La mega causa ambiental en la Cuenca Neuquina y
la negociación con Repsol
Entrevista a Ricardo
Apis, presidente de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia
Por OPSur
En 2003 la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) inició antela
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una demanda
contra YPF y otras petroleras con concesiones en la Cuenca Neuquina ,
que tramita bajo el expediente A 1274/03. La causa tomó como base un olvidado
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -ARG
97/024 Emergencia Ambiental Hidrocarburos, Compensación, y Desarrollo
Sustentable de la provincia del Neuquén- que cuantificó en USD 545 millones
el daño ambiental producido entre 1991 y 1997 en tres áreas hidrocarburíferas
de la provincia de Neuquén. En 2011 Repsol reconoció la contaminación y pautó
un plan de remediación cuyos pormenores se estaban acordando cuando el Gobierno
Nacional expropió el 51% de las acciones de YPF y todo se frenó.
En 2003 la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) inició ante
El 11 de marzo,
luego de conocerse el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de
Expropiación celebrado entre la Argentina y Repsol (Exp. P.E. N°247/13), Assupa
interpuso ante la CSJN un pedido de embargo contra la petrolera española,
aseverando que en dicho acuerdo no se toma en cuenta las remediaciones
ambientales por los daños ambientales en la Cuenca Neuquina. El
mismo día envió una nota al senador Guillermo Pereyra (MPN), presidente de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, donde
enumera las causas abiertas contra Repsol y denuncia que a través de las
cláusulas de desistimiento, renuncia e indemnidad establecidas en el Convenio, no sólo
se exime de responsabilidad a Repsol por los pasivos ambientales sino que su costo
será soportado por la
Nación Argentina en su conjunto.
“Las empresas argumentan que recibieron un pasivo ambiental de lo
que era YPF y Gas del Estado, no es así. Gas del Estado e YPF trabajaban
seriamente, había verdaderos profesionales y se hacían las cosas bien”, afirma
Apis, rescatando su paso por la petrolera en la etapa estatal. Aunque no sólo
las empresas utilizan ese argumento, el 13 de marzo, en la reunión plenaria de
las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda
del Senado de la Nación, el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof,
sostuvo que “muchos de los daños ambientales que está remediando hoy YPF, y que
no había remediado Repsol, provienen de la época estatal anterior, por lo menos
algunos de los más graves” [1], ante los cuestionamientos recibidos por el
tratamiento que se dio a las ‘contingencias ambientales’ en el acuerdo que pone
fin al proceso expropiatorio de YPF.
Apis afirma que la
asociación que preside busca “preservar el ambiente, en el presente y para las
generaciones futuras, de toda degradación y menoscabo, en particular la que se
origina por las actividades extractivas”. Y añade: “En el caso de ecosistemas
ya afectados impulsamos acciones de recuperación y procuramos que los dueños de
la tierra y los afectados perciban una adecuada contraprestación por las
limitaciones y pérdidas que sufren”. En los últimos 15 años ASSUPA ha
gestionado “peticiones, reclamos y actuaciones civiles y penales ante las
empresas concesionarias de la exploración, extracción y transporte y ante las
autoridades competentes” en casos de impactos ambientales ocasionados por las
malas prácticas de explotación. “Es importante aclarar que cuando nosotros
hacemos una demanda es porque previamente agotamos la instancia de reclamos
administrativos”, recalca.
-Una de las acciones más importantes de ASSUPA ha sido la demanda
presentada ante la Corte
Suprema en 2003 contra YPF y otras concesionarias por la
contaminación de la
Cuenca Neuquina.
Sí, esa demanda comenzó a gestarse con un desastre ecológico que
sucedió en 1997 en la zona de Rincón de los Sauces. Un día empezó a llover y
las corrientes de barro y agua arrastraron piedras muy grandes que rompieron
los caños de petróleo de todos los yacimientos. El petróleo empezó a surgir a
borbotones, y muchos metros cúbicos fueron a parar al río Colorado. La gente se
asustó mucho. Las chacras de la zona de Catriel no podían regar porque se les
secaban las plantas. El gobernador de la provincia de Neuquén, Felipe Sapag,
empezó a repartir agua envasada para que la gente pudiera tomar en las zonas de
afectación, e incluso río abajo.
Entonces el gobernador, a través de la Cancillería, pidió socorro
a nivel internacional, y fue así que Naciones Unidas desembarcó en Neuquén.
Vino el PNUD y se elaboró el famoso informe de los años 1997-1999, que fue la
base que utilizamos para hacer luego los reclamos judiciales.
-¿Qué elementos tomaron de ese trabajo del PNUD?
