domingo, 2 de agosto de 2015

Pedimos “vida”, “nuestra tierra”, porque el territorio es la columna vertebral de nuestros pueblos, por eso pedimos audiencia, pero nos preocupa la persecución, el armado de causas a los líderes, el silenciamiento del pueblo indígena, eso nos preocupa".

Nosotros, los pueblos indígenas seguimos siendo discriminados,

el gobierno nos sigue matando con su indiferencia.

1 de agosto de 2015

La caravana que comenzó el jueves 30 de julio, al este de Formosa e integrada por 60 representantes de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé recorrió el trayecto desde Retiro hasta el acampe en 9 de Julio y Avda de Mayo, previa parada en Plaza de Mayo. Diversos oradores coincidieron en señalar el mismo reclamo: “ser escuchados por las autoridades nacionales" Informe: Patricia Rodriguez/ Fotos: Natalia Saá para ANRed

Entre quienes explicaron la cruda realidad que atraviesan, Jorge Palomo, vocero de la comunidad wichí de Laguna Yema dijo: ”Nosotros, los pueblos indígenas seguimos siendo discriminados, el gobierno nos sigue matando con su indiferencia. Nuestra gran preocupación es el despojo territorial y la inseguridad jurídica.
Lamentablemente, nos dimos cuenta de aquello que nos anticiparon nuestros ancianos cuando nos decían que este país es discriminador y egoísta. Ni que hablar de la justicia, los gobiernos, los funcionarios, la iglesia y la sociedad en sí misma. Hemos pedido repetidas veces audiencia con la presidente y hasta el día de hoy no obtuvimos respuestas. Este gobierno nunca nos va a atender y los estamos comprobando. Nos preocupa el silencio de parte del gobierno nacional. Interpretamos que la matanza cometida por Roca, Sarmiento, Perón es la matanza que hasta el día de hoy sigue viva. Porque si el gobierno no nos abre la puerta, si los senadores no dicen nada, si la iglesia no dice nada, ni los medios de comunicación, ni las organizaciones, entonces ellos son cómplices. Nosotros pedimos “vida”, “nuestra tierra”, porque el territorio es la columna vertebral de nuestros pueblos, por eso pedimos audiencia, pero nos preocupa la persecución, el armado de causas a los líderes, el silenciamiento del pueblo indígena, eso nos preocupa.
Hasta cuando nos van a perseguir y saquear el territorio, hasta cuando nos van a dejar de lado. Sin embargo, nosotros vamos a seguir acampando, porque de esa manera demostramos que estamos vivos. Nosotros, como indígenas nunca nos hemos rendido ni han logrado nuestra desaparición, vamos a seguir hasta donde haya que llegar”.
También, Estela Moreno de Barrio Viejo, ciudad de Ingeniero Juárez denunció el robo de documentos que padece la comunidad wichi y toba durante cada elección. Asimismo, el Intendente Cristino Mendoza que responde al gobierno de Gildo Insfrán fue denunciado en el 2009, sin embargo desde entonces conserva alrededor de 200 documentos que aun no ha devuelto. A pesar de su procesamiento, sigue en funciones.
La lucha por la tierra, por los derechos de los niños de los pueblos originarios, por la alimentación es la causa que sostiene Diego Caballero, músico de la etnia toba. Esa lucha le costó una marca, el asilamiento, el desprecio y la represión. Durante dos años le negaron la escolarización de su hijo Milton.

Héctor Moreno, representante de la comunidad wichí en Ingeniero Juárez, Depto. de Matacos se definió como ciudadano argentino y peronista. Recordó que sus ancestros instaban a apoyar el partido justicialista, porque gracias a Perón recibieron los documentos. Sin embargo, hoy les quitan las tierras cuando llegan los empresarios por esa razón acompaña a sus compañeros que están en el acampe. Leer

“No vamos a aceptar dineros, reparaciones o compensaciones, porque para nosotros, el agua y el recurso, la tierra y la importancia de los bosques para nuestra comunidad no tiene precio”.


El espejismo de la consulta indígena:

Hidroeléctrica afectará comunidades y lugares sagrados mapuche.
29 de julio de 2015

 

"Son 3 los tipos de alteraciones significativas que tendrá el proyecto en las comunidades, y que salieron a la luz durante el proceso de evaluación ambiental: una en su dimensión antropológica; otra en su dimensión de bienestar social básico; y la última vinculada a “la proximidad de población protegida”, en especial porque la futura casa de máquina del proyecto, se encuentra a unos 300 metros de distancia al nguillatuwe."
La aprobación del 14 de julio recién pasado al proyecto Añihuerraqui, que busca construir una central de pasada en la cordillera de La Araucanía, contó, como pocos otros, con el proceso de consulta destinado a resolver los conflictos con pueblos originarios, siguiendo las obligaciones del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el mecanismo no logró impedir que GTD Negocios S.A., en alianza con Enhol de España, consiguiera luz verde, y pasó por alto los impactos significativos a lugares sagrados para los afectados.

