“Podemos elegir libremente a un mentiroso que manejará las palancas de la estructura estatal, y terminado su período no habrá cambiado en mucho. ¿Eso es libertad: ir a votar?”.

Una libertad nada libre

30 de agosto de 2016

Por Marcelo Colussi(Rebelión)

I

Durante los años de la Guerra Fría se hablaba del “mundo libre”, opuesto al ¿mundo de las tinieblas? que quedaba más allá de la “oprobiosa e infame” Cortina de Hierro. El Muro de Berlín fue, quizá, su ícono por excelencia.
La propaganda de Occidente (eufemismo por decir “mundo capitalista”) pregonaba insistentemente que más allá de esa frontera ideológica (¡y militar!) que dividía el mundo, reinaba la más completa falta de libertad y desasosiego, mientras que, por aquí, teníamos el reino de la bonhomía y la prosperidad. Pero más que nada: ¡de la libertad! ¿Alguien se lo habrá creído? Seguramente sí. En eso consiste, justamente, la ideología. El manejo de las mentes no es algo nuevo; el ejercicio del poder va siempre de la mano de ello. “Pan y circo” decían los romanos hace dos mil años; la historia no ha cambiado mucho.

Hoy por hoy asistimos a una compleja y muy bien estructurada tecnología del manejo de las mentalidades colectivas; del circo, dicho en otros términos. De hecho, se habla de una guerra de cuarta generación, término acuñado por el estratega militar estadounidense William Lind en 1989 para referirse a este tipo de lucha donde no hay un enfrentamiento directo entre dos cuerpos combatientes regulares, sino que se trata de dominar al oponente por medio de todo tipo de ardid, entrando allí el manejo de lo mediático, de la psicología colectiva, de la verdad. En otras palabras, se retoma aquella máxima de los nazis de “Una mentira repetida mil veces termina haciéndose una verdad”. En la guerra la primera víctima es la verdad, se ha dicho. No caben dudas que la guerra social sigue, aunque nos habían dicho que las luchas de clases ya habían terminado (aunque nunca nos dijeron exactamente cuándo y de qué modo).

En ese marco de mentiras bien urdidas, se nos dijo hasta el cansancio que nosotros éramos el “mundo libre”. Ahora el mundo ya no está dividido en estos dos grandes bloques. El socialismo murió (o, al menos, eso es lo que se nos dice). ¿Viviremos todos, entonces, en el reino de la libertad? Bueno, quedan islas de oprobio aún, según se nos sigue diciendo. Cuba y Corea del Norte, por ejemplo. Pero nosotros nos podemos dar por contentos porque estamos del lado de la libertad.
II
Un niño de nueve años me preguntó los otros días qué es la libertad. ¡Pregunta por demás difícil de responder! ¿Cómo explicarlo convincentemente? Se me vino a la imaginación esto del mundo dividido en los “libres” y los “no libres”. ¿Esclavos habría que decir, con mayor precisión? Siguiendo esa lógica, si somos libres, obviamente no somos esclavos.
Pero ahí empezaron los problemas: vivimos en países libres, pero ¿libres de qué? De poder elegir, pensé rápidamente. ¿Elegir qué? Si es a las autoridades de gobierno, eso es tan relativo que no me atreví de manifestárselo a mi infantil interlocutor. Uno elige a quienes lo van a gobernar por un cierto tiempo, entendiendo que ellos son nuestros representantes.
¿Lo son? ¿Me representan? Lo reflexioné seriamente, y no me atreví a mentirle a mi inquisidor. Nuestras autoridades gubernamentales no nos representan en lo más mínimo, por supuesto. ¿Cuántas veces por mes, o por semestre, o por año -bueno…, digámoslo claramente: ¿cuántas veces en la vida?- un funcionario electo por voto popular nos consulta algo para luego, supuestamente representándonos, transformarlo en una acción de gobierno? Creo que nunca. Es por ello que no pude decirle a mi joven demandante que allí había libertad. Podemos elegir libremente a un mentiroso que manejará las palancas de la estructura estatal, y terminado su período no habré cambiado en mucho. ¿Eso es libertad: ir a votar? No me pareció correcto decir eso.
Quise enfocar la respuesta, entonces, por el lado económico. Soy libre, claro, de “hacer dinero” si lo deseo. Onassis lo hizo en su momento, o Bill Gates, según nos cuenta la historia. Pero… ¿es cierto eso? La gran mayoría, inmensamente grande mayoría, no sale de pobre, aunque trabaje y se esfuerce toda la vida. Por lo que se ve, no somos tan libres. ¿Dónde está la libertad entonces?
¡En lo que consumimos! Ahí pude encontrar ese nivel de libertad con el que tanto se nos bombardea. “Estamos condenados a ser libres”, había dicho Jean-Paul Sartre. Por tanto, parece ser que con esto de comprar lo que me plazca podemos encontrar la verdadera libertad. Aunque pensándolo bien… ¿es cierto eso? ¿Por qué consumimos lo que consumimos?
Si lo profundizamos, no parece muy libre todo esto. Consumimos ¿enfermizamente? una cantidad creciente de productos solo porque nos lo imponen. ¿Para qué tomamos bebidas gaseosas? ¿O por qué cambiamos los modelos de aparatos de la industria moderna cada cierto tiempo? (refrigeradoras, teléfonos móviles, hornos a microondas, automóviles, computadoras, y una larga, casi interminable lista de productos). Me pregunto seriamente: ¿alguien decide con libertad el modelo de teléfono que hay que usar, por ejemplo? Pareciera que no. Las modas, la presión de la publicidad, la corriente que nos arrastra, nos fuerza en casi todas (¿en todas?) las decisiones de compra de algún bien o servicio.
Pero algo más profundo aún: ¿de dónde salió eso que compramos lo que queremos, con total libertad? En todo caso, en los opulentos países del Norte (que albergan apenas el 10% de la población planetaria), existe un alto poder de compra. En los del Sur (¡el grueso de la Humanidad!), a duras penas se sobrevive. Como alguien expresó alguna vez: “en el Norte se discute sobre la calidad de vida; en el Sur…, sobre su posibilidad”. Por más que los escaparates estén llenos de mercaderías y tenga toda la libertad del mundo para comprar lo que quiera, el bolsillo me dice que eso no es así. La libertad, una vez más, queda en entredicho.
¿Entonces: qué es la libertad? Se me hacía difícil encontrar la respuesta adecuada para mi joven interrogador. ¡Pero la encontré!

III

¡La libertad de locomoción! Podemos irnos libremente de un lugar a otro. Esa es la libertad que tenemos. Y reflexioné que en los países aquellos de la ignominia, de la noche eterna donde no había libertad, los que estaban detrás de la “bochornosa Cortina de Hierro”, su población tenía que escapar si quería la libertad. Aquí, en nuestros países libres, podemos irnos de un lado para otro cuando queramos. ¡Eso es la libertad!

Aunque…, bien pensado: eso no es exactamente así. En los países pobres de lo que antes se llamaba Tercer Mundo (pero que ahora, aunque no se les llame así, siguen siendo pobres), la gente no puede viajar con tanta facilidad precisamente. Comprar un boleto aéreo es cosa seria, muy seria. Averigüé un poco, y en nuestros pobres países del Sur (que son la amplísima mayoría del mundo) muy buena parte de sus habitantes nunca subió a un avión. En todo caso, si viajan, en general lo hacen como migrantes irregulares a los países más prósperos. Y así vemos corrientes monumentales de pobres que se van arriesgando su vida, cruzando mares o desiertos en condiciones de alto peligro, para buscar el “sueño” de algún país tentador. ¿Eso es la libertad?

La verdad, no me atreví a decirle a mi interlocutor que eso es la libertad, porque me pareció muy frágil la respuesta. Se decía que de Cuba escapaba la gente por la “dictadura comunista” que los encerraba. Me informé, y encontré que en la actualidad 30 personas por día abandonan la isla, con una población de 11 millones y medio de habitantes. Lo comparé con Guatemala, que no está muy lejos; allí, con una población de 15 millones de personas, no menos de 200 salen diariamente con rumbo a Estados Unidos. En el país centroamericano hay libertad, pero se va más gente (en realidad: huye de la pobreza crónica) que de Cuba.
Me empecé a encontrar sumamente contrariado por no poder darle una respuesta convincente y bien fundamentada a quien me había interrogado. Pero ¿es que no somos libres de nada entonces? ¡Y finalmente creí haberlo encontrado!: ¡el suicidio!
Yo, y solamente yo, puedo decidir lo que hago con mi vida. Suicidarse es el más alto indicador de libertad. Había encontrado la respuesta, y estaba ya casi listo para dársela a quien me había preguntado..., pero siempre hay un aguafiestas.
Por un lado, me dijo un sacerdote amigo que no es de buen católico suicidarse, que dios no desea eso, y que quien lo hace -contrariando la voluntad divina, que es la única instancia que puede disponer de nuestras vidas- no va al cielo sino que arderá eternamente en el infierno.

