalmente obtenidos, contribuyan a que el poder judicial determine en el marco de un proceso la existencia o no de un delito y la imputación, condena o absolución de una persona. De manera tal que lo expresado refuerza la profundización del esquema de delegación judicial en la policía, y como contrapartida, la falta de avance en la implementación de la policía judicial.
La presentación de cifras realizadas en el marco del balance de la emergencia en materia de seguridad, expresa una gran subestimación hacia la opinión pública. Como señalamos en el último Informe Anual, a partir del año 2013 el Ministerio de Seguridad dejó de publicar datos relacionados con los delitos. Hasta la fecha, los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad son de diciembre de 2012. Sin embargo, a la hora de evaluar los primeros 45 días de la emergencia, se presentan datos comparativos entre los años 2014 y 2013, sin precisar la metodología ni las instancias oficiales que han elaborado esas cifras.
La improvisación y debilidad técnica de estos datos no resisten el análisis de lecturas atentas. Por ejemplo, se habla de “asaltos”, categoría que no remite a ningún delito del código penal. ¿Qué son los asaltos? ¿Se refiere a los robos, a los robos con armas o a otros robos agravados? Esta presentación de cifras aisladas, fuera de toda referencia que permita interpretarlas y contextualizarlas y que se realiza en el marco de una política de ocultamiento de los datos de los delitos por parte del Ministerio de Seguridad provincial, no es capaz de fundamentar ninguna presentación de resultados. Lo que se pretende presentar como reducción de delito no tiene en este comunicado ninguna referencia que permita fundar esta afirmación.
Por fuera de los anuncios en el marco de la emergencia, pero como confirmación del modelo elegido, el ministro de Seguridad dictó con fecha 20 de mayo una resolución por la cual dispone rehabilitar el funcionamiento de los calabozos ubicados en dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que la clausura de los calabozos en dependencias policiales fue dispuesta con motivo de las inhumanas condiciones de detención y la disfuncionalidad respecto al rol que tiene la policía que no es la de custodiar detenidos sino la prevención de delitos. De manera tal que la rehabilitación de un centenar de calabozos en la Provincia no solo implicará una profundización de las condiciones de detención que fomentan y propician la tortura -y que fueron limitadas por las Cortes Supremas de Justicia Nacional y Provincial de Buenos Aires- sino que también quitará policías de su función de prevención del delito para nuevamente involucrarlos en la custodia de detenidos.
Durante los últimos años, el gobierno provincial difundió la baja del índice de personas detenidas en comisarías como un logro de su gestión que cumplía con los fallos de la CSJN y los reiterados señalamientos críticos de los organismos internacionales. Todos los Comités y organismos de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, señalaron la detención en comisarías como graves violaciones de derechos esenciales.
La
decisión política de profundizar las políticas de seguridad en clave de
prisionización, control poblacional y fortalecimiento de la autonomía policial,
elevó la cantidad de personas detenidas de 26.500 aproximadamente en 2007 a 31.500 en la actualidad. Casi
5.000 personas más durante esta gestión de gobierno. Un 18 % más de detenidos
que colapsaron el sistema de encierro. Casi un 65% de personas detenidas con
prisión preventiva, y por lo tanto inocentes, que padecen graves y constantes
violaciones de derechos humanos. No hay esperanza rehabilitadora para nadie en
estos lugares de detención; quienes pasen por allí agravarán los padecimientos
que los llevaron a estos ámbitos.
Los anuncios dados confirman un apartamiento cada vez más pronunciado por parte del Ejecutivo Provincial de las propuestas de seguridad democrática y en este punto profundizan la distancia entre políticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Los anuncios dados confirman un apartamiento cada vez más pronunciado por parte del Ejecutivo Provincial de las propuestas de seguridad democrática y en este punto profundizan la distancia entre políticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos. Mediante la Ley provincial 12.642/00 - aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede. Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de
La CPM está integrada por:
Adolfo Pérez Esquivel
Hugo Cañón
Aldo Etchegoyen
Elisa Carca
Mauricio Tenenbaum
Víctor Mendibil
Víctor De Gennaro
Luis Lima
Susana Méndez
Carlos Sánchez Viamonte
Roberto Cipriano García
Dora Barrancos
Martha Pelloni
Por UNLP: Verónica Cruz
Por Senado de la Provincia:
Senador Emilio López Muntaner
Senador Horacio López
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