Por Víctor Guillou Vásquez
En la cordillerana localidad de Currarehue, a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, un proyecto hidroeléctrico logró obtener hace poco más de 10 días la aprobación de los organismos estatales competentes para construir una central hidroeléctrica de paso, y que, como pocos otros proyectos energéticos, cumplió con los procedimientos necesarios para contar con la visión de las comunidades indígenas afectadas. Sin embargo, y aunque dichas comunidades no entregaron su consentimiento por completo, el proyecto de generación sigue adelante a contrapelo del sentir local.
Se trata del proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui, de propiedad de la empresa GTD Negocios S.A., que junto a la trasnacional española Enhol, invertirán cerca de 22 mil millones de dólares en la construcción de dos centrales de paso que, sin regulación de caudal, generarán cerca de 9MW, en el estero del mismo nombre del proyecto.
El plan que ya llevaba varios años de gestiones, incorporó en su tramitación ambiental el proceso de consulta indígena, esto por la resistencia de varias de las comunidades mapuches ubicadas en las cercanías, y que desarrollan relevantes actividades religiosas en el río Añihuerraqui.
Al menos dos de ellas son afectadas directamente en este sentido. Se trata de la comunidad Camilo Coñoequir, que durante las negociaciones con GTD en 2010, se dividió a la hora de entregar su respaldo al proyecto, creándose también la comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, la cual agrupa a cerca de 30 familias y que participan directamente en la principal ceremonia religiosa mapuche, denominada nguilltaún.
La construcción de la central hidroeléctrica afectará directamente alnguilltuwe, lugar donde se lleva a cabo la ceremonia, y que es considerado como un lugar sagrado para los afectados..
A ambas comunidades se le suman otro par que, ubicadas al otro lado del río, no se ven directamente afectadas por el área de influencia del proyecto, pero igualmente participaron del proceso de consulta, sumándose al grupo contrario al desarrollo del proyecto.
La oposición al proyecto se fundamenta en que ninguna de las medidas de mitigación, reparación y/o compensación, respecto de las significantes afectaciones al medio humano y en especial respecto de las afectaciones a sus manifestaciones espirituales y derechos religiosos son “improcedentes y no han sido acordadas con la comunidad ni con sus autoridades tradicionales, en particular con el Logko”, consagra el documento de que entregó la Resolución Calificación Ambiental (RCA) favorableal proyecto.
Dichos antecedentes constan en el expediente de evaluación ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y dejan de manifiesto que, incluso cumpliéndose con el proceso de consulta indígena, las comunidades afectadas no lograron frenar el desarrollo del proyecto.
Son 3 los tipos de alteraciones significativas que tendrá el proyecto en las comunidades, y que salieron a la luz durante el proceso de evaluación ambiental: una en su dimensión antropológica; otra en su dimensión de bienestar social básico; y la última vinculada a “la proximidad de población protegida”, en especial porque la futura casa de máquina del proyecto, se encuentra a unos 300 metros de distancia al nguillatuwe.
Ante la constatación de dichos efectos, el SEA ordenó la realización del proceso de consulta en noviembre de 2013.
La construcción de la central hidroeléctrica afectará directamente alnguilltuwe, lugar donde se lleva a cabo la ceremonia, y que es considerado como un lugar sagrado para los afectados.
Aunque durante el proceso de observaciones se insistió en la importancia que tienen tanto las autoridades ancestrales como sus instituciones y ceremonias, la normativa aplicada durante el proceso de consulta no permitió el veto de la comunidad, aún cuando el artículo 25° de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, complementario al Convenio 169 que creó la consulta, considera que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”.
Para Hernando Silva, coordinador Jurídico del Observatorio Ciudadano y asesor técnico de las comunidades, el caso de la central Añihuerraqui constituye una “farra” por parte del Estado en validar a la consulta indígena como mecanismo que permita una protección efectiva de las comunidades.
“La gente decidió hacer uso de las vías institucionales. Se hizo el proceso de consulta que, a nuestro entender, fue bastante decente y se hizo en consideración con los estándares internacionales, con un diálogo fluido, pero no se llega a un acuerdo. No existe forma de mitigar el daño que se genera a las comunidades, en el ámbito cultural, por la instalación del proyecto”, dijo el jurista a eldesconcierto.cl.
Silva explica que durante el proceso de consulta, se hizo evidente que “el Estado se ampara en la legislación interna, y afirma que un proceso de consulta no significa un derecho a veto, y que la finalidad es llegar a un consentimiento, como lo establece el convenio 169″, indicó.
Silva, como asesor de las comunidades, asegura que “la hidroeléctrica es incompatible con la forma de ver el mundo desde la religiosidad de las comunidades, y también con su forma de desarrollarse, al cual tienen derecho de acuerdo al artículo 7 del convenio 169”, pero que en el proceso de consulta y evaluación ambiental “operan finalmente criterios técnicos” y no políticos.
“Las evaluaciones de impacto ambiental no consideran como debiese hacerse las afectaciones al medio humano. Incluso, un criterio bien desgraciado que usó el SEA era reconocer que había una medida de mitigación que no había logrado acuerdo, que era la afectación al patrimonio cultural, pero dicen que hay 45 en las que sí se pudo llegar a acuerdo con las comunidades. Por una no se puede avanzar en el proyecto, pero esa una es clave. Esto deja de manera explícita la falta de lectura intercultural que existe desde el servicio hacia las afectaciones al medio humano y patrimonio cultural de los pueblos indígenas”, reclama Silva.
Por su parte, el werkén de la comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, Simón Crisótomo, aseguró a eldesconcierto.cl. que la sensación tras la consulta indígena y posterior aprobación del proyecto, es “de impotencia, de sentirse utilizado por estos organismos del Estado, porque la veíamos como una esperanza y que de una vez por todas se iba aplicar esto de buena manera”.
Crisóstomo hizo sus descargos ante el, para ellos, fallido proceso de consulta, y afirmó que esperaron “cuatro año para que se llevara a cabo la consulta el año pasado, y que a orillas de nuestro río ceremonial, el mismos que va a ser intervenido, se firmara el proceso de consulta, porque nosotros pensábamos que lo habíamos hecho bien”, explicó.
El werkén, una de las autoridades de la comunidad mapuche, aseguró que durante la consulta “dejamos de manifiesto que no dábamos el consentimiento absoluto debido a los impactos significativos que tiene tanto en el territorio como en las comunidades”, con lo que confiaban que proyecto finalmente no debía aprobarse.
El comunero relató incluso cómo los ejecutivos de GTD ofrecieron a las comunidades ser partícipes de las utilidades generadas por el proyecto. “Ello se tiraban flores diciendo que eran la primera empresa en Chile que cumplía con todo, y que eran de las pocas que estaban dispuestas a dejar parte de las utilidades en las comunidades, que no es algo que pase con frecuencia. Creo que los funcionarios de gobierno le compraron ese discurso y terminaron aprobando el proyecto”, reflexionó el werkén.