¡Y no sólo eso! Otra amiga, psicoanalista ella, me dijo que no es cierto que esa es una decisión voluntaria. “La sombra del objeto ha caído sobre el Yo”, me explicó para fundamentar el suicidio. Fórmula, por cierto, que no entendí bien, pero que se me aclaró cuando me dijo que, según Freud, el iniciador del psicoanálisis, “nadie es dueño en su propia casa”. Es decir: que nuestras aparentes decisiones voluntarias no son tales. Y me puso como ejemplo para graficarlo el nombre propio: algo que nos hace ser lo que somos, que nos acompaña toda la vida, lo más propio que tenemos, no lo elegimos nosotros. ¡Patético! ¿no? Nuestros actos, nuestras conductas, nuestras decisiones más personales, aparentemente libres, no son tales; continuamente hay una vida psicológica que, aunque digamos racional, no depende de nuestra voluntad: ¡es inconsciente! Y me explicó que eso lo vemos en los sueños, en los actos fallidos, en el chiste, pero fundamentalmente en los síntomas, las inhibiciones y las angustias que nos acompañan. No soy libre de decidir mi vida…, ni mi muerte.

Llegado a ese punto, ya no supe qué decirle a mi amiguito. Pero como no podía dejarlo en ascuas, le contesté con algo que, quizá, le resultó incomprensible, pero él es libre de tomarlo o no: la libertad es una estatua francesa obsequiada al gobierno estadounidense que se encuentra a la entrada de Nueva York.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21609730 de agosto de 2016

Nos advierten que el gobierno de Evo Morales " haría mal en leerlo en términos conspirativos en lugar de abordarlo como un síntoma de un nuevo momento y como una amenaza a futuro. Otra vez, un conflicto toma el carácter de guerra civil en pequeña escala, y esta vez con una baja del entorno del presidente".

Bolivia frente a sí misma
30 de agosto de 2016

Por Pablo Stefanoni (Nueva Sociedad)

El asesinato del viceministro Rodolfo Illanes pone a Bolivia frente a la radicalidad de sus formas de protesta y revive viejos fantasmas de conflicto social.

El conflicto entre el gobierno boliviano y los cooperativistas mineros no es novedoso en su dinámica pero sí en su escala: la brutal muerte de un viceministro a golpes, luego de ser secuestrado, causó conmoción en un país acostumbrado a la radicalidad de las protestas sociales. Además, el crimen pone en duda los avances en la creación de un «Estado fuerte», la meta de Evo Morales desde 2006: ni siquiera durante la guerra del gas de 2003, que acabó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se llegó a una agresión semejante contra un funcionario de tan alto nivel.

Como viceministro de Régimen Interior, y parte del círculo presidencial desde 2006, Rodolfo Illanes fue a la localidad de Panduro (185 kilómetros de La Paz) a negociar con los cooperativistas mineros, donde fue retenido y luego asesinado a golpes mientras caían dos mineros víctimas de la represión policial para desbloquear las rutas. «Ya no vamos a negociar con él [por el ministro de Gobierno Carlos Romero], que presente su carta [de renuncia]; si no, vamos a colgar a su viceministro y yo me voy a encargar», había declarado a la prensa uno de los líderes mineros en medio de los intentos del gobierno de retomar el diálogo.

La dinámica bloqueos de caminos-represión- enardecimiento-escalada de violencia es parte de las luchas sociales en Bolivia. Pero desde su llegada al poder, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) logró reducir los conflictos sociales, aunque hubo momentos críticos como las movilizaciones contra el «gasolinazo» de 2010 o las protestas contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 2011. En esa ocasión el canciller David Choquehuanca fue «retenido» por los indígenas y utilizado como escudo frente a la policía, no obstante las cosas no pasaron a mayores. Pero hoy, a diferencia de esos días, el gobierno enfrenta el desgaste político de la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016, con una pérdida significativa de apoyo en las grandes ciudades. A ello se suma la baja de los precios de los minerales y menores recursos en el Tesoro.

Estas cooperativas son uno de los tres grandes actores de la minería boliviana junto con la estatal y la transnacional, y están acostumbradas a disputar vetas de minerales de manera aguerrida e incluso violenta, como quedó claro en 2006 con el enfrentamiento entre cooperativistas y mineros estatales con un saldo de 16 muertos. Sobrevivientes de la crisis de la minería estatal en los años 80, las cooperativas crecieron bajo todos los gobiernos, pero lo hicieron en mayor medida en esta década al calor del aumento de los precios internacionales de los minerales. Los cooperativistas también participaron del ciclo de luchas populares de los años 2000, y estuvieron entre quienes impidieron, en Sucre, que asumiera un «neoliberal» tras la renuncia del presidente Carlos Mesa en 2005. Ya durante la Asamblea Constituyente lograron que un artículo de la nueva Constitución Política del Estado (2009) indique que «El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social».

Hoy los cooperativistas son unos 119.000 trabajadores, frente a 8.000 de la minería privada y 7.500 de la estatal), aunque su productividad es menor y su trabajo más artesanal. En un artículo titulado «Cría cuervos», el ex-viceministro de Régimen Interior Rafael Puente escribió que «las ‘cooperativas’ mineras no tienen nada de cooperativas; en realidad son empresas, cuyos dueños son los llamados ‘socios’ (y ni siquiera todos) que manejan y explotan a una enorme masa de obreros que no tienen ni seguro social, ni seguro industrial, ni jubilación, ni nada. Y ni siquiera hablamos de las mujeres y del trabajo infantil».

En efecto, aunque se use la figura de la cooperativa, ello opaca un mundo de asimetrías y relaciones entre «socios» y peones, además de contratistas y otros actores. «La cooperación se restringe a la reunión de socios para acceder al yacimiento que luego parcelan, predominando el trabajo individual de baja productividad y no la organización del trabajo con base en la cooperación», señala el investigador Pablo Poveda Ávila en un artículo sobre la historia del cooperativismo minero.

Una de las razones de las protestas actuales fue, precisamente, rechazar una ley que permitiría sindicalizarse a los peones de las cooperativas, lo que es rechazado por los «socios».Otra causa de la radicalización del sector es el impedimento que tienen para suscribir acuerdos con empresas para operar sus yacimientos. Y una tercera es la demanda de flexibilización de las regulaciones ambientales. Por eso, el gobierno los acusa de querer asociarse a las transnacionales y de ser patrones disfrazados de cooperativistas. No obstante, eran hasta ahora parte del bloque político y social «del cambio», e incluso consiguieron embajadores, diputados y senadores. El primer ministro de Minería de Evo Morales, Walter Villarroel, pertenecía a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y su gestión potenció el conflicto entre estatales y cooperativistas.

Una cuestión anexa a esta crisis es el uso de la dinamita en las protestas. En 2012 el gobierno la prohibió, pero más tarde la volvió a autorizar dado que es parte de la identidad minera. El propio vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo hace un tiempo a un grupo de estudiantes de Porco, Potosí, que «Si alguien de aquí a cinco a 10 años quiere venir a quitar el petróleo, la electricidad, pónganse sus cartuchos de dinamita y vayan a botarlos a patadas». «La dinamita es la esencia de los trabajadores, sobre todo de los mineros; con ella podemos enfrentar a los gobiernos neoliberales», señaló el secretario ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles, Víctor Quispe, en mayo pasado al celebrar la abrogación del decreto que prohibía su uso. Y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Mitma, también destacó la medida. «¿Cómo se llegó a recuperar la democracia? Gracias al arma que tenemos los trabajadores en su conjunto para defendernos de la derecha neoliberal». Pero como se ve con este conflicto, la minería no solamente remite a las heroicas luchas de los trabajadores de los socavones –como la Revolución de 1952 o las luchas por la democracia en los años 70 y 80– sino a las disputas por la renta en un país fuertemente corporativo y sostenido en una economía extractiva.

Que los cooperativistas sean parte del MAS tampoco es una anomalía. El MAS es un partido de pequeños productores (más que de comunarios) que incluye a cocaleros y comerciantes informales («gremiales»), pero en este caso los intentos oficiales de fortalecer la minería estatal desataron diversas tensiones, que culminaron en la escalada actual. Ahora, tras estos hechos luctuosos, posiblemente el gobierno emprenda cambios más profundos en la minería. Por lo pronto, se anunció que los cooperativistas ya no contarán con representación en la Corporación Minera Boliviana (Comibol).

Si bien muchas cosas se modificaron desde 2005, muchas otras permanecieron con escasos cambios y una de ellas es la dificultad para que los conflictos sociales puedan procesarse de manera institucional. Al mismo tiempo, la dinámica del conflicto social boliviano muestra a menudo precariedad estatal (por ejemplo, un viceministro que va con escasa custodia a negociar con un grupo radicalizado) junto a una policía que suele ser letal a la hora de despejar caminos, por una combinación variable entre armamento inadecuado o escaso, fuerzas policiales insuficientes o temor a sectores sociales a menudo armados con piedras o dinamita.

