lunes, 31 de julio de 2017

"Necesitamos romper con esa lógica y, conformar una Auditoría Ciudadana Integral para develar, a través de la participación popular, lo que significa el engranaje de la deuda perpetua. El pueblo está de pie…"

Las cadenas de la deuda eterna en Argentina

Durante la Presidencia de Mauricio Macri.
27 de julio de 2017
Por Maria Elena Saludas, Salomé Vuarant
A partir de la asunción del Gobierno de Macri en Argentina, 10 de diciembre de 2015, se produjo un giro importante en la política exterior. La agenda propuesta incluye la incorporación y firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) en todas sus formas. Estamos ante una nueva ofensiva neoliberal con pérdida de soberanía, consolidación de una inserción global subordinada (como productores de materias primas) y, de un modelo productivo con una importante presencia de grandes empresas transnacionales. Con el pretendido “regreso al mundo” de Argentina, a partir del pago a los “Fondos Buitre”, la profundización del endeudamiento se acrecienta día a día.

El ritmo de endeudamiento

El Observatorio de la Deuda de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) estima a mayo de 2017, una deuda de U$S 290.000 millones, partiendo del dato de deuda de la gestión anterior de U$S 235.000 millones (a octubre de 2015), la deuda pública habría aumentado unos U$S 55.000 millones, es decir más del 11% del PIB (23% de crecimiento en 18 meses), siendo este cambio absorbido, en especial, por un incremento en la participación de acreedores privados (en su mayoría extranjeros).
Por otro lado, desde principios de 2016, tomando al Tesoro (en dólares y pesos), más las emisiones en moneda extranjeras provinciales y corporativas la emisión total de títulos de deuda en los mercados ascendió a los U$S 81.972 millones, y hay expectativas de que para el resto del 2017 se continúe tomando deuda de manera abultada (el decreto 334/2017 autoriza emisiones de por lo menos U$S 20.000 millones más en moneda extranjera para este año).

Fuga de capitales

Según datos del citado observatorio, la magnitud de salida de divisas continua muy elevada (en todo concepto). A partir de los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se observa que, tan sólo, en los primeros cuatro meses de este año se han fugado divisas:
En concepto de Formación de Activos Externos (FAE) del Sector Privado no Financiero (SPNF) por U$S 5.650 millones; si se le suman los U$S 9.951 millones fugados bajo ese concepto en el año 2016, entonces se obtiene que desde diciembre de 2015 (fecha asunción de Gobierno de Macri) han salido del país U$S 17.625 millones.
En concepto de Utilidades, Dividendos y Otras Rentas, durante los primeros cuatro meses de 2017, se giraron U$S 465 millones. Si consideramos el período desde inicio de la gestión alcanza los U$S 3.627 millones.
En concepto de Turismo, se calcula una fuga de capitales de U$S 3.294 millones, también, entre enero y abril de 2017. El egreso de divisas total por Turismo desde diciembre de 2015 supera los U$S 10.612 millones.
En concepto de Intereses de la Deuda pagados al extranjero se constata el pago de U$S 1.939 millones para los primeros cuatro meses de este año. La cifra final para la gestión completa de Cambiemos alcanza los U$S 15.583 millones.
Lo que significa que la fuga de divisas al exterior desde inicios del nuevo Gobierno alcanzaría losU$S 47.447 millones.

El pago a los HOLDOUTS

Se les pagó en total la suma de 15.150 millones de dólares hasta comienzos de junio de 2017. Los arreglos han sido secretos, por ese motivo no puede saberse cuánto es el monto real del costo financiero. Sí se sabe que se convino abonar los reclamos en efectivo con fondos que se obtenían de la colocación de nueva deuda externa. Esto autorizado por la mayoría de los legisladores argentinos en el Congreso de la Nación a través de la Ley 27.249 de pago a los Holdouts. Esta Ley, también, permite la emisión de bonos del Tesoro y/o la contratación de otras operaciones de empréstito público por 12.500 millones de dólares ampliando la Ley de Presupuesto 2016.

Queda claro que ese amplio espectro político se niega a la Auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de hacerlo con la Comisión Bicameral  dispuesta por la Ley de Pago Soberano entre 2014 y 2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente la sentencia de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por Alejandro Olmos sobre la deuda en tiempos de la dictadura.
Por otro lado, vale recordar que se suele considerar sólo a los “fondos buitre” como los grandes beneficiarios y especuladores, sin embargo, sin la banca sería imposible la circulación de papeles de la deuda de los diferentes países. Casi 27 millones de dólares se pagaron por comisiones a bancos transnacionales como el: J P Morgan, HSBC, Deustche Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS fueron los encargados de colocar los 15.150 millones de dólares.
Por eso, el Sistema financiero mundial festeja la orientación de los recursos públicos de la Argentina hacia acreedores en default, pero también por una nueva oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis capitalista. El FMI, cabeza del sistema financiero mundial, celebra los acontecimientos y, da las pautas a seguir en materia económica

Deuda por un Siglo.