El representante de las comunidades afectadas adelantó que “recurriremos a todas las instancias posibles” en orden a frenar el proyecto, y que “probablemente de aquí a dos semanas vamos a presentar un recurso de protección, buscando todas las alternativas de apelación e incluso recurriendo a instancias internacionales, por el proceso indebido de la consulta indígena y que nuevamente no se respeta”, indicó.
Finalmente, el werkén desestimó cualquier posibilidad de aceptar la entrega de una parte de las utilidades por parte de la empresa. “No vamos a aceptar dineros, reparaciones o compensaciones, porque para nosotros, el agua y el recurso, la tierra y la importancia de los bosques para nuestra comunidad no tiene precio”, concluyó Crisóstomo.

Publicado por MapuExpress

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_espejismo_de_la_consulta_indigena_Hidroelectrica_afectara_comunidades_y_lugares_sagrados_mapuche

Constatemos implicancias de la reestructuración geográfica que lleva a cabo China gracias al gobierno de Daniel Ortega.

El canal interoceánico por Nicaragua
1 de agosto de 2015

Por Gilberto López y Rivas  (La Jornada)
La Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) –prestigiada agrupación establecida con el propósito fundamental de fomentar y difundir la ciencia, la investigación y la cultura científica como elementos básicos para el desarrollo humano sostenible– está por publicar la segunda edición ampliada de un libro imprescindible para el análisis de la actual coyuntura que atraviesa la entrañable patria de Sandino: El canal interoceánico por Nicaragua, aportes al debate (Managua, 2014, segunda edición, 2015). 

Producto de cuatro foros organizados por la ACN en 2013 y 2014 y un taller internacional con 15 expertos mundiales, el texto reúne, además de importantes notas introductorias, presentación, introducción y los anexos documentales correspondientes, los trabajos de 13 connotados especialistas en biología, biotecnología, ingeniería ambiental, zoología, ecología, filosofía, derecho, economía, finanzas públicas, agronomía y sociología. Los capítulos de la obra versan en torno a las consideraciones ambientales del proyecto; las contradicciones entre el desarrollo económico y la protección ambiental; la importancia de los ecosistemas acuáticos; el aprovechamiento óptimo y la protección del gran lago de Nicaragua (Cacibolca); los posibles efectos del canal sobre la biodiversidad; el proyecto en el contexto del cambio climático; las consideraciones jurídicas sobre la ley 840 y el acuerdo marco de la concesión canalera; los aspectos jurídicos-contractuales; su impacto en la hacienda pública; la ilusión del desarrollo; su incidencia en la construcción de la nación nicaragüense y sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las vías de desarrollo para el país en el contexto de las grandes inversiones internacionales. 

La obra atravesaría el país de este a oeste, tendría 287 kilómetros de largo y cruzaría 105 kilómetros del lago de Nicaragua; su profundidad sería entre 27.6 y 30 metros, con una anchura variable entre 230 y 520 metros. La concesión por 50 años, prorrogables a 50 más, incluye, al menos, dos puertos, un aeropuerto internacional, carreteras, una zona de libre comercio, complejos turísticos, un lago artificial de 395 kilómetros cuadrados, así como plantas de acero, cemento y electricidad. 


En las notas a la segunda edición, escritas por los colegas Manuel Ortega Hegg y Jorge A. Huete Pérez, se destacan tres tipos de preocupaciones de la comunidad científica nicaragüense respecto de este singular megaproyecto: en primer lugar, la falta de trasparencia que implicaron la negociación secreta, la ausencia absoluta de discusión entre la ciudadanía y los pueblos, la adjudicación directa sin ningún tipo de licitación y, como colofón de esta opacidad, la aprobación de la concesión por una Asamblea Nacional obediente al Poder Ejecutivo, “en el tiempo récord de tres días y tres horas de debates”. En segundo lugar, el otorgamiento de la concesión sin estudios de factibilidad previos de carácter ecológico, jurídico, social, financiero, hacendario, económico o de cualquier otro tipo. En tercer lugar –lo más preocupante para esta comunidad científica nacional (e internacional)–, el elevado riesgo y daño ambiental que la obra implicaría para el lago de Nicaragua, el mayor cuerpo de agua del país y Centroamérica, y el mayor lago tropical del continente. En este último punto se señala que el dragado sería constante y más costoso que la propia construcción del canal, debido a la dinámica hídrica constante y agresiva del lago, que a diario remueve miles de toneladas de lodo y arena; además, se vislumbra la eventualidad de un derrame de petróleo en un cuerpo de agua cerrado, que representaría su muerte y la de su rica diversidad, a lo que hay que sumar los efectos de alterar los cursos actuales de los ríos, la construcción de un lago artificial y la interrupción del corredor biológico mesoamericano, que debido al canal ya no permitiría el flujo migratorio de las especies. En suma, los científicos dan cuenta de los activos ambientales que podrían perderse, como servicios ecosistémicos, biodiversidad, y sobre todo, seguridad en el abastecimiento de alimentos y agua. 

A esto hay que sumar las enormes repercusiones en la vida socio-cultural del país; a “la ACN le preocupa también el riesgo de que este proyecto se convierta en disociador de la cohesión social campo-ciudad, conseguida tan trabajosamente después de la guerra de los años 80, y peor aún, en un factor que pudiera echar por la borda el esfuerzo de construcción de nuestra nación multiétnica y pluricultural, reconocida en la Constitución. Nos referimos –señalan los autores mencionados–, al conflicto abierto por este proyecto con las comunidades campesinas y comunidades indígenas.” Precisamente, una de las ponencias incluidas en la segunda edición sostiene que la ley canalera usurpa las funciones de los Consejos Regionales y Municipales en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, en violación fragante del Estatuto de Autonomía, la Constitución y el marco jurídico internacional en materia de derechos indígenas, específicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Otro aspecto que destaca del libro en comento tiene relación con las debilidades jurídicas y la inconstitucionalidad de la concesión canalera (ley 840); las obvias y graves afectaciones a la soberanía nacional, particularmente, a lo que establece el artículo primero de la Carta Magna, que reivindica la obligación patriótica de legítima defensa del interés nacional cuando se encuentre amenazado o menoscabado: “La independencia, soberanía y autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación…Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.” 


Es imperativo que las decisiones que se tomen sobre un proyecto de tal envergadura –que cambiaría el país radicalmente– pasen por la consulta previa, libre e informada, que es la base fundamental de toda democracia.