Si bien Evo Morales tuvo la autoridad para normalizar en gran medida el país, sus principales escollos fueron sus propias bases, ese «veto social» difícil de contrarrestar, más aún que la oposición de derecha a la que pudo derrotar sucesivas veces en las urnas –y en las calles–. Una ventaja con que  contó el gobierno en este caso fue que no se sumaron otros sectores a las demandas de los cooperativistas y que estos últimos cosechan escasa simpatía social. Pero haría mal en leerlo en términos conspirativos en lugar de abordarlo como un síntoma de un nuevo momento y como una amenaza a futuro. Otra vez, un conflicto toma el carácter de guerra civil en pequeña escala, y esta vez con una baja del entorno del presidente.

Quizás el asesinato de Illanes marque un antes y un después, sin que aún podamos dimensionar ese «después», es decir la forma en que el gobierno utilizará este desborde para recuperar iniciativa y poder. 

http://nuso.org/articulo/bolivia-frente-si-misma/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216073

"Necesitamos seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, lo que tiende un puente de reconciliación con la Central Obrera Boliviana (COB) y debe servir para acercarnos a los trabajadores de las propias cooperativas mineras, 3) La necesidad de defender la Madre Tierra, tan dañada en sus aguas y tierras por la depredación que efectúan las cooperativas en su conjunto".

Entrevista a Alfredo Rada Vélez, viceministro de coordinación con movimientos sociales

“Es hora de separar a patrones de trabajadores dentro del cooperativismo minero”

29 de agosto de 2016

Por Rebelión

Las organizaciones de las cooperativas mineras efectuaron durante una semana bloqueos de caminos que afectaron a los departamentos de la parte occidental de Bolivia. La acción de protesta alcanzó su pico máximo de violencia el jueves 25 de agosto con el asesinato del viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes. Luego de ese crimen y el repudio ciudadano que generó hacia los cooperativistas, sus bloqueos fueron inmediatamente levantados. Sobre estos hechos conversamos con el viceministro de coordinación con movimientos sociales, Alfredo Rada.

-¿Cómo puede explicarse este conflicto con los cooperativistas mineros?
-Se explica en el contexto de una situación económica que se deteriora por el impacto de la caída de los precios internacionales de los minerales, además de los otros exportables que tiene Bolivia (gas, soya, quinua entre otros). Ante esta caída la dirigencia del cooperativismo minero, en la que predominan cada vez más los sectores patronales que han acumulado poder económico al interior de las cooperativas, reacciona violentamente buscando tres objetivos: 1) Lograr más concesiones, subvenciones y financiamientos estatales destinados a su sector, 2) Preservar dentro de las cooperativas las formas flexibilizadas de explotación de la fuerza de trabajo, evitando cualquier tipo de organización sindical dentro de las cooperativas, 3) Lograr el reconocimiento de facto de las sociedades entre el capital manejado por los patrones cooperativistas con el capital privado nacional y extranjero.
Los tres objetivos tienen un claro contenido de clase, en este caso de una nueva burguesía que en la última década fue incubándose en las cooperativas más grandes hasta que éstas dejaron de ser “entidades sin fines de lucro” para convertirse en empresas capitalistas semiformales. Cuando hablo de nueva burguesía me refiero a los nuevos ricos que se han encumbrado gracias a la explotación del trabajo de los llamados “segundas manos” o peones, a los que incorporan en las minas bajo la modalidad de pago a destajo, sin contrato de trabajo, sin derechos laborales y por supuesto sin derecho a organizarse en sindicato. Para prohibir la organización sindical acuden a un embuste: “dentro de las cooperativas todos somos iguales”; sabemos que eso no es cierto, que al interior de las cooperativas hay patrones y hay peones.
Pero volviendo al actual conflicto con las cooperativas mineras, si el movimiento de protesta tiene orientación y objetivos patronales, ¿cómo logran movilizar a grandes contingentes de trabajadores? Lo hacen convirtiendo su interés particular en interés general bajo la consigna de “estabilidad laboral”; los patrones les dicen a los trabajadores: “si no te movilizas para que el gobierno nos atienda entonces dentro de un tiempo ya no tendrás trabajo”. De esta forma los jerarcas del cooperativismo minero (que son por lo general los socios más antiguos) se aprovechan de una base social a la que convierten en grupo de choque, que llega a actuar con la saña que mostró en el brutal asesinato del compañero viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes, ocurrido en la localidad de Panduro.
-¿Cómo pudo ocurrir que esta fracción patronal se adueñe de las organizaciones que representan al conjunto del cooperativismo minero?
-Porque dentro del gobierno el tema de la política hacia el cooperativismo minero nunca fue resuelto bajo un enfoque revolucionario. Se comete el error de considerar al conjunto de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) como entidad aliada, sin ver que a su interior se han ido constituyendo clases sociales, una burguesía semiformal por un lado y por el otro un proletariado precarizado, al que como gobierno debíamos sumarlo para el proceso de cambio apoyando su organización y defendiendo sus derechos laborales de los abusos que cometen los patrones. En otras palabras, dotarnos de una estrategia que diferencie la base laboral de la jerarquía patronal dentro de las cooperativas. En vez de esto se confiaba en los dirigentes, muchos de ellos afines al gobierno no por convicción y principios, sino por interés y conveniencia. Para mantener la alianza el gobierno no intervino en asuntos laborales dentro de las cooperativas, era flexible con ellas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental, no acentuaba la presión tributaria. Hoy vemos que esta orientación pragmática sólo condujo a fortalecer al enemigo de clase.
El tema de la relación entre patrones y trabajadores es medular para el cooperativismo; por ello no es ninguna casualidad que lo que originó este conflicto fue la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de una ley que reconoce a los sindicatos dentro de las cooperativas. Si al interior de las cooperativas mineras crece la tendencia hacia la autorganización de los trabajadores, entonces una de las fuentes del poderío económico de los patrones –la precariedad laboral- comienza a ser erosionado.
El momento actual de condena ciudadana generalizada a la dirigencia del cooperativismo minero es parecido por las circunstancias a la tragedia de septiembre de 2006, cuando la matanza entre cooperativistas y asalariados por el control del cerro Posokoni en Huanuni, devino en el cierre de 4 cooperativas y la estatización de todo ese distrito minero, además de la destitución del ministro de minería quien era nada menos que el presidente de la FENCOMIN. Ojalá que ahora sepamos como gobierno actuar sin vacilaciones ni pactismos, mandando mensajes claros a la base laboral del cooperativismo que ha sido engañada por su dirigencia patronal, sentando claramente la posición de que somos un gobierno de los trabajadores que no permitiremos más abusos y explotación dentro de las cooperativas mineras.
-¿Y qué hacer respecto a esa dirigencia patronal que controla la FENCOMIN?, ¿seguirá siendo aliada del gobierno?
-La dirigencia patronal de FENCOMIN deberá rendir cuentas ante la justicia por el intento desestabilizador de la democracia que ha realizado, por el atentado a la economía nacional y, fundamentalmente, por el vil secuestro, tortura y asesinato del compañero Rodolfo Illanes. Su autoría –intelectual, material o ambas- tiene que establecerse en los ámbitos judiciales. Pero además, hay que recortar el poderío económico de la burguesía “cooperativista”, que ya hemos visto que no vacilará un segundo en tumbar a este proceso y a Evo. Ese poderío económico se origina en su propia acumulación de capital, gracias a la explotación laboral y a la depredación de la naturaleza; pero no hay que olvidar que también esa acumulación es facilitada por las concesiones gubernamentales.

Este conflicto ha puesto en la mesa nacional de debate los siguientes temas: 1) El rol del cooperativismo minero en la economía nacional, planteando el imperativo de cernir del sistema cooperativo a las empresas capitalistas semiformales que parasitan a su interior. 2) La necesidad de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, lo que tiende un puente de reconciliación con la Central Obrera Boliviana (COB) y debe servir para acercarnos a los trabajadores de las propias cooperativas mineras, 3) La necesidad de defender la Madre Tierra, tan dañada en sus aguas y tierras por la depredación que efectúan las cooperativas en su conjunto.

El enorme descrédito en que ha caído la dirigencia del cooperativismo minero, luego del asesinato del compañero Illanes, ha diezmado un movimiento desestabilizador que tuvo un enorme despliegue de recursos económicos y logística. La FENCOMIN atraviesa por una de sus peores crisis en que puede terminar perdiendo todas las concesiones obtenidas del gobierno. Se abre una oportunidad para avanzar con una política nacionalizadora en la minería, pues ha saltado uno de los obstáculos que siempre se ha opuesto a este avance.