Se conoció en los últimos días de junio 2017 el anunció del Ministro de Finanzas: “Argentina emitirá bonos en dólares a 100 años de plazo”, con una tasa de interés cercana al 8 por ciento anual. El monto de la nueva emisión de deuda ronda los U$S 3.000 millones. Si bien, representa menos del 1% del monto total de la deuda pública, lo trascendente es que del bono implica reconocer, expresamente, la intención de someterse por un siglo a un sistema de deuda usurario, ilegal e ilegitimo.  No nos es difícil advertir que estamos frente a una deuda impagable, por más siglos y siglos que continuemos pagándola. Respondiendo a las necesidades del capital trasnacional, la Argentina les garantiza una tasa de interés usuraria por el plazo de un siglo. Más allá del nuevo bono centenario, lo que en sí resulta usurario, y por lo tanto perpetuo, es el sistema de la deuda. Si tomamos en cuenta que desde 1982 a la fecha, la Argentina abonó entre 4 y 5 veces el monto original de la deuda contraída por la Dictadura, y que pese a ello la deuda se multiplicó por más de siete, no nos es difícil advertir que estamos frente a una deuda impagable, por más siglos y siglos que continuemos pagándola.

Un “nuevo” Consenso de Washington.

Es probable que el plan de ajuste del gobierno, se acelere después de las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo. Ya lo reconocieron los ministros de Finanzas y Hacienda durante la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada en Washington en abril pasado.
Las medidas, que a continuación detallamos, son parte del paquete que el FMI le indicó a Macri, después que éste decidiese que la economía nacional vuelva a girar en función de las pautas del organismo multilateral para la obtención de sus créditos. Los que se destinarán, sobre todo, a compensar los multimillonarios pagos de la nueva deuda externa, que, aceleradamente, se está contrayendo. Somos conscientes, que estas medidas o recomendaciones del FMI son las que condujeron a la Argentina, como a otros países de la región y el mundo, a la quiebra, la pobreza y los estallidos sociales.
Una de las recomendaciones de funcionarios del FMI es una reducción estructural del empleo público. Este plan ya está en ejecución desde hace un año, a cumplir hasta diciembre de 2019. El “paquete”, también, comprende: (…)

CIADI

Si bien el Gobierno de Macri, pudo deshacerse de los “fondos buitre” más recalcitrantes (patrocinados por el Juez Griesa), aún quedan juicios pendientes de resolución en numerosos tribunales alrededor del mundo -entre ellos: Estados Unidos, países de Europa, y Japón-. Los juicios pendientes no sólo son por demandas por bonos impagos tras el default de 2001, sino también por disputas comerciales en tribunales de arbitraje internacional, como el CIADI, tribunal del Banco Mundial donde se dirimen controversias entre países y empresas. |1|
Recordemos que Argentina aceptó su competencia durante el gobierno de Carlos Menem como parte de una estrategia de inserción internacional. Además, se firmaron 55 Tratados Bilaterales de Inversión. Ese recorrido implicó la cesión de soberanía jurídica ante tribunales internacionales y restringió la capacidad de regulación del Estado.

Fotografía de la Argentina a un año del acuerdo con los “Fondos Buitre”

Los problemas que sufrimos a diario a partir de la consolidación de actual modelo de desarrollo deteriora la vida de la mayoría de la población. Desempleos masivos, flexibilización y precariedad laboral, caída abrupta de los salarios ante la inflación- entre otros factores-, son consecuencia directa de un modelo económico de ajuste estructural, producto, sobre todo, del endeudamiento público.
Entre las medidas regresivas en términos sociales se encuentran los despidos masivos y estancamiento de las negociaciones colectivas del salario; desvalorización de la labor docente atacando a la educación pública y gratuita; vaciamiento de Universidades y de organismos estatales de Investigación, Ciencia y Tecnología; profundización de la matriz extractiva y de la crisis energética a partir del incremento de las tarifas; falta de presupuesto destinado a políticas de género para poner coto a la violencia machista, siendo que en Argentina muere una mujer cada 18 horas a causa de femicidios; vetos sistemáticos a leyes de empresas recuperadas, etc. y etc.
Mientras, defienden a los poderosos cercanos al gobierno y niegan los 30 mil desaparecidos a causa del terrorismo de Estado,aprueban un incremento en el Presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas, para la compra de armamentos. Y se descubren nuevas causas de corrupción y de fraude, como las causas del Correo Argentino, Odebrecht, y Panamá Papers.
Algunos datos que evidencian la situación de Argentina según UNICEF |2| y la UNCTAD |3|