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/texto/018a2pol.htm

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201719 

"Tenemos el desafío histórico de hacer realidad las propuestas emancipadoras que sucumbieron ante el proyecto de dominación".

La crisis no es griega, europea o china, es mundial
1 de agosto de 2015

Por Julio C. Gambina (Rebelión)

En un mes, entre mediados de junio y julio cayó un 30% la valorización bursátil en Shanghái, una de las ciudades emblemáticas de la expansión económica de China, y en un año su deuda creció de manera exponencial.
Hasta ahora, solo se escuchaba hablar del crecimiento económico en China, especialmente desde el inicio de la modernización de su modelo económico desde 1978. Las llamadas tasas chinas, del 10% anual o más, así lo verificaban.
En el último tiempo se habló de desaceleración, con tasas del 7%, muy superior a la evolución de cualquier economía nacional, de países desarrollados, emergentes o atrasados. El interrogante es si bajo las nuevas condiciones de crisis evidente esto seguirá así, e incluso afectará la tasa de crecimiento y con ello al sistema mundial en una nueva espiral recesiva.
Vale el interrogante entre nosotros, por ser China uno de los principales compradores de la Argentina y un nuevo proveedor de fondos por inversiones externas o préstamos negados por el sistema mundial. Es una situación bastante generalizada en la región latinoamericana y caribeña, por lo que la situación se incluye en la agenda de preocupaciones de los gobiernos y los pueblos en esta parte del mundo.
El éxito del modelo escondía que junto al crecimiento se consolidaban todas las formas de las relaciones capitalistas, entre ellas el trabajo asalariado estimulado por inversiones externas difundidas por las transnacionales de todo tipo, sustentadas en el aliento del Estado.

Las relaciones capitalistas, el dinero, el Estado y la deuda
Ello suponía una inserción de China en la economía mundial, como gran productor fabril y gestor de una fabulosa masa de dinero, usada principalmente para sostener el déficit estadounidense, convirtiendo a China en el principal acreedor del mayor Estado capitalista, de una deuda pública gigantesca, la más grande del mundo.
Con esas relaciones de producción, distribución, cambio y consumo se consolidó un tipo de desarrollo sustentado en la expansión del consumismo interno y la exportación, favoreciendo el despliegue de un sistema de crédito e inversión especulativa en mercados diversos, especialmente alentando la burbuja inmobiliaria y el crédito personal y empresarial local.
La intervención estatal tuvo ese propósito, la de estimular la expansión de las relaciones mercantiles y monetarias capitalistas.
Parecía que el gigante asiático, ascendiendo en el podio de la producción y la economía mundial quedaba afuera de la crisis mundial del capitalismo.
De hecho, China disputa la primacía de la producción mundial con EEUU y algunos se anticipaban a predecir el surgimiento de una nueva potencia hegemónica en el sistema mundial, replicando otras previas transiciones en la historia del orden capitalista.
Parece que no, que la burbuja especulativa tiene ahora su trayecto en China, con un Estado con capacidad de intervenir muy fuerte desde sus tenencias por 4 billones de dólares de reservas internacionales. Es lo que genera incertidumbre y expectativas de control de los desastrosos efectos de toda crisis, especialmente entre los sectores más vulnerables.
El Estado estadounidense tiene para actuar sobre la crisis el poder del monopolio de la emisión de dólares. China lo hace desde el poder de la tenencia de activos globales, especialmente estadounidenses y el intento de hacer circular su moneda por todo el mundo, por lo que generaliza acuerdos sustentados en intercambios en monedas locales. El objetivo es la mundialización del yuan, la moneda local de China.
Desde allí y el poder estatal sobre la propiedad de las principales empresas y la gestión de ámbitos de la regulación de la política económica puede intervenir para aletargar los efectos de la inevitable crisis.

Emisión como política anticrisis
Una crisis, que, reiteramos, es mundial y se hizo visible en 2007/2008 en Wall Street, el mercado inmobiliario, de valores y de toda la economía de EEUU, transferida al sistema mundial, con escalas y acontecimientos visibles en España, Europa, con Grecia en el centro de las noticias y la agenda actual.
En todos esos países el tema del endeudamiento es clave. Es un mecanismo utilizado para posponer el problema de la crisis e intentar superarla.
EEUU necesita prácticamente todos los años la autorización parlamentaria a los efectos de incrementar su deuda, que es del 100% de su PBI.
Al mismo tiempo, como esa deuda genera intereses que deben cancelarse, el problema fiscal se constituye en problema estructural y año a año, así como crece la deuda, se sostiene un déficit fiscal (mayores egresos que ingresos) que se explica con emisión sin límite, forzando la posibilidad que tiene cada Estado de imponer la circulación de su moneda.
En el caso de EEUU, el Estado obtuvo desde 1945 la prerrogativa de imponer al mundo la circulación y dominación del dólar, aun con la crisis de la convertibilidad de 1971.
Hoy amenaza con la suba de tasas que provoca la caída de las otras monedas y los precios de las materias primas de exportación, generando condiciones para imponer una salida a la crisis capitalista desde los intereses nacionales de la dominación transnacional global. Pretende atrapar a los capitales excedentes del sistema mundial en búsqueda de rentabilidad y seguridad.
Para el caso griego, el Estado está limitado por los compromisos impuestos por el euro-grupo, y el monopolio en la emisión del euro, que algunos quisieron violentar sin éxito, sugiriendo emitir euros virtuales sostenidos para la circulación en el interior de Grecia. Era parte de lo que se llama Plan B en la situación griega e incluso para otros países atrapados en la lógica del euro y la hegemonía ortodoxa de Alemania y su gobierno.
Algo así como los bonos provinciales de la crisis del 2001, las “cuasi monedas” que favorecían el intercambio entre los habitantes de la Argentina, más allá, claro, de quitas y restricciones de sectores privados a la circulación de esos títulos públicos. Fue el mismo argumento usado en los clubes del trueque, con el reconocimiento y validez que la propia sociedad otorgaba a esos medios de pagos, los que también fueron objeto de especulación y fraude. Fueron medios que desaparecieron con el tiempo, pero el Estado y la Sociedad puedo imponerlos, aun transitoriamente como medios de circulación y pago.
La soberanía de los Estados nacionales está puesta en discusión por la crisis actual y sus manifestaciones monetarias, que entre otros, se explica, según CEPAL, como volatilidades monetarias para América Latina, con respuestas coyunturales diferenciales entre los países, algunos devaluando sus monedas y otros posponiendo las medidas con políticas diferenciadas, pero todos desde una lógica de subordinación al dólar o a las monedas de aceptación en el mercado capitalista mundial.