Hay que honrar el sacrificio del compañero Illanes y la mejor forma es luchando por la justicia social y la plena soberanía sobre nuestra riqueza minera.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216015

Constatemos porqué las cooperativas mineras están contra la sindicalización de sus trabajadores y cómo han operado en el gobierno de Evo Morales.

Capitalismo extractivista y clientelismo politico

Los cooperativistas mineros y el MAS
20 de agosto de 2016

Por Carlos Peñaranda Pinto (Rebelión)

1. Clientelismo

El clientelismo se constituye ante todo en un instrumento de la clase dominante.
Del mismo modo que la capacidad para instrumentalizar personas depende del poder que se tenga, así la disposición o disponibilidades para ser instrumentalizado, depende no solamente de la privación real del poder, sino fundamentalmente, del grado de conciencia de clase, en el sentido de la capacidad para discernir a favor de qué intereses de clase se debe luchar.
Así, el clientelismo se explica por una debilidad en la “conciencia de clase”; pero también, por el hecho de que éste constituye la forma a través del cual “las clases desposeídas” pueden acceder a bienes y servicios del Estado. La escasez de bienes que el Estado capitalista de un país “subdesarrollado, periférico, dependiente” puede ofrecer a las “clases desposeídas” es a cambio de una retribución en apoyo electoral y movilización para defender a quienes detentan el gobierno de turno.

Desde esa óptica, el clientelismo constituye fundamentalmente una forma de opresión de clase, un instrumento que tiene por efecto la atomización de las solidaridades entre las clases subalternas y la continua dependencia hacia las élites ¹ .

El clientelismo también constituye un canal de ascenso social, produciendo nuevas élites políticas; el ascenso de algunos líderes a nuevas posiciones de poder en la escala piramidal, convierte a algunos dirigentes en patronos-clientes o Estado-cliente. El clientelismo tiende a esterilizar y dificultar la participación de la base social; manejar clientelas significa negar la participación, pues consiste en obtener beneficios para algunos a través de la intermediación.

El dirigente que se adhiere al poder obra como intermediario entre sus bases y el gobierno, garantizando, la lealtad de sus bases; las bases tienen expectativas y hasta sensación de seguridad (aunque precaria) por la protección paternalista del Estado a través de los dirigentes vinculados al gobierno, lo cual puede cesar cuando las expectativas dejan de materializarse.

1.1. Gobierno del MAS
En Bolivia, el nuevo bloque en el poder, pintado de campesino y popular, ha desplazado al bloque de derecha-racista; sin embargo, ello no implica que la clase dominante del antiguo bloque haya dejado de seguir controlando la propiedad de los principales medios de producción y la tierra ² .

Los puestos claves de la economía en nuestro país están principalmente en manos de tecnócratas liberales, empresarios e intelectuales ONG’istas (ligados en su mayoría a las políticas mundiales que emanan de Naciones Unidas) insertos en el gobierno; en su interior, los cooperativistas mineros y otros sectores pequeño burgueses, son las categorías y fracciones de clase (cocaleros, comerciantes, transportistas) que ejercen predominio en el bloque.

1.2. Paradojas del decir y hacer
El domingo 14 de agosto, en declaraciones al programa “El pueblo es noticia” en el canal BTV, el Ministro de Gobierno Carlos Romero, manifestó que el cooperativismo minero “(…) sólo en teoría es cooperación solidaria de sus miembros sin fines de lucro" ³; es decir que en la práctica real, los cooperativistas no son solidarios y persiguen fines de lucro.
De ser cierta esta afirmación, las cooperativas mineras no pueden gozar del reconocimiento y protección del Estado por contravenir a las siguientes normas: 
Art. 310 de la CPE que señala que estas (las cooperativas) se caracterizan por el trabajo solidario de cooperación y sin fines de lucro; 
a su vez, el Art. 4 de la Ley General de Cooperativas (Ley Nº 356 de 11 de abril de 2013) señala que cooperativa es una asociación sin fines de lucro, de personas naturales y/o jurídicas que se asocian voluntariamente, constituyendo cooperativas, fundadas en el trabajo solidario y de cooperación, para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios; 
el Art. 6 de la Ley 356 señala que el sistema cooperativo, se sustenta en los principios de: 1) Solidaridad. Es el interés por la colectividad, que permite desarrollar y promover prácticas de ayuda mutua y cooperación entre sus asociadas y asociados y de éstos con la comunidad. 2) Igualdad. Las asociadas y los asociados tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades de acceder a los beneficios que brinda la cooperativa, sin que existan preferencias ni privilegios para ninguna asociada o asociado. 3) Reciprocidad. Prestación mutua de bienes, servicios y trabajo para beneficio común, desarrollados entre asociadas y asociados, entre cooperativas y de éstas con su entorno, en armonía con el medio ambiente. 4) Equidad en la Distribución. Todas las asociadas y los asociados deben recibir de forma equitativa, los excedentes, beneficios y servicios que otorga la cooperativa, en función de los servicios utilizados o la participación en el trabajo. 5) Finalidad Social. Primacía del interés social por encima del interés individual. 6) No Lucro de Sus Asociados. Exclusión de actividades con fines especulativos, de forma que no se acumulen las ganancias para enriquecer a las asociadas o los asociados.
El Art. 127, parágrafo II, en la Ley de Minería señala que las labores mineras se llevarán a cabo por los socios de cada cooperativa, la cual podrá contratar personal dependiente únicamente para labores de carácter administrativo, técnico y asesoramiento.
Entonces, la caracterización de las cooperativas, de Rafael Puente, exviceministro de Régimen Interior y Policía, en relación a las cooperativas es correcta: “ (…) todo el mundo sabe que las ‘cooperativas’ mineras no tienen nada de cooperativas; en realidad son empresas, cuyos dueños son los llamados ‘socios’ (y ni siquiera todos) que manejan y explotan a una enorme masa de obreros que no tienen ni seguro social, ni seguro industrial, ni jubilación, ni nada. Y ni siquiera hablamos de las mujeres y del trabajo infantil. Es decir, son empresas de capitalistas del más primitivo estilo explotador, del que se supone que este nuevo Estado Plurinacional quiere liberarse” ⁴ .
Al parecer, sabe todo mundo, excepto el Vicepresidente Álvaro García, los Presidente de las cámaras de diputados José Alberto González, Gabriela Montaño y el Ministro de Minería, Cesar Navarro, quienes han repetido hasta el cansancio que la norma modificatoria a la Ley General de Cooperativas, en lo referente a la sindicalización, no incluye a los cooperativistas mineros, lo cual contradice a lo manifestado por Carlos Romero, para quien la solidaridad y no lucro de los cooperativistas mineros ha quedado en “simple teoría”.
En los hechos el Proyecto de Ley N° 149/2016-2017 sigue dando prerrogativas a los cooperativistas mineros pues señala “DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. En resguardo de los derechos constitucionales en vigencia, se respetan en las cooperativas, los derechos sindicales, laborales y de asociados de los sindicatos que incluyan asociadas y asociados pre-existentes a la promulgación de la presente Ley, así como de los que fueren a constituirse a futuro en los sectores de Servicios y Servicios Públicos” ⁵ . Este proyecto de Ley no menciona a las cooperativas productivas.
Alfredo Rada, Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, en 2014 señalaba: “(…) Al interior del sistema cooperativista se están decantando las cooperativas que, por efectos de acumulación de capital, han perdido su naturaleza inicial de ‘instituciones sin fines de lucro’ asumiendo formas empresariales propias del capitalismo salvaje. En ellas se están acelerando los procesos de segmentación clasista entre los socios antiguos y los ‘trabajadores voluntarios’, a los que también se les suele denominar peones o ‘makunkus’. Los primeros son ya una nueva fracción de la burguesía minera, los segundos conforman la masa laboral que se desenvuelve en condiciones de precariedad: sin acceso a seguros de corto o largo plazo, sin estabilidad ni contrato, sin seguridad industrial, muchos de ellos menores de edad y sin derecho a asociarse en sindicatos. Para mencionar un dato: hay registrados 112.000 cooperativistas, pero de ellos sólo el 16% aporta para el seguro obligatorio” ⁶ .
La existencia de dos categorías de trabajadores en las cooperativas mineras, rompe los principios básicos del cooperativismo internacional. Los trabajadores dependientes o asalariados no tienen “libre acceso y adhesión voluntaria” para ser socios (primer principio); por tanto, no tienen acceso al “control democrático” (segundo principio), y tampoco participan en la “distribución de excedentes en proporción a las operaciones” (tercer principio) ⁷.

El gobierno ha mantenido el camino abierto por el neoliberalismo, al promover la vía productiva no estatal y al mantener el nombre de cooperativa a lo que, en parte, No es una cooperativa, sino empresas privadas; a su vez, ha sido cómplice de disolver la unidad política y productiva que caracterizaba al proletariado.