Reflexiones finales

La Argentina durante el terrorismo de Estado fue sobre-endeudada, deliberadamente, respondiendo a una necesidad del capital trasnacional de ubicar sus excedentes en divisas, de una manera ilegal e ilegítima. Ese endeudamiento, muy por encima de nuestra capacidad de pago, generó desde un principio la imposibilidad de siquiera hacer frente a la totalidad de los intereses. En tanto, los intereses impagos se capitalizan (anatocismo) y el capital a su vencimiento se renegocia o refinancia en su totalidad, la deuda se constituye en un sistema usurario y, por lo tanto, impagable.
El sistema de la deuda, en consecuencia, requiere que el deudor se vuelva a endeudar para pagar vieja deuda, y así en un espiral perpetuo. El deudor, cada vez más ahogado por una deuda creciente, se ve sometido, cada vez más a las condiciones que le impone el capital trasnacional como requisito previo a autorizar nueva deuda. Estas condiciones son conocidas por nosotros: la aplicación de las políticas de ajuste estructural (PAE).
En materia de deuda pública no existen grietas entre los gobiernos, sino continuidades, Argentina, sin cuestionar el origen de contracción de deuda, es pagador serial. Necesitamos romper con esa lógica y, conformar una Auditoría Ciudadana Integral para develar, a través de la participación popular, lo que significa el engranaje de la deuda perpetua. El pueblo está de pie…
Sitios webs consultados:

Versión en español de artículo publicado en Revista AVP (en francés)
Notas: (…)
Fuente: http://www.cadtm.org/Las-cadenas-de-la-deuda-eterna-en

II. Historiemos la actual acumulación de poder económico, estatal y mediático de las transnacionales y cuál era el trasfondo del enfrentamiento con la Mesa de Enlace.

No nos patenten la Vida: Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina

Gacetilla de Prensa Buenos Aires, Argentina 4 de Septiembre, 2014.
 
 
Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento. En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo -que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.
 
Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales. A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero -paradigma del extractivismo agrario- continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.
 
Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.
 
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina. Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas. En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias. 
 
El anteproyecto para reformar la ley de semillas 
El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual. En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas. Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra. Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecuen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.
 
Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
 
Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público. En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos. 
 
La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar 
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma. El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras. La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas. Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado. Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera. 
 
 
A modo de conclusión 
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países. En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado. Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza. Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos: 
– No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta. – No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.
– No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.
– Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.
– Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos.
-Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.
– Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.

Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse este proyecto de Ley de Semillas.


Las adhesiones son recibidas en semillabiencomun@gmail.com Firmas: Organizaciones y espacios: Acción Reverdeciente Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA Cultivarte Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina: Agrupación Visión Sostenible – CTA – Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán – Fundación Che Pibe – Grupo de Reflexión Rural (GRR) – Mishkila Alimentos – Red Tacurú – Sopita Ropita- Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria – Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social (UNER) – Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica – Proyecto Sur Pcia. de Bs.As. en Corriente Nacional Emancipación Sur – La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur- Sobre Rieles UnLa – Los Pies en La Tierra – Oro del Inca Cooperativa – Reforestala “Proyecto Compartir” – Colectivo desde el Pie – Bandera Negra UNQ. Red Ecosocialista (MST+Independientes) Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto La Revolución de la Cuchara Argentina Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN)” Individuales: Nora Cortiñas – Mirta Baravalle – Félix Diaz – Miguel Teubal – Norma Giarracca – Jorge E. Rulli – Jorge Falcone – Alejandro Bodart – Vilma Ripoll – Laura Isod – Lucila Díaz Rönner – Patricia Langlais – Maristella Svampa – Miguel Bonasso – Enrique Viale – Soledad Barruti – Eduardo González. Internacionales: Raúl Prada Alcoreza. Grupo Comuna, Bolivia. Fuente: http://nonospatentenlavida.org/

I. Historiemos la actual acumulación de poder económico, estatal y mediático de las transnacionales y cuál era el trasfondo del enfrentamiento con la Mesa de Enlace.

La “sintonía fina” del modelo sojero
Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y
la nueva oligarquía agroindustrial
15 de enero de 2013

Por Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza
Grupo de Reflexión Rural
Después de un primer semestre convulsionado por las oscilaciones de los mercados globales, y aún cuando restan aproximadamente cinco meses para la cosecha de soja transgénica en nuestro país, surgen algunos datos de relevancia en torno a las proyecciones en el corto plazo de la balanza comercial que, si bien permanecerá superavitaria, arrojará considerables disminuciones de aprovisionamiento de divisas por exportación (se estima que ingresarán U$D 4000 millones menos). La crisis del capital internacional, sumado al notable impacto del descenso de la demanda europea y asiática en el mercado de futuros, hace que la cotización de la oleaginosa genéticamente modificada en la Bolsa de Chicago esté muy por debajo de las expectativas proyectadas a principios del año pasado.
En este contexto, la Argentina tomó a lo largo de 2012 una serie de determinaciones en materia de agronegocios cuyas implicancias consideramos alarmantes. La consolidación de un modelo de desarrollo extractivo, agro-minero-exportador, productor de materias primas, destinadas a satisfacer la demanda de los mercados globales, parece ser el objetivo final de todos los planes estratégicos diseñados por el Estado Nacional.
Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) [1]: incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20 millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar la producción de maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7 millones de has.), entre otros objetivos.
Como dato adicional, es importante destacar el PEA2 se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio [2]. Es un dato relevante en términos del análisis del discurso, puesto que la dirigencia oficialista de nuestro país se caracteriza por el uso de una retórica nacional-popular, enérgicamente antineoliberal, crítica del llamado “Consenso de Washington”, condenatoria de las ideologías del libre mercado y de la dependencia de los organismos multilaterales de crédito. No obstante esos discursos, los responsables supranacionales del diseño macroeconómico de los aciagos años del menemismo parecen seguir presentes en las decisiones estratégicas de la alianza actual entre el estado nacional, las corporaciones transnacionales y la nueva oligarquía local.
La discusión en torno a estas cuestiones fundamentales están ausentes del debate político-mediático. Parecería que la llamada realpolitik y el marketing político impusieron estilos de confrontación en los que no prevalecen las formas; ya poco importa si se emplean retóricas de izquierda o de derecha, excepto por aquéllos casos en los que la polarización se presta al uso pragmático de los grupos de poder. Los principales partidos políticos y los grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne al modelo sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.
En este artículo enunciamos una serie de acontecimientos en materia de agronegocios cuya importancia para el modelo de desarrollo impulsado por el Estado Nacional y las corporaciones son decisivos para los años venideros, y que seguramente configurarán nuevos y extraordinarios escenarios de luchas y resistencias sociales.