Crisis, hegemonía y alternativa
Por eso es que sostenemos desde hace tiempo que la crisis no es de algunos países que se hacen visibles por ciertas dificultades, hoy Brasil, Grecia o China, sino que el problema está en el capitalismo en su conjunto y por eso, el principal problema que intoxica al sistema mundial son las relaciones sociales capitalistas y el ejercicio del poder mundial desde el principal Estado capitalista: EEUU, que ejerce con la fuerza del dólar, las armas y la simbología del poder cultural la hegemonía mundial.
El problema es que sus recetas impregnan las instituciones que formulan políticas con pretensión universal, la OMC, el FMI, el Banco Mundial, y con ellos se difunden las recetas liberalizadoras en las cumbres y todo protocolo de asistencia a países con problemas. Cuando no funcionan las recetas es siempre responsabilidad de mal aplicación de los poderes locales, nunca del sistema ideológico que promueve esas medidas.
Asumo la dificultad de romper la lógica de la receta del poder dominante para superar la crisis y restablecer la normalidad de la valorización y la acumulación. Ello supone superar el conjunto de valores culturales de la sociedad capitalista, de un modelo de producción sustentado en la explotación y el saqueo junto a una cultura de consumismo estimulado por las cuotas del irresponsable endeudamiento inducido por el sistema financiero y las políticas públicas del capitalismo contemporáneo.
Tenemos el desafío histórico de hacer realidad las propuestas emancipadoras que sucumbieron ante el proyecto de dominación. Como siempre decimos, parece una tarea gigantesca que se inicia desde el debate y la construcción de una práctica social por otro orden social y cultural de cooperación, solidaridad y pensando en la armonía del metabolismo social, lo que supone el respeto a la reproducción de la naturaleza, o sea, la inclusión de la reproducción de la humanidad, su hábitat la sociedad. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201718

Advertimos en la Bolivia gestionada por Evo: "una sistemática y amplia aprobación de medidas orientadas a operativizar y llevar a la práctica la decisión de exacerbar el extractivismo y la explotación salvaje de los recursos naturales y la Madre Tierra".


Sembrando nabos sobre las espaldas del pueblo
20 de julio de 2015

Por Arturo D. Villanueva I. (Rebelión)
Aunque teóricamente se espera lo contrario, las relaciones entre el pueblo y el Estado tienden naturalmente a la confrontación y la disputa, principalmente por el tipo de uso y la administración que se hace de aquel poder delegado en las urnas. Esta tensión permanente que se produce en la interacción y las relaciones entre ambos actores (cuando van más allá de la dinámica normal de la cotidianidad), es lo que explica y permite mejorar y profundizar o, por el contrario, degenerar y envilecer la democracia, entendida ésta como el gobierno del pueblo.
Cuando se impone el efecto negativo de la dinámica, entonces se deriva hacia formas de gobierno generalmente autoritarios y déspotas que buscan imponer sus designios al margen de la voluntad o el mandato popular. Entre los termómetros más efectivos y claros para medir esta dinámica, encontramos a los conflictos sociales, las movilizaciones y las protestas. En la duración, magnitud y extensión que abarcan estos momentos de crisis, no sólo se establece la gravedad de la situación y los acontecimientos, sino también sus alcances de cara a la gobernabilidad y la estabilidad de un régimen.

Teniendo en mente estas ideas y los conflictos y tensiones sociales que en el caso de nuestro país, Bolivia, son bastante más recurrentes (tanto porque se han acumulado innumerables deudas y tareas históricas, como porque somos un pueblo rebelde permanentemente convocado por una vocación transformadora), me viene a la mente la frase que titula este artículo, atribuida a un expresidente, que denota exactamente todo lo contrario. Es decir, que este pueblo sería más bien proclive al abuso y la arbitrariedad, hasta el punto de poderse sembrar nabos sobre sus espaldas.
Tan controvertida afirmación que definitivamente no parece tener la menor consideración sobre el temperamento y carácter del pueblo, se explicaría en la dejadez, el quemimportismo, la abulia, la pasividad o el abandono que suele apoderarse, sin explicación razonable o, por otra parte, como resultado de haber caido preso del miedo, la confianza extrema o de la malicia/astucia de quienes gobiernan.
Y viene a colación todo lo anterior, cuando revisando solo y muy someramente lo sucedido en este primer semestre de la tercera gestión gubernamental del presidente Evo Morales, se advierte una sistemática y amplia aprobación de medidas orientadas a operativizar y llevar a la práctica la decisión de exacerbar el extractivismo y la explotación salvaje de los recursos naturales y la Madre Tierra. Me refiero a los Decretos Supremos 2195 de noviembre de 2014, 2298 de marzo, 2366 y 2368 de mayo y 2400 de junio del presente año, relacionados todos ellos a la exploración y explotación hidrocarburífera. A ellos que se adjunta el paquetazo de nueve leyes y decretos anunciados por el Presidente en vísperas del aniversario de la gesta libertaria de la ciudad de La Paz, y que corresponden a los acuerdos de la Cumbre Agropecuaria del agronegocio.
La gravedad del asunto no está relacionada únicamente con la cantidad de medidas adoptadas, que equivalen a un paquetazo extractivista, sino que llegan hasta el punto de NO perdonar siquiera la condición de las Áreas Protegidas del país (donde se pretendía conservar algunos espacios de naturaleza, biodiversidad y bosques), tampoco respeta los derechos de los pueblos indígenas a los que se les niega y conculca sus derechos constitucionales a la autodeterminación y la consulta de buena fe, libre, previa e informada, con el argumento de que los procesos de consulta son largos; sino que a la par de ello, también arremete (en consonancia con los intereses agroindustriales del agronegocio), con un conjunto de medidas orientadas a expandir la frontera agrícola, quemar y chaquear grandes extensiones de bosques y biodiversidad, e introducir cultivos extensivos para su comercialización y exportación como commodities, en desmedro de la seguridad y la soberanía alimentaria y nacional del país. Es decir, medidas que al final contraerán un país y un pueblo esquilmado, a pesar de los circunstanciales y siempre insuficientes ingresos que se obtendrán por la venta y enajenación de nuestros recursos.