El gobierno del MAS ha privilegiado la relación con el sector cooperativista dentro del mundo minero; desde el inicio de su administración, Morales les dio un lugar destacado en su alianza política con el objetivo de atraer a este sector porque, al mismo tiempo que representa un voluminoso número de eventuales votantes, se ha convertido también en el gran creador de empleo para desempleados provenientes de otros ámbitos laborales. Los cooperativistas, cada vez que el presidente los convoca, se pronuncian y hasta se movilizan ⁸. Su incursión en la política se debe a que es una fuerza social ordenada, disciplinada y sumamente orgánica que responde a un mando único, que es la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN). Esa disciplina le da consistencia en el campo político, porque cualquier acción que determine FENCOMIN, en consenso con las federaciones departamentales, es acatada militantemente por sus miembros; es por este motivo, que son considerados una fuerza importante ⁹, que utiliza a su masiva base social para negociar y presionar cuando de sus intereses se trata. En la coyuntura actual, los cooperativistas están en contra del gobierno (entre cosas por la pérdida de cuotas de poder), y lo que molesta a los estrategas gubernamentales es que los favorecidos por una década quieran más privilegios.

El gobierno del MAS se concentró en la falaz “nacionalización de los hidrocarburos”, y no dijo nada respecto al gran negocio minero controlado por transnacionales y normado por un Código neoliberal. El resultado práctico de esa orientación de la política minera se refleja en la limitada presencia productiva de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y en la insubstancial renta minera que dejan las trasnacionales y los cooperativistas mineros. San Cristóbal, Sinchi Wayra, Manquiri S.A. ¹⁰, son la otra parte de REPSOL, PETROBRAS o TOTAL, que niega la soberanía de la que tanto alarde hace el gobierno del MAS.
1.3. Lo sincronico-diacrónico del decir-hacer de masistas y cooperativistas
Tras la caída de Sánchez de Lozada ¹¹, en octubre de 2003, las élites del cooperativismo minero negociaron el voto de sus bases con el MAS, exigiendo que el futuro gobierno de Evo Morales conserve los privilegios que ganaron con Sánchez de Lozada.
En enero de 2006 (primera gestión gubernamental del MAS), se designó como ministro de Minería a Walter Villarorel, expresidente de FENCOMIN y socio de la mina La Salvadora. Villarorel funjia de Ministro cuando se dieron los conflictos entre cooperativistas y asalariados por el cerro Posokoni (Huanuni) en octubre de 2006 ¹².

El cooperativismo minero, a través de leyes, ha sido uno de los sectores más beneficiados del gobierno de Evo Morales; entre otras normas: El D.S. 233, que crea el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM) en substitución del FOMIN para la otorgación de créditos a las cooperativas con el aporte de Bs. 69,7 millones por parte del TGN y $US. 8 millones por parte de COMIBOL. Ley 186 Régimen de tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las ventas de minerales en el mercado interno de las cooperativas y productores artesanales. D.S. 1368 que entrega la veta Rosario a la Cooperativa 26 de febrero en el distrito minero de Colquiri ¹³ . D.S. 1369 que levanta diversas áreas de reserva fiscal para posibilitar su entrega mediante contratos a cooperativas.Ley de cooperativas, que sirve de etiqueta a empresarios cooperativistas. Ley minera, que expresa los intereses de 10.000 socios (dueños) de las cooperativas mineras y no de los 180.000 trabajadores mineros en estas “cooperativas” ¹⁴.

Paradójicamente, el pasado 14 de agosto en Cobija, el presidente Evo Morales calificó las demandas de los cooperativistas mineros, como indeseables ¹⁵.
Para comprender la paradoja veamos como, en noviembre de 2013, el presidente Evo Morales aseguró “(…) el apoyo que recibo de los cooperativistas mineros viene desde 2005, a partir de esa fecha son ‘aliados naturales’ y de carácter ‘incondicional’ del proceso de cambio. Conozco a trabajadores y dirigentes sindicales, no vienen aquí con prebendas, sino con justas reivindicaciones”, señaló durante la promulgación de la ley de las modificaciones a la Ley de Pensiones, en Palacio de gobierno ¹⁶. A su vez, el presidente de la FENCOMIN de ese entonces, Alejandro Santos, aclaró que las cooperativas mineras dan su apoyo “incondicional” al presidente Morales a “cambio de nada” desde 2005. “Las cooperativas mineras y los 150 mil cooperativistas mineros siempre hemos apoyado a nuestro Presidente, porque la política de nuestro Presidente es excelente, cosa de que antes no había” ¹⁷, sostuvo.
También en 2013, en la entrega de los contratos de adjudicación de colas de Catavi a los cooperativistas, el dirigente del norte de Potosí, Artemio Mamani, dijo: “(…) garantizamos que vamos a arrasar en las elecciones de 2014”, a tiempo de agradecer al Gobierno por el nuevo contrato; a su vez, el presidente de la FENCOMIN, Alejandro Santos, expresó públicamente su apoyo al “proceso de cambio” que lidera el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales: “Nuestro Presidente ha trabajado con una visión de ir siempre adelante y eso es hacer gestión de Gobierno. Que los derechistas de todo el país escuchen el grito que sale del norte de Potosí, porque el presidente Morales gobernará por siempre el país”, afirmó el cooperativista ¹⁸.
En marzo de 2014, el Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, fue entregado al presidente Evo Morales. En la ocasión, la comitiva minera encomendó aprobar el documento sin cambios e, incluso, Morales destacó que la normativa fue trabajada por los cuatro sectores (empresarios, cooperativas, sindicatos mineros y Gobierno) y pidió a los congresistas que no hagan cambios ¹⁹.
Una semana después, los enfrentamientos, las muertes y los bloqueos cooperativistas motivaron al Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a decir que el proyecto de ley volvía a fojas cero; aunque luego fue contradicho por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien emprendió diálogo con los cooperativistas mineros.
El Art. 151 (el más polémico del anteproyecto) disponía que “los titulares de licencias de prospección y exploración o de contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa, pueden suscribir en cualquier momento contratos con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos”. Este artículo era una copia del Art. 21 del código minero gonista (la Ley Neoliberal 1777) la cual señalaba que las sociedades cooperativas mineras podrán asociarse y suscribir contratos de cualquier naturaleza, incluidos contratos de riesgo compartido con la COMIBOL o con otras personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés social.
Si además de los sectores privados, cooperativistas y sindicalizados participó el gobierno, ¿cómo podían haberse ratificado el Art. 21 de la ley neoliberal en el Art. 51 del anteproyecto de ley, en tiempos antineoliberales y del proceso de cambio?

El 1 de abril de 2014, en relación al conflicto cooperativistas-gobierno, por las observaciones al proyecto de ley minera, el senador Andrés Villca (MAS), representante de FENCOMIN en la Asamblea Legislativa, dijo que en un ampliado de este sector se definirá si los mineros continuarán o no con el apoyo político al Presidente Evo Morales para las elecciones generales de ese año: “El sistema minero cooperativizado es orgánico, un congreso orgánico es la que ha determinado el apoyo correspondiente al proceso de cambio, a fortalecer el mandato del Presidente Evo Morales y será la instancia correspondiente también de un congreso para poder hablar en la parte política, se va analizar en función a que vaya teniéndose los arreglos correspondientes (en la mesa de diálogo)”, manifestó Villca a ANF ²⁰.

Alejandro Santos, presidente de FENCOMIN, advirtió a Morales con “bajarlo” del cargo con una movilización generalizada en todo el país si es que el Legislativo no aprobaba el proyecto de ley sin ninguna modificación y si la policía continuaba reprimiendo a sus compañeros de base “(…) Si bien FENCOMIN y todas las cooperativas del país hemos llevado a que el presidente Evo, sea el presidente de Bolivia, así también podemos bajarlo, nosotros hemos sido los primeros autores de llevar a la Presidencia el año 2003, en ese sentido la movilización de todas las cooperativas a nivel nacional vamos a masificarlo y no vamos a permitir, carajo, que a nuestros compañeros de base los estén manoseando”, dijo Santos a los medios²¹.

En abril de 2014, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que entre los 42 contratos de subarriendo que firmaron los cooperativistas con empresas nacionales y transnacionales hay algunos que se remontan a 2011: “(…) tenemos ejemplos que datan de 2011, 2012 y 2013, según algunos casos que expuso el Ministro de Minería” ²². Esto demuestra que parte de los contratos no solo proviene de los gobiernos anteriores, sino se efectuaron durante la misma gestión del gobierno del MAS.

Al presente, en relación a las peticiones cooperativistas, Romero señaló que “Esas demandas constituyen un homenaje al ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, caracterizado por haber llevado adelante el proceso de capitalización en el país y vender las empresas estatales” ²³.