Bioceres, Gustavo Grobocopatel y la soja resistente a la sequía: la ciencia empresarial como política de estado
En febrero del año pasado, durante una videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba junto al actual Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el descubrimiento de un gen cuya implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a la luz de un convenio público-privado firmado en 2004 entre dicha empresa, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral [3] [4].
Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y cuyo director titular es nada más y nada menos que el llamado “Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.
Durante dicho encuentro, Cristina Fernández de Kirchner consideró que “si se adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo los cultivos de soja se obtendrían unos 2500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña” y que “se trata de uno de los descubrimientos más importantes en términos de mejorar la calidad de las semillas, la producción y lo que va a significar en materia de regalías para el Conicet, para la Universidad del Litoral, para la empresa asociada; además del crecimiento en la producción agrícola del país” [5].
Por su parte el ministro Lino Barañao, expresó que “este caso permite demostrar que hemos instalado en la Argentina algo que es la norma de los países desarrollados: se invierte en investigación, se protege adecuadamente la propiedad intelectual y luego se comercializa a través de canales adecuados para que ese rédito se efectivice. También me parece importante destacar que la seguridad alimentaria, es decir, la seguridad de provisión de alimentos, es tal vez el mayor desafío que tendrá la humanidad en las próximas décadas”.  
Con un financiamiento de $3.750.352 aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en 2008 (según consta en la resolución Nº 034/2008 del Programa Áreas Estratégicas) [6] , dicho proyecto “logró el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (el ya patentado gen HAHB-4) cuya función estaba relacionada con la respuesta natural de la planta a condiciones de estrés abiótico, tales como sequía y salinidad. Según concluyeron, el incremento de la productividad de esta nueva tecnología oscilará entre el 10% y el 100% dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar donde se produzca así como también de los factores climáticos”. Todo parece indicar que, además de permitir sortear eventualidades climáticas, el objetivo último de la introducción de estas nuevas tecnologías apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la megaminería.
Cabe destacar que el patentamiento de dicho descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la titularidad del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo -y en absoluta consonancia con la antigua tradición liberal estado bobo/ empresas prebendarias- se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y explotación durante veinte años.
En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el nacimiento de Verdeca, una joint-venture conformada junto la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización internacional de eventos transgénicos utilizados para la obtención de semillas GM. En su página web ya se pueden apreciar los anuncios de su nueva soja resistente a la sequía, lanzamiento estimado entre los años 2015 y 2017 [7] . En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los próximos cuatro años U$D 20.000.000 para el desarrollo de la tecnología y su introducción en nuestro país y los mercados globales.

