Argentina profunda
20 de mayo de 2015
Por Darío Aranda (Biophilia)
Biophilia
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Niños indígenas víctimas de desnutrición, tuberculosis y
enfermedades evitables. La reacción de los funcionarios, qué cambió para
evitar más fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses de acampe
en Buenos Aires.
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Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños
indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades
evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La
academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio
conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación
en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos
meses de acampe en el centro porteño.
Néstor
El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom
Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis.
Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la
noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del
oficialismo, Diana Conti, argumentó una “cuestión cultural” responsabilizando a
la comunidad que, según su apreciación, no quiere dejarse ayudar. El
certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia:
“Muerte por enfermedad”. El ex-jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de
Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso
aislado”, denunció una “operación política” contra el Gobierno y aseguró que
“Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina”.
Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de
enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de
enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo
(Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho
meses, también murió por desnutrición, en Pichanal, Salta. El 6 de febrero
murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y,
al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres
años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de
Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.
El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa
Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y
septiembre de 2014. Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del
hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con
bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran
en estado crítico”.
Estadísticas
El Ministerio de Salud de Salta, señaló que
1900 niños (de 0 a
5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del
Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra:
15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total
de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.
En Chaco no se hacen públicas las estadísticas
oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson
Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó
que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre
un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en
la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños
con riesgo alimentario”.
“De esa manera lograron reducir
estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que
se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de
Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para
que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida
estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía
continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima
exclusión no ha cambiado.
Según el documento “Indicares Básicos” del
Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años
era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud
Comunitario del Ministerio, Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística,
de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial “Mortalidad infantil en
Argentina” afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce
21 casos por desnutrición.
Unicef Argentina alerta que no se cuenta con
estadísticas focalizadas sobre población indígena, salvo en Salta, donde Unicef
afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido,
sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.
Modelo agropecuario
Los pueblos indígenas definen al monte
ancestral, al monte nativo, como su farmacia y su supermercado. En las últimas
décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares
ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su
espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios . La soja transgénica y la ganadería avanzaron
sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La
cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como
principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.
La Escuela de Antropología de la Universidad
de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y
dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de
Humanidades): “Expresamos
nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que
constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos
originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los
mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La
Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los
pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien
podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas
(entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una
acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y
Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques
nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela
Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la
situación social en la zona.
El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y
alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la
sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la
integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben
tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.
Formosa
Unicef Argentina informó en 2014 que la
mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince
años. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012.
Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de
Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro
extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1),
Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).
La Provincia no hace públicas las estadísticas
socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí,
pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación.
Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor
desocupación que en Noruega.
Amnistía Internacional investigó la situación
indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos
constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y
discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar:
seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de
personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de
derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación,
exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de
2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de
derechos de los pueblos indígenas en la provincia.
Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía
lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la
comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho
al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar
políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y
reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno
de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía,
referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y
advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.
Comunidad qom Potae Napocna Navogoh
El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional
liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la
comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo
qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano
policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.
La comunidad qom trasladó su reclamo por
justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y
9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa,
visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.
Fueron recibidos por el ministro del Interior,
Florencio Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social,
reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la
represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.
En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna
Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto
López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan
Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida
(hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y
Esteban Medina (2015).
El gobierno provincial siempre argumentó
“causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario.
“Atentados” y “abandono” por parte del Estado.
Qopiwini
La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh
y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48
comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y
Nivaclé (Qopiwini).
Un nuevo intento de dividir a la comunidad y
obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en
Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe
en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad,
sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.
El 10 de marzo 2015 marcharon por el centro
porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y,
desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en
Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a
la responsabilidad del Poder Judicial por el incumplimiento de los derechos
indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta
muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.
Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó
la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan
la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.
El acampe, en espera de respuesta, sigue en
pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de
Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos
que respeten nuestros derechos”.
Fuente original: http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199010
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