Volviendo atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en abril de 2014, declaró que en 2006 (año de la primera gestión de gobierno del MAS), las cooperativas mineras tenían 2.254 cuadrículas (para operar), equivalentes a 56.350 hectáreas. En 2014, ocho años después, durante este gobierno han subido a 17.140 cuadrículas, o sea 428.628 hectáreas, un incremento del 500% ²⁴. A mayo de 2013, según datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, las 1600 cooperativas existentes tienen 375.073 hectáreas (en 2005 operaban 230 y controlaban 47.153 hectáreas), lo que implica un incremento de un 700% en lo que va de la administración del presidente Evo Morales ²⁵. Cada ministro o Viceministro maneja datos distintos.

Es claro el favoritismo del gobierno a las cooperativas mineras otorgando concesiones en espacios fiscales, afectando las perspectivas de expansión y crecimiento de COMIBOL.

En mayo de 2014, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que “La cooperativa no hace nada más que recibir su título (de concesión minera), lo entrega a una empresa privada y recibe un porcentaje de las utilidades por esa operación de intermediación entre el Estado y una empresa”, argumentó. “Si el Estado hubiera firmado el contrato directamente con la entidad privada, los ingresos que el país recibiría por la explotación de los recursos naturales serían del 39% y en la actualidad son solo del 1%, precisó. Este 39% iría para el Estado por concepto de tributos como el Impuesto a las Utilidades (IU), Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), Impuesto al Valor Agregado (IVA)” ²⁶, sostuvo.
Lo cierto es que la contribución de la minería al Estado es baja: por ejemplo el 2011 la producción minera fue alta pero la recaudación por regalías muy baja ²⁷.
En mayo de 2014, el ministro de Minería, Cesar Navarro, explicó que el proyecto de Ley (248 artículos y seis disposiciones transitorias), que se debate en el Senado, impide que se entreguen grandes concesiones a sectores privados, cooperativas o al mismo al Estado, así como retoma el concepto de fiscalización como facultad del Estado en la actividad minera y el control en toda la cadena productiva ²⁸.

El 28 de mayo de 2014, Álvaro García, como presidente en ejercicio, durante la promulgación de la nueva Ley de Minería y Metalurgia en la ciudad de Oruro, dijo: “(…) con esta norma los cooperativistas mineros se convierten en ‘productores de primera categoría’ y podrán acceder a vetas importantes. El sistema cooperativo nunca tuvo derecho a áreas importantes y ricas en mineral. Eso se acabó”, manifestó la autoridad ²⁹.

Respecto a la Ley Minera, algunos analistas coinciden que esta renueva el pacto político que tiene el gobierno con las cooperativas mineras, preservando un sistema de clientelas políticas. Para ello, la ley persiste en otorgar una serie de facilidades a las cooperativas, como ser tratadas como organizaciones sin fines de lucro, lo que no va con la realidad porque las cooperativas son organizaciones que obtienen ganancias. La ley mantiene esa ficción y justifica que no paguen impuestos, que trabajen en condiciones de informalidad, que no cumplan con la ley del trabajo y que trabajen sin control ni fiscalización del Estado.

“Solucionados” los problemas entre cooperativistas y gobierno, en fecha 20 de junio de 2014, en el estadio Hernando Siles, en la proclama del binomio Evo-Álvaro por los cooperativistas mineros (que previamente marcharon por La Paz para pedirle al jefe del Estado boliviano, Evo Morales, que acepte su candidatura a la reelección ³⁰). El presidente Morales puntualizó: “(…) Si alguien quiere ignorar al cooperativismo minero tendrá que cambiar la Constitución Política del Estado”. A su turno el dirigente de la FENCOMIN, Alejandro Santos dijo: “Siempre hemos apoyado incondicionalmente y ese apoyo será hasta el final, vamos a defender con sangre y luto lo que es el proceso de cambio” ³¹.
Hace menos de 9 meses, la Cámara de Senadores rindió homenaje a FENCOMIN en su 47º Aniversario, la nota de prensa del Senado señala: “Este reconocimiento se lo hizo considerando la trascendencia histórica, contribución al desarrollo económico, político y social en beneficio del país” ³².
Hoy, los dirigentes de FENCOMIN cuestionan la decisión del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, de cambiar a sus representantes dentro de esa cartera de Estado, en el Viceministerio y la Dirección de Cooperativas, de manera unilateral e incorporar a personas que no conocen del sector. FENCOMIN tienen en la actualidad al menos siete legisladores, entre diputados y senadores, elegidos con la sigla del MAS, además tiene un Viceministerio, Pascual Guarachi ocupa el cargo de Viceministro de Transporte; hasta el 3 de agosto del presente año el Viceministerio de Empleo, Servicio Social y Cooperativas, estuvo ocupado por el cooperativista Benito Rodríguez Carvajal ³³.
El senador por el MAS y minero cooperativista, Miguel Coñaja, advirtió que ese sector podría alejarse del denominado “proceso de cambio” y del partido de gobierno si es que sus demandas no son atendidas, siendo una de ellas que se deje en libertad a 10 de sus compañeros detenidos en el penal de San Pedro ³⁴.
Las exigencias de los cooperativistas mineros son: 1. Rechazo al reconocimiento de sindicatos en las cooperativas. 2. Modificar la Ley Minera. 3.Fondo para que se paguen las deudas que la Empresa Metalúrgica de Vinto tiene con las cooperativas. 4. Disminuir o suspender las regulaciones medioambientales. 5. Inclusión de un representante de los cooperativistas en el Directorio de la Caja Nacional de Salud. 6. Inyección de recursos al Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM). 7. Consolidar la propiedad de las áreas concedidas a la cooperativa 26 de Febrero en el yacimiento de Colquiri. 8. Creación de un ministerio para las cooperativas. 9. Tendido de redes de energía eléctrica a todas las cooperativas del país con tarifas diferenciadas. 10. Reinversión de recursos provenientes de las regalías mineras en proyectos para el sector.
La Paradoja se define como figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción; dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Luchar contra el neoliberalismo aplicando políticas neoliberales es una paradoja; como lo es también decir o hacer de acuerdo a las circunstancias, ello no sólo quita coherencia lógica al discurso MASsista, sino también agudiza su crisis de credibilidad ante el pueblo.

2. Cooperativas y extractivismo capitalista

Las cooperativas mineras vinculadas a FEMCOMIN al igual que las empresas capitalistas se caracterizan por desarrollar una ideología y práctica que hace a un lado las necesidades generales de los trabajadores, concentrándose en la apropiación de las riquezas mediante la explotación laboral.

Los trabajadores de base en las cooperativas son víctimas de la vulneración de sus derechos laborales; sin embargo, no tienen otras opciones de trabajo en el país. Son fuerza de trabajo barata para los socios-propietarios de las cooperativas que en algunos casos tienen contratos con las multinacionales que saquean Bolivia, siendo además escudo político y carne de cañón humano ³⁵. Sería impensable en Bolivia que nadie salga a la calle a defender a las transnacionales, por eso, se disfrazan detrás de los “cooperativistas”, dirigidos por grandes empresarios.

La fuerza de trabajo de la mayor parte utiliza formas de producción atrasadas, le es imposible salir de ese atraso porque no incorpora máquina en las cuadrillas de trabajo.

El extractivismo del MAS ha conseguido durante nueve años una balanza comercial favorable ³⁶ lo que ha permitido también contar con las mayores reservas internacionales ³⁷ en moneda extranjera de la historia, lo cual fundamentalmente garantiza a los inversores extranjeros el acceso a divisas convertibles que les permitan incrementar sus beneficios.
El auge del precio de las materias primas y la bonanza latinoamericana de inicios de milenio fueron la condición básica de posibilidad del proyecto de equilibrismo político “progresista”. Les ofreció la oportunidad de repartir algo a los marginados de la liberalización, a esas masas exhaustas y descontentas por los años incontables de cinturones apretados, sin tener que afectar al modelo económico neoliberal que heredaron. Distribuir abajo sin afectar arriba.


Hoy, finalizada la bonanza, se hace más difícil negociar privilegios económicos a cambio de apoyo político. La desventura del sector minero tiene como causa la caída de los precios de los minerales, pero la causa profunda es la economía extractivista, es nuestra dependencia del capitalismo mundial, del que en realidad nunca nos hemos alejado.

El capitalismo Monopólico del Estado es la fase del desarrollo del sistema capitalista que se caracteriza por el predominio económico del capital monopólico y su fusión con la fuerza política del Estado. La indiscutible hegemonía económica de los monopolios se acrecienta cuando se fusiona con la poderosa fuerza social organizada que es el Estado. El Estado pone a disposición de la reproducción del capital monopólico toda su estructura funcional, particularmente sus órganos Legislativo y Ejecutivo, disponiendo de los bienes nacionales que administra, tales como los recursos naturales, sus productos y el ejercicio propio del presupuesto asignado ³⁸.