Por eso no resulta impertinente preguntarse si no se están sembrando nabos en las espaldas del pueblo… y hasta cuándo será posible hacerlo.
Arturo D. Villanueva I. es Sociólogo, boliviano. Cochabamba; Bolivia. Julio 17 de 2015.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201271

"Reivindicamos, el derecho de la población a manifestarse, a ejercer sus formas organizativas y a expresarse a través de la movilización social como un medio legítimo para lograr cambios profundos y democráticos en la sociedad".

Carta abierta del movimiento ecologista a la sociedad ecuatoriana
Dialoguemos sobre la sociedad que queremos
30 de julio de 2015

Por Acción Ecológica (Rebelión)
El gobierno del Ecuador ha hecho un llamado a un diálogo nacional, un llamado que ha caído en el vacío, porque después de tantos años de autoritarismo, criminalización a la protesta social, irrespeto a los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, las organizaciones sociales hemos perdido la confianza en hablar, y no ser escuchadas.
Sin embargo, las organizaciones defensoras del ambiente y la naturaleza consideramos que, es indispensable establecer un diálogo entre organizaciones de la sociedad civil para que de éste surjan las demandas que deben ser asumidas por el Estado.
Un diálogo nacional debe contener temas como los modelos productivos que atentan contra la naturaleza y el ambiente y los procedimientos que se imponen en la sociedad que afectan la vida democrática e impiden la defensa de los derechos y las libertades.

Tanto el modelo agrícola como el extractivo que se están imponiendo afectan profundamente las soberanías, y condicionan el futuro del país. La agenda extractiva, que aun cuando se dice no prioritaria, en la práctica está siendo impulsada como pocas veces en a historia de nuestro país.

Una agenda hacia el Estado no puede desconocer que hay un mandato minero que nunca fue aplicado, que la manera de transitar a una economía postpetrolera, es frenando la frontera petrolera, más aún cuando hay zonas como el Yasuní en donde el costo no es sólo la destrucción de la zona más biodiversa del país y del mundo, y el exterminio de los pueblos en aislamiento voluntario.
Necesitamos reflexionar sobre lo que queremos como sociedad; sobre cómo dejar de depender de una economía rentista basada en la extracción de petróleo y minerales que provoca acumulación, despojo, destrucción de la naturaleza y violencia.

Con el modelo agrícola impulsado, las tierras campesinas se están transformando en territorios para la agro-exportación y para la agroindustria . No es admisible que zonas dedicadas a la producción de alimentos se transformen en plantaciones de caña o palma aceitera, como tampoco lo es la transformación de ecosistemas naturales con estos fines; peor aún cuando el mismo Estado violenta la Constitución que, por ejemplo, declaró al Ecuador libre de transgénicos, pero que promueve normas e incentiva la investigación científica en este campo.

Históricamente las organizaciones del país nos hemos opuesto a los tratados de libre comercio con las potencias industriales, porque suponen condiciones de subordinación. Ahora estamos a las puertas de que entre en vigencia un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con nefastos efectos ya reconocidos en otros países. Esto, a pesar de que la propia Constitución señala que no se firmarán tratados que afecten la salud, la soberanía, o los derechos de la naturaleza. La Unión Europea inundará el mercado ecuatoriano con productos subsidiados, afectando a millares de familias campesinas y beneficiando a poderosos grupos empresarios europeos y nacionales.

El diálogo debe ser de la ciudadanía , para poder construir propuestas sobre cómo construir la soberanía alimentaria, cómo proteger la producción campesina, cómo potenciar la agroecología, cómo conservar la agrobiodiversidad, los bosques, los manglares, el agua, el mar; qué clase de energía queremos y para qué, en qué tipo de ciudad deseamos vivir.

Todos estos son temas centrales para un diálogo desde la sociedad. Y claro, también cómo colocamos estos temas frente al Estado.

Es indispensable hablar también de los procedimientos con los que estos modelos se diseñan e imponen. Para garantizar y ejercer los derechos ambientales se requiere recuperar la independencia de las funciones del estado, frenar la pretensión de imponer unas enmiendas constitucionales antidemocráticas, y unas leyes anticonstitucionales, recobrar las funciones de aquellas instituciones que han sido espacios a través de los cuáles la sociedad expresa sus demandas frente al Estado: la defensoría del pueblo, la contraloría y su función ambiental, las posibilidad de acceder a los estudios de impacto ambiental y licencias ambientales, la de presentar recursos de protección ante las cortes, sin que estos estén previamente censurados, recuperar el derecho a organizarse con independencia del Estado-hoy asfixiado por el decreto 16-, tener el derecho a la consulta a las comunidades para tomar decisiones sobre los territorios y a la ciudadanía sobre los temas que vulneren nuestros derechos ambientales y de la naturaleza.

