I. Si conciliamos con los poderes opresores estamos volviendo espaldas a cómo acumulan riquezas y nos expulsan:

EL LOBBY DEL FUEGO

 Sojeros, mineras y desarrolladores inmobiliarios

vs. Ley de Humedales

6 de septiembre de 2020

Por Noelia Barral Grigera

En las filas de Juntos por el Cambio también hay señalados por el fuego. El diputado provincial Juan Passaglia, hermano del intendente macrista de San Nicolás, es dueño de 877 hectáreas dedicadas a la ganadería en el Delta del Paraná, adonde los incendios intencionales generaron preocupación y una densa cortina de humo que subió hasta Rosario y bajó hasta la Ciudad de Buenos Aires. Según el portal nicoleño NOBA, esa información consta en su declaración jurada.

De aprobarse la Ley de Humedales, quienes hoy producen en esas tierras deberán modificar algunas de sus formas de trabajo e invertir en estudios ambientales e hidráulicos, además de (en algunos casos de producción ganadera) reducir la escala o pagar la restauración de las áreas que afecten. Quienes utilizan el fuego como herramienta para preparar sus campos y afectan así a los humedales deberán dejar de hacerlo o enfrentarán la posibilidad de terminar en la cárcel. El proyecto de Grosso establece penas de cinco a diez años y multas para quienes incendien intencionalmente un área protegida.

De aprobarse, la ley aumentará la presión sobre el Poder Judicial, que ante los incendios intencionales no hace más que remolonear. En Córdoba fue esporádica la actuación de la Justicia en las 208 veces que, en los últimos cuatro años, se quemaron las dos mismas estancias de la familia Becerra en la reserva hídrica de Pampa de Achala, pegadita al Parque Nacional Quebrada del Condorito en traslasierra. Doscientos ocho incendios intencionales en cuatro años. El número es así de preciso no porque algún fiscal haya investigado, sino porque el intendente del Parque Nacional, Germán Jaacks, contó y anotó cada uno de los incendios entre 2015 y 2019. Apagar sólo uno de esos fuegos le demandó más de dos millones de pesos a la provincia de Córdoba, calculó Jaacks, que monitorea el tema de cerca porque cuando las llamas exceden a los campos y llegan al Parque Nacional pueden provocar daños irreparables.

No en todas las provincias el Poder Judicial actúa tan somnoliento. El Juzgado Federal 2 de Paraná imputó en las últimas semanas al empresario Rufino Pablo Baggio (de la empresa de los jugos homónimos) por los incendios en el Delta de este año. Junto a él, otros veinte hombres y mujeres de negocios están siendo investigados por incendio intencional y entorpecimiento del transporte, ya que el humo obligó a cerrar caminos y puentes, como el que une Rosario y Victoria.

Pero los incendios no son el único maltrato que sufren los humedales. Los desarrollos inmobiliarios en esos ambientes suelen rellenar áreas, modificar cursos de agua e inundar zonas afectando el entorno para siempre. Es lo que sucedió con el emprendimiento inmobiliario del que participó el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en su Villa Paranacito natal. El Barrio Náutico Sagastume, lanzado en 2010 y construido sobre un bañado, colecta maldiciones y reclamos de los vecinos hasta hoy. Cerca del ex ministro aseguran que Frigerio no tiene ya ningún interés ni en el barrio ni en el trámite de la Ley de Humedales.

Las quejas y denuncias por emprendimientos inmobiliarios similares se multiplican. En 2010, mientras Frigerio lanzaba el Barrio Náutico de Villa Paranacito, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado frenó en el Tigre que gobernaba Sergio Massa el desarrollo urbano Colony Park que había sido lanzado dos años antes. Por esa iniciativa fueron procesados y embargados los hermanos Schwartz, acusados de “estrago”. Para levantar el barrio, que promocionaban como el primero cerrado en una isla del Delta del Tigre, hicieron rellenos de siete metros de altura, desviaron y cerraron cursos de agua, desalojaron a familias que habitaban la zona y modificaron la profundidad de las aguas del área para que yates privados puedan arribar al frustrado barrio. Hoy se multiplican las notas periodísticas sobre el “boliche a cielo abierto” en que se transformó el sector, con yates que llegan y amarran pegados unos a otros, con bebidas, música fuerte y chicos y chicas tomando sol.

Otros barrios construidos sobre humedales tuvieron mejor suerte. Nordelta e Islas del Este en Tigre y Puertos del Lago, El Naudir y El Cantón en Escobar son algunos de los que ya están establecidos.

Una de las primeras batallas de este lobby en contra de la Ley de Humedales fue intentar que la comisión cabecera del proyecto (es decir, el cuerpo que va a conducir el debate sobre el tema) sea la comisión de Agricultura. Es decir, convertir al intento de regular la actividad en esas áreas a un tema esencialmente productivo y en un problema más vinculado al desarrollo agroganadero que a otra cuestión. No prosperó. El debate lo conducirá la comisión de Recursos Naturales. Fue un pequeño primer paso para encauzar la discusión en el Congreso después de que el lobby triunfara en los debates de 2013 y 2016, logrando frenar la ley. Todavía falta mucho para que la tercera sea la vencida.