Monsanto, el Consejo de las Américas y el poder global: la nueva soja Intacta RR2 PRO, la propiedad intelectual y la nueva fase del agronegocio.
El 14 de junio del año pasado 2012, pocas horas después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo [8]. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company.
Durante el encuentro, la presidenta anunció algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy mantienen en estado de alerta a muchos movimientos sociales de todo el país: la inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2 Pro” [9] -que agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidóteros-; la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los productores-; la importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) y la posibilidad de extender la frontera agropecuaria hacia la Patagonia.  
Tampoco ahorró elogios para el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus casi 900 científicos repatriados. Y repitió una vez más la cantinela favorita de las corporaciones globales de la agroindustria: “la producción de alimentos con métodos tradicionales es insuficiente para alimentar a la humanidad, por lo que se hace fundamental la intervención de la ciencia y la tecnología”. En suma, Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.
Un dato clave respecto de esta reunión: estuvo organizada por una amiga íntima de la presidenta: Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas, territorio del magnate del petróleo y las finanzas David Rockefeller (accionista de Monsanto junto a George Soros y Bill Gates, entre otros) y del tristemente célebre John Negroponte, aquel oscuro diplomático quien en su momento fuera un aliado fundamental del genocida Henry Kissinger para la ejecución de la Operación Cóndor en América Latina [10].
Susan Segal también es consultora de JP Morgan Partners y fue directora de América Latina para Chase Capital Partners. Pero los lazos con el poder económico de la Argentina se estrechan: según consta en su currículum [11] , también fue Directora Titular y Miembro del Comité de Auditoría de CRESUD, una de las empresas del imperio de Eduardo Elsztain, durante los años 2004 y 2006.
Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90, es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de transgénicos. Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas , espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo, nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat [12]. Conforme estos datos, resulta a todas luces comprensible el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner registrara una asistencia casi perfecta a la sede del Council of Americas cada vez que viajó a Nueva York.
Lo curioso es que al día siguiente de aquella reunión en el Council of Americas, en Paraguay tuvo lugar un hecho que desataría un vendaval político: la masacre de Curugauty [13], en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Como se conoció después, este hecho fue aprovechado por la oposición del por entonces ya debilitado presidente Fernando Lugo, quienes no trepidaron en iniciarle un juicio político para destituirlo, algo que lograron transcurridos unos pocos días. Detrás de la trama conspirativa estuvo nada más y nada menos que Monsanto, quienes junto a los sectores del poder local más reaccionario, tales como la Unión de Gremios de Producción (UGP) y el Grupo Zucolillo -socios locales de Cargill y dueños del diario ABC-, iniciaron una intensa campaña de lobby pro transgénicos, tras verse impedidos por los organismos sanitarios del Estado para imponer nuevas semillas de algodón genéticamente modificado. Lamentablemente, ni siquiera este golpe mediático-institucional logró hacer mella en la sensibilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, quien a su regreso de Nueva York, se solidarizó con Fernando Lugo y junto a sus pares de la UNASUR repudió el “golpe de Estado” en el Paraguay luego de haber estado reunida con la corporación transnacional que lo propiciara.
Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda generación” anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos miembros del gabinete del presidente Barack Obama [14].

A modo de conclusión
El brutal proceso de sojización inaugurado en la Argentina a mediados de la década del ’90, evidencia una de las continuidades más palmarias de los llamados modelos de desarrollo: tanto el neoliberalismo como el actual neodesarrollismo de base extractiva, comparten los mismos presupuestos en términos de acumulación del capital, basada en el despojo de los bienes comunes. Estas intersecciones políticas, puestas de relieve, demuestran que, visto desde las lógicas de la modernidad, no necesariamente existe un antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y progresismo.
Desde la aprobación ejecutada por el menemismo en 1996 de la soja RR (Round Up Ready) de Monsanto hasta la aprobación de la soja “Intacta RR2 Pro” ejecutada por el kirchnerismo, transcurrieron casi dieciséis años en los que la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció prácticamente en un 5000%, pasando de 370 mil hectáreas en 1996 a los 20 millones de hectáreas en la actualidad , lo que representa prácticamente dos tercios de la superficie cultivada total de la Argentina. A esto debe agregarse el colosal abuso de la tecnología química: durante el 2012 se utilizaron más de 300 millones de litros agrotóxicos.
El tutelaje estatal del excedente es fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el neoliberalismo y el progresismo: el uso de la agrobiotecnología se justifica por la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor producción le sigue una mayor recaudación. Así, las previsiones económicas indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones de dólares en concepto de retenciones (casi el 10% de la recaudación total).
La Argentina, largamente gobernada por una dirigencia que mixtura progresismo setentista y neoliberalismo reciclado, consolida de esta forma su estatus de “Republiqueta Sojera”, metáfora que alude a una de las facetas más perversas del modelo extractivo y neocolonial en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales, aliados a los fanáticos, tanto públicos como privados, de la ciencia y de la tecnología. Una agricultura desnaturalizada y deshumanizada; una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad.
Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente hacinamiento en las periferias urbanas asistencializadas, no forman parte de las preocupaciones gubernamentales, son justificadas por “razones de estado” y configuran la contracara del jactancioso “modelo de crecimiento económico con inclusión social” machacado por el poder comunicacional del kirchnerismo.
Los procesos político-económicos que se profundizan en torno al modelo de los agronegocios, sumado a la creciente subordinación de las políticas de estado hacia los objetivos económicos de las corporaciones transnacionales y las necesidades de los mercados globales, se distancian de manera abrupta de las retóricas épicas que, ilegítimamente, pretenden activar el imaginario social de la tradición nacional y popular. Una mirada congruente con las complejidades propias de la historia reciente de la Argentina , observaría con facilidad la tensión que existe entre la base material y el universo simbólico-ideológico del actual proceso político, tensión que, sin dudas, el progresismo oficial ha sabido capitalizar en términos proselitistas: apropiarse de retóricas que apelan a la memoria de las resistencias de nuestros pueblos para resignificarlas y reconvertirlas en herramientas de dominación simbólica al servicio del capitalismo global.
La resignación y la capitulación de ciertos sectores progresistas y/o de izquierdas (intelectuales, funcionarios, sindicalistas, etc.), cuando no el posibilismo y la creencia en la gradualidad, dieron lugar a una legitimación del actual proceso de recolonización cuya contribución al confuso maremágnum conceptual de nuestra época resulta crucial. Es por ello que en ciertos “relatos” progresistas y hasta de izquierdas, se encuentran disparatadas interpretaciones históricas en procura de justificar nuestro triste rol neocolonial de apéndice agro-minero-exportador impuesto por la globalización.
Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza nos proponen al finalizar el documento:

Tenemos que salir de la encerrona racional, urbana e industrial periférica que nos propone la globalización. Necesitamos desactivar a sus portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.
Es por ello que necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo.
Luchamos por retomar el derrotero americano del arraigo y recuperar la dimensión sagrada del territorio, el alimento y la vida en comunidad. En suma: asumir el destino cósmico que nos une a la Madre Tierra.  
"Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. ¿Para qué? Pues para que desde aquí recién pensemos la necesidad o falta de necesidad de las revoluciones, o quizás un mundo auténtico donde una revolución podría ser inútil por estar ya todos nosotros desde siempre en ella, pero en toda su profundidad, con toda nuestra plenitud americana" (Rodolfo Kusch) [15].

“Nos plantea un frente de todos los anticapitalistas para unificar y coordinar todas las luchas sociales elevando al mismo tiempo el nivel de conciencia y de organización de obreros, campesinos, campesinos-indígenas más allá de las etnias respectivas y de los regionalismos y unificando así de hecho al país de los explotados contra el puñado de explotadores que componen la oligarquía que es agente local del imperialismo”.

La voz de la vocera
31 de julio de 2017

Por Guillermo Almeyra (Rebelión)
María de Jesús Patricio Martínez (“Marichuy”), vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) concedió recientemente una entrevista a los compañeros de las Juntas Universitarias de Defensa quienes difundieron sus palabras.
Como se sabe, hasta ahora Marichuy no registró su candidatura ante la Justicia Electoral y la utiliza para hacer propaganda de los objetivos del CIG y para organizar detrás de los mismos a los indígenas y trabajadores de México. No compite pues con Andrés Manuel López Obrador por el sillón presidencial, al que no aspira, y ayuda en cambio a incorporar la vida ciudadana a cientos de miles de personas que –si no existiese esa candidaturasui generis del CNI y del EZLN- en el mejor de los casos habrían votado en blanco o anulado su voto y, en el peor, habrían abandonado sus derechos electorales absteniéndose o vendiendo su voto al mejor postor.

¿Qué les dijo Marichuy a los jóvenes universitarios que la entrevistaron? Nada nuevo pero sí algo muy importante que sólo las agrupaciones de izquierda anticapitalista (la Organización Política de los Trabajadores-OPT- y organizaciones revolucionarias como el PRT y otras) vienen sosteniendo y que desmiente contundentemente a quienes acusan a la indígena nahua candidata-organizadora de fomentar un fundamentalismo indigenista que excluiría a la mayoría mestiza de los trabajadores mexicanos de la acción política del CIG y del EZLN y que opondría al racismo de los opresores un racismo de los indígenas oprimidos, los cuales rechazan todo racismo.
Para Marichuy, según la entrevista, la lucha del CIG es la de todos los trabajadores y todos los revolucionarios y no sólo la de los pueblos indígenas, por las reivindicaciones de cada una de las etnias agrupadas en el CIG y de las más generales, reconocidas en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Esto implica la participación en la campaña organizativa y propagandística del CIG-EZLN de las organizaciones anticapitalistas antes mencionadas (y de otras similares) y la transformación de la campaña de Marichuy en algo que supera en mucho las elecciones de 2018 pues plantea un frente de todos los anticapitalistas para unificar y coordinar todas las luchas sociales elevando al mismo tiempo el nivel de conciencia y de organización de obreros, campesinos, campesinos-indígenas más allá de las etnias respectivas y de los regionalismos y unificando así de hecho al país de los explotados contra el puñado de explotadores que componen la oligarquía que es agente local del imperialismo.

Esa posición implica construir poder y conciencia independiente a nivel de masas en cada conflicto local, sindical, popular, campesino y con motivo de cada acontecimiento importante desde el punto de vista de la defensa de la independencia nacional amenazada.

AMLO cuenta con la simpatía electoral de millones de personas que, una vez más, verán cómo les roban un triunfo electoral pues es evidente que la oligarquía gobernante, como se vio en el Estado de México, jamás entregará el gobierno a quienes considera peligrosos aventureros advenedizos.

Una campaña real y enérgica de los anticapitalistas sería fundamental para evitar la decepción y desmoralización de esos millones de trabajadores que creen en AMLO y en la vía electoral. Al mismo tiempo, una campaña anticapitalista de masas podría dar un centro a los millones de trabajadores de todo tipo hoy sometidos al racismo y la discriminación en Estados Unidos.
Una candidatura anticapitalista de frente único tendría mucho mayor peso que un esfuerzo exclusivamente indígena del CIG en la conciencia de los más honestos y combativos militantes de MORENA y sería fundamental para la unidad entre campo y ciudades y las diferentes regiones que, por primera vez, construiría sobre esas bases la unidad de los diversos Méxicos existentes.
Si Marichuy Patricio retomase el camino que inició Rosario Ibarra de Piedra, anticapitalista y defensora incansable de los derechos humanos, podría encauzar la protesta de las mujeres de México contra las violencias, la discriminación y los asesinatos cotidianos, que de hecho está contra el sistema, uniéndola con las de quienes conscientemente luchan contra él en otros campos, elevando a un nivel superior la lucha, importante pero limitada, de muchos ecologistas que creen todavía en un capitalismo respetuoso de la gente y de la Naturaleza.
La fusión entre la campaña indígena y del EZLN y los anticapitalistas de la izquierda revolucionaria y obrera permitiría disolver las dudas que existen incluso entre los simpatizantes de la lucha del CIG y de Marichuy sobre el contenido real del anticapitalismo, hasta ahora sobe todo declarativo, de una campaña que hasta ahora no aparece en la vida cotidiana de los trabajadores, a los que el electoralismo de los partidos procapitalistas aturde.