El modelo económico de acumulación de riqueza y las políticas que se están implementando violentan la vida y afectan los territorios. La vida depende de la naturaleza y del trabajo y energía necesaria. El cuidado de la vida, de los seres vulnerables y de las relaciones en nuestra sociedad ha recaído en mucha mayor medida en las mujeres, que son quienes más sufren por estas agresiones.
La defensa de la naturaleza y del ambiente, es absolutamente central para hablar de los grandes problemas de injusticia social, inequidad o pobreza y su cuidado y respeto son una condición para superarlos.
Es desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales, desde los colectivos organizados que surgen y han surgido las propuestas innovadoras y de transformación, las de defensa de las soberanías, de las libertades y de los derechos, así como las estrategias para frenar las pretensiones del Estado (de un Estado patriarcal) de imponer condiciones que favorecen únicamente a grupos de poder y al propio capital.
Por todo lo señalado reivindicamos, el derecho de la población a manifestarse, a ejercer sus formas organizativas y a expresarse a través de la movilización social como un medio legítimo para lograr cambios profundos y democráticos en la sociedad.
El movimiento ambiental apoya y es parte de ese gran llamado a la movilización social, que debe ser también de ideas, de sueños y de propuestas.
Quito, julio 2015
ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL
CEDENMA
ACCION ECOLOGICA
YASUNIDOS

Necesitamos "pasar de un modelo energético de producción centralizado y a gran escala a modelos con energías limpias, renovables, descentralizadas, diversas, soberanas y ecológicas".

