Recordemos en 2004:"el Gobierno de Néstor Kirchner se inscribe en la idea de que sólo es posible dar respuestas eficientes a los problemas de seguridad ciudadana limitando garantías constitucionales e intensificando el poder punitivo. En esta línea se advierten medidas tales como la saturación de fuerzas de seguridad, la limitación de garantías constitucionales mediante procesos sumarísimos o la consolidación de la prisión preventiva como pena anticipada"

En la presentación del Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007, el lunes 19 de abril de 2004, el Gobierno nacional sostuvo que el Plan no estaba "cerrado" y manifestó su intención de recibir aportes de la sociedad civil. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rescata esta predisposición del Gobierno y en una reunión celebrada ese mismo día con el Jefe de Gabinete y con el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se comprometió a participar activamente realizando observaciones a las medidas impulsadas. Mediante el presente documento, el CELS responde a la convocatoria del Poder Ejecutivo, formulando una serie de observaciones al Plan de Justicia y Seguridad presentado a la sociedad. LOS CUATRO ASPECTOS MÁS NEGATIVOS DEL PLAN En líneas generales, el CELS entiende que la orientación del Plan es incorrecta, que muchas de las propuestas impulsadas no son idóneas para solucionar el problema de la seguridad ciudadana y que la implementación de algunas de las medidas puede provocar un agravamiento de la situación de violaciones de derechos humanos.

1. El Plan mantiene la dicotomía entre eficiencia y garantías El Plan presentado por el Gobierno se inscribe en la idea de que sólo es posible dar respuestas eficientes a los problemas de seguridad ciudadana limitando garantías constitucionales e intensificando el poder punitivo. En esta línea se advierten medidas tales como la saturación de fuerzas de seguridad, la limitación de garantías constitucionales mediante procesos sumarísimos o la consolidación de la prisión preventiva como pena anticipada. Advertimos, con preocupación, que las medidas de reforma legislativa propuestas se dirigen en su mayoría al aumento de penas y al incremento de la respuesta represiva. Aún más, lejos de impulsar una “mirada” alternativa a la del Congreso Nacional, el Plan sostiene que las recientes reformas penales impulsadas por los legisladores lo complementan. De este modo, termina por consolidar la respuesta irresponsable, demagógica y espasmódica del Congreso a partir de la cual sancionó, y tiene a estudio, leyes que se inscriben en la concepción más autoritaria del derecho penal. 

2. El Plan concibe como única respuesta a la seguridad la represión del delito Si bien el Plan pretende ser integral, incluyendo por ejemplo medidas tendientes a garantizar el derecho a la educación de los jóvenes, sigue atado a concepciones restrictivas, que únicamente conciben el problema de la seguridad ciudadana desde la óptica penal. Como consecuencia de esta orientación del Plan, ha quedado en un segundo plano el desarrollo de políticas sociales como una de las dimensiones a tener en cuenta al diseñar políticas de seguridad integrales. Se mantiene el abordaje tradicional del problema, impulsando medidas claramente desequilibradas en un sentido punitivo(…) Leer