Esas dudas, dicho sea de paso, son abonadas también por la presencia en los actos neozapatistas de un puñado de personas con enormes retratos de Stalin, aliado clave y conservador del capitalismo mundial, enterrador del partido de Lenin y de la revolución rusa, jefe de un régimen autoritario y dictatorial que abrió el camino al derrumbe de la Unión Soviética y a su transformación actual en el imperialismo de Putin. Esos retratos de Stalin hacen propaganda a la represión de las ideas anticapitalistas, a la destrucción autoritaria de la agricultura campesina, al reino de la policía y de la escasez, o sea, a lo que es la antípoda de lo que desean los simpatizantes del EZLN y los que en el CIG aceptan el anticapitalismo.

Si las declaraciones de la vocera Marichuy fuesen apoyadas y confirmadas también por el EZLN y por el CIG ganarían mucha fuerza y podrían cambiar la situación política mexicana.

Despedimos a julio, "un mes revolucionario y de declaraciones de independencia, como en Argentina, Colombia, Perú o Venezuela. Un mes de revoluciones sonadas, como en Estados Unidos el 4 de julio, en Francia la toma de la Bastilla, la Revolución Sandinista o un 26 de julio en Cuba".

Revoluciones de julio
31 de julio de 2017

Por Víctor Arrogante (Rebelión)
Julio ha sido un mes revolucionario y de declaraciones de independencia, como en Argentina, Colombia, Perú o Venezuela. Un mes de revoluciones sonadas, como en Estados Unidos el 4 de julio, en Francia la toma de la Bastilla, la Revolución Sandinista o un 26 de julio en Cuba. Sin ánimo de sentar cátedra, que ni se ni puedo, me voy a referir, en unos cortos apuntes, a algunos de estos acontecimientos.
La Bastilla era una fortaleza símbolo de la autoridad arbitraria de la monarquía absoluta y que Richelieu convirtió en prisión del Estado. Albergó a presos ilustres como el escritor Voltaire, el marqués de Sade o Diderot. El 14 de julio de 1789, miles de trabajadores parisinos armados, tomaron el lúgubre edificio. Fue el primer paso hacia la Revolución francesa, que ya no se detendría hasta acabar con la monarquía francesa y llevar a Luis XVI y a su familia a la guillotina. Según Edward Regby, esta Revolución sea «la más notable que se haya llevado a cabo en la sociedad humana». El pueblo, grande y sabio, condujo la lucha por los derechos y la liberad de la humanidad.
Una revolución no termina en el momento que se produce. Tanto antes como después, el salto revolucionario se apoya y se encuadra en un proceso histórico-material-social. En una concepción marxista, la revolución es entendida como proceso histórico dentro de un proceso históricogeneral que la prepara, que se lleva a cabo con la vista puesta en los valores que deben primar, que deben recoger los que la humanidad ha ido alumbrado en su historia. En el pensamiento marxista de la revolución no hay cortes ni comienzos radicales sin intervención, consciente y voluntaria, del sujeto social, que tiene que asumir la problemática del cambio social y llevar a cabo las acciones concretas.
Esto ocurrió en la mayoría de los procesos revolucionarios, que llevaron a la independencia en Latinoamérica. Karl Marx tenía una visión idealizada de las revoluciones. Las llamó «parteras de la historia», por considerarlas eventos en que fuerzas nuevas rompían los moldes obsoletos que las aprisionaban, alumbrando sistemas políticos nuevos y superiores. La revolución americana, que dio lugar al Día de la Independencia del 4 de julio de 1776, fue profunda, impactante y duradera.
La revolución americana, vino a romper con el autoritarismo de la monarquía inglesa. Estados Unidos, al lograr la independencia, se convirtió en la primera república democrática representativa de la historia de la humanidad. La Declaración de independencia se entiende como un antecedente de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, lograda tras la revolución francesa de 1789, que recogía las pretensiones democráticas anheladas durante siglos por los sectores más progresistas. La república democrática representativa se sustentaba en los dos pilares básicos de toda democracia: el sufragio universal y secreto y la libertad de prensa. Abraham Lincoln bautizó al nuevo sistema como «El poder del pueblo, para el pueblo, y por el pueblo».
En Colombia, nadie sabía exactamente qué iba a pasar aquel 20 de julio de 1810, pero en el ambiente algo se respiraba. Fue un viernes, día de mercado y el pueblo en las calles de Santa Fe. Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a apedrear vidrieras y a forzar las puertas del palacio. El Virrey, las autoridades militares y los españoles, contemplaron perplejos el súbito y violento despertar del pueblo. Acevedo Gómez, uno de los jefes de la oligarquía criolla, reunió al Cabildo y constituyó una Junta de Gobierno que sustituiría al virreinato. Se firmó el Acta de Independencia, que daba la soberanía al pueblo, arrebatándosela al «augusto y desgraciado Monarca Don Fernando VII» El 20 de julio, el movimiento bogotano, local, definía lo que iba a ser el territorio de la Nueva Granada. (Germán Mejía).