Se ha señalado que el modelo económico boliviano es plural, que la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, que la economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia (Art. 306 CPE). En realidad el cooperativismo, en el régimen capitalista, constituye una variante de la propiedad privada; la naturaleza social de la propiedad cooperativa es determinada en primer lugar por la forma dominante de la propiedad a que se halla vinculada (en nuestro caso la economía privada). Bajo el capitalismo, la propiedad cooperativa presenta un carácter burgués dado que se desarrolla sometida al influjo de la propiedad privada capitalista, dominante en la sociedad burguesa. Las cooperativas, al comprar y/o vender las mercancías a las empresas capitalistas, contribuyen a reforzar y desarrollar las relaciones capitalistas de producción. En síntesis, el beneficio de tales cooperativas no es otra cosa que plusvalía realizada, creada mediante la explotación del trabajo.

Interrogantes que deja el actual conflicto

·         ¿La COB, persistirá en exigir un estudio, para ver que cooperativas no se avienen a la categoría de cooperativas que deben perder su personería, y por ende, sus trabajadores exigir el derecho de sindicalización?

·         ¿Los coopertivistas seguirán siendo parte del directorio de COMIBOL?

·         ¿Los cooperativistas pagarán sus deudas a COMIBOL?

·         ¿El gobierno hará cumplir el derecho Constitucional a la sindicalización, de todas las trabajadoras y los trabajadores de las cooperativas mineras?

·         ¿Cuáles de las demandas de FENCOMIN serán atendidas por el Gobierno?

·         ¿El gobierno abrogara el DS 2754?

·         ¿Cuántos de los 100 contratos, entre cooperativistas mineros y Trasnacionales (que descubrió el gobierno en 2014) han sido rescindidos?

·         ¿FENCOMIM, se alejará del denominado “proceso de cambio” y del MAS?

Notas (…)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215748

Advirtamos: "cada 28 horas la policía mata a un joven en algún barrio y se crea un nuevo caso de gatillo fácil".

 Basta de gatillo fácil: segunda marcha nacional

28 de agosto de 2016

Bajo las consignas de “ni un pibe ni piba menos, el estado es responsable”, familiares de víctimas y CORREPI se movilizaron de Congreso a Plaza de Mayo ayer por la tarde. Mientras caminaban por Avenida de Mayo, madres de jóvenes que fueron asesinados por la policía mostraban una foto del rostro del hijo que perdieron. Algunas la levantaban con la mano, otras llevaban la cara impresa en sus remeras, otras con la fotografía colgada al cuello como un collar. 

Por Sebastián Weber, para ANRed.

Bajo una lluvia y viento constante, familiares de víctimas y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) marcharon ayer del Congreso a Plaza de Mayo en el marco de la segunda marcha nacional contra el gatillo fácil.

“Los gobiernos pasan pero la represión queda. Es una de las herramientas para hacer política. Si quieren controlar a la población tienen el consenso, y si éste no funciona, la represión”, dijo a ANRed María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI. Ella se movilizó junto a la organización detrás de la bandera que pedía por las consignas: “Ni un pibe ni piba menos. El estado es responsable”. Según la coordinadora, cada 28 horas la policía mata a un joven en algún barrio y se crea un nuevo caso de gatillo fácil.

Cuando la columna estaba por llegar a Avenida 9 de Julio, la metropolitana pidió si dejaban un carril libre para que puedan pasar los autos. En Plaza de Mayo se realizaba otra marcha y tenían pocos efectivos para poder trabajar. La respuesta fue instantánea y en forma de grito: “No”. La gente siguió avanzando mientras cantaba: “Yo sabía, yo sabía, que a los pibes los mató la policía”.

Verdú también explicó que la represión es una política de estado. Es que desde el retorno de la democracia, la organización tiene registrados más de 4750 casos de violencia institucional. En la movilización no solo se pidió por los casos donde los jóvenes son fusilados por las fuerzas de seguridad, sino también por otras formas de represión. Como es el caso de Fabiola Aguirre, la mamá de Diego Chaves, que marchó para pedir por la libertad de su hijo. Diego es el único preso por la muerte de un agente en el partido de Moreno. Su familia denuncia que es una causa armada para perjudicarlo.

“En estos últimos ocho meses hay un cambio sustancial con la forma de reprimir. Eso no quiere decir que antes no existía”, comentó Verdú a ANRed. La movilización no entro a la plaza debido a que frente a la Casa Rosada se hacía la marcha de la resistencia, organizada por Abuelas de Plaza de Mayo y asociaciones afines al kirchnerismo bajo la bandera de Cristina Conducción. Reclamaban por los despedidos de trabajadores desde la asunción del presidente Mauricio Macri.

A media cuadra de la Embajada de Israel, entre Chacabuco y Perú, se conectó un micrófono en la vereda donde hablaron los familiares de víctimas. Frente a la gente que aplaudía y a cada frase gritaba “justicia”, pasaron mujeres y hombres que perdieron a alguien por culpa de la violencia que baja desde el estado.

Las madres se abrazaban entre ellas y todavía sostenían las fotos que mostraban las caras sonrientes de Nicolás Nadal, Mauro Rodríguez, Maximiliano González, Marcos Viera, Germán Gómez. La caricatura de Luciano Arruga, que se negó a robar para la policía, colgada del cuello de su mamá, Mónica Alegre.

Mientras ella hablaba, señalaba las imágenes de cada joven. La gente seguía con la mirada lo que apuntaba cuando Mónica sentenció: “No vengo a agradecerles a ustedes ni a nosotras las madres. Hoy quiero dar las gracias a ellos que son los protagonistas y siguen presentes. Vamos a salir a las calles hasta que se hagan visibles. No con sed de odio, pero sí de justicia”.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12707

Vemos que el megajuicio es fruto de la lucha desde abajo y a la izquierda. También desde abajo y a la izquierda se brega por la memoria, verdad y justicia de la criminalidad de lesa humanidad de hoy.

Concluyó la Megacausa 

La Perla-Campo de la Ribera: 

claves de un día histórico
29 de agosto de 2016

De lxs 43 imputados, 38 recibieron condena por su responsabilidad en el terrorismo de Estado entre 1975 y 1978. 28 son de prisión perpetua. 10 mil personas esperaron la sentencia en Tribunales Federales. 3 años y 8 meses duró el Megajuicio. 580 fueron los testimonios de víctimas sobrevivientes. 

Por RNMA

Hasta para lxs más desprevenidxs, ayer en la ciudad de Córdoba se vivió un día histórico. Se conoció el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba en el juicio oral por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por personal del Ejército y la Policía que actuaron de manera ilegal e ilegítima en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) denominados “La Perla”, “Campo de la Ribera”, “D2”, “Malagueño o Perla Chica”, años previos y durante la última dictadura militar en la ciudad de Córdoba.

La lectura de la sentencia que se transmitió en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) arrojó el dato de que de lxs 43 imputadxs, 38 recibieron condena. Sólo para 28 de ellxs fue de prisión perpetua, y para lxs 10 restantes penas que van desde los dos años y seis meses hasta los veintiún años. Cinco de los imputados fueron absueltos. En el inicio de la lectura el Tribunal rechazó el pedido de nulidad de la defensa. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 25 de octubre del corriente año a las 12 horas.

Día histórico

Tuvieron que pasar más de tres años y medio para conocer la sentencia de la Megacausa La Perla-Campo de la Ribera. Este es el séptimo juicio por crímenes de Lesa Humanidad en la provincia, pero por su envergadura se convirtió en una pieza clave para escribir la memoria del pasado reciente de la provincia y el país.
El interior de la Sala de Audiencia estuvo colmada por familiares y víctimas del plan sistemático de detención, tortura y exterminio a través del aparato estatal perpetrado durante la última dictadura en Argentina, así como por representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, legisladorxs y el gobernador de la provincia Juan Schiaretti. Afuera, la ciudad desbordaba con su histórico pedido de justicia: pañuelos blancos y claveles rojos recorrieron las calles hasta los puntos de encuentro para marchar a Tribunales. Estudiantes de escuelas secundarias junto a sus docentes, universitarixs, contingentes extranjeros, trabajadorxs y organizaciones sociales, barriales, sindicales, estudiantiles, artísticas y partidarias dieron el presente en la lectura de la sentencia.

Más de 10 mil personas congregadas para escuchar juntas el desenlace de la Megacausa, para hacer presentes a lxs desaparecidxs, y para exigir, no sólo memoria, verdad y justicia, sino también castigo a lxs genocidas. Mientras, otras miles siguieron en vivo la transmisión de la sentencia a través del CIJ del Poder Judicial, de la RNMA y más de 20 radios en “Cadena para la condena”.