Fuente: En las filas de Juntos por el Cambio también hay señalados por el fuego. El diputado provincial Juan Passaglia, hermano del intendente macrista de San Nicolás, es dueño de 877 hectáreas dedicadas a la ganadería en el Delta del Paraná, adonde los incendios intencionales generaron preocupación y una densa cortina de humo que subió hasta Rosario y bajó hasta la Ciudad de Buenos Aires. Según el portal nicoleño NOBA, esa información consta en su declaración jurada.

De aprobarse la Ley de Humedales, quienes hoy producen en esas tierras deberán modificar algunas de sus formas de trabajo e invertir en estudios ambientales e hidráulicos, además de (en algunos casos de producción ganadera) reducir la escala o pagar la restauración de las áreas que afecten. Quienes utilizan el fuego como herramienta para preparar sus campos y afectan así a los humedales deberán dejar de hacerlo o enfrentarán la posibilidad de terminar en la cárcel. El proyecto de Grosso establece penas de cinco a diez años y multas para quienes incendien intencionalmente un área protegida.

De aprobarse, la ley aumentará la presión sobre el Poder Judicial, que ante los incendios intencionales no hace más que remolonear. En Córdoba fue esporádica la actuación de la Justicia en las 208 veces que, en los últimos cuatro años, se quemaron las dos mismas estancias de la familia Becerra en la reserva hídrica de Pampa de Achala, pegadita al Parque Nacional Quebrada del Condorito en traslasierra. Doscientos ocho incendios intencionales en cuatro años. El número es así de preciso no porque algún fiscal haya investigado, sino porque el intendente del Parque Nacional, Germán Jaacks, contó y anotó cada uno de los incendios entre 2015 y 2019. Apagar sólo uno de esos fuegos le demandó más de dos millones de pesos a la provincia de Córdoba, calculó Jaacks, que monitorea el tema de cerca porque cuando las llamas exceden a los campos y llegan al Parque Nacional pueden provocar daños irreparables.

No en todas las provincias el Poder Judicial actúa tan somnoliento. El Juzgado Federal 2 de Paraná imputó en las últimas semanas al empresario Rufino Pablo Baggio (de la empresa de los jugos homónimos) por los incendios en el Delta de este año. Junto a él, otros veinte hombres y mujeres de negocios están siendo investigados por incendio intencional y entorpecimiento del transporte, ya que el humo obligó a cerrar caminos y puentes, como el que une Rosario y Victoria.

Pero los incendios no son el único maltrato que sufren los humedales. Los desarrollos inmobiliarios en esos ambientes suelen rellenar áreas, modificar cursos de agua e inundar zonas afectando el entorno para siempre. Es lo que sucedió con el emprendimiento inmobiliario del que participó el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en su Villa Paranacito natal. El Barrio Náutico Sagastume, lanzado en 2010 y construido sobre un bañado, colecta maldiciones y reclamos de los vecinos hasta hoy. Cerca del ex ministro aseguran que Frigerio no tiene ya ningún interés ni en el barrio ni en el trámite de la Ley de Humedales.

Las quejas y denuncias por emprendimientos inmobiliarios similares se multiplican. En 2010, mientras Frigerio lanzaba el Barrio Náutico de Villa Paranacito, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado frenó en el Tigre que gobernaba Sergio Massa el desarrollo urbano Colony Park que había sido lanzado dos años antes. Por esa iniciativa fueron procesados y embargados los hermanos Schwartz, acusados de “estrago”. Para levantar el barrio, que promocionaban como el primero cerrado en una isla del Delta del Tigre, hicieron rellenos de siete metros de altura, desviaron y cerraron cursos de agua, desalojaron a familias que habitaban la zona y modificaron la profundidad de las aguas del área para que yates privados puedan arribar al frustrado barrio. Hoy se multiplican las notas periodísticas sobre el “boliche a cielo abierto” en que se transformó el sector, con yates que llegan y amarran pegados unos a otros, con bebidas, música fuerte y chicos y chicas tomando sol.

Otros barrios construidos sobre humedales tuvieron mejor suerte. Nordelta e Islas del Este en Tigre y Puertos del Lago, El Naudir y El Cantón en Escobar son algunos de los que ya están establecidos.

Una de las primeras batallas de este lobby en contra de la Ley de Humedales fue intentar que la comisión cabecera del proyecto (es decir, el cuerpo que va a conducir el debate sobre el tema) sea la comisión de Agricultura. Es decir, convertir al intento de regular la actividad en esas áreas a un tema esencialmente productivo y en un problema más vinculado al desarrollo agroganadero que a otra cuestión. No prosperó. El debate lo conducirá la comisión de Recursos Naturales. Fue un pequeño primer paso para encauzar la discusión en el Congreso después de que el lobby triunfara en los debates de 2013 y 2016, logrando frenar la ley. Todavía falta mucho para que la tercera sea la vencida.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/el-lobby-del-fuego/