La declaración de la Independencia del Perú, representa uno de los hechos importantes en la historia de América por la liberación del yugo español. Lima vivía una gran escasez de alimentos y la población reclamaba la presencia del libertador argentino José de San Martín, que ya había conseguido la independencia de Argentina y Chile. Aquel 28 de julio de 1821, amaneció lluvioso y templado. En la Plaza de Armas, dieciséis mil personas escuchaban la proclama de San Martín, que mostrando la bandera de Perú, proclamó: «Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa». ¡Viva la Patria!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva la independencia!. Quedaba declarada una nueva nación, emancipada y libre.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional, (por César Augusto Sandino, héroe de la resistencia nicaragüense contra la ocupación norteamericana entre 1927-1933), desde un principio se manifestó contra la dictadura de la familia Somoza, contra la influencia norteamericana y a favor de establecer un régimen socialista. Sus tácticas guerrilleras desencadenaron brutales y sangrientas represalias por parte de la Guardia Nacional. Bajo el liderazgo de Daniel y Humberto Ortega, que encabezan la revolución, derrocaron a la dictadura el 19 julio de 1979.
La Revolución Sandinista, provocó cambios profundos y duraderos en Nicaragua. En un principio se confiscaron las enormes posesiones de los Somoza y se nacionalizaron las principales industrias, aunque no se aplicó una política de economía centralizada de estilo soviético. Los nuevos gobernantes trataron de introducir cambios políticos, sociales y económicos. El nivel de analfabetismo se redujo significativamente y los grupos marginados, mujeres, jóvenes y población rural comenzaron a participa más activamente. El principal problema con el que se toparon fue la Contra, ejército guerrillero armado y subvencionado por la administración de Ronald Reagan. En 1990, los sandinistas perdieron el poder en unas elecciones libres.
El 26 de julio de 1953, fuerzas del Ejército Rebelde, encabezadas por Fidel Castro Ruz, asaltaron los cuarteles de Moncada, en Santiago, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. El ataque marcó el inicio de la liberación que se hizo realidad el primero de enero de 1959. Un centenar de jóvenes, irrumpió en el cuartel para levantar el espíritu de rebeldía nacional y encendía la antorcha revolucionaria. La revolución puso fin a la dictadura de Fulgencio Batista, que había llegado al poder en 1952 por un golpe de Estado, con el apoyo del Ejército, el imperialismo y la burguesía. Cuba vivía en la degradación social producto de la dominación imperialista y la Habana era un gran burdel donde se divertían los norteamericanos y hacía grandes negocios la mafia.
Entre los principales logros de la revolución cubana, destacan los beneficios en áreas como salud, deporte, cultura y educación. Es el único país latinoamericano sin desnutrición infantil, con la esperanza de vida más alta de América Latina, con una escolarización del cien por ciento, ningún niño viviendo en la calle y con acceso universal al sistema de salud. Todo, pese al bloqueo que sufre la isla por EEUU. Poner fin al bloqueo es poner fin a la crueldad, porque es injusto y viola los derechos humanos. El bloqueo contraviene el principio de igualdad soberana, principio de no intervención y principio de independencia. Además es inmoral porque lo sufre el pueblo cubano. Solo los cubanos que viven en la isla, deben ser los llamados a reclamar cambios radicales o modestos. Obama intentó la apertura y Trump vuelve frustrar.
El 5 de julio de 1811, el Congreso de Venezuela declaró su separación de España, mediante el Acta de la Declaración de la Independencia, que establecía la igualdad de sus habitantes, la abolición de la censura y la libertad de expresión. Se consagraba el principio constitucional y se opuso a prácticas políticas, sociales y culturales impuestas por el Imperio español durante 300 años. Hubo guerras por la independencia. En la Batalla de Carabobo, el Ejército Republicano, al mando de Simón Bolívar, logró vencer al Ejército español. Con estos acontecimientos, creció el espíritu de independencia en América del Sur, bajo el liderazgo militar y político de Simón Bolívar. Hoy, otra suerte de revolución sufre el pueblo venezolano; veremos como termina.
Con las revoluciones pasa como con la lluvia, que no llueve a gusto de todos y debería. En España también tuvimos la nuestra rebelión, con el golpe de Estado fascista, que provocó una guerra de tres años y estableció una dictadura de cuarenta; que asesinó y enterró en fosas comunes, cunetas, caminos o en las tapias de los cementerios; rompió la convivencia, usurpó derechos, eliminó libertades y reprimió los derechos humanos.
@caval00

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229726