La causa
El juicio: comenzó el 4 de diciembre de 2012. Por las 354 audiencias pasaron 581 testigxs para juzgar la responsabilidad de lxs imputadxs respecto a 705 víctimas del terrorismo de Estado.
El Tribunal: integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa (este último en calidad de juez sustituto).
Fiscal: Dr. Carlos Facundo Trotta (inició como fiscal coayudante, actualmente se desempeña en reemplazo de Carlos Gonella).
22 causas: son las que se investigaron en este juicio sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos entre marzo de 1975 y diciembre de 1978.
Acusadxs: de lxs 45 imputados sentadxs inicialmente en el banquillo, dos años más tarde el número ascendió a 54 por la acumulación de cinco nuevas causas. Durante el desarrollo del juicio, 11 represores fallecieron por vejez o por problemas de salud. Todxs pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado nacional y provincial, así como personal civil contratado y entrenado por las fuerzas represivas estatales que operaron de manera clandestina antes y durante la dictadura.
Como expresó Alexis Oliva para el Enredando las Mañanas, este juicio histórico cubre “todo el período histórico del terrorismo de Estado que arranca en febrero del ‘74 con el Navarrazo -el golpe de Estado que derrocó a Ricardo Obregón Cano y que prácticamente allí la intervención federal y el terror, primero las Tres A, después el Comando Libertadores de América y después el propio Ejército-, hasta el fin de la dictadura prácticamente”.

Perspectivas

El caudal probatorio de la Megacausa La Perla-Campo de la Ribera logró demostrar los hechos y la responsabilidad de lxs acusadxs de terrorismo de estado en el marco de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Por lo tanto, las víctimas de la causa pasaron a ser reconocidas como tales por la justicia del Estado argentino. Esto implica una doble reparación al ser reconocidas como víctimas y al escribir la historia que asienta que quienes cometen estos crímenes amparados en el aparato estatal y sus recursos, en el marco de un plan sistemático de exterminio contra la población civil, deben ser juzgadxs y condenadxs. Como manifestaba la testigo de causa y ex presapolítica Gloria Di Rienzo al ELM, “son condenados por el pueblo, condenados por la justicia y no hay oportunidad de otro tipo de relato dicotómico o que ponga en duda lo que aquí sucedió. Ese (...) es un legado también para las generaciones posteriores, que no haya dudas en cuanto a lo que aquí pasó y porqué se juzgan este tipo de crímenes”.

El desarrollo del juicio permitió que emergieran pruebas que iniciaron nuevas investigaciones no sólo vinculadas con otros centros de detención, tortura y exterminio militares o policiales, sino también con integrantes de la sociedad civil, empresarial, eclesial y judicial que aportaron a que las Fuerzas Armadas pudieran desplegar y perpetrar su plan de represión ilegal y genocidio. Resta ahora que la Justicia avance en determinar la responsabilidad de éstos.

Asimismo, otro antecedente de inconmensurable valor es la imputación de varixs de lxs genocidas por la desaparición forzada de un menor, el nieto o nieta de Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba, quien espera la resolución de la causa por la desaparición de su hija, Silvina Parodi y su yerno, Daniel Orozco, junto con su nietx aún no encontradx. Esta representa la primera condena sobre el plan sistemático de robo de bebés en el país. Por otro lado, durante el desarrollo de los testimonios se mencionaron otros cuatro casos de niñxs desaparecidxs, entre los cuales se encuentra el hijo o hija del abogado de DDHH Carlos Vasco Orzaocoa y de María de las Mercedes Gómez, detenida-desaparecida.
Mientras tanto, lxs es presos y presas políticxs, testigos centrales de éste y los demás juicios por la Verdad, continúan reclamando que "sin testimonios no hay juicios ni condenas" y la aplicación inmediata de las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado, como lo expresaban hace unos días en el ELM.

Embajadora del terror

En la calle, una multitud se congregó para apoyar la actuación judicial y el largo reclamo de 40 años de lxs familiares y organismos de Derechos Humanos que permitió que estas causas por delitos de lesa humanidad vieran la luz, reafirmando que la política de memoria, verdad y justicia tiene que ser –y vale decir, no debe dejar de serlo- política de Estado.

Mientras tanto, al interior del Tribunal Oral, María Cecilia Pando se hacía presente para solidarizarse con lxs acusadxs, hoy ya sentenciadxs por genocidas. Pando es esposa de un militar condenado y referente de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA). Una vez más dio el presente, esta vez en la lectura de la sentencia, reforzando la maniobra que, con especial énfasis en los últimos meses, busca instalar la teoría de los dos demonios para licuar la responsabilidad de los militares genocidas responsables del terrorismo de Estado bajo el marco de una supuesta “guerra” entre dos bandos. Increpó verbalmente a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y testigo en el juicio, calificando como "circo" este juicio histórico y exhortándola a que “luche por los derechos de todas las víctimas de terrorismo”. A pesar de sus agravios se le permitió presenciar el dictamen.

Pero el terrorismo no se detuvo allí. Al finalizar la lectura de la sentencia el represor “Chubi” López increpó y amenazó al actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, quien fue acompañado del ministro de Justicia Luis Angulo y el vicegobernador Martín Llaryora, entre otrxs funcionarixs provinciales y nacionales. López vociferó: “Los vamos a secuestrar” antes de ser retirado de la Sala de Audiencias.

Genocidas con sentencia

Luciano Benjamín “Cachorro” Menéndez: perpetua (14º condenas en Córdoba, Tucumán, La Rioja y San Luis, 12 a perpetua para el ex Comandante del III Cuerpo del Ejército)
Carlos Alfredo “Tucán” Yanicelli: perpetua (ex jefe del Departamento de Informaciones -D2- de la Policía de Córdoba)
Luis Santiago Martella: perpetua
Héctor Hugo Lorenzo Chilo: perpetua
Jorge Eduardo Gorleri: perpetua
Jorge González Navarro: perpetua
Luis Gustavo Diedrich: perpetua
Héctor Pedro Vergez: perpetua (cumple otras condenas en la cárcel de Bouwer)
Ernesto Guillermo Barreiro: perpetua (primera condena a perpetua para el ex carapintada y ex jefe de interrogadores-torturadores de La Perla)
Jorge Exequiel Acosta: perpetua
Carlos Alberto Villanueva: perpetua
Carlos Alberto Díaz: perpetua
José Hugo Herrera: perpetua
Oreste Valentín Padován: perpetua
Miguel Ángel Lemoine: 5 años
Juan Eusebio Vega: perpetua
Ricardo Alberto Ramón Lardone: perpetua
Emilio Morard: perpetua
Arnoldo “Chubi” José López: perpetua (personal civil de Inteligencia)
Héctor Raúl Romero: perpetua
Eduardo Grandi: perpetua
Mirta Graciela “la Cuca” Antón: perpetua (ex policía)
Herminio Jesús Antón: perpetua (hermano de la “la Cuca”)
Yamil Jabour: perpetua
Juan Eduardo Ramón Molina: perpetua
Calixto Luis Flores: perpetua
Marcelo Luna: perpetua
Alberto Luis Lucero: perpetua
Miguel Ángel “el Gato” Gómez: perpetua
Enrique Alfredo Maffei: 21 años
José Luis Yáñes: 20 años
José Andrés Tófalo: 14 años
Alberto Choux: 11 años
Raúl Alejandro Contrera: 8 años
Antonio Reginaldo Castro: 8 años
Wenceslao Claro: 5 años
Rubén Osvaldo Brocos: 3 años (se computa como cumplida por el tiempo detenido en prisión preventiva)
Carlos Edgardo Monti: 2 años y 6 meses
Juan Carlos Cerruti: absuelto (se ordenó su inmediata libertad)
Francisco Melfi: absuelto
Ángel Corvalán: absuelto
Antonio Filiz: absuelto
José Idelfonso Vélez: absuelto

Ante la continuidad del aparato represivo

Mientras son juzgadxs y condenadxs gran parte de lxs genocidxs que actuaron de manera atroz durante la triste y larga noche dictatorial, seguimos siendo testigxs de inumerables casos de personas detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas en democracia, a 40 años del inicio de la última dictadura militar en el país.
Jóvenxs en los barrios más humildes que son oblidagxs a delinquir para y por la policía; trabajadoras sexuales que son acosadas, extorsionadas, violadas y asesinadas en manos de la misma fuerza represiva; personas presas que aparecen “suicidadas” en las cárceles y comisarías de todo el país; prácticas de torturas medieval y dictatorial en estos mismos campos de concentración. Escenas que no dejan de evidenciar un sinnúmero de ilegalidades que continúan vigentes, amparadas por el Estado y sus dispositivos de control y represión.

Quizás estos juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, signifiquen también un paso adelante en el renovado pedido, casi cotidiano, de verdad, justicia y castigo de lxs familiares de personas víctimas de gatillo fácil, de la narcopolicía, de los servicios penitenciarios del terror que aún operan con crudeza contra objetivos claramente definidos y con la complicidad de algunos sectores del aparato judicial.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12709