Es tiempo de crear el grupo Anexo 0

Publicado por OPSur el 25 de julio de 2015
Este documento tiene como objetivo presentar compromisos y esfuerzos que los pueblos, nacionalidades y comunidades están haciendo para la no extracción de petróleo, gas o carbón como contribución para evitar el desastre climático.
Junto a estos compromisos está nuestra demanda a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(UNFCCC) y a los gobiernos para que se reconozca, respete, promueva y proteja a este tipo de acciones que tienen como meta proteger el clima y la vida en el planeta. 
El Grupo Anexo 0: una forma de reconocimiento y respeto a compromisos y esfuerzos reales
La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en la Cumbre de Río de 1992, dividió a los Estados parte en dos grupos: Anexo I que son los países industrializados del Norte, más aquellos cuyas economías estaban en fase de transición; y No Anexo I que son, en esencia, los países del Sur global. Posteriormente se estableció el Anexo II, que incluye a los miembros del Anexo I que deben ofrecer recursos financieros y técnicos para permitir a los países del Sur emprender actividades de reducción de las emisiones de conformidad e iniciativas de adaptación. Oilwatch afirma que, desde el siglo XIX, para los países del Anexo I y II, el motor del desarrollo del capitalismo ha sido la explotación de carbón, petróleo y gas, por lo que han hecho todo lo que esté a su alcance para detener cualquier decisión que pueda llevar a acciones concretas y vinculantes para disminuir el consumo de estos combustibles fósiles. Así, al cabo de más de 20 años de negociaciones internacionales, el calentamiento global sigue en aumento sin soluciones efectivas y reales para detenerlo.
 En este escenario, precisamente, uno de los obstáculos ha sido la influencia directa que las empresas vinculadas a los combustibles fósiles han ejercido sobre las decisiones de la Convención. Hoy este sector corporativo es parte de los promotores de las falsas soluciones que exacerban el aumento del efecto invernadero, como son el mercado de carbono, los agrocombustibles, REDD o la geoingeniería, e inclusive tecnologías petroleras como la Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS), entre otras. Al mismo tiempo, expanden los alcances territoriales hacia las denominadas nuevas fronteras: mares profundos y yacimientos “no convencionales”, donde se destaca la perniciosa técnica del fracking.
Por si fuera poco, la limitada visión de Naciones Unidas, que se concentra en impulsar negociaciones entre partes, que son Estados, ha permitido a los países industrializados del Norte no cumplir con sus obligaciones climáticas, mientras que, en un escenario injusto y neocolonial, se trasladan sus responsabilidades a los pueblos y naciones del Sur. Cuando es precisamente en este lado del mundo en donde se encuentra la mayoría de naciones y regiones subnacionales o localidades, y sobre todo, pueblos indígenas, campesinos, pescadores o comunidades tradicionales que están haciendo esfuerzos reales para proteger el clima -a pesar de ser las más afectadas. Son las iniciativas de pueblos las que están siendo dejadas de lado y, en muchos casos, criminalizadas, cuando sus esfuerzos por no extraer más hidrocarburos fósiles debieran ser premiados.
Vemos que, en términos prácticos, además de los Estados nacionales, hay otros actores determinantes con capacidad e interés por acelerar las transformaciones requeridas para la protección del clima global. En este sentido deben ser reconocidos por la Convención del Cambio Climático, por ejemplo, los pueblos y naciones indígenas, provincias, estados o regiones subnacionales y las localidades que dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos del subsuelo. Por lo tanto se debe crear el Grupo Anexo 0 en donde estarían precisamente estos pueblos y territorios, pues están resolviendo las causas del problema: la adicción a los combustibles fósiles.
Es hora de enfocarse en resolver las causas determinantes del problema
Principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial se consolidó la base industrial de un capitalismo adicto a los combustibles fósiles, así como una cultura basada en un patrón de consumo sin fin, energético y material, extensivo, expansivo y nocivo. Como parte de este modelo, se expande además la minería a gran escala y una agricultura industrial altamente consumidoras de petróleo. Esta adicción a los fósiles no sólo está afectando al clima, está provocando enfermedades degenerativas y mortales a millones de personas, inunda de basura no degradable el planeta, extermina a cientos de culturas tradicionales – desplazando usos y costumbres sanas y ecológicas-, y sigue generando crisis económicas, sociales, políticas, ambientales para la expansión y acumulación del capital. Un capitalismo institucionalizado y global con rasgos más decadentes y letales requiere de una acción también global que lo confronte.
Mientras los sectores corporativo y financiero deciden cuánto petróleo se extrae, de dónde, de qué tipo, cuánto se vende y a qué precio; y frente a la incapacidad de los yacimientos “tradicionales” de abastecer la exponencial demanda de los sectores concentrados, la industria y gobiernos han avanzado en los últimos años en los denominados “no convencionales”. Con técnicas más costosas y degradantes, como el fracking, se busca mantener la dependencia de los combustibles fósiles, fortalecer el proceso de acumulación, la apropiación de territorios, desposesión y violación de los derechos de los pueblos.
Dejar el petróleo y otros hidrocarburos fósiles en el subsuelo es la medida más directa y concreta para lograr resultados en relación al clima, así como para confrontar el capitalismo, la explotación de los seres humanos y la privatización de la naturaleza a nivel global.
¿Con qué métrica, escenarios y modelos trabajar?
Los estados miembros de la UNFCCC se pusieron la meta de adoptar en París 2015 un nuevo acuerdo global sobre cambio climático. La retórica dice que será para evitar que el planeta sobrepase el límite de 2°C de calentamiento en relación con la temperatura preindustrial. Este límite supuestamente marca la línea entre un clima cambiante al que podemos adaptarnos y un desajuste climático de consecuencias imprevisibles e irreversibles.
Para llegar a esta cifra, tanto la UNFCC como los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) han usado siempre las concentraciones de dióxido de Carbono como una medida estándar, señalando la reducción de emisiones más no la cantidad de hidrocarburos fósiles que no se deberían extraer. Esto ha estado en línea con el interés oficial de evitar hablar del problema real que es la quema de combustibles fósiles. Hablar de cantidades de petróleo, gas o carbón permitiría visualizar las responsabilidades, y las acciones necesarias, para evitar la crisis del clima.
De acuerdo a las cifras oficiales se puede desprender que para alcanzar un máximo de 2°C de temperatura (escenario RCP2.6 del IPCC), hacia el año 2100, habría que dejar en el subsuelo al menos las 2/3 partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón. Así, de los 1’700.000 millones de barriles de petróleo que están aún bajo tierra, 1’190.000 millones deberán permanecer allí; de los 187 millones de millones de metros cúbicos de gas natural, 131 millones de millones no se deberán extraer; y, de los 892.000 millones de toneladas de carbón, 624.000 deben permanecer en su lugar. El objetivo ahora es decidir dónde y cómo empezar a dejarlos en el subsuelo. Al usar estas cifras no pretendemos una cuantificación mercantilizable ni que se deriven equivalencias nefastas en el mercado de servicios ambientales u otras formas de compensación mercantil, sino como una manera de visibilizar las magnitudes de los esfuerzos necesarios hacia una civilización pospetrolera.
Esto implica pasar de un modelo energético de producción centralizado y a gran escala a modelos con energías limpias, renovables, descentralizadas, diversas, soberanas y ecológicas. Para esto, una necesidad es un cambio de concepción sobre la energía, lo que incluye saber qué tipo, cuánta y para quién se la necesita y una reflexión sobre las energías en los territorios y para los pueblos.
Protección, reconocimiento e incentivos para los países, naciones, 
espacios subnacionales, localidades y territorios del Anexo 0
Las iniciativas calificadas como parte del Anexo 0 deben ser protegidas y apoyadas con una serie de incentivos y reconocimientos internacionales basados en la solidaridad, el intercambio tecnológico sin ataduras y la existencia de una deuda ecológica asociada al clima. La creación del Anexo 0 además incentivará nuevos compromisos y esfuerzos concretos enfocados en enfrentar las causas determinantes del cambio climático.
Los indicadores de estas iniciativas serán:
1.Hidrocarburos fósiles conservados en el subsuelo.
2.Formas de vida basadas en una relación de respeto y diálogo con las naturalezas.
3.Luchas frente a la minería de carbón y de otro tipo por su impacto en el clima, y por ser altamente consumidoras de combustibles fósiles.
4.Pasos firmes hacia un debate sobre el tipo de energías que se requiere, para qué, para quién, cuánta y sobre el ejercicio de la soberanía de los pueblos y territorios.
5.Rechazo a los mecanismos como el mercado de Carbono, REDD+ y otros, ya que son falsas soluciones al cambio climático.
6. Compromisos clarosla no extracción y emancipación de combustibles fósiles por parte de los pueblos.
HERRAMIENTAS DE AVANCE
Protección de pueblos y territorios:
  • Detener la criminalización de quienes promueven el dejar el petróleo, el gas o el carbón en el subsuelo, y de quienes son activos defensores de las tierras y territorios frente a la extracción de hidrocarburos fósiles.
  • Detener la intervención de corporaciones, de los sistemas de represión de los Estados y la ocupación e invasión de territorios para la extracción de hidrocarburos fósiles en lugares en donde la población local la rechace, áreas designadas como reservas naturales o de alta fragilidad. 
Reconocimiento a través del establecimiento de un premio internacional:
·         Para quienes dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos de sus tierras y territorios.
·         Para quienes mantengan modelos de soberanía energética y alimentaria no dependientes de los hidrocarburos fósiles y respetuosos de la naturaleza.
Incentivos tales como:
·         Intercambios tecnológicos
·         Formas de contribución y apoyo directos, respetando las soberanías, con diálogos de  buena fe y sin traslado de responsabilidades.
Desincentivos tales como:
  • Retiro de subsidios estatales a la industria relacionada con los combustibles fósiles
  • Retiro de inversiones (divest en inglés) en acciones, bonos o fondos de inversión vinculados al petróleo. 
LLAMADO INTERNACIONAL
¡ES EL TIEMPO DE LOS COMPROMISOS DESDE LOS PUEBLOS!
OILWATCH sostiene que ningún país realmente está listo para soportar un cambio climático catastrófico. Además, las naciones que sufren las peores consecuencias son las que contribuyen menos al calentamiento global, pero a menudo si son las que más toman medidas para frenar el mismo. Creemos que ha llegado el momento para que las Naciones Unidas enfrenten la crisis climática creando, en el seno de la Convención de Cambio Climático, el Anexo 0 como grupo de pueblos o naciones que son reconocidas por sus contribuciones y como un incentivo para que otros se unan a la tarea de dejar en el subsuelo los hidrocarburos fósiles.
Basta de hablar de cosas abstractas como emisiones de CO2, hablemos de petróleo, de gas o de carbón. Sumémonos a los compromisos de los pueblos de no extraer más hidrocarburos fósiles y hagamos esfuerzos en nuestras organizaciones apoyando estas iniciativas y luchas de resistencia.
Demandamos a las Naciones Unidas, a los gobiernos nacionales y a las organizaciones y movimientos sociales elreconocimiento, protección y difusión de los compromisos y esfuerzos verdaderos que contribuyen certeramente para evitar el desastre climático.
OILWATCH
Julio de 2015

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/07/25/es-tiempo-de-crear-el-grupo-anexo-0