En Córdoba, el gobierno
rechazó un estudio por una planta de Monsanto
Impacto al estudio de impacto
El estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para
levantar una planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, Córdoba, fue
rechazado por la Secretaría de Ambiente provincial, porque es “insuficiente,
reiterativo y sin profundidad”.
“Se advierten impactos ambientales negativos
relevantes que no fueron contemplados de manera adecuada, o bien no fueron
incorporados. No se consideraron aspectos con impactos severos, críticos o
importantes, notoriamente predecibles para el tipo de actividad y magnitud del
proyecto en cuestión”, cuestiona el dictamen.
En la página tres se refiere a los “subproductos”. Detalla que
Monsanto producirá 247 toneladas diarias de residuos, el equivalente a lo que
provoca por día una ciudad de 250 mil habitantes (en Malvinas Argentinas viven
12 mil personas). El dictamen remarca que Monsanto no brinda precisiones sobre
qué destino les dará a esas 247 toneladas diarias. La evaluación del gobierno
de Córdoba es muy dura en este aspecto: “Ninguna de las propuestas está
respaldada técnicamente y no representan una solución ambiental adecuada para
la magnitud de residuos a disponer o reutilizar como subproducto (...). La
gestión de 250 toneladas por día de residuos del proceso debe ser considerada
como un aspecto crítico”.
También cuestiona la gestión de los residuos
peligrosos. Monsanto “no especifica qué tipo de tratamiento se va a utilizar y
quiénes son los operadores con la tecnología apropiada capaces de darle
tratamiento y disposición final a los residuos peligrosos generados (residuos
resultantes de la utilización de agroquímicos)”.
Sin la aprobación del estudio ambiental, la
compañía no puede construir la planta. “Es una victoria de todos quienes
venimos resistiendo desde hace tiempo, del pueblo organizado, que se sabe
soberano y que ejerce su soberanía”, celebró la Asamblea de Malvinas
Argentinas, pero alertó: “Sabemos que todavía no está todo dicho, pero somos
conscientes de que dimos un paso enorme”. Recordó que Monsanto “no tiene
licencia social” para instalarse y enfocó en la responsabilidad de la
dirigencia política para que den de baja a la planta de semillas.
Monsanto controla el 27 por ciento del mercado mundial de semillas
(y el 86 por ciento de las transgénicas). Comercializó durante décadas el PCB
(utilizado en transformadores eléctricos, denunciado durante años y luego
prohibido por cancerígeno) y es el creador del herbicida glifosato. Anunció la
instalación de su “planta de maíz más grande de Latinoamérica” en junio de 2012
en Malvinas Argentinas, en las afueras de Córdoba capital. La localidad está
rodeada de campos transgénicos y fumigados. De inmediato comenzó a organizarse
la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. En noviembre de
2012, la Asamblea ya exigía que la población pudiera votar para decidir si
deseaban la megaplanta como vecina. El intendente Daniel Arzani (UCR), el
gobernador José Manuel de la Sota y Monsanto siempre rechazaron la posibilidad
de un plebiscito. Hoy, a las 17, la Asamblea de Vecinos se concentrará en la
plaza de Malvinas Argentinas para marchar hacia la sede municipal y reclamar el
cierre del proyecto.
La empresa planifica una mayor producción de
maíz, en parte para la proyectada ampliación en un 56 por ciento del área
sembrada para 2020 (de 3,7 millones de hectáreas a 5,7 millones) y también para
la producción de combustibles mediante el maíz (se planifican veinte nuevas
plantas de agrocombustibles para los próximos años). Adrián Villaplana, gerente
de Asuntos Corporativos de Monsanto, negó que se vayan de Córdoba y anunció que
realizarán un nuevo estudio ambiental “con la rigurosidad técnica que nos
requieren y dando participación a los ciudadanos”.
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