¿A
quién le regala tierras el Estado?
4 de septiembre de 2020
Las tomas de tierra están en el
foco de las noticias y funcionarios del gobierno expresaron públicamente su
posición al afirmar que el Estado debe desalojar cualquier intento de tomas por
parte de gente que necesita “una tierra para vivir”. Desde los medios de
comunicación intentan construir un perfil del tomador de tierras: inmigrante y
beneficiario de asignaciones sociales, como atributos negativos, para generar
consensos que habiliten la represión y el desalojo. Sin embargo, el Estado cede
tierras fiscales a instituciones como la Iglesia Católica,
que son usados para su propio beneficio. “Estamos permitiendo que un estado
extranjero (Vaticano) se lleve al menos 400 mil metros cuadrados por año de
tierras y propiedades públicas. De las cuales rara vez paga los impuestos, los
cuales le son condonados por diversos municipios, lo que significa un tipo de
subvención indirecta multimillonaria”, sostenía en 2015 Fernando Lozada, ateo
activista y director de la Asociación Internacional del LibrePensamiento,
organización internacional que lucha por la separación absoluta de las iglesias
y los Estados.
Por ANRed.
“Vinieron.
Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron:
«Cierren los ojos y recen». Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y
nosotros teníamos la Biblia.”
Eduardo
Galeano
“El Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay
gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”,
dijo el presidente de la Cámara de diputados Sergio Massa. En sintonía, el ministro de Seguridad de
la provincia de Buenos Aires Sergio
Berni publicaba un video de campaña llamando a respetar la “propiedad
privada” .
En los medios de comunicación cobra
interés el tema y se evidencia la avanzada política de sectores reaccionarios
representados en la oposición pero también dentro del propio gobierno.
“No podemos tener una mirada contemplativa
con aquellos que utilizan las necesidad de la gente para llevar adelante sus
negocios inescrupulosos. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras
y viviendas”, expresaba
el comunicado que firmaron 14 intendentes del Conurbano, exigiendo firmeza
al gobierno nacional en relación a las tomas de tierra.
Sin embargo, cuando el Estado regala
tierras a instituciones como la Iglesia Católica, rara vez estas cesiones cobran
estado público ni son sujetas a críticas ni pedidos de desalojo.
Fernando Lozada es ateo activista y director de la Asociación Internacional del LibrePensamiento, organización
internacional que lucha por la separación absoluta de las iglesias y los
estados. En el 2015 participó como orador en Audiencia pública en la
Legislatura de la CABA exigiendo el “No
a la entrega de tierras públicas a la Iglesia Católica”.
Compartimos extractos de su intervención:
“Ya hace unos años que nuestros
legisladores nacionales han visto la necesidad de poner un límite a la
extranjerización de la tierra por cuestiones de soberanía y seguridad nacional.
El primer paso fue establecer un régimen de Protección al Dominio Nacional
sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales y sobre zonas de
seguridad. Respecto al ejido urbano aún no hay normativa vigente y ahí la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) es la segunda más grande propietaria
después del Estado Argentino.
Todas las instituciones de la ICAR son
propiedad del Vaticano según el Código de derecho Canónico, libro V, de los
bienes temporales de la iglesia (Cann. 1254 – 1268), además el nuevo Código
Civil, establece que las personas jurídicas de carácter público se regirán por
sus propia normativa. Es decir que para
nuestra legislación todo lo que posee el clero apostólico romano en Argentina
es propiedad de ese estado extranjero y teocrático. La ICAR
posee incluso la tenencia de propiedades estratégicas dentro de entidades
estatales, por ejemplo dentro de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de
Seguridad.
La ICAR sigue acumulando propiedades a
pesar de que se encuentra hace mucho tiempo en proceso de contracción, el
porcentaje de católicos cayó un 15%, al pasar del 90,48% que alcanzaba en 1960
al 76,5% en el 2008, la tendencia se sostiene hasta la actualidad y la cantidad
de practicantes no alcanza a representar al 20% del total de fieles. Es decir
que quienes utilizan los templos periódicamente son apenas un 15 % de la
población.
Sin embargo, una iglesia cada vez menos
numerosa en fieles y funcionarios, recibe cada vez más del erario público. Actualmente solo la ICAR es sistemáticamente
financiada por el Estado argentino. Esto se hace por medio de
diferentes mecanismos e instituciones estatales. Desde la última dictadura
cívica-militar-eclesiástica, por medio de decretos ley aún vigentes, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto garantiza que la Conferencia
Episcopal Argentina reciba partidas anuales para:
remuneraciones y pensiones de obispos, arzbispos y auxiliares; sueldos a curas
párrocos de frontera; viáticos a toda la curia dentro y fuera del país y becas
a seminaristas. Aunque la suma es significativa en valores absolutos esto solo
representa una pequeña porción de todo lo que recibe ese culto del erario
público. A la mayoría de las escuelas que posee y gestiona la ICAR, se le
otorgan subsidios cercanos a cubrir el 100% de los sueldos de sus docentes,
este ítem representa prácticamente la mitad de todo el financiamiento estatal
del culto.
Cáritas recibe por decretos de los
diferentes ejecutivos y por ordenanzas o leyes de los legislativos, donaciones
millonarias, siendo la función de contralor del Estado para verificar su
efectivo destino, totalmente nula.
Como ejemplo también podemos citar que un tercio del presupuesto del SEDRONAR
se destina a la pastoral de la ICAR”.
En cuanto a las propiedades que el Estado
cede a la Iglesia
Lozada explica: “existen 5.493 parroquias, cientos de
edificios administrativos y escuelas católicas y propiedades comerciales. Casi
nada fue comprado, proviene de la época colonial o donado por el estado.
En diferentes municipios que tienen su
digesto digitalizado encontré que
todos realizan periódicamente cesiones a título gratuito o donaciones de
propiedades fiscales a la ICAR, algunos ejemplos:
Ciudad de Córdoba: 9 propiedades en los
últimos 20 años.
Santa Fe: 10 propiedades en los últimos 20
años.
Mar del Plata: 24 propiedades en los
últimos 30 años.
La Plata: 18 propiedades en los últimos 30
años.
Bahía Blanca: 12 propiedades en los
últimos 20 años.
Salta: 7 propiedades en los últimos 30
años.
Catamarca: 16 propiedades en los últimos
30 años.
En el 2015, el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires pretendió regalar a la Iglesia de una sola vez lo que otros
municipios han hecho en 30 años. La ciudad no tenía antecedentes de donaciones
de este tipo al clero.
Sacando una cuenta burda y de mínima,
tenemos que se regala a la ICAR un
terreno cada dos años por Municipio, hay unos 2100 municipios.
Esto quiere decir que estamos permitiendo que un estado extranjero se lleve al
menos 400 mil metros cuadrados por año de tierras y propiedades públicas. De
las cuales rara vez paga los impuestos, los cuales le son condonados por
diversos municipios, lo que significa un tipo de subvención indirecta
multimillonaria”.
Finalmente, y a pesar de las
intervenciones, el Gobierno de la Ciudad regaló 14 propiedades a la Iglesia
católica, extranjerizando territorio que podría significar la solución habitacional
para miles de personas que necesitan un lugar dónde vivir”.
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