Todo el estudio. Fue realmente un análisis general de daños
ambientales colectivos, aunque limitado solamente a tres concesiones: Puesto
Hernández, Huantraico y Chihuido de la Sierra Negra [en los departamentos Añelo y
Pehuenches]. Nuestra organización fue invitada al trabajo científico con
ingenieros de diferentes partes del mundo que trajo Naciones Unidas, del que
también participaron profesionales de primerísimo nivel: doctores en derecho
ambiental, en economía, etc. A mí me nombraron consultor de Naciones Unidas.
Se evaluaron impactos limitados, porque solamente habíamos tomado
tres concesiones. Así y todo el informe final valorizó el pasivo ambiental en
un total de 545 millones de dólares. [2] Solicitada de YPF publicada en el diario Clarín
luego de los derrames que, en 1997, afectaron la cuenca del Río Colorado.
-¿Qué recorrido siguió la demanda una vez presentada?
La contestación de las empresas decía que teníamos que hacer un
estudio de impacto ambiental de todo lo demandado. La CSJN aceptó este defecto
legal [en agosto de 2006] y nos dieron 40 días de plazo, sino archivaban la demanda. Imagínese
que YPF hace un estudio de impacto ambiental de un solo pozo en 40 o 50 días…
Afortunadamente, por mi anterior trabajo en la actividad hidrocarburífera,
pudimos acceder a mucho material facilitado por gente conocida de los
yacimientos. Al cabo de 38 días fuimos a la CSJN con un Scania y presentamos todas las cajas.
Habíamos hecho el estudio ambiental para enderezar la demanda. En el año
2008, la CSJN volvió a fallar, declarando subsanado el defecto, y el caso
siguió adelante.
-¿Qué ocurrió con otros casos de contaminación dentro de la
cuenca? Como el que afecta a las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en
Loma de la Lata. [3]
Cuando la CSJN falla lo hace con un efecto sobre la demanda que,
en términos legales, se llama erga
omnes, y quiere decir “frente
a todos”. Nadie más puede hacer una demanda por daño ambiental, aunque deja
a salvo el derecho de intervenir como tercero. Esto lo reconoce también la Ley General del
Ambiente [Nº 25.675/02], lleva a todas las demás presentaciones al caso de la
demanda de ASSUPA contra YPF y otras operadoras. Cuando se resuelva y quede la
sentencia firme del caso ASSUPA, la demanda de ellos va a seguir su curso. La
demanda de ellos fue excelente, lo que pasa es que en la nuestra ya los
invocamos. Cuando decimos ‘Cuenca Neuquina’, decimos Loma de la Lata y todos
los yacimientos.
-¿Contaron con la cooperación del gobierno neuquino?
No, para nada. Todo lo contrario. Después del gobierno de [Felipe]
Sapag vinieron otros que empezaron a trabajar con las petroleras [Jorge Sobisch
y Jorge Sapag], así que quedamos solos en medio del río en un bote sin remo.
Éramos malas personas, nos atacaban por todos lados. Nos amenazaban las
petroleras, porque tenían el apoyo del gobierno de la provincia.
-¿Tuvieron apoyo de otros gobiernos o agencias estatales?
Río Negro tomó conciencia de todo lo que estaba pasando en la Cuenca Neuquina y
sus cuencas hídricas y se adhirió a la demanda de ASSUPA en la CSJN. Poco antes se
había adherido el Defensor del Pueblo de la Nación y luego lo hizo [el
municipio de] Rincón de los Sauces, una de las comarcas petroleras más
contaminadas.
-En 2011 tuvieron una audiencia convocada por la CSJN.
Sí, en 2011 la CSJN llamó a conciliación a las 23 petroleras y a
las partes interesadas. En este caso el COFEMA [Consejo Federal de Medio
Ambiente] llamó a las provincias de Río Negro, La Pampa, Mendoza y Neuquén,
cuando me dieron la oportunidad de hablar solicité que las petroleras nos
ayudaran a remediar y a reparar todo lo que habían roto. Algunas [empresas],
como Apache, Total o Chevron, sostuvieron que no habían contaminado nada,
cuando en realidad todo era demostrable y las pruebas estaban en la propia CSJN. Lo
más sorprendente fue cuando pidió la palabra el apoderado de Repsol-YPF y dijo:
“Nosotros sí contaminamos Su Señoría. Queremos saber si, con el permiso de
ustedes, nos autorizan a hablar con la actora [ASSUPA] para ir viendo los
lugares que están contaminados y qué reparar”.
-¿Ustedes no hicieron una cuantificación monetaria del daño?
Monetaria nunca. ASSUPA hizo la demanda por remediación ambiental
hablando de la
Cuenca Neuquina. El abogado de una de las demandadas dijo en
la audiencia que, si se extrapolaba el cálculo del PNUD a toda la cuenca,
estábamos hablando de más de 15.000 millones de dólares. En algunos casos muy
chicos, muy puntuales, ASSUPA ha logrado alguna remediación, pero no en el
marco de los fallos grandes, porque ellos aceptaron la demanda.
-Después de que ustedes llegaron a ese acuerdo con Repsol, el
Gobierno Nacional decidió expropiar el 51% de YPF, ¿en qué situación quedó el
acuerdo?
En la Corte quedó un documento firmado en que Repsol se hacía
cargo de que había contaminación y se empezaba a trabajar para ver cómo íbamos
a remediar los lugares contaminados, siempre bajo la tutela de la CSJN porque
el acuerdo fue realizado ahí en la audiencia en la Corte. En ese momento se
expropió y quedó todo en stand
by. Le hemos pedido al Gobierno Nacional la continuación de los trabajos
que hemos realizado, no hemos sido escuchados nunca, nadie se acercó a nosotros
ni nada por el estilo. Es por eso que la semana pasada presentamos una medida
cautelar en la Corte embargando todas las cuentas de Repsol-YPF hasta que no
esté prevista en la negociación todas esas remediaciones ambientales. Ahora
vamos a ver qué hace la Corte.
-En el debate en el Senado de la Nación sobre el acuerdo con
Repsol para cerrar el proceso expropiatorio, quien habló por el Tribunal de
Tasación afirmó que se habían cuantificado contingencias ambientales por 307 millones
de dólares. ¿Es un número acorde al que ustedes manejan?
Guillermo Coco [Ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos
de la Provincia de Neuquén], habló de 1500 millones de dólares el daño
ambiental que tiene la provincia. [4]
-En el año 2009 denunciaron penalmente al presidente de
Repsol-YPF, Antonio Brufau, y el ex CEO de la empresa, Sebastián Eskenazi, por
la contaminación de Loma de La Lata.
Radicamos la denuncia contra Brufau y Eskenazi en el Juzgado
Federal Nº1 de Neuquén. [5] Fuimos a Loma de La Lata con la división de delitos
ambientales de la
Policía Federal. Hicimos calicatas y se tomaron pruebas. Se
tomó la muestra del agua de tres lugares diferentes, de acuerdo al sistema de la Justicia Federal ,
y decidimos mandarlo al máximo laboratorio argentino, el de Toxicología de la CSJN. Los resultados
dieron que todo estaba contaminado y que la muestra “M7” –así se llamaba la del
agua del Lago Los Barreales-, indicaba que no era “apta para uso recreativo”.
Informé a Recursos Hídricos en la Provincia, a Guillermo Coco, al gobernador
[Jorge Sapag], y nunca me contestaron nada. Al no haber respuesta, presenté la
denuncia contra el responsable [de la empresa] que contamina, que en ese caso
eran Brufau y Eskenazi.
-En definitiva, la causa que llevan en la CSJN, caería sobre las
espaldas de YPF parcialmente estatizada.
No, la demanda está hecha con todos los responsables de
contaminaciones ambientales, y estamos hablando desde 1991 en adelante y
también para atrás. Si es desde 1991, lo tiene que reparar es Repsol, hasta el
momento de la
expropiación. Además , desde 1994 empezaron otras empresas a
trabajar las áreas petroleras, entre ellas Bridas, Pérez Companc, que luego fue
Petrobras, y Pioneer que después fue Apache. Ahora Apache fue vendida [a YPF] y
se va sin sanear nada la contaminación. Ellos tienen una medida cautelar
en un Juzgado de General Roca, porque el Codema [que es la autoridad de
aplicación de la legislación ambiental en la Provincia], los encontró
tirando petróleo en el Río Negro. Como hay un problema delitispendencia,
que significa que nadie más puede hacer una demanda, nosotros iniciamos las
acciones y el juez dictó la medida cautelar, pero Apache no quiere reparar, no
quiere remediar, están demandados hasta la coronilla y ahora resulta que se
van.
-De acuerdo a su experiencia, ¿por qué cree que suceden estos
episodios?
La actividad hidrocarburífera es, por supuesto, una actividad
contaminante. ¿Pero qué sucede? La empresa privada no cumple un servicio
público como una estatal, que no interesa que gane o pierda, sino que está para
satisfacer una determinada necesidad. La empresa privada no, lo hace con un fin
de lucro. [Luego de la privatización del sector] se empezó a sacar petróleo, y
la contaminación la tapaban así nomás, porque ellos querían ganar dinero y
llevarse el dinero que se podía a su país, eso hacía Repsol. Los organismos de
control que deberían haber actuado estaban comprometidos con esta
privatización, porque las empresas que venían a invertir exigían tener el
camino libre, entonces miraban para otro lado. El problema ahora van a ser los
no convencionales; necesitamos la energía, pero habría que pensar una
alternativa con otras tecnologías: la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la
de hidrógeno.
–
*La entrevista a Ricardo Apis fue realizada por Diego Pérez Roig.
*La entrevista a Ricardo Apis fue realizada por Diego Pérez Roig.
Notas:
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/03/18/la-mega-causa-ambiental-en-la-cuenca-neuquina-y-la-negociacion-con